ABORTO

Si va a salir, que salga bien

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El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo ha recibido la media sanción de Diputados. Ahora, camino al Senado, somos nosotros, los senadores, quienes debemos revisar la ley, tal cual lo establece nuestra Constitución.

Siempre me expreso con sinceridad, sin especulaciones a ver si lo que digo cae bien o cae mal, siempre con mis convicciones y siempre intentando aportar la experiencia que pude haber ganado durante tantos años en la función pública.

Lo primero que quiero dejar en claro es que creo que la ley debe ser revisada en el Senado. Diputados sacó una ley que buscó sumar consensos, una ley modificable, para mi gusto y que debe ser corregida.

A veces pienso que incluso los diputados que sacaron el dictamen que luego tuvo la media sanción no imaginaron que iría a ser aprobada en el recinto. En esa línea se pusieron objetivos de máxima, que hoy forman parte del proyecto que debemos analizar.

Pasaré a analizar los puntos más salientes. Creo que luego del debate dentro y fuera del Congreso, hay un paso que se ha dado y será difícil volver atrás. Este paso significa avanzar en la idea de despenalizar al aborto en la línea planteada por Diputados.

Esto simplemente es hacerse cargo de una realidad inobjetable, realidad que muestra que en términos reales nadie, absolutamente nadie es procesado y menos juzgado por el delito hoy vigente en la ley penal. Ahora, despenalizar el aborto no debe significar penalizar a los que piensen distinto y por diversas razones deciden oponerse a practicarlo. Lisa y llanamente quiero decir que me parece una barbaridad el artículo 2 del proyecto que viene de Diputados. No se puede pasar de despenalizar a quien decide abortar a penalizar al profesional que se niega por tener sus creencias y convicciones.

En la misma línea, rechazo absolutamente el criterio de planteo de la objeción de conciencia. Lo único que falta es que quien no quiera practicar un aborto deba pasar por todo ese proceso indigno para liberarse de hacer lo que no quiere, rechaza y le duele. En tal sentido, el artículo 6 también merece mi más convencido rechazo.

Antes decía que desde la experiencia quería hacer algunos aportes, y también desde mi formación jurídica. No me parece que corresponda al Congreso de la Nación establecer la gratuidad e imponer a las provincias. En todo el país el sistema de salud es sostenido por las provincias, y hoy en día todas prestan servicios con mucho esfuerzo y afectación de su presupuesto. El Congreso en todo caso podrá instruir a cada provincia para que implemente un sistema o un protocolo. Ahora, no puede determinar y obligar gastos a cada distrito del país.

Pocos se han detenido en esta cuestión, pero es de pura lógica. Hoy la salud pública argentina, una de las mejores por estas latitudes, todavía tiene inmensas necesidades que pueden ser también prioridades.

Que quede claro, obligar a obras sociales y a todo el esquema de salud del país a realizar no solo el aborto, sino también todo lo previo y lo posterior en materia de atención y contención, no solamente es algo discutible, sino que también hasta de dudosa justicia.

Valgan algunos ejemplos. ¿Quién les da contención psicológica a las miles de familias que pierden a alguien en un accidente de tránsito? ¿Qué pasa si llega un niño a internarse a un hospital y le dicen que no hay camas porque están algunas ocupadas por quienes pasaron por un aborto? ¿Quién obliga a un gobernador a que deje de destinar recursos para comprar medicamentos para luchar contra el cáncer, puesto que debe asignar los recursos para cumplir esta ley?

Como estos, podemos imaginar miles de prioridades. Además, en este caso, nadie puede saber a priori cuál será la demanda y el costo real. Además, el Estado nacional, que viene recortando los fondos del Plan Remediar, de Médicos de Cabecera, de Salud Mental y que manda al norte migajas para prevenir el dengue, no va a convencer a nadie que va a girar los fondos para cumplir esta ley en las provincias.

Conclusión, no puede y no tiene competencia el Congreso para avanzar sobre la salud que es hoy soportada por las provincias.

