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Créditos en dólares: los bancos respaldan la flexibilización

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La flexibilización del crédito bancario en dólares abrió una discusión que excede el volumen potencial de préstamos y vuelve a colocar en el centro del debate la arquitectura prudencial del sistema financiero argentino. Mientras la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) respaldó la decisión oficial y la definió como “un paso más en la dirección correcta”, exfuncionarios como Hernán Lacunza y Guido Sandleris plantearon que el cambio puede reintroducir riesgos que la regulación posterior a la crisis de 2001 buscó precisamente evitar.

El Gobierno apunta a movilizar una masa creciente de ahorro en moneda extranjera hacia la inversión productiva. Según explicó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, los depósitos en dólares del sistema bancario pasaron de unos US$23.000 millones a alrededor de US$40.000 millones. Actualmente, las entidades utilizan en préstamos cerca del 60% de esos depósitos y la nueva regulación busca elevar esa proporción hasta el 75%, lo que permitiría generar una capacidad potencial adicional de unos US$6.000 millones de financiamiento para empresas.

La lógica oficial es que una economía con una disponibilidad limitada de pesos necesita aprovechar la competencia entre monedas y profundizar la intermediación financiera para transformar ahorro en inversión. El objetivo no es solamente aumentar el volumen de crédito, sino canalizar recursos que permanecen dentro del sistema hacia proyectos de mayor plazo y escala.

“Para una economía donde la cantidad de pesos está muy acotada, para seguir bajando la inflación es importante que se dé la competencia de monedas y el concepto de la dolarización endógena”, explicó Furiase. Bajo esa concepción, el dólar deja de funcionar únicamente como reserva de valor y comienza a adquirir un papel más relevante como vehículo de financiamiento de la economía real.

ADEBA acompañó esa interpretación. La entidad que reúne a los principales bancos de capital nacional sostuvo que la modificación puede generar condiciones para desarrollar el ahorro y el crédito en dólares durante los próximos años. Desde la asociación consideraron que el cambio permitirá una intermediación más eficiente de los ahorros en moneda extranjera hacia el sector privado y favorecerá tanto la captación de depósitos como la generación de préstamos destinados a la producción.

La construcción aparece entre las actividades que podrían aprovechar con mayor intensidad esta nueva herramienta. Furiase identificó a los desarrolladores inmobiliarios como potenciales demandantes de financiamiento para proyectos de gran escala, particularmente en un mercado donde el plazo constituye una de las principales restricciones para transformar ahorro en inversión.

El Gobierno también pretende complementar esta estrategia con instrumentos destinados a recuperar fondos que permanecen fuera del sistema financiero. La denominada “inocencia fiscal” forma parte de ese esquema: según las estimaciones oficiales mencionadas por Furiase, los argentinos mantienen aproximadamente US$170.000 millones fuera de los circuitos formales.

La apuesta consiste en que una mayor confianza en el sistema permita captar una parte de esos recursos, remunerar mejor al ahorrista y, simultáneamente, ampliar el financiamiento de proyectos productivos. El mecanismo podría generar un círculo de mayor intermediación financiera, inversión, productividad y, eventualmente, salarios reales.

El límite está en quién toma el crédito

El principal punto de discusión no está en la existencia del ahorro en dólares, sino en el destino del crédito. La regulación anterior establecía una relación mucho más estricta entre la moneda en la que una empresa genera sus ingresos y aquella en la que se endeuda. La nueva normativa amplía el universo de empresas que pueden acceder al financiamiento en dólares, incluso aquellas cuyos ingresos no provienen directamente de exportaciones.

Ahí aparece el riesgo que señalan los críticos: el descalce de moneda. Una empresa que recauda principalmente pesos pero toma deuda en dólares puede afrontar una situación financiera manejable mientras el tipo de cambio permanece relativamente estable. Una depreciación significativa, en cambio, puede incrementar abruptamente el peso de sus obligaciones sin que sus ingresos aumenten en la misma proporción.

Ese escenario es el que llevó a Lacunza a advertir sobre la posibilidad de repetir errores de fines de los años noventa. El exministro de Hacienda cuestionó que se otorgue crédito en dólares a empresas cuyos ingresos están denominados en pesos y sostuvo que, ante una eventual suba del tipo de cambio, la dificultad de repago podría trasladarse al sistema financiero.

Su argumento recupera una de las lecciones centrales de la crisis de 2001: el problema no radica únicamente en la capacidad individual de una empresa para endeudarse, sino en qué ocurre cuando una depreciación cambiaria afecta simultáneamente a una gran cantidad de deudores.

Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, planteó una objeción similar desde la perspectiva de la regulación prudencial. Para el exfuncionario, la Argentina logró construir después de 2001 una de las pocas reglas financieras que atravesó distintas crisis cambiarias sin desembocar en una crisis bancaria: separar, en términos generales, los circuitos de intermediación en pesos y dólares.

Según su argumento, los depósitos en moneda extranjera podían prestarse esencialmente a quienes también generaban divisas, de modo que una depreciación del peso no transformara automáticamente una deuda en dólares en un problema de solvencia para el tomador y, por extensión, para el banco.

La advertencia de Sandleris apunta a una cuestión de diseño institucional: aunque el monto habilitado inicialmente sea relativamente acotado, el precedente regulatorio puede tener mayor relevancia que el volumen inmediato de crédito. El riesgo, desde esta perspectiva, no es necesariamente la medida actual sino una eventual ampliación futura del criterio.

El desafío es transformar ahorro en inversión sin trasladar el riesgo al sistema

La discusión ofrece dos diagnósticos diferentes sobre un mismo problema. El Gobierno observa una oportunidad: depósitos en dólares que crecieron con fuerza, una mayor confianza financiera y una economía que necesita inversión de largo plazo. Los críticos observan una vulnerabilidad: una economía todavía bimonetaria, con antecedentes de fuertes depