El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) aprobó un incremento del 9,89% en la prestación por desempleo que perciben los trabajadores del sector agrario. La medida, formalizada mediante la Resolución 84/2025 publicada en el Boletín Oficial, establece que el monto mínimo ascenderá a $143.500 en septiembre y a $150.000 en octubre, mientras que el máximo pasará a $287.000 y $300.000, respectivamente.

La actualización se enmarca en el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo regulado por la Ley 25.191, que garantiza cobertura a los trabajadores rurales en situación de desocupación y se financia con un aporte mensual del 1,5% de la remuneración abonada por los empleadores.

El RENATRE, ente autárquico de derecho público no estatal, es dirigido por representantes de las entidades sindicales y empresarias del sector rural. Su función central es administrar el registro de trabajadores y empleadores, y asegurar la cobertura de las prestaciones por desempleo.

Hasta ahora, los montos de la prestación estaban fijados por la Resolución 64/2025, que establecía un mínimo de $136.500 y un máximo de $273.000. Sin embargo, la creciente presión inflacionaria y la pérdida de poder adquisitivo de los beneficiarios obligaron al Directorio a disponer un nuevo ajuste escalonado aprobado en el Acta Nº 152 del 13 de agosto de 2025.

Según la resolución, el aumento será bimodal:

• Desde septiembre: +5,13% → mínimo $143.500 y máximo $287.000.
• Desde octubre: +4,53% acumulativo → mínimo $150.000 y máximo $300.000.

La norma también deroga expresamente la resolución previa (64/2025) y dispone que el financiamiento de las erogaciones surgirá de los recursos previstos en el artículo 13 de la Ley 25.191.

El incremento de las prestaciones por desempleo rural impacta en un universo que abarca a miles de trabajadores agrarios registrados, especialmente en actividades de alta estacionalidad como la cosecha, la forestación, la yerba mate, el tabaco y la vid.

La medida busca amortiguar la pérdida de ingresos en un contexto de inflación acumulada superior al 250% interanual y de creciente conflictividad laboral en el sector agroindustrial.

Los dirigentes sindicales y empresarios rurales que integran el Directorio del RENATRE —entre ellos José Voytenco (UATRE) y Abel Guerrieri (Sociedad Rural Argentina)— rubricaron la resolución, lo que refleja un consenso dentro del organismo.

La decisión también envía una señal política en medio de los debates legislativos sobre la protección social y los subsidios al desempleo, en un país donde la ruralidad presenta particularidades en materia de precarización y estacionalidad laboral.

Si bien la suba de los topes representa un alivio para los trabajadores desocupados, las organizaciones sindicales rurales podrían reclamar nuevos ajustes antes de fin de año si la inflación se acelera. Del lado empresario, el esquema no genera nuevas cargas directas, ya que se financia con el aporte vigente del 1,5%, aunque podrían reavivarse las discusiones sobre la sostenibilidad del fondo en caso de un aumento de la demanda de prestaciones.

En paralelo, el RENATRE deberá garantizar la agilidad administrativa para efectivizar los pagos en septiembre y octubre, en un escenario de alta sensibilidad social para las economías regionales.

La resolución refuerza la importancia del ente como herramienta de seguridad social sectorial, diferenciada de la ANSES, y mantiene abierto el debate sobre cómo equilibrar la competitividad del agro con la protección laboral en un contexto de ajuste fiscal y reformas estructurales impulsadas por el Gobierno nacional.