ACOSO SEXUAL

Denuncias de abuso: el cura Rajimón se apartó y designaron a una nueva rectora en el Roque González

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No nos callamos más”, decía una de las pancartas que exhibían las jóvenes que revolucionaron la comunidad educativa misionera al denunciar abuso y acoso sexual en el colegio Roque González de Santa Cruz, uno de los más tradicionales y conservadores de Posadas. El grito silencioso, diez días después, terminó en la salida del rector, el sacerdote Juan Rajimón, a quien las estudiantes apuntaban como quien no les daba las respuestas necesarias. 

El cura, uno de los históricos de la capital misionera y que tiene en su foto de perfil un saludo con el Papa Francisco, ya había estado en el ojo de la tormenta cuando fue a bendecir una fiesta multitudinaria que rompió todos los protocolos sanitarios que impuso la pandemia. Esa vez, no hace tanto, el sacerdote eludió las críticas. Ahora “las pibas” fueron más fuertes. 

Desde que las denuncias de acoso y abuso por parte de un grupo de varones de segundo año, comenzaron a traspasar los muros del Roque González, Rajimón mantuvo la tesitura de minimizar el reclamo y esperar que la tormenta pase. La presión, sin embargo, esta vez no fue en declive, sino al revés. Se vio obligado a pedir licencia y en su lugar designaron a Gabriela Stefania Kagerer, una matemática de 33 años, egresada de la Universidad Nacional de Misiones y que reivindica el feminismo. Todo un dato.  

No es la única derivación del escándalo educativo. Un ciudadano pidió iniciar un jury contra el juez de Menores, César Jiménez por falta de cumplimiento de los deberes correspondientes  a su cargo”. El ciudadano lo acusa de omisión y retardo en “la toma de  decisiones y sanciones” para la reeducación de quienes ejercen violencia. Como es de forma, el planteo debe ser analizado por el Jurado de Enjuiciamiento, que abrirá o no el proceso. En paralelo hay una recusación que debe ser resuelta ahora por la Cámara de Apelaciones.

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La Defensoría de Niños y Niñas exige educación sexual en las escuelas y que se “desnaturalicen” prácticas como las denunciadas en el Roque González

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En relación las denuncias de acoso y abuso sexual dentro del colegio Roque González de Posadas, la Defensoría de los Derechos de Niños y Niñas exigió la aplicación plena de la Educación Sexual Integral en las escuelas y “escuchar las voces que se levantan como resultado de un proceso social ineludible”.

“Consideramos de vital importancia escuchar las voces de las y los adolescentes, que han sido por años silenciadas y quienes hoy exigen ser escuchados, respetados, protegidos, a que sus  opiniones sean tenidas en cuenta a través de su participación como sujetos de derechos,  derechos que están garantizados constitucionalmente y en la Ley Nacional 26061 como en la Provincial Ley II N° 16”, señaló en un documento Miguel Molina, Defensor de los niños en Misiones.

“Es de suma importancia dar prioridad y escuchar estas voces que se levantan y expresan como resultado de un proceso social ineludible. Invisibilizar hechos de violencia y abuso, legitima prácticas necesarias de erradicar; donde hombres y también mujeres formadas en un sistema patriarcal continúan naturalizando, justificando y minimizándolas”, reclama Molina.

“La situación actual demanda que los adultos seamos capaces de escuchar y estar a la altura de las circunstancias brindando escucha empática, protección, e información a cada adolescente de nuestra provincia”, expresa. 

El especialista señala que “más allá de la sanción/límite aplicable en el caso particular, es necesario y urgente trabajar en el acompañamiento de las y los jóvenes garantizando la educación sexual integral como forma de tratamiento de la problemática en sí, como estrategia transversal no sólo en los contenidos para niñas, niños y adolescentes sino para las familias y las instituciones”

Molina recuerda que “Misiones, a través del decreto Nº1122 en el año 2010, reglamentó la Ley Provincial de Educación Sexual Integral, en concordancia con la ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) 26.150 que se aprobara en el año 2006, normativa de alcance nacional tanto para  escuelas públicas y privadas sin distinción. Como normativa establece límites, responsabilidades y derechos que son de orden público, razón por la cual no pueden ser voluntarias o dejadas de lado por los particulares”.

Esta normativa recoge los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. En su espíritu propone una cultura democrática, una perspectiva de derechos que promueve la participación y el acceso a procesos de información, comunicación y educación con alcance universal”, detalla el funcionario.

Por ello, la Defensoría exhorta a “cumplir con la implementación de la ESI en cada establecimiento educativo de la provincia que avance en la desnaturalización y deconstrucción de estas prácticas, reconociendo los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en el caso en particular, reconozca su voz, proteja su integridad y promueva una cultura de respeto, equidad y diversidad”.

