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Misiones busca fijar reglas de uso de drones fitosanitarios tras denuncias por intoxicaciones

El Ministerio de Ecología dispuso una pausa preventiva de cinco días hábiles en las aplicaciones con drones en toda la provincia y convocó a organismos públicos y sectores involucrados para definir pautas de operación. La CEM pidió previsibilidad regulatoria y advirtió sobre el impacto productivo de las restricciones.

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El uso de drones para aplicaciones fitosanitarias en Misiones quedó en el centro de una discusión que involucra dos dimensiones de la actividad productiva: la protección de la salud y el ambiente, por un lado, y la incorporación de tecnología para mejorar la eficiencia de las explotaciones agropecuarias y forestales, por otro.

Ante denuncias por intoxicaciones de productores de San Javier y Pozo Azul recibidas durante la semana, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables estableció una suspensión preventiva y precautoria por tiempo indeterminado, pero luego de diversas críticas del sector productivo redujo a cinco días hábiles en el uso de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), conocidos como drones, para la aplicación de productos fitosanitarios en todo el territorio provincial.

La decisión tiene carácter transitorio y, según precisó la cartera ambiental, no implica una prohibición definitiva de esta tecnología. El objetivo inmediato es evitar nuevas situaciones de riesgo mientras se establecen condiciones técnicas y operativas para su utilización.

En ese marco, el Ministerio convocó para este jueves 19 de noviembre a una mesa técnica de trabajo con organismos públicos y representantes de los sectores vinculados a la actividad. La instancia buscará elaborar una base técnica para avanzar en la reglamentación del uso de estos dispositivos, con criterios referidos a las modalidades de aplicación, las alturas de vuelo, las condiciones de operación y las medidas de protección ambiental y sanitaria.

La reglamentación, entre la prevención y la innovación tecnológica

La intervención oficial se encuadra en la Ley XVI Nº 144 y el Decreto Nº 2556/2022, normativa que contempla la utilización de vehículos aéreos no tripulados bajo determinadas condiciones, siempre que su operación no comprometa la sustentabilidad de los recursos naturales ni genere impactos negativos sobre el ambiente y la salud.

El desafío regulatorio consiste en traducir esos principios en parámetros verificables para una tecnología que modifica las modalidades tradicionales de aplicación de insumos. La altura de vuelo, las condiciones meteorológicas, las características de los productos utilizados, la calibración de los equipos y los protocolos de seguridad son algunas de las variables que pueden incidir en el riesgo de deriva y exposición.

La definición de pautas comunes también permitiría establecer responsabilidades para quienes prestan servicios de aplicación, los productores que contratan esas tareas y los organismos encargados de fiscalizar su cumplimiento.

Desde el Ministerio señalaron que durante el plazo de la pausa se avanzará en la definición de criterios para establecer reglas claras, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que la herramienta pueda utilizarse bajo condiciones de responsabilidad y seguridad.

La CEM advierte sobre la incertidumbre para el sector productivo

La decisión también generó una reacción de la Confederación Económica de Misiones (CEM), que manifestó su preocupación por la Disposición Nº 104/2026 de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable. La entidad cuestionó los alcances de la medida, a la que describió como restrictiva, y advirtió que podría generar incertidumbre para las inversiones, la prestación de servicios y la generación de empleo.

La organización empresarial sostuvo que las decisiones que afectan a las actividades agropecuarias, forestales y comerciales deben sustentarse en evidencia científica, diálogo multisectorial y criterios técnicos. En ese sentido, reclamó un ámbito de trabajo conjunto con las autoridades provinciales para revisar los alcances de la disposición y avanzar hacia un marco regulatorio que contemple tanto la protección sanitaria y ambiental como las necesidades de la producción.

La CEM destacó que los drones de aplicación pueden contribuir a mejorar la precisión de las intervenciones, optimizar el uso de insumos y agua y reducir la exposición directa de los trabajadores a los productos utilizados. Desde esa perspectiva, consideró que la regulación debería contemplar las condiciones bajo las cuales estas tecnologías pueden operar de manera segura, en lugar de limitar su incorporación sin diferenciar prácticas y niveles de riesgo.

Al mismo tiempo, la entidad reconoció la necesidad de controles y sostuvo que todos los equipos utilizados para aplicaciones agrícolas deben cumplir los requisitos correspondientes, con productos e insumos autorizados en Argentina desde el punto de vista legal y sanitario.

Reglas claras para compatibilizar producción, salud y ambiente

El debate abierto en Misiones plantea la necesidad de construir un esquema de regulación que no reduzca la discusión a una oposición entre tecnología y protección ambiental. La incorporación de herramientas de aplicación de precisión puede ofrecer ventajas operativas, pero sus resultados dependen de las condiciones de uso, la capacitación de los operadores, los productos empleados y la fiscalización.

En ese contexto, la mesa técnica convocada por Ecología será una instancia relevante para determinar qué requisitos deben cumplir los equipos, los prestadores de servicios y los productores, además de definir mecanismos de seguimiento y respuesta ante eventuales incidentes.

La pausa preventiva de cinco días hábiles establece un período acotado para avanzar en esa discusión. El resultado esperado es un marco que permita prevenir riesgos para la población y los trabajadores rurales, proteger los recursos naturales y ofrecer previsibilidad a quienes incorporan tecnología en sus procesos productivos.

La definición de criterios técnicos, controles efectivos y responsabilidades diferenciadas será clave para que la innovación pueda desarrollarse sin trasladar sus posibles impactos a la salud pública ni al ambiente.

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