Milei profundiza la contención de los gobernadores y busca deshacerse de activos que generan gastos

El presidente Javier Milei implementó un nuevo sistema para saldar deudas con las provincias, apostando a ganar respaldo en el Congreso. En lugar de utilizar fondos del Tesoro Nacional, el gobierno propone el pago en “especias”, entregando terrenos y otros activos estatales, mientras Economía busca reducir el déficit fiscal deshaciéndose de propiedades con altos costos de mantenimiento. “Ganamos todos”, afirman en Casa Rosada, aunque los gobernadores aún no se han pronunciado al respecto.

Milei y su equipo aceleraron la implementación del “Régimen de Reparación Federal”, anunciado ayer sin previo aviso, que había estado en discusión con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires durante meses. A partir de reuniones previas con los mandatarios provinciales, el Presidente busca responder a las demandas de las provincias sin comprometer recursos del Tesoro. Los gobernadores, sin embargo, quieren analizar la propuesta en profundidad, y advierten que los plazos propuestos para adherir son demasiado ajustados.

Detrás de la estrategia: el equipo de asesores y el BCRA

La iniciativa, diseñada por el asesor presidencial Santiago Caputo y ejecutada por el equipo de Guillermo Francos junto con los secretarios de Hacienda y Finanzas, Carlos Guberman y Pablo Quirno, fue formalizada a través de un decreto. También participó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dirigida por Nicolás Pakgojz, que maneja propiedades nacionales que pueden ser vendidas o concesionadas como parte de este esquema.

El plan inicial de Milei es que las provincias reciban terrenos, inmuebles y otros activos estatales en lugar de pagos en efectivo. Algunas, como Santa Fe, gobernada por Maximiliano Pullaro, recibieron la propuesta extraoficialmente y aún están evaluando los beneficios. Otros distritos, como la Ciudad de Buenos Aires, parecen más abiertos a aceptar la oferta, aunque también quieren estudiar su viabilidad en detalle.

Un alto funcionario del gobierno porteño comentó que el pago en “especias” podría ser beneficioso para ambas partes. “A nosotros nos vendría bien; a ellos también”, afirmó antes de que se confirmara oficialmente la medida.

Los tiempos y las reservas de los gobernadores

Las provincias tendrán 30 días hábiles para adherirse al sistema, seguido de otros 30 días para presentar la documentación necesaria para las negociaciones. Aun así, varios mandatarios provinciales consideran que estos plazos son demasiado breves para evaluar la propuesta en profundidad. Desde el gobierno nacional, los funcionarios recalcan que la adhesión es opcional, pero instan a los gobernadores a ser “creativos” para encontrar soluciones que no afecten el equilibrio fiscal.

En una conferencia de prensa, el secretario Lisandro Catalán explicó que el nuevo régimen está pensado para “sanear las cuentas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Sin embargo, la iniciativa también obedece a cálculos económicos que favorecen al Ejecutivo, según el cual, al transferir activos improductivos, se reducen gastos innecesarios. “Es como un proceso de clearing”, comentó un asesor presidencial, comparando la medida con el sistema de compensación de deudas utilizado en el ámbito financiero.

Activos en lugar de fondos: la apuesta fiscal del Gobierno

Desde Balcarce 50 señalan que el Gobierno pretende deshacerse de pasivos que generan costos de mantenimiento y que no reportan ingresos. Esta medida ayudaría a evitar la emisión de deuda pública, transfiriendo bienes y propiedades que resultan costosos de mantener, como terrenos y rutas en desuso.

Aunque el impacto del régimen dependerá del grado de aceptación por parte de las provincias, la Casa Rosada busca crear una estrategia política a largo plazo: cada vez que los gobernadores reclamen por deudas de coparticipación, cajas jubilatorias u otras partidas, el Gobierno podrá argumentar que ya existe una vía para saldar las cuentas pendientes. En palabras de un funcionario cercano a Milei: “El que no quiera adherirse estará en su derecho, pero deberá asumir las consecuencias”. Por ahora, la mayoría de los mandatarios prefieren analizar la letra chica antes de tomar una decisión.

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