Productores y empresarios misioneros piden que se vete el articulo 7 de la Ley de bioinsumos

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Referentes de las diferentes asociaciones y organizaciones de productores de Misiones se reunieron este jueves con dirigentes de la alianza Cambiemos en la sede de la Sociedad Rural de Misiones para debatir “que hacer” tras la aprobación de la ley que impedirá en un futuro cercano el uso del glifosato en las chacras misioneras.

La reunión organizada por la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM) para unificar criterios y establecer un plan de acción frente a esta normativa que prevé el reemplazo paulatino del uso del glifosato en todas las chacras misioneras en un plazo no mayor de dos años luego de publicada la ley de fomento de bioinsumos.

Consensuaron un pedido formal al gobernador Oscar Herrera Ahuad para que vete el artículo de la norma que prohíbe el uso del herbicida químico, glifosato. Además, se solicita conformar una mesa de estudio de cómo potenciar e implementar el reemplazo de los productos químicos por bioinsumos de forma consensuada entre las autoridades provinciales, el sector productivo y las entidades de control y certificación de la producción.

Por otro lado se avanzará en el aspecto legal, para que si la norma sale con el articulo 7 como se aprobó en la Legislatura, pedir su “derogación por inconstitucional”. Para los productores y empresarios no es necesario prohibir una herramienta como el glifosato, que “está certificado por las entidades de control”, para impulsar los bioinsumos. Consideran que el desarrollo de bioinsumos es necesario, pero no se debe caer en un “sesgo ideológico” que excluya las herramientas existentes hasta que se compruebe y valide a través de la práctica los nuevos productos de control de plagas y malezas en las chacras a través de las entidades de rigor.

Durante la reunión los empresarios se opusieron a la ley que en dos años prohibirá la utilización del antimalezas glifosato en los cultivos, al advertir que “aumentará los costos y provocará una pérdida de competitividad a la producción local”.

Indicaron que quedan en una posición desfavorable en comparación con otras provincias y países que todavía tienen la opción de aplicar ese herbicida. Además, plantearon que no hay reemplazos agroecológicos con certificaciones que garanticen los mismos niveles de producción y un costo de comercialización y aplicación equivalente al del elemento utilizado hoy.

Tras la reunión Adrián Luna Vázquez representante de los productores misioneros en CRA, explicó que “ésta es una lucha a dos años” (el plazo que da la norma para prohibir el uso del glifosato). Afirmó que hay que dejar las “ideologías y legislar con datos científicos, para el beneficio de toda la población de Misiones y de los potenciales clientes de los productos desarrollados en la provincia”.

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Darío Bruera, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales (FARM) explicó que el glifosato “es una herramienta que utilizamos en determinados momentos para controlar y combatir las malezas, nos permite optimizar nuestra producción y reducir costos. Esta medida provocará una disminución de la producción por unidad productiva o un encarecimiento, ya que no existe un producto sustituto y alternativo aprobado y debidamente registrado que sea igualmente efectivo y a los mismos valores”, alertó.

El dirigente sostuvo que la ley aprobada “causará un incremento en el costo de producción que podría superar el 100%” en las actividades que dependen del herbicida. “Este aumento en los costos, ya sea a través de la adopción de labores manuales o debido a una reducción en el rendimiento por unidad productiva, colocará a los productores misioneros en una situación desfavorable en comparación con otras provincias que aún tienen la posibilidad de utilizar el glifosato”, explicó el titular de la FARM.

Bruera advirtió que “en lugar de utilizar esta herramienta tecnológica para el control de malezas, será necesario recurrir a labores culturales de tipo mecánico. Estos métodos mecánicos implican dejar el suelo descubierto, lo cual, considerando el régimen pluviométrico, las pendientes y la topografía de la región de Misiones, podría tener consecuencias catastróficas en términos de erosión hídrica y pérdida de suelo”, agregó el dirigente ruralista.

Bruera opinó que “prohibir la venta y comercialización va a hacer que haya contrabando o uso de agroquímicos en negro, que los productores adquieran sin orientación técnica, y eso es grave”, indicó.

En tanto Matías Pambergerg, presidente de la Sociedad Rural de Misiones (SRA) dijo que esta reunión era para consensuar las medidas que se pueden llevar adelante. Consecuentemente con lo planteado por Bruera, dijo que el productor pide “un producto que sea el reemplazo del glifosato, pero que esté claramente probado y que no genere pérdidas de rentabilidad ni de mercados de los productos misioneros”.

Bruera afirmó que una empresa de Jardín América sufrió el rechazo de los productos tratados con los productos entregados por la provincia, porque sus compradores en Estados Unidos “rechazaron el producto, tras analizar los componentes”.

La reunión contó con casi 150 asistentes que representan a 25 instituciones de los diferentes sectores productivos de la provincia. Desde el sector forestal al agropecuario. Pasando por representantes de grandes empresas como Arauco, hasta pequeños productores.

Coincidieron en la necesidad de abrir un canal de diálogo con el Gobierno provincial, donde debatir como hacer una “transición” ordenada dejando los productos químicos por biológicos. Se mostraron molestos por la “imposición que significa esta ley, que da un plazo de dos años para el reemplazo por un producto determinado arbitrariamente”. Producto que según los productores “no tiene ninguna certificación de efectividad, ni de inocuidad en el corto y largo plazo, por los entes de control”.

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El momento más álgido de la reunión fue cuando el productor yerbatero Cacho Ozeñuk tomó la palabra y aunque coincidió con una necesidad de hacer una transición hacia productos más orgánicos, se mostró a favor de esta ley. Recordando que cuando fue parte del Consejo Consultivo del INYM, hace tres años ya se planteó la necesidad de prohibir los productos químicos en la producción yerbatera, volcándose hacía una producción agroecológica.

Ante la postura de Ozeñuk se levantaron varias voces en contra. A lo cual el productor yerbatero redobló su apuesta, recordándoles que “no todo se trata de rentabilidad, sino que se juega el futuro de nuestros hijos, así como la garantía de no perder mercados, que cada vez más demandan alimentos sanos”.

Además, Ozeñuk recordó que “cuando llegó el Glifosato a nuestras chacras, dejamos de lado al trabajador de la chacra, a ese que macheteaba y carpía, todo por ganar rentabilidad. Hoy nos quejamos de que no tenemos trabajadores para levantar las cosechas, que viven de planes pero nosotros los alejamos de las chacras, cambiándolos por el glifosato. Y ahora todo eso se junta en este momento y estamos ante una crisis que no podemos resolver”.

En ese momento, el productor Ricardo Ranger se molestó con el comentario de Ozeñuk, diciéndole que no era esa la razón de la falta de mano de obra. Ante lo que el yerbatero le dijo que su planteo era su visión de lo que ha pasado en las chacras misioneras.

La reunión perdió un poco su rumbo cuando tomaron la palabra los diputados de Juntos por el Cambio, Germán Kiska y Ariel Pianesi. Kiska fue aplaudido por los productores, porque el legislador del partido Activar de Pedro Puerta fue el único que voto en contra de la ley de bioinsumos, fundamentando su rechazo en la prohibición arbitraria del uso del glifosato. En tanto Pianessi y los otros legisladores del frente Juntos por el Cambio votaron a favor de la ley, pero el radical intento explicar que “técnicamente” ellos votaron en contra de la prohibición del uso del glifosato al votar en particular el articulo 7 en contra, cosa que no convenció a los productores.

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