sáb. Feb 7th, 2026

ABORTO LEGAL

Es Ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo

By Redacción Economis 5 años ago
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El Senado convirtió en ley esta madrugada el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo por 38 votos a favor y 29 en contra y una abstención, tras una jornada de debate que duró más de doce horas y terminó en la madrugada de este miércoles 30 de diciembre.

La iniciativa permite la práctica del aborto hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.

La iniciativa, que fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo en cumplimiento de una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández, llegó al Senado desde Diputados, que le dio media sanción el pasado 11 de diciembre por 131 votos a favor contra 117 negativos.

La legalización del aborto culmina una extensa lucha liderada por el movimiento de mujeres, que tuvo su génesis en la Campaña Nacional del Aborto que se creó en 2005 y en el Encuentro Nacional de Mujeres.

La discusión comenzó pasadas las 16, cuando la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, habilitó la sesión especial y la primera oradora fue la presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, la peronista pampeana Norma Durango.

Según Durango, se acordó con el Gobierno nacional el veto parcial a dos incisos de la norma para eliminar la palabra “integral”. Se trata de los artículos 4 y 16 del proyecto en discusión.

El artículo cuarto establece que “las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional” y que “fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: si el embarazo fuera resultado de una violación” o si “estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

El artículo 16, en tanto, modifica el artículo 86 del Código Penal sobre que “no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce (14) inclusive del proceso gestacional”.

Fuera del plazo establecido, no será punible el aborto si el embarazo fuera producto de una violación o si “estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante”.

De los 3 senadores de la provincia de Misiones, el único que votó a favor fue Humberto Schiavoni de Juntos por el Cambio. Maurice Closs (Frente de Todos) y Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia Social) rechazaron la propuesta.

Sólo tres senadores nacionales decidieron hoy modificar su opinión sobre el proyecto que habilita la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que esta madrugada, tras una extensa jornada, debatía el Senado de la Nación.

Esas modificaciones en los votos acercaron al sector favorable a la iniciativa a los votos necesarios para que sea convertida en ley, luego de haber sido sancionada por la Cámara de Diputados.

El cambio más notable fue el de la oficialista rionegrina Silvina García Larraburu, quien en 2018, cuando la cuestión fue rechazada durante el Gobierno de Mauricio Macri, había votado en contra.

En aquel momento, la senadora había mantenido una opinión favorable, pero cuando llegó al recinto decidió votar en contra del proyecto.

Hoy, la legisladora oficialista anunció que su decisión “es un voto deconstruido”.

“La decisión de la interrupción voluntaria del embarazo es la demanda de las nuevas generaciones”, argumentó.

La opositora Lucina Crexell, de la provincia de Neuquén, se había abstenido en el año 2018, luego de reclamar modificaciones a la iniciativa que finalmente fracasó.

“No cambié mi manera de pensar sobre el aborto. Cambié el enfoque. No es feminismo o religión. El aborto clandestino es una figura silenciosa que escribe páginas muy tristes”, señaló Crexell al hacer uso de la palabra en el recinto de sesiones.

El último senador que cambió de parecer fue el peronista salteño Sergio Leavy, quien en 2018 era diputado nacional y votó en contra.

La semana pasada, Leavy mantuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández, al término de la cual anticipó que debía pensar nuevamente su decisión.

“En 2018 participé del debate, esta ley es totalmente diferente, me hubiera gustado un debate más profundo pero me di cuenta de que esto no se trata de mi, no es una situación de mi creencia, sino que es una situación que le compete a muchas mujeres”, dijo.

El Proyecto aprobado:

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Misiones entre las diez provincias que adhieren al protocolo para la interrupción legal del embarazo

By Redacción Economis 6 años ago
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Desde el Ministerio de Salud de la Nación informaron que las jurisdicciones son Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chaco.

Diez de las 24 jurisdicciones argentinas adhieren al protocolo nacional para garantizar la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), actualizado a través de la resolución 1/2019 del Boletín Oficial, mientras otras nueve dictaron protocolos con requisitos, dos están sin adhesión pero utilizan el protocolo nacional y tres no poseen norma local ni adhesión, según datos a octubre de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.

“Las jurisdicciones que ya adherían al protocolo nacional, o tenían una norma local, no necesitan volver a ratificarlo, pero sí se espera que todas adhieran”, señaló a Télam Patricia Bustamante, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito.

La estadística oficial del Ministerio de Salud de la Nación confirmó que son 10 las jurisdicciones que adhirieron al Protocolo Nacional: Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chaco. Mientras que Formosa y San Juan no presentan adhesión oficial pero utilizan el protocolo nacional.

Y las tres provincias que figuran sin protocolo propio ni adheridas al nacional son: Corrientes, Santiago del Estero y Tucumán.

“Nosotros contamos con nuestro protocolo desde el 2018 y así seguiremos ya que es muy parecido al Nacional”, indicaron a Télam fuentes de prensa del ministerio de Salud de la provincia de Mendoza.

Catamarca, por su parte, aprobó el 2 de junio de 2018 su propio protocolo o guía sobre la materia bajo la resolución ministerial provincial número 722.
Las otras jurisdicciones que siguieron el mismo camino son Córdoba, Chubut, Río Negro, Neuquén, Provincia y Ciudad de Buenos Aires y La Pampa, según datos de octubre de 2019 de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera nacional.

En marzo de 2012, el Ministerio de Salud cordobés habilitó su propia Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles, mediante la Resolución 093/12, pero recién se logró implementar a partir del 25 de setiembre de este año, luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimara las presentaciones contrarias a su aplicación planteadas por la ONG Portal de Belén, confirmaron a Télam fuentes sanitarias de esa jurisdicción.

La legislación

Según establece la legislación, el Protocolo ILE establece un marco de acción normado, pero su ausencia no es impedimento para acceder al aborto no punible en ningún caso debido a que todas la jurisdicciones del país deben garantizar su acceso.

Desde 1921, de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “FAL”, de 2012, el aborto es legal en los siguientes casos: si representa un riesgo para la vida de la persona gestante, o para el bienestar físico, emocional y social de la persona gestante o si es producto de una violación.

El mismo fallo exhorta a los estados provinciales a proporcionar las condiciones necesarias para llevar adelante las interrupciones legales de embarazos de manera rápida, accesible y segura.

El nuevo protocolo

El Ministerio de Salud oficializó hoy el nuevo protocolo para la atención integral de las personas, decisión que calificó como “un imperativo de la política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva”.

El Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) fue publicado en 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación para estandarizar prácticas y garantizar el acceso a este derecho y se establecen los lineamientos para acceder a la ILE.

Fuente Télam

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Debates a la fuerza

By Juan Carlos Argüello 8 años ago
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Antes de que se agote la encendida discusión nacional sobre la despenalización del aborto, con los medievales consejos del médico Abel Albino incluidos, el presidente Mauricio Macri hizo otro aporte a la grieta: firmó el decreto autorizando a las fuerzas armadas a volver a operar sobre la seguridad interna.
Con argumentos poco claros, más allá de la mención vaga a lucha contra “nuevos enemigos” como el narcotráfico o el ciberterrorismo, Macri revivió un tema que trae a la memoria los años más oscuros del país. La nostalgia de la mano dura alimenta la grieta que tan buenos dividendos le dio a Cambiemos. Plantea la idea de que quien no apoya su iniciativa, está a favor de. A favor de puede ser del narcotráfico, de las mafias, o de Cristina. Igual suma y refuerza la identidad de quien está a favor, mayoritariamente votante de la alianza gobernante, según muestran las primeras encuestas.
En 1975, la última vez que un presidente constitucional firmaba un decreto similar, se abría la puerta a la “aniquilación” de la subversión, paso previo a la más feroz de las dictaduras en la Argentina. Ahora siquiera hay un enemigo identificado y tampoco una estrategia definida sobre qué harán las fuerzas armadas. Lo único que parece determinar la decisión es la mano dura que obnubila a las derechas del continente.
Colombia, México o el cercano Brasil con su paradisíaco Río de Janeiro son ejemplos claros del fracaso de la militarización en la lucha contra las drogas. Tampoco son iguales las condiciones. En esos países el flagelo de la droga generó estados paralelos, ejércitos narcos y millones de dólares sucios. En Argentina ni siquiera en estado incipiente hay similitudes. En cualquier caso, el problema principal está fronteras afuera.
El soldado, cuando dispara, lo hace a matar. Esa es su formación. ¿Qué hará en las fronteras? ¿Tirar a matar a las mulas que cargan los fardos de marihuana? ¿Establecer una pena de muerte exprés?
El dueño del negocio no se expone a un encuentro de ese tipo. Y ahí radica el fracaso de las guerras abiertas en Colombia, México o Brasil. Millones de dólares dilapidados en perseguir y matar, mientras la droga sigue fluyendo.
En México, una de las consecuencias de militarizar las calles fue una ola de violencia inusitada, con más de 150.000 muertos, 27.000 desaparecidos y 35.000 desplazados, carteles más fuertes y militares seducidos por jugosos sobornos. La batalla sigue y encuentra adeptos cada día: México es según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el segundo país con más disparidad económica entre ricos y pobres. Todavía no hay certezas sobre el rumbo que tomará el combate a las drogas con Andrés Manuel López Obrador, quien antes de ganar las elecciones propuso una “amnistía”.   
Las consecuencias de la guerra abierta del plan Colombia, con una inyección de dólares y armas de Estados Unidos, todavía son inconmensurables, pero se asemejan a la palabra fiasco. Miles de millones de dólares, recursos y soldados dilapidados en una escalada de violencia que lo único que hizo fue tecnificar la producción de cocaína.
La paradoja es que el tío Sam es el principal consumidor de la exportación colombiana. El novelizado Pablo Escobar fue apenas el precursor de un negocio que se globalizó.
En Brasil la guerra militar de Michel Temer contra el narcotráfico en las favelas despertó las aspiraciones primarias de un generalato nostálgico de la mano dura. Tanto que aspiran a recuperar un rol protagónico en la política, por las urnas o por la fuerza. “Estamos en un momento crítico, al filo de la navaja”, dijo Antonio Mourão, general retirado de cuatro estrellas que el año pasado, cuando aún estaba de servicio, sugirió que sería necesaria una intervención militar para purgar a la clase política.
Mourão, el general retirado, y otros oficiales jubilados han respaldado con entusiasmo la postulación presidencial del senador de ultraderecha Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército que ha hecho propuestas polémicas para la restauración del orden, como darle a la policía más campo de maniobra para matar a presuntos criminales.
En Argentina y menos en sus fronteras, se encuentran paralelismos con las condiciones previas que desencadenaron esas fallidas batallas. No es con militares entrando a la fuerza a las villas que se terminará el narcotráfico. La idea, nada original, se hizo spot de campaña de Fernando De la Rúa, el fugaz presidente radical que huyó dejando un tendal de muertos en plaza de Mayo. Fue refrescada por Sergio Massa, cuando aspiraba a ser Presidente para que las Fuerzas Armadas puedan “atacar y bloquear las fronteras” y “entrar a los barrios más humildes” donde “los narcos infectan a nuestros jóvenes”. ¿Resiste análisis la propuesta de desatar una guerra inmediata con países vecinos? ¿Resiste análisis no advertir que el consumo de droga también se da en los barrios ricos?
La estigmatización es permanente, pero ni en la Triple Frontera, donde conviven decenas de agentes orgánicos e inorgánicos de diversas agencias de seguridad internacionales, se generó en los últimos años alguna prueba concluyente de que sea zona liberada para algo más que un gran mercado de baratijas tax free.
En cualquier caso, un ataque con morteros y armas largas no parece ser la mejor herramienta para tan compleja trama. La seguridad más efectiva viene de la mano de la inteligencia y no de la fuerza.  En Misiones se puso en marcha una intervención mucho más fuerte de la Policía en el combate al narcotráfico y en menos de tres años ya se decomisó marihuana por el equivalente a 900 millones de pesos y 37 toneladas de marihuana. Sin estridencias, los resultados están a la vista. 
En rigor, tampoco hay demasiadas precisiones sobre qué harán las fuerzas armadas con el permiso del Presidente. Los uniformados no parecen estar cómodos con la idea de salir a la calle a cazar ladrones de gallinas. No están preparados para ello ni cuentan con los elementos necesarios. Tampoco aprecian convertirse en protagonistas de una puja de la que no quieren ser parte en momentos en que la sociedad recién deja atrás los malos recuerdos de los años de plomo.
La última encuesta de la consultora D’Alessio Ariol, arroja que el 50 por ciento cree que la reconversión de las Fuerzas Armadas servirá para mejorar la seguridad. Ocho de cada diez votantes de Cambiemos confían en el éxito, pero solo dos del Frente para la Victoria comparten esa mirada.
La grieta es menor cuando se analiza la política económica del Gobierno. Allí la mayoría reconoce que está peor que hace algunos años y que el ajuste les empeoró las condiciones de vida.
La imagen negativa de Macri asciende a 67,8 por ciento y el 58,3 desaprueba su gestión, según un estudio del Grupo de Opinión Pública.
La imagen negativa del Presidente creció al 59,7 por ciento, según Ricardo Rouvier, para quien la gestión tiene una calificación negativa del 62,8 de sus encuestados. El consultor advierte que creció el voto a Cristina Fernández.
 

La discusión sobre la despenalización del aborto y las fuerzas armadas en la calle, cobra otra dimensión mirada a la luz de las encuestas. Parece necesario evitar poner el foco en la economía. Y no es solo el éxito de las medidas, sino la permanente vocación por el ajuste siempre, siempre, sobre los que menos tienen.
Es esclarecedor que el Presidente les haya garantizado a los patrones de la soja que no iba a volver a subir -siquiera a congelar la baja- las retenciones agrarias, pero pocas horas después el Gobierno anuncie un severo plan de ajuste sobre las asignaciones familiares. Ahora no habrá plus por zona desfavorable y se puso como tope máximo para cobrar asignaciones familiares un ingreso familiar de 83.917 pesos. La pareja tampoco podrá cobrar las asignaciones si uno de los dos miembros percibe más de 41.959 pesos. Es decir, bajan las retenciones al campo, pero se las suben a cada una de las familias argentinas. La decisión generó un amplio descontento y hasta algunos radicales la criticaron, como Ricardo Alfonsín.
Es cada vez más visible la distancia entre los macristas y los radicales dentro de Cambiemos. El joven Pepe Pianesi no dudó en mostrarse sonriente con el ascendente Federico Villagra, el economista crítico de las decisiones del Gobierno nacional. Ambos quieren “más protagonismo” dentro de la alianza y temen quedar fuera del reparto de candidaturas para 2019. Es que se menciona algunos de la vieja guardia para las principales postulaciones, como Germán Bordón o Mario Pegoraro en la UCR y hasta algunos viejos peronistas ligados a Ramón Puerta. La idea de Villagra y Pianesi es fortalecer la línea de radicales nacidos en democracia. Esa línea generacional no se anima a respaldar las medidas de ajuste impuestas por sus socios y por lo bajo cuestionan a la cúpula que banca banderas de las que el radicalismo abjuró, como la injerencia militar en la seguridad interior. Del otro lado, se lo vio a Luis Pastori, defensor a ultranza de las medidas de ajuste, justificar la política de mano dura para hacer un “uso racional y práctico para las Fuerzas Armadas”.
 
Misiones se muestra como el contraste a la política de ajuste social que aplica Macri. El Presupuesto 2019, aún con la austeridad de los tiempos, invierte el 60 por ciento de los recursos en las áreas sociales: la Educación sigue siendo la prioridad de la gestión renovadora, complementada con la mejora en la salud y el desarrollo social integral.
En política y economía, las decisiones recién pueden valorarse a mediano plazo. Las buenas y las malas. Alcanzar un buen resultado en educación o en salud es la consecuencia de medidas tomadas hace diez o más años. Son procesos.
A la inversa, es lo mismo. En cinco años se podrán apreciar las consecuencias de los ajustes de este año. La Nación anuncia tijera masiva para todo lo que no sea cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Eso implica incluso la desaparición del Fondo Nacional de Viviendas. Es decir, quien no tiene un hogar, no podrá esperar ayuda del Gobierno nacional que había prometido un millón de viviendas en cuatro años. En última instancia, quedará en los malabarismos que puedan hacer los gobernadores para arreglarse con menos recursos. Lo mismo pasa con el Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio, ya les anticiparon a los gobernadores que puede haber un recorte equivalente al cinco por ciento de la coparticipación que reciben las provincias para alcanzar la reducción del déficit que impone el FMI.
Los ministros se regodean con números que “demuestran” la generosidad de la Nación para con las provincias en los últimos años. Los datos, que son repartidos a los periodistas por los diputados de la alianza gobernante para justificar los ajustes, señalan que en junio, las provincias recibieron 108.221 millones de pesos, 51,7 por ciento más que el mismo mes del año pasado.
Pero hilando fino se advierte que no es tanta la abundancia. Entre enero y junio de este año, la coparticipación creció 46,2 por ciento, pero solo 15,6 por ciento si se le descuenta la inflación acumulada, con el agravante de que, por la devaluación, el peso vale casi 50 por ciento menos que en los primeros días de 2018. Lo mismo sucede con Misiones, con un aumento del 15,6 por ciento de coparticipación, pero con una caída del 60 por ciento en las transferencias de capital, fondos para viviendas, obras viales, programas de salud y hasta el programa El Hambre es Más Urgente, adeudado desde febrero.
La coparticipación, por cierto, es variable, ya que depende de la recaudación y, más allá del efecto inflacionario, es probable que tienda a bajar si se extiende la recesión como pronostica el bueno del FMI.
Es decir, el Gobierno nacional generó condiciones económicas adversas y ahora el peso recaerá sobre los gobernadores, que tendrán que atajar los desbordes que se pudieran generar. El Pacto Fiscal, sellado hace pocos meses, es una muestra del fracaso de las proyecciones nacionales: una de las garantías de que las provincias no iban a perder recursos se daba con la promesa de un crecimiento económico del 3 por ciento. El propio FMI dice que este año no habrá crecimiento y que, con suerte, se recuperará paulatinamente entre 2018 y 2019. Mientras tanto, las provincias ya tienen menos recursos y la enorme transferencia de recursos hacia el sector privado más concentrado, no se tradujo en grandes inversiones ni en más empleo.
De hecho, en Misiones ya se paró una inversión por la escalada del dólar y crece el descontento oficial con el sector forestal, que no generó ni una sola nueva inversión pese a que cuentan con todos los beneficios.
Sin embargo, Misiones es una de las pocas provincias donde el empleo no sufrió en demasía. En mayo, según los datos oficiales, se destruyeron 27 mil puestos de trabajo en todo el país. Aquí, aunque se está lejos del pico de 16 mil puestos, se crearon 1.278 empleos y se llegó a los 111 mil.  
 
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Aborto: Closs se suma al rechazo y el “no” amplía ventajas

By admin 8 años ago
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En la pelea voto a voto por la ley de despenalización del aborto, este martes el bando de los “celestes” que impulsan el rechazo al proyecto sumaron un casillero. Es que uno de los senadores que figuraban en la lista de indecisos, Maurice Closs, reveló que votará por el “no” en el debate decisivo que tendrá lugar en el recinto de la Cámara alta el 8 de agosto.
 
Closs fue gobernador de Misiones y pertenece al Frente de la Concordia. Y con su postura, se ensancha la leve ventaja que lleva la media sanción que tuvo el proyecto en Diputados. Según el “punteo”, ahora la diferencia es de 32 a 28 a favor del “no”, con 11 indecisos que siguen teniendo los votos clave, ya que se necesitarán entre 36 y 37 votos (según la cantidad de presentes) para volcar el resultado. Además, para completar los 72 miembros del cuerpo, hay una senadora que anticipó su abstención.
 