La ley debe ser revisada. Permítanme creer que la Casa Rosada hizo una travesura de última hora para que esta ley pase al Senado. Ahora, a una travesura no se le puede contestar con otra.

El Senado debe debatir y revisar esta ley, respetando a los que piensan distinto, no imponiendo penas, respetando la conciencia de cada uno, no generando un registro o lista negra y, por último, respetando las autonomías provinciales y la administración de sus recursos y prioridades.

Hoy, esto ya es una cuestión de Estado, y hay que lograr una ley que despenalice el aborto y que saque de la clandestinidad y el desprecio social a quienes optan por interrumpir un embarazo.

Para avanzar en esta línea, cuenten conmigo, como senador, con la responsabilidad de funcionario público y de este tiempo. Aun cuando en el desempeño de este rol también pueda entrar en profundas contradicciones.

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Cambios que nada cambian

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El 20 de noviembre de 2001 Federico Sturzenegger, entonces secretario de Política Económica presentó su renuncia por “razones personales”. El 14 de junio, de este año, Federico Sturzenegger volvió a renunciar, ahora a la presidencia del Banco Central, por culpa de “diversos factores” que “fueron deteriorando mi credibilidad”.
Sturzenegger fue uno de los diseñadores del “megacanje” que se selló el 16 de mayo de 2001, que no sacó a la Argentina de la crisis de la deuda, sino que la aumentó en 53 mil millones de dólares sumando capital e intereses. Fue procesado por esa operación financiera.
El Fondo Monetario Internacional, unos meses antes, había acordado el blindaje por 38 mil millones de dólares. Ahora Sturzenegger fue uno de los negociadores del nuevo acuerdo con el FMI, por un monto más generoso, de 50 mil millones de dólares para “prevenir” otra crisis. Se lo vio exultante y todos lo consideraban “fortalecido” por haber recuperado “independencia”.
En su carta de despedida, el economista no hace ninguna alusión a sus herencias, sino apenas a un “deterioro de credibilidad”.
El “deterioro” no lo pone, claro, en sus fracasos en cumplir las metas autoimpuestas. La inflación ya se calcula en más de 30 por ciento para este año y desactivar la bomba de vencimientos de las Lebacs será la prioridad de su reemplazante, Nicolás Caputo, el ex ministro de Finanzas. El dólar se disparó a 29 pesos, sin control, pese a la enorme pérdida de reservas para parar la corrida –más de 12 mil millones de dólares-.
Por supuesto que Sturzenegger no alude a esos problemas, sino a los internos, que le fueron licuando poder. En diciembre del año pasado el propio Caputo, Marcos Peña y Nicolás Dujovne habían anunciado el relajamiento de las metas de inflación, contradiciendo sus propios argumentos en favor de la “independencia” del Banco Central, que fueron enarbolados ahora en medio del acuerdo con el FMI.
La pérdida de confianza en el manejo del Central se profundizó desde ese 28 de diciembre, coinciden analistas, economistas y dirigentes políticos. ¿Por qué ahora Caputo, un hombre de Peña, podría generar confianza si a él le atribuyen la responsabilidad de esa pérdida? ¿Por qué si había “un modelo consistente” hace una semana, Sturzenegger se fue por falta de “credibilidad”?
Dujovne, ahora superministro de Economía, intentó mostrarse optimista después de una nueva baja en el equipo. Pero ratificó el mismo plan económico “para prevenir crisis”. Nuevamente, el problema no son las acciones propias, sino las externalidades.     
Dujovne se deshizo de Sturzenegger y aseguró que Caputo buscará “normalizar el mercado cambiario”. También dio el primer indicio de la subordinación al FMI: “Estamos en comunicación permanente con la directora gerente, Christine Lagarde, y otras autoridades del organismo, quienes ratificaron el apoyo ante los cambios que llevamos adelante”.
La llegada del Messi de las finanzas al Banco Central no generó la “confianza” esperada en los mercados. El dólar mantuvo su escalada y cerró la semana rozando los 29 pesos, con todo lo que eso implica en la evolución de los precios.
Este lunes habrá una nueva prueba con la licitación de nuevos bonos por cuatro mil millones de dólares para estirar vencimientos de las Lebacs.
Por ahora no habrá problemas. El FMI garantiza respaldos hasta con una inflación del 32 por ciento, aunque el Gobierno promete que no será más de 27. La meta “recalibrada” en diciembre del año pasado era del 15. Pero ahora se admite una inflación mayor a la de 2017.
La salida de Sturzenegger no fue la única de una semana convulsionada. Un par de horas después del decepcionante debut de Messi y Argentina en Rusia, Macri echó a Juan José Aranguren y Francisco Cabrera. El ex CEO de Shell es el responsable de los aumentos de combustible y tarifas. El otro, de casi nada.