Molina celebra “la valentía de las adolescentes que alzaron su voz, en una sociedad donde aun se sigue culpabilizando a las victimas por los hechos sufridos”. 

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El Roque González dispuso sancionar a alumnos que acosaron a compañeras, tras denuncias y protesta

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Directivos del colegio Roque González de la ciudad misionera de Posadas confirmaron hoy que tomarán medidas disciplinarias en contra de los alumnos del segundo año del instituto por acosar a sus compañeras.

Las víctimas denunciaron que algunos compañeros las acosaron a través de mensajes de texto, donde se habla de violarlas, lo que derivó en denuncias policiales y marchas frente a la institución, dirigida por religiosos de la Congregación del Verbo Divino, para pedir que tomara medidas.

Las denuncias fueron realizadas por alumnas de distintos cursos del nivel secundario del colegio, que viralizaron capturas con mensajes que compartieron los acosadores vía WhatsApp.

Allí se lee cómo los varones intercambiaban videos y mensajes sobre distintas formas de violar a sus compañeras.

El rector del Instituto, el sacerdote Juan Rajimón, explicó hoy en conferencia de prensa las acciones que sigue el colegio tras las denuncias que realizaron las alumnas.

“Estamos consternados, es un hecho grave y ya están dispuestas las medidas disciplinarias severas, se les va a comunicar a los tutores” de los alumnos involucrados, aseguró.

El sacerdote afirmó que “estos hechos como sociedad nos tienen que llamar la atención”, por lo que “tenemos que comprometernos y trabajar juntos: familia, escuela, la sociedad toda”.

También advirtió sobre el uso que dan los adolescentes a las redes sociales y apuntó que “es todo un desafío”.

“Lo que miré de los mensajes -vía WhatsApp- me pareció lamentable”, reconoció.

Ayer, un gran grupo de alumnas y alumnos de distintos años del Instituto realizaron una sentada para protestar y pedir sanciones contra los acusados, de la que participaron madres, padres y vecinos.

Rajimón comentó que durante la protesta les dijo a las alumnas “que nadie tiene derecho a agredirlas y los adultos tenemos que garantizarlo” y explicó que los acusados de cometer acoso sexual y abuso “son menores adolescentes y tenemos que preservarlos”.

Por su parte, el ministro de Educación provincial, Miguel Sedoff. informó que “instruyó” al director provincial de Enseñanza Privada, Luis Bogad, para que se ponga en contacto con autoridades de la institución para recabar toda la información necesaria para saber cómo actuó la escuela “con relación a la gravísima denuncia de estas chicas”.

“Obviamente creemos, apoyamos y estamos decididos a hacer todas las acciones necesarias para poder proteger sus derechos y sobre todo para resolver esta situación que a todos nos preocupa”, añadió.

Al ser un hecho producido por menores de edad “tiene que haber implicación directa de las familias y tienen que estar reservados los derechos de las denunciantes y de los denunciados”, afirmó el funcionario.

“Esto no solamente se resuelve con una sanción directa sino que hay que hacer un trabajo de concientización, de reflexión y de ver qué llevó a que esto pase. Eso obliga a la institución pero también obliga a la familia a trabajar”, aseveró.

El ministro aseguró que ante esta situación “tenemos que preservar a todas las partes, tenemos que dejar que esto pase un poquito para ir viendo todos los pasos, escuchando las partes y encontrando la mejor solución”.

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Buscan penalizar a quienes difundan imágenes íntimas sin consentimiento

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Por iniciativa de la diputada provincial Anazul Centeno, la comisión de Legislación General del Parlamento Misionero comenzará a estudiar el proyecto de ley con el que pretende –junto con otros legisladores- modificar el Código de Faltas provincial, e incorporar una serie de sanciones bajo la denominación Identidad Digital de las Personas.

Con esta actualización, la ley XIV N°5 impondría multas para casos de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento; y multas o días de arresto cuando se produzca suplantación de identidad u hostigamiento digital.

“La pandemia y el aislamiento obligatorio impuso el avance en el uso de tecnologías para la comunicación y configuró o intensificó nuevas conductas antijurídicas que afectan y menoscaban terriblemente la identidad de las personas”, explicó Centeno; y por ello “es necesaria una revisión integral del cuerpo normativo que permita abordar estos temas”.

“Pretendemos adecuarnos a los tiempos que corren e incorporar al Código de Faltas de la provincia de Misiones como una contravención estos actos que atentan contra la identidad digital de las personas; tanto adultos como menores de edad sufren este tipo de vulneraciones y se ven en la difícil situación de no encontrar herramientas para poner fin y sancionar esta conducta”, argumentó.

En relación a la difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas se estipula multa por un importe equivalente del 20 al 35 por ciento del sueldo básico de un Juez de Paz de Primera Categoría.

