Tanto desde la política como desde el periodismo y el derecho cuestionaron el decreto de Javier Milei que limita el acceso a la información pública.

A través del decreto 780/2024, Javier Milei introdujo cambios en la Ley de Acceso a la Información Pública y limitó los datos que pueden ser solicitados a través de este mecanismo. Esta controversial decisión del Presidente está provocando muchísimas críticas, tanto desde la política como del periodismo y el derecho.

Desde el radicalismo, una de las que se expresó fue la diputada Karina Banfi, quien cuestionó duramente la medida: “El acceso a la información pública es un derecho humano (…) El Estado tutela, ordena y pone a disposición. Nunca más puede un funcionario decir qué podemos preguntar y qué no”, escribió en X.

Desde la Izquierda, Myriam Bregman escribió también en X: “El acceso a la información pública permite a cualquier persona pedir datos sobre políticas y manejos del Estado; es reconocido en tratados internacionales de derechos humanos y limitarlo por decreto es ilegal”.

“La casta no quiere que la molesten”, ironizó.

Por su parte, el bloque de diputados del Partido Socialista también cuestionó el decreto de Javier Milei: “Esta decisión ataca al periodismo de investigación y al libre ejercicio de la prensa, además de vulnerar un derecho humano fundamental”.

En tanto, la fundación Poder Ciudadano, ONG que sigue de cerca la aplicación de la ley de acceso a la información y que litigó incluso en los tribunales por su aplicación, manifestó hoy su preocupación por el decreto.

“Nos preocupa el reciente decreto del Presidente de la Nación que, en lugar de impulsar el derecho de acceso a la información pública, pareciera limitarlo, por ejemplo, al modificar la definición de qué es información pública. Esta nueva norma olvida que el principio jurídico fundamental que sostiene este derecho -como estándar internacional que nuestro país ha refrendado vía obligaciones internacionales en incluso desde su Máximo Tribunal- es que la información se presume pública y el secreto es la excepción”, dijo Poder Ciudadano a través de un comunicado.

“Este decreto y su contenido no son el camino -advirtió-. Más derecho de acceso a la información significa más transparencia y menos corrupción.”

En el comunicado que dio a conocer pocas horas después de publicado el decreto de Milei en el Boletín Oficial, Poder Ciudadano advirtió: “El acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en pactos y tratados internacionales. En la Argentina, gracias a un largo trabajo de incidencia y reclamo por parte de la sociedad civil -tanto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, como a partir de procesos judiciales en los cuales se ha ratificado ese derecho en muchas ocasiones-, se logró, en 2016, la sanción de la Ley 27.275 que permite un ejercicio efectivo del derecho”.

Poder Ciudadano destacó que esa ley “significó un gran paso para la transparencia institucional en la Argentina, dado que se creó una herramienta esencial para que la ciudadanía pueda acceder, en forma efectiva, al control de los asuntos de gobierno”.

La ONG fue terminante: “Ningún decreto puede restringir el acceso a la información pública más allá de lo que lo hace la ley sancionada democráticamente por el Congreso de la Nación. En los últimos años, diferentes pedidos de acceso a la información pública han ayudado a investigar causas judiciales, a alertar sobre comportamientos impropios de autoridades estatales, señalar reuniones entre personas en ejercicio de la función publica y otros sectores que podían configurar un potenciales conflictos de intereses, conocer quiénes accedían a edificios públicos y señalar el mal uso de los recursos públicos”.

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