Serán reemplazados por Javier Iguacel -hasta ahora en Vialidad- y Dante Sica, ex secretario de Industria, Comercio y Minería durante el interinato de Eduardo Duhalde y actual director de la consultora Abeceb.com.  
El año pasado, en Misiones, Sica había pronosticado la recuperación de la economía. “Hay consenso de que ello está sucediendo. Heterogéneo y a distintas velocidades y puede decirse que fue la salida más lenta de las últimas cinco recesiones, pero quizás sea la más sostenida, no por consumo inflado por anabólicos”, argumentó.
Tres cambios de ministros en menos de 48 horas. Quedan pocos del mejor equipo en 50 años. O no lo eran tanto. Solo sobreviven Marcos Peña, Rogelio Frigerio (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Germán Garavano (Justicia), Carolina Stanley (Desarrollo Social), Sergio Bergman (Medio Ambiente), Jorge Triaca (Trabajo), Andrés Ibarra (Modernización), Pablo Avelluto (Cultura) y Lino Barañao (Ciencia y Tecnología). Ya no están Jorge Lemus (Salud), Julio Martínez (Defensa), Ricardo Buryaile (Agricultura), Esteban Bullrich (Educación), Francisco Cabrera (Desarrollo Productivo), Susana Malcorra (Cancillería), Oscar Aguad (Telecomunicaciones), Juan Aranguren (Energía) y Alfonso Prat-Gay (Hacienda). Queda claro que mantener el modelo económico en estas instancias, requiere de sacrificios de los peones.
El último antecedente de un cambio tan brusco de gabinete se registra en marzo de 2001, cuando el fugaz Fernando De la Rúa le pidió la renuncia a todos sus ministros. Después se le fueron tres más por el ajuste anunciado por Ricardo López Murphy, también eyectado del gabinete por la presión en las calles ante el ajuste prometido.
El punto en común no es arbitrario. Si el dólar sigue aumentando, las metas de inflación serán difícil de cumplir, por lo que el Gobierno debe apostar a cumplir las otras metas, especialmente la reducción del déficit fiscal y el ajuste de gastos, que, de acuerdo a la Carta de Intención firmada enviada a Lagarde, pasará por el recorte de obras públicas, giros a provincias y despidos de estatales. Ahí estará puesta la expectativa del éxito del plan económico: el grado de aceptación política y social del plan de ajuste.   
Hasta ahora el debate político estuvo ocupado en la despenalización del aborto. La discusión en Diputados mantuvo en vilo a la sociedad, con una votación que no se resolvió sino sobre el final. Como con la 125, el país se dividió y hasta se puede percibir que las mitades estaban equilibradas en un tema que apareció en la agenda para obviar otros. Será el Senado el que tenga la última palabra sobre la ampliación de un derecho largamente buscada por el colectivo femenino.
La oposición parece tener los votos para sacar la ley tal cual salió de Diputados y está decidida a acompañar el impulso dado por la onda verde, sin ceder la iniciativa ante el Gobierno, pese a que fue el presidente Mauricio Macri el que instaló el debate.
Como en la Cámara baja, los misioneros votarán divididos. Hasta ahora el único que hizo público su voto a favor es Humberto Schiavoni. Maurice Closs tiene reservas y quiere introducir cambios para que se garanticen recursos a la salud pública y que las provincias tengan la potestad de adherirse o no. Maggie Solari aclaró que “hoy mi voto es el silencio”. La senadora salió al cruce de versiones que ya anticipaban su voto a favor. “No esperen verme en ningún espacio enarbolando un cartel a favor o en contra porque no lo haré por respeto a quienes piensan diferente. El único cartel que alzo es el de militante cuando estoy en ámbitos de política partidaria, en coherencia con el espacio político o movimiento que integro, las políticas públicas que propone y lleva adelante siendo Gobierno, como asimismo con sus definiciones y pronunciamientos respecto de los distintos temas que interesan a la sociedad. Esta legisladora estudia, escucha  y deja de lado sus creencias (y no me refiero sólo a las de tipo religioso) para plasmar en su voto aquella que entienda es la voluntad popular en Misiones”, sintetizó.
La oposición quiere apurar el debate en el Senado. Sabe que al Gobierno le conviene extender la discusión para que no se hable de otro tema, o por lo menos divida la agenda. Saludable sería que la pasión puesta en la onda verde se extienda al análisis de la economía. El Presupuesto 2019 será clave para las provincias y también para la marcha de la economía.