La sanción recaerá –de alcanzar el consenso del pleno- sobre quien difunda, publique, distribuya, facilite, ceda o entregue a terceros imágenes, grabaciones o filmaciones de carácter íntimo sin el consentimiento de la persona; y a través de cualquier tipo de comunicación electrónica, de transmisión de datos, páginas web y/o a través de cualquier otro medio de comunicación, siempre que el hecho no constituya delito.

Si la víctima es menor de 18 años el consentimiento no será considerado válido, especificó la diputada Centeno.

“No podemos apartarnos de las cifras que claramente muestran que la divulgación de imágenes íntimas es también una cuestión de género; el cuerpo de mujeres y niñas es objeto de consumo, sexualizado hasta el hartazgo y es por ello que son quienes sufren mayormente este tipo de ataques a su privacidad”, manifestó la legisladora.         

Para el apartado Hostigamiento Digital propone sanciones con multa del 25 al 35 por ciento del sueldo establecido más arriba y/o 5 a 15 días de arresto a quien intimide u hostigue a otro mediante el uso de cualquier medio digital, siempre que el hecho no constituya delito.

Las penas se endurecerían cuando la víctima fuera menor de 18 años, mayor de 70 años, o con discapacidad; cuando la contravención se cometa con el concurso de dos o más personas; por el/la jefe, promotor u organizador de un evento o su representante artístico; por el/la cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja; entre otros agravantes.

Por último, el proyecto estipula penalizar con multa del 20 al 35 por ciento del sueldo tomado por referencia, o 5 a 10 días de arresto, a quien utilice la imagen y datos filiatorios de una persona, o cree una identidad falsa con la imagen o datos filiatorios de una persona mediante la utilización de cualquier tipo de comunicación electrónica, transmisión de datos, página web o cualquier otro medio y se haya realizado sin mediar consentimiento de la víctima.

También determina agravantes para cuando la conducta sea llevada a cabo con la finalidad de realizar un banco de datos con la información obtenida; en caso de que la víctima fuera menor de 18 años, mayor de 70 años o con discapacidad; con la intención de realizar una oferta de servicios sexuales; y otras.

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Se siguen sumando denuncias contra el juez de familia de Misiones acusado de abuso sexual

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Una mujer de 32 años se convirtió en la quinta persona en denunciar por abuso sexual al juez de Familia y Violencia Familiar de Misiones, Pedro Fragueiro, suspendido en el cargo por el Superior Tribunal de Justicia.

La denunciante se desempeñó entre 2008 y 2009 como niñera de las hijastras del magistrado suspendido, quien es investigado, informaron fuentes judiciales.

La nueva denuncia fue radicada ante la Fiscalía de Instrucción 3 en Posadas, donde la mujer relató que decidió denunciar lo que sufrió cuando tenía 20 años tras conocer los primeros casos que salieron a la luz.

“Con lo que ganaba intentaba progresar. Nada de eso le importó a este hombre, me acosó y abusó de la misma manera que sufrieron las otras chicas. Me perseguía en la casa y después me obligaba a no decir nada”, contó la mujer.

“Yo cuidaba de sus hijastras y me aseguraba que me convenía quedarme callada porque él me podía conseguir trabajo en la Justicia cuando me recibiera”, relató.

La nueva denunciante se desempeñó entre 2008 y 2009 como niñera de las hijastras del magistrado suspendido, quien es investigado, informaron fuentes judiciales.

“Era muy chica, en 2008 nadie se animaba ni a contar a los más cercanos que era víctima de abuso. Tenía mucho miedo. El me arruinó buena parte de la vida y yo estaba sola frente a todo el poder que él tenía. Años de sufrimiento constante. Todo este tiempo me sentí sucia y por fin pude denunciarlo, decirlo, me animé a sacarme el dolor de adentro”, señaló.

“Tengo una hija y no quiero verla crecer sin sentirme libre. Ahora estoy contenida y pude romper el silencio”, manifestó.

Con esta denuncia, ya son cinco las mujeres que acusan al magistrado por abuso y acoso sexual.

La primera fue una joven de 23 años, estudiante del último tramo de la carrera de abogacía y que había comenzado a trabajar en febrero de este año en el Juzgado de Familia y Violencia Familiar N° 2 de la Tercera Circunscripción Judicial de Puerto Iguazú, donde ejercía Fraguiero hasta su suspensión, dispuesta ayer por decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.

Luego concretó la acusación otra mujer de Iguazú y más tarde una joven realizó una denuncia similar contra el funcionario judicial.

Mientras que en Oberá se radicó la cuarta acusación contra Fragueiro, por parte de una empleada judicial que habría sido acosada y abusada en circunstancias parecidas a las otras sobrevivientes.

El magistrado denunciado se encuentra bajo licencia médica y deberá en los próximos días declarar ante los jueces de instrucción y además defenderse de un pedido de jury que presentó el Colegio de Abogados de Misiones el miércoles pasado.

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