Escribe Florencia Tuchin – El 3 de septiembre se inauguró “Punto de Paz”, un restaurante que se encuentra dentro de la cárcel de Batán, ubicada en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. La iniciativa fue impulsada por la cooperativa de trabajo Liberté, que está conformada por personas privadas de la libertad, y la organización Víctimas por la Paz, cuyos integrantes sufrieron hechos de inseguridad. La intención de la alianza es promover acciones de reinserción social en lugar de reclamar un endurecimiento de la ley, como respuesta a esta problemática.

El presidente de Liberté, Xavier Aguirreal, asegura: “La inauguración de este lugar es un resultado importantísimo del trabajo en conjunto con Víctimas por la Paz. Allí, los presos pueden sentarse en una mesa igual que en cualquier restaurante, donde los atiende un mozo que también está privado de su libertad y se ofrecen comidas que las preparamos en una rotisería que desde hace un año funciona en Batán. Ahí pueden pedir una pizza, sorrentinos con salsa o un helado de postre. En definitiva, cosas normales que en la cárcel no existían, pero ahora sí”. Los alimentos y bebidas son provistos por un almacén que las personas que están presas montaron en el penal.

“Para integrar las unidades productivas, el requisito es que las personas quieran un cambio en su vida. No se admite la violencia ni participar bajo el efecto de drogas. No los castigamos por las adicciones, pero les pedimos que participen de un taller para trabajar en el problema”, relata Aguirreal.

Liberté nació en 2014 como un emprendimiento autogestionado que promovía diferentes actividades para la reinserción social de personas privadas de la libertad, con el respaldo de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito, que la impulsó a seguir el camino cooperativo. Finalmente, pudo constituirse en 2021 como una cooperativa de trabajo con el apoyo de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP). Para su desarrollo, Liberté contó con el respaldo de la Procuración Penitenciaria, Asociación Pensamiento Penal y el Gobierno bonaerense.

“Generalmente, la persona que está en la cárcel tiene dos opciones: se convierte en indigente o es mantenida por terceros. Ya que el Estado no provee de lo mínimo e indispensable, como un par de zapatillas, una remera, una frazada, un shampoo, o una maquinita de afeitar. En 2014, me di cuenta que no quería ser mantenido por otras personas ni ser un indigente. Por eso, me propuse crear este emprendimiento para generarnos nuestros propios recursos y tuvimos la suerte que entonces había en Batán un jefe de trabajo con sentido común, que nos apoyó con este proyecto”, recuerda Aguirreal sobre los comienzos de Liberté, que hoy ya cuenta con 200 integrantes y se trata de la primera cooperativa de la región con el 100% del consejo de administración conformado por personas privadas de la libertad.

La escribana Diana Márquez, quien es coordinadora de Víctimas por la Paz y socia de la cooperativa Liberté tenía experiencia en el rubro gastronómico y fue una de las impulsoras de este nuevo proyecto. “Lo ambientamos lo más parecido a un restaurante y se paga con QR porque acá no podemos usar efectivo”, explica Aguirreal.

Para 2023, la intención es comenzar a recibir en el restaurante a personas que están fuera del sistema penitenciario. Víctimas por la Paz se va a encargar de la organización logística. Los visitantes van a poder conocer las distintas unidades productivas de Liberté, el mural, que realizaron ambas organizaciones en conjunto en 2018, y degustar el restaurante.

En contexto: las cárceles en números

La Procuración Penitenciaria de la Nación publicó un nuevo boletín estadístico con datos actualizados a fines de septiembre de 2022. La infografía visibiliza las principales características sociodemográficas de la población carcelaria y contiene información cuantitativa de los fenómenos estructurales que monitorea el Organismo, y sobre los cuales despliega sus intervenciones.

Tras un significativo descenso de la población penal en los dos primeros meses luego de la declaración de la emergencia sanitaria por Covid-19 en el año 2020 y hasta el mes de julio de 2021, el SPF informó que no tenía sobreocupación. Pero hacia fines de agosto de 2021 el nivel de alojamiento general volvió a superar la capacidad declarada debido a la reducción de las plazas informadas en la mayor parte de las unidades. Desde entonces y hasta el mes de septiembre de 2022 inclusive, las cárceles federales funcionaron con una ocupación del 104%.

Es importante mencionar un aumento en la población de mujeres cis encarceladas en el SPF. A fin de septiembre se registraron un total de 769 detenidas lo que significó un aumento del 9% durante el último trimestre.

De enero a septiembre de 2022 se comunicaron 201 casos de tortura y malos tratos, a partir de los cuales se presentaron 75 denuncias penales de acuerdo a la voluntad expresada por las víctimas. Se documentaron 80 medidas de fuerza de distinto tipo y alcance desarrolladas en diversas cárceles federales. Además, se produjeron 34 fallecimientos de los cuales 11 fueron violentos.

*Florencia Tuchin periodista de Otra Economía

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