El Gobierno quería que el debate por el aborto se estire hasta septiembre, pero la oposición acelera los tiempos para comenzar a discutir las variables económicas.
La corrida cambiaria y los cambios en el mejor equipo tienen sus efectos en el humor social. Una encuesta de Synopsis revela una caída en la valoración positiva de la gestión de Macri (-1,3) y que las preocupaciones económicas siguen liderando el ranking de preocupaciones (51,0), mientras que por tercer mes consecutivo recupera terreno la preocupación por la corrupción (19,7). Luego de la crisis cambiaria, la percepción sobre la situación actual llega a su registro negativo más alto (65,9 cree que el país está peor en comparación al año pasado).
Y ya no es un problema solo de la política. El sector empresario también comienza a interpelar por resultados. El miércoles, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, pasó calores para defender el momento de la economía ante empresarios nucleados en la Fundación Mediterránea, un público que suele ser receptivo. Peña insistió en que se está “construyendo a largo plazo”, pero no supo qué responder cuando se le inquirió por el ahora. Los empresarios empezaron a “sentir el rigor” del momento, según admitió un misionero que estuvo en el cónclave con Peña.  Las altas tasas impiden el financiamiento operativo de las empresas y el acuerdo con el FMI trae más ajuste y recesión, sintetizó el hombre, que nada tiene que ver con la política.
No es el único. En distintas ramas de la economía misionera advierten que el descontrol de la suba del dólar y las altas tasas hacen difícil el funcionamiento de las empresas. En el sector exportador advierten que la devaluación no termina de beneficiar si va acompañada por una suba de precios. La rentabilidad se anula al tener que financiarse a valor dólar, mezclada con la disparada de los costos internos.
En el turismo, a diferencia de lo que celebró el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, tampoco están celebrando por la devaluación. Advierten que recién en el mediano plazo puede haber un repunte turístico que obedezca al dólar alto. Por lo pronto, sufren por la suba de los costos internos vía inflación.   
En el Gobierno provincial comenzaron a monitorear otras consecuencias del momento.
El impacto de la demora en los giros de fondos para comedores escolares obliga a la Provincia a redoblar esfuerzos para sostener la comida de 200 comedores que dependían de la Nación. Es poco dinero, nada en comparación con los millones de la especulación financiera.
La Legislatura tomó nota y ya hizo un pedido de informes al Gobierno nacional. Es allí donde se evidencian las mayores diferencias de modelos. La retórica de Martín Sereno –partido Agrario y Social- retumba en medio del silencio de los representantes de la alianza Cambiemos: ninguno sale en defensa del Gobierno nacional.
El esfuerzo propio todavía permite que se mantenga la actividad en áreas clave, como la construcción y hasta se sostengan el consumo y los precios, como las promociones bancarias y el congelamiento de tarifas eléctricas para las panaderías. Variables, como la deuda pública, que encendieron todas las alarmas en provincias vecinas, permiten advertir el acierto del rumbo tomado en Misiones en los últimos años.
Según un análisis del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), Chubut y Salta, gobernada por Juan Manuel Urtubey, son las dos provincias que más miran la devaluación y su deuda en dólares.
Buenos Aires y Chubut cuentan con un 33% y un 43%, respectivamente, de vencimientos en moneda extranjera.
El gobernador Hugo Passalacqua volvió a marcar distancias con el modelo nacional, más allá de la permanente apelación a la gobernabilidad. En Dos de Mayo, en una fría siesta y rodeado de productores de la zona centro, hizo una encendida defensa del modelo provincial que está siempre “del lado del más débil”.
 “Estamos viendo cómo y por qué defendemos con tanta energía el Fondo Especial del Tabaco. Se escuchan rumores, no debe ser cierto… pero  lo vamos a sostener todos los que estamos acá, siempre vamos a estar del lado pequeño, del vulnerable, del que necesita, del que mete la mano en la tierra…nos van a tener al lado”, sentenció Passalacqua.

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Gisela Spaciuk: “Estamos redoblando la apuesta por la educación pública en un contexto diferente de país”

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El retrato clásico de Frida Khalo domina la pared de su despacho. Otros cuadros menores de niños guaraníes y un par de pinturas abstractas le dan color a una oficina sencilla y funcional que se completa con una foto de los hijos. Gisela Spaciuk hace cuatro años empezó a usar esa oficina y ahora fue reelegida por un nuevo período como decana de la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. El cuadro de Frida no es accesorio. Se define como feminista y celebra que en el año del centenario de la reforma universitaria, por primera vez una mujer haya sido electa para conducir la Universidad Nacional de Misiones. Alicia Bohren es también integrante de la agrupación Convergencia, que integra Spaciuk.
El resultado de las elecciones significó una contundente ratificación para la agrupación política. Convergencia, Unidad y Compromiso obtuvo 84 de los 120 votos ponderados para el rectorado, lo que constituye el 76,38 % de los votos, contra 23,64 de la lista UNaM Somos Todos.
“Para nosotros son sumamente gratificante como equipo de trabajo, tanto a nivel de la Universidad, como de la Facultad, los resultados obtenidos. Por lo cualitativo de los números: Se volvió a elegir no a personas, sino a un proyecto de trabajo y reconoció que hemos sido capaces de cumplir, de accionar, de construir, de hacer crecer la Universidad y la Facultad de Humanidades. Así que desde ese lugar estamos orgullosos, contentos y renovados en la energía. Estamos redoblando la apuesta para los cuatro años de gobierno que vienen, en un contexto diferente de país, de la educación pública y de la prioridad que la educación pública”, argumenta.
En realidad, Spaciuk fue electa inicialmente en el Gobierno anterior y ya pasó medio mandato con un Gobierno nacional distinto, del que es crítica, aunque reconoce que los proyectos encarados, pudieron culminarse.
“El tema es para adelante. Eso nos pone en alerta y nos interpela porque nuestra política de expansión territorial es clave para pensar la accesibilidad, la permanencia, el derecho a estudiar.  Eso se hace si uno puede mantener las idas al interior, las estructuras, los docentes, las becas”, analiza.
¿Cómo mantener eso cuando se analiza un recorte presupuestario?
Lo que más se ve afectado, es cómo crecer. Esta Facultad tiene cuatro carreras nuevas, de las cuales dos, las hemos puesto en funcionamiento ya este año 2018.
¿Cuáles son?
La tecnicatura en interpretación de lenguaje de señas argentina, y el nuevo plan de técnico en investigación socioeconómica, que es una licenciatura en investigación y análisis estadístico de datos, vinculado con una de las grandes demandas laborales, que son los trabajos de consultaría, mediciones, que requiere un grado de expertise en particular, que no es solo de las de las estadísticas, sino de la investigación en general. Y tenemos, ya con curso de aprobación definitiva, la licenciatura en ciencias políticas y la licenciatura en educación. Son apuestas y definiciones institucionales que ya se tomaron y las armamos con aportes propios, y de otras instituciones, como fue el acuerdo con la Vicegobernación de Misiones y el Parque de la Salud. En ese modo de co-gestión estamos enfrentando esta situación. No es lo ideal, porque lo ideal es conseguir el presupuesto genuino, para que las carreras permanezcan, no obstante, encontramos una salida en esto de articular y coordinar acciones, del medio misionero, tanto del ámbito público, como del ámbito de privado.
En realidad, es lo que siempre se le reclamaba a la Universidad, una inserción más fuerte dentro de la sociedad…
Sí, creo que es muy marcada la inserción que hemos tomado como Universidad, como Facultad. Esto de tener las extensiones áulicas o sedes, nos permite una presencia permanente en la zona. Al dictado de las carreras, le articulamos trabajos de investigación y de producción de conocimiento, que están vinculados con el tema regional o local, donde están las sedes y actividades de extensión y vinculación tecnológica y eso es bueno porque las tres actividades sustantivas, también se desarrollan en las sedes.

¿Cómo ve el escenario de la educación en un contexto de recortes, como los ya anunciados de investigaciones de universidades?
El panorama ni siquiera es poco alentador, sino bastante trágico, en posibilidades de crecimiento, casi que nulo y de sostenimiento, tenemos que pelearlo.
En ese escenario, lo mejor es la asociatividad…
Exactamente, que alternativa encontramos nosotros, la asociatividad, potenciarla. Lo ideal es que el presupuesto general de la Nación financie y las alianzas se vayan generando. Pero a un municipio de tercera categoría, que ya tiene problemas de presupuesto, le cuesta, más allá de la intención, de los actores y de lo que hemos podido generar.
¿Porque crees, que Convergencia fue ratificada en la conducción y desde todos los sectores, incluso los estudiantes?
Creo que es porque ven en los cuadros que tenemos, en las acciones que hemos desarrollado, un proyecto institucional que responde a la defensa contundente de la universidad pública, gratuita y de excelencia. Además estamos en el año del centenario de la reforma y creo que también apostaron, no solo al proyecto de trabajo, sino a un modelo de gestión, de amplitud, de inclusión y de contención de los distintos sectores. Eso hizo que la Convergencia ahora sea, Convergencia, Unidad y Compromiso, porque hemos podido incorporar sectores al proyecto original.
¿Qué opinión le merece la frase de María Eugenia Vidal, quien dijo que a la universidad no llegan los pobres?
No creo que haya sido un error y que lo dijo sin querer. Es una definición personal y política de la gobernadora Vidal y del proyecto político al que pertenece. Creo que no tiene idea de lo que sucede en la universidad pública, porque no cree en la universidad pública. La mayoría de los que pasamos por la universidad pública, venimos de familias de trabajadores. Es cierto que hemos apostado en algún momento muy fuerte, con el gobierno nacional, no a este, el anterior, a potenciar el ingreso a la universidad, que a pesar de que fuera pública y gratuita, había sectores que no llegaban.
Había limitaciones…
Había sectores con más pobreza económica, con dificultades para ingresar, mantenerse y egresar, si la universidad no apuesta a becas, o como había apostado al Progresar, a las becas del Bicentenario, a las becas propias de la universidad, etc, que faciliten la posibilidad del ingreso y la permanencia. Y creo que en estos sectores,  en los cuáles también me cuento, hay pobreza económica, pero hay una fuerte riqueza en términos de ganas, de educarnos, de pensar, de aprender y eso sigue siendo el mejor criterio para la movilidad social. Y no tiene que ver solo con la posibilidad de empleo, el título, como se quiere reducir hoy, sino que quien pasa por la universidad pública, sale distinto. Nosotros tenemos la experiencia del programa de gestión pública, con el programa Ellas Hacen, todas mujeres que venían de un programa social, que percibían una beca, o un resarcimiento económico, para la terminalidad de la escuela primaria, o secundaria en algunos casos, o para hacer algún curso en oficios. Apostamos en conjunto como universidad, a que podían hacer una carrera universitaria, y la experiencia lo demostró.
¿Hay universitarias de este programa?
Ya hay graduadas. Hicimos una apuesta superadora a las reglas que estaban ya marcadas.. Entonces e título, más allá de que le puede dar, o no un ingreso económico, las fortalece en las actividades que tienen incluso hoy.
Mencionó su propia experiencia ¿Puede contarla?
Mi mamá es maestra y mi papá es mecánico, y, soy la primera generación de estudiantes universitarios. Los contextos, generan o no, la posibilidad de estudiar. Hay que desmontar la idea que “la gente no estudia, porque no quiere”. A veces queremos estudiar, pero no se puede. Yo me fui a estudiar medicina a la UNE, en Corrientes a comienzos de 1989, y después vino la hiperinflación. Y cuando digo esto no le estoy pegando a Alfonsín, a quién respeto considerablemente como cuadro político y con quien encuentro puntos de anclaje en la defensa en un montón de cuestiones, sobre todo en la defensa de la educación pública, como parte de un modelo de país inclusivo y demás. Con la hiper me dijeron: “Tenés que volverte”, a pesar de que yo vivía en una pensión, modestamente y me iba bien, volví. O búscate un trabajo, en ese contexto, por más que tuviera voluntad de buscarme un trabajo, no había. Entonces vine en el año 90, vine y me inscribí en la Facultad de Humanidades, en Trabajo Social, porque quería ayudar a la gente. Esa fue mi elección. Vivía con una abuela, y me habían conseguido un trabajo, que me permitió hacer la carrera.
Por eso también dentro de las medidas que venimos tomando está el reglamento de inclusión para trabajadores y para estudiantes embarazadas, para ampliar las posibilidades de ingreso, permanencia y egreso. No estaban dentro de la normativa vigente y cuando uno trata de garantizar derechos, hay que institucionalizar, e institucionalizar.
Después de pasar los 90, que no fueron los mejores años para la universidad pública, ¿qué recomendación das a quienes estudian ahora?
En principio, que no abandone, aún con cualquier dificultad, personal que se le presente, tanto como de las que se presentan en nuestra organización, por los paros que ya hay, que las clases que no va a tener, de los profesores que por ahí no encuentra acá, los va a encontrar en las clases públicas. Qué no deje. Que se acerque a alguien, a la dirección de bienestar estudiantil, al centro de estudiantes, al departamento de su carrera, que pregunte, que busque a alguien que lo contenga, que plantee su problema, que estamos para escuchar, y para encontrar algún tipo de respuesta dentro de las normas institucionales que les permita avanzar. Este es un espacio donde todos podemos sentirnos menos solos, fortalecer solidaridades no sólo para defender la educación pública, sino para muchas cosas que están pasando.
Estamos en el año del centenario de la reforma y hubo una gran movilización, especialmente de las mujeres, en torno al debate sobre la despenalización del aborto…
También estuvimos muy movilizadas nosotras con el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que son temas que se ponen en términos de brecha, pero son temas que nos ponen en la discusión de la noción de derechos, del papel de la mujer, las desigualdades.
¿Fue un triunfo para la universidad también?
El triunfo está en el debate, porque no hay una postura única y no creo que deba haberlo, puede haber en un cuerpo colegiado que se pone de acuerdo en una cantidad de votos y dice que sí, pero en los actores institucionales pueden haber diferencias por las ideologías. La mayor condición de igualdad se da en la universidad pública en la discusión y el debate, con respeto, plural. Hemos constituido un movimiento, muchas nos denominamos feministas, y hemos formado un frente feminista universitario, que nos pone a discutir otros temas, no es casual, que tengamos la primera rectora mujer electa. Las mujeres ya estamos definiendo donde queremos llegar con calidad, empezamos a discutir nuestra propia formación y las propias posibilidades que tenemos de ir fortaleciéndonos, con las contradicciones que tenemos, como todo movimiento, como toda gestión, pero lo importante es que nos podamos nuclear y es el modo de hacer gestión y política, de romper patrones tradicionales de hacer política. Donde podemos tener diferencias, pero en nuestro movimiento nos podemos unir y el árbol no nos impide ver el bosque, porque sabemos que sin árboles no hay bosque.

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La ley de despenalización del aborto ahora depende del Senado: ¿Cómo votarían los misioneros?

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Después de la aprobación de la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados de la Nación, será el Senado el que defina si finalmente se convierte en ley. La Cámara alta puede ratificar la iniciativa tal como salió, modificarla o rechazarla.
Al igual que la histórica votación en Diputados, los misioneros volverán a votar divididos.  Según pudo saber Economis, el senador Maurice Closs se opondría a la ley tal cual salió pero estaría dispuesto a votar una ley que se limite a la despenalización y que otorgue, en todo caso a las Provincias la facultad de establecer sus protocolos e implementación de un sistema que saque de la clandestinidad a las operaciones. En tanto, Maggie Solari se inclinaría por la negativa, aunque sus allegados señalan que no tiene opinión definitiva. 
Del otro lado, el presidente del PRO, Humberto Schiavoni, se pronunció públicamente a favor de la despenalización. 
En Diputados, los misioneros votaron divididos. Por la negativa lo hicieron el radical Luis Pastori y los renovadores Ricardo Wellbach, Verónica Derna y Flavia Morales. En tanto, por la positiva votaron Jorge Franco, Daniel Di Stefano y la kirchnerista Cristina Britez. 

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Jornada histórica: más cerca de que el aborto legal, seguro y gratuito sea ley

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La Fundación Huesped emitió un comunicado celebrando la media sanción de los Diputados de esta mañana.
La madrugada del 14 de junio fue una jornada histórica. Por primera vez, luego de un debate plural y necesario, la cámara de diputados aprobó el proyecto de ley que garantizará el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Con esta aprobación se demostró que los datos basados en evidencia son los únicos argumentos que se necesitan para tomar decisiones en relación a la Salud Pública y que por encima de las creencias y sentimientos personales debe primar el bien común.
Durante más de dos meses dimos un debate, en el recinto, en las calles, en los medios. Hubo lugar para todas las voces. Incluso aquellas que desacreditaban el intercambio presentado argumentos falsos y falacias. El pueblo votó a sus representantes para que escucharan y sacaran sus propias conclusiones. Afortunadamente así lo hicieron.
A partir de hoy quedará en manos de senadores el poder de decidir si la interrupción voluntaria del embarazo será una práctica contemplada en el marco de la salud pública y los derechos. De terminar de una vez por todas con el silencio y el dolor de aquellas mujeres que se ven obligadas a abortar en la clandestinidad. Y que las muertes asociadas a abortos en condiciones inseguras dejen de ser la primera causa individual de muerte materna en Argentina.
La práctica del aborto existió y seguirá existiendo. Gracias a este debate tenemos la oportunidad de que interrumpir un embarazo deje de significar clandestinidad, complicaciones y muerte. Estamos a un paso de saldar esta deuda de la democracia y que el Estado comience a acompañar a todas las mujeres que ejerzan el derecho de decidir sobre su cuerpo.
Felicitamos a todos los diputados y diputadas que hoy decidieron quedar en la historia con su voto. Esperamos que senadores y senadoras también puedan responder a la demanda de miles de personas que alzaron su voz ante el congreso. Porque acceder al aborto legal, seguro y gratuito no es un reclamo, es un derecho.

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