El régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego impacto fiscal, costos y controversias. Un esquema de beneficios impositivos con un costo de USD 1.000 millones anuales y precios hasta 60% más caros que en el exterior

El régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, vigente desde 1972, se mantiene como uno de los programas de incentivos más costosos del país, con un impacto fiscal superior a USD 1.000 millones por año. Su extensión hasta 2053 ha generado críticas desde distintos sectores políticos y económicos, que cuestionan su eficiencia y su efecto en el precio de productos electrónicos, que pueden costar hasta 60% más en Argentina que en mercados como Chile o Estados

Un sistema de exenciones con alto impacto en las cuentas públicas

El esquema otorga a las empresas radicadas en Tierra del Fuego exenciones de IVA, Ganancias, aranceles de importación e impuestos internos, con el objetivo de fomentar la producción local de electrónica y otros bienes. Sin embargo, según un informe de Fundar, estos incentivos no exigen contenido nacional en la fabricación, lo que ha generado una fuerte dependencia de insumos importados y una baja integración productiva local.

El costo fiscal del régimen se distribuye de la siguiente manera:

• IVA: USD 630 millones anuales.
• Exención de aranceles de importación: USD 436 millones.
• Diferencial de impuestos internos: USD 20 millones.
• Otros beneficios fiscales (Ganancias e impuesto al cheque no contabilizados en la estimación total).

Industria electrónica: dependencia del mercado interno y escasa exportación

El sector manufacturero de Tierra del Fuego abastece más del 90% de los celulares vendidos en Argentina, así como televisores, aires acondicionados y microondas. Entre las principales empresas beneficiadas se encuentran Newsan, Mirgor, BGH y Radio Victoria, todas vinculadas a empresarios de peso en la industria.

A pesar de los incentivos, el régimen ha sido criticado por generar un mercado cerrado y altamente protegido, con precios significativamente más altos que en otros países. Según estudios de mercado, los productos ensamblados en Tierra del Fuego pueden costar hasta 60% más que modelos equivalentes en mercados internacionales.

Fondo fiduciario: el fideicomiso que sobrevivió a la “motosierra”

El régimen también cuenta con un fideicomiso específico, el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), creado en 2022 y financiado con un aporte obligatorio del 15% del IVA sobre los productos fabricados en la isla. Este fondo, que acumuló $185.000 millones hasta fines de 2024, ha sido señalado por su falta de transparencia en la asignación de recursos, al no quedar claro qué proyectos financia ni qué auditorías ha recibido por parte de la Sindicación General de la Nación (SIGEN).

El diputado Juan Manuel López cuestionó que el FAMP haya sido excluido del recorte de fideicomisos impulsado por el Gobierno. “Es evidente que Javier Milei tiene un acuerdo con los empresarios que ensamblan allí teléfonos celulares carísimos, de los cuales la mayoría de los consumidores argentinos son rehenes”, afirmó.

Debate abierto: ¿reforma o eliminación del régimen?

Desde el oficialismo se ha evitado confirmar si habrá cambios en el esquema de promoción. Aunque el propio presidente Javier Milei calificó al régimen en 2022 como “una estafa a los argentinos de bien”, su administración ha mantenido el statu quo argumentando que se trata de un sistema con “derechos adquiridos”.

Sin embargo, economistas como Lucas Llach y Agustín Etchebarne han advertido que este esquema distorsiona la economía y encarece artificialmente los productos electrónicos, favoreciendo a un puñado de empresas protegidas de la competencia internacional.

A medida que el Gobierno avanza con su plan de desregulación y recorte del gasto público, el futuro del régimen de promoción fueguino sigue siendo incierto. Mientras tanto, los consumidores argentinos continúan pagando precios elevados por productos que en otros mercados se consiguen a costos significativamente más bajos.

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