 
-Se acerca la votación por la ley de aborto ¿Ya tiene una posición tomada?
 
-Sí, ya tengo posición tomada. Voy a votar en contra del dictamen que viene de Diputados.
 
-¿Cuáles son las razones?
 
-En un principio pensé que era una legislación que se podía mejorar. Pero el proyecto tiene problemas serios que no pueden ser corregidos. Por eso mi voto va a ser en contra. Porque el país pasa de un extremo, de tener al aborto como figura penal y en este proyecto no solo se despenaliza, sino que legaliza y se crea un derecho que tiene la madre que casi no tiene límites y como si fuera poco le ponemos una carga económica al Estado que se tiene que hacer cargo de la gratuidad de esto. Entonces pasamos de un régimen punitivo prohibitivo a uno  extremo que legalizamos, damos un derecho subjetivo amplio y con  costos en la cabeza del erario público. Por eso creo que no es una ley oportuna para este tiempo.
 
 -¿Los cambios del proyecto alternativo que impulsan los cordobeses no lo convencen?
 
-No, porque para que sea alternativo de acuerdo a la técnica parlamentaria se necesitarían las dos terceras partes. Y no se va a  lograr. Entonces vamos a tener un proyecto alternativo hecho  con buena intención, pero sin las dos terceras partes Diputados va insistir con el suyo , que es muy malo.
 
-¿No le precupa que se mantenga el estado de clandestinidad y muertes por los abortos?
 
-En Misiones, lo mismo que en la mayoría de las provincias, hay muy pocos registros de muertes por abortos. Muy pocos. Sí hay muchísimas muertes por enfermedades cardiovasculares, tumorales, accidentes de tránsito. Son de infinita más prioridad a la hora de defender la vida. La gratuidad es uno de los peores errores de esta legislación.
 
-La presión por el aborto no va ceder. ¿Cree que aún ganando el “no” van a tener que revisar la legislación?       
 
-Más temprano que tarde, desde la óptica del derecho penal, esto va a tener una resolución. Que va a ser una despenalización o una penalización muy sui generis. Porque de hecho hoy no puede ver procesos penales por el aborto a una mujer. Simplemente sería poner en el Código Penal lo que está ocurriendo en la Argentina. Cuando se despenalice, es posible que deje de ser clandestino. Ahora, cuando usted compra un celular, usted tiene que hacerse cargo. El Estado argentino no puede hacerse cargo de todo. Alguien se tiene que hacer cargo y eso termina en la deuda pública.
 
-¿Cuánto influyó la prédica de la Iglesia para que el rechazo a la ley sea más fuerte en el Senado que en Diputados?
 
-Es clarísimo. Usted  tiene razón. Yo creo que el común de la sociedad, los factores de poder y la Iglesia no imaginaban que este proyecto  de ley, tal cual está escrito, iba a tener media sanción en la Cámara de Diputados. Todo el mundo creyó, e incluso gente cercana al Poder Ejecutivo, creyó que esto no salía. Pero también creo que existieron  acciones deliberadas del Poder Ejecutivo para que esto salga. Hay votos de último momento de diputados que fueron sugestivos. Entonces, la Iglesia advierte que esa pelea en Diputados se había perdido, le sorprende esta situación y dice que en el Senado hay que jugar más fuerte. Efectivamente lo están haciendo.
 
-¿Influyó en su voto?
 
-En mi caso no tiene ninguna influencia, porque yo creo que por más que soy católico, a la hora de votar tiene que representar lo mejor que puede a una sociedad. Y la Iglesia y el Estado, por lo menos en la Argentina, están separados.
 
-¿Cuál es su pronóstico sobre el resultado en el Senado?
 
-Pienso que va a salir que “no”. Porque siempre el Senado ha intentado corregir leyes que tienen algunos defectos graves de apreciación, de redacción, de técnica jurídica, constitucionales, como han quedado desnudados en los debates sobre especialistas sobre lo que votó Diputados.  

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