El lunes se produjo un hecho casi inédito. Los 23 gobernadores y el intendente porteño diseñaron un proyecto de ley que busca redistribuir impuestos con criterios de mayor equidad federal. La iniciativa propone eliminar los fondos fiduciarios alimentados con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (impuesto que se sigue cobrando, pese a que la Nación decidió desentenderse del arreglo de las rutas), para que esos recursos sean reasignados conforme a las prioridades de cada provincia. También plantea coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en línea con los criterios de la Ley de Coparticipación Federal 23.548. 

Si se aplica la fórmula propuesta por los gobernadores de reparto de ATN para el período enero a mayo de 2025, se tendrían que haber repartido $ 214.949 millones (a precios corrientes) en lugar de los $80.500 millones que se distribuyeron efectivamente. Misiones debería haber recibido 3.858 millones más de los que recibió. 

La cumbre de gobernadores marcó la cancha y anticipó el clima de la primera reunión del Pacto de Mayo, que se hizo un día después con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La reunión pretendió darle forma a lo firmado por los gobernadores el año pasado con el presidente Javier Milei, pero terminó sin ningún avance concreto y los potenciales acuerdos fueron pateados para más adelante. 

La señal de los gobernadores es inequívoca: no discuten el plan de ajuste, sostenido como única bandera por el Presidente, pero le ponen un límite. Desde hace varios meses los mandatarios vienen diciendo que el ajuste festejado por el Gobierno nacional, es, en realidad, financiado a costa de las provincias y sus recursos. El impuesto a los combustibles, que sigue vigente, pero no se usa para su destino original, es uno de tantos ejemplos. La Nación sigue recaudando y no ha bajado los impuestos, aunque su destino ahora sea “bajar el déficit”. El proyecto de ley será ingresado por el Senado, donde las provincias tienen representación directa y pueden ejercer mayor presión. Incluso hacer caer algunas posiciones del Gobierno nacional. 

El modelo económico también comienza a ser cuestionado por think thanks hasta hace poco abiertamente a favor. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina alertó que la presión tributaria nacional subió al 63,6 por ciento. El peso de los impuestos en soja es del 65,9%, maíz 53,4%, trigo 78,2% y girasol 63,2%. “Se anunció que la reducción temporal de DEX sólo se prorroga para trigo, con el retorno de retenciones para los demás cultivos los índices aumentarían a el promedio nacional 67%, 70% en soja, 56% en maíz y 67% en girasol”, sostiene la economista Nicolle Pisani Claro.

De todos los impuestos que paga una hectárea agrícola, el 63,8% son nacionales no coparticipables, es decir, que no vuelven a las provincias. El 28,4% son nacionales coparticipables, 6,8% corresponde a los impuestos que cobran las provincias y un 1% son los municipales.

“Un dejà vu de los 90 agravado y acelerado“, aseguró Eduardo Buzzi, ex presidente de la Federación Agraria Argentina, a quien poco se le puede cuestionar de kirchnerista. 

Sin embargo, Buzzi reconoció que que durante el gobierno de Cristina Kirchner, el total de las retenciones, por lo menos iban a parar a las provincias y los municipios: “En algun momento se eliminó eso y no se restituyó más y en este momento 1 de cada 3 barcos que pasan por el Paraná queda completo en la casa de Gobierno del farabute, mentiroso e hipócrita, engañador de Javier Milei, con el timbero que administra la economía que es Caputo y con el individuo Frankestein para el interés nacional que se llama Sturzenegger”, concluyó. 

“La rentabilidad de la mediana empresa agropecuaria, pequeña empresa agropecuaria, producción de commodities, está mal. Y ni hablemos de las producciones de economías regionales, están entrando limones de Egipto, tomates de los países vecinos”, cuestionó Buzzi.

El mismo lunes de la cumbre de los gobernadores, la Conferencia Episcopal argentina -los gobernadores de la Iglesia- emitieron un fuerte documento, sobre los efectos del ajuste libertario en “el flagelo del narcotráfico y el consumo de drogas, una herida profunda en el corazón de tantos jóvenes, muchos de ellos en situaciones de extrema pobreza”. 

“Vemos con preocupación y dolor que la retirada del Estado abre paso al avance del narcotráfico, que ocupa ese lugar vacío y se convierte en una suerte de “Estado paralelo”, donde los narcos ofrecen a los jóvenes una vida corta pero aparentemente mejor, y esto a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida”, sentencia el documento. “No se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos. La entrega gratuita de tantos voluntarios es muy valiosa, pero debe ser complementada con equipos que puedan dedicarse a tiempo completo, y eso requiere financiamiento. Desfinanciar estas obras, demorar la ayuda o relegarlas a la buena voluntad de voluntarios agotados, es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte. Sin el compromiso económico del Estado, esta ardua tarea no se sostiene. Y si esta tarea cae, no habrá quien reciba a los que tocan fondo buscando una segunda oportunidad”. 

La posición de la Iglesia pone el foco en el ajuste furioso en las áreas más sensibles del Estado y el discurso de mano dura que esgrime la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien entiende el flagelo de las drogas únicamente como un problema policial.

Ese corrimiento del Estado que observa la Iglesia, es permanente en la era Milei. La motosierra atraviesa programas y arrasa con las inversiones que ahora son cargadas a las provincias, desde viviendas a escuelas, salud o seguridad. Sin embargo, el Presidente acusa a los gobernadores de ser “la última trinchera de la casta” y de ser responsables del gasto público. Los números, en contraste, marcan que las provincias sí hicieron el ajuste, incluso por encima de la Nación. Y en paralelo, bajó la presión tributaria de las provincias, contra un aumento nacional.

El jueves ocurrió otro hecho inédito. El directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate por primera vez votó en contra de una indicación de la Nación. Por mayoría el directorio decidió rechazar la supresión de resoluciones que permitían el control de calidad y salubridad de la yerba mate.

El Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) debatió una propuesta impulsada por los representantes del sector industrial para derogar dos resoluciones clave que regulan el control de calidad de la materia prima: la Resolución 11/2017 y la 287/2022. Ambas normas -vigentes hasta hoy- fueron defendidas con firmeza por los representantes de los productores, cooperativas, trabajadores rurales y secaderos, quienes rechazaron en forma mayoritaria su eliminación, además del representante del Gobierno de Misiones.

La Resolución 11/2017 aprobó el Reglamento de Secanza de la Yerba Mate y establece pautas técnicas para el secado de la hoja verde, mientras que la Resolución 287/2022 incorpora controles sobre contaminantes inorgánicos en la yerba canchada, tanto nacional como importada. Estas disposiciones forman parte del “Reglamento de Control de Calidad de Materia Prima de Yerba Mate”, que busca garantizar estándares sanitarios y preservar la identidad del producto.

El pedido de derogación surgió por parte de la Nación, a solicitud expresa del sector industrial en el marco de reuniones mantenidas con autoridades del área agroindustrial. “Fue un compromiso que plantearon a cambio de no desfinanciar al INYM”, explicaron.

Sin embargo, la mayoría de los representantes votó por sostener las resoluciones vigentes, en línea con el mandato de sus respectivas bases. “Durante casi dos meses cada sector llevó estas propuestas a consulta y la decisión fue mantener las normativas. Si hubiera artículos que necesiten revisión, se puede tratar en cualquier momento, pero no corresponde derogar todo el cuerpo normativo sin justificación técnica”, indicaron desde el bloque que representa a los secaderos.

El voto en el directorio va en línea con la posición de la mayoría de los productores de defender la continuidad del INYM como herramienta clave para la supervivencia del sector hoy agobiado por la caída del precio de la materia prima. Mientras tanto, la Provincia trabaja en un organismo similar misionero, aunque con las limitaciones de no poder actuar en toda la zona productora. 

En paralelo, se sostienen medidas de alivio, como créditos blandos para secaderos y molinos que pagan el precio más elevado y descuentos de cheque a tasa cero para productores y secaderos. La operatoria, que ya liquidó 2.500 millones, seguirá vigente, según anunció el gobernador Hugo Passalacqua. El objetivo es llegar a los diez mil millones.

El esfuerzo por cuidar la producción yerbatera es exclusivamente de la Provincia. Lo mismo sucede con el sector forestal, que recibe asistencia financiera e incentivos directos para la exportación, en momentos en que la caída del mercado interno hizo insostenibles a muchas empresas. El consumo también cuenta con el paraguas provincial. Los Ahora siguen vigentes hasta el 30 de septiembre y en lo que va del año ya generaron un movimiento comercial de más de 27 mil millones de pesos.

El Gobierno provincial entiende que es un momento de concentrarse en las soluciones locales. El conductor político de la Renovación, Carlos Rovira, les pidió a los ministros y funcionarios de primera línea, redoblar los esfuerzos para atender las demandas crecientes de la sociedad y los huecos que deja la gestión nacional.

En su primera evaluación tras las elecciones provinciales, Rovira fue claro: “Ganamos”. Punto. La lectura es que en un tiempo raro, los misioneros volvieron a confiar en la Renovación. Sin embargo, llamó a “despertar la gestión” para sostener esa confianza, de cara a las elecciones de octubre. Ese despertar debe ser inmediato, exige autocrítica y no búsqueda de chivos expiatorios.

Como anticipó Economis hace dos meses, a la cabeza de ese despertar estará Oscar Herrera Ahuad, como candidato a diputado nacional, acompañado por la joven libertaria Micael Gacek, el empresario metalúrgico Walter Rossner y Graciela De Moura, la empresario de El Soberbio y actual funcionaria del ministerio de Industria. Herrera Ahuad se puso la misión de recorrer de punta a punta la provincia en busca de respaldos. En mano a mano con el vecino, el productor y el empresario. Lo avala su experiencia en la gestión y una imagen que se mantiene entre las más valoradas de la política misionera. 

Nuevamente, la Renovación fue la primera en mostrar sus cartas de cara a octubre. En la oposición todavía no hay nombres conocidos, aunque se especula con repetir algunos, especialmente en el espacio libertario, detrás del que se encolumnarán los demás partidos como la UCR y el PRO.