El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú argumentó hoy que la decisión de declarar la destitución y posterior detención de Pedro Castillo fue porque las medidas que tomó el saliente presidente constituyeron un golpe de Estado, y porque el objetivo era resguardar la institucionalidad democrática, en respuesta al comunicado conjunto emitido ayer por Argentina, Colombia, Bolivia y México en el que instaban a priorizar la “voluntad ciudadana”.

“Las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el ex presidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre (…) constituyen un golpe de Estado. Generaron, por esa razón, la decisión del Congreso de la República de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú”, indicó en un comunicado.

El miércoles pasado, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió el mando tras la destitución de Castillo por parte del Congreso, dominado por las fuerzas de oposición de derecha, después de que el entonces mandatario intentara suprimir en sus funciones al Poder Legislativo para gobernar por decreto, lo que fue calificado como un autogolpe de estado.

En su declaración, la Cancillería peruana recordó que Boluarte, “atendiendo el consenso existente”, pidió adelantar las elecciones para abril de 2024.

“El Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú”, apuntó.

Ayer, los gobiernos de la Argentina, Colombia, México y Bolivia expresaron su “profunda preocupación” por los recientes hechos ocurridos en Perú y exhortaron a “quienes integran las instituciones (del país andino) de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio” como forma “de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

“Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de Costa Rica, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”, rezaba el comunicado conjunto de ayer, que también pedía a las autoridades que se respeten los derechos humanos de Castillo y “que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”.

El Gobierno del Perú pidió hoy que “se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú” y reiteró “su más firme compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del expresidente Castillo”.

La destitución y detención de Castillo desencadenó una ola de protestas por todo el país, reprimidas por el actual Gobierno, con un saldo de siete muertos y 32 civiles y 24 policías heridos, según datos de ayer de la Defensoría del Pueblo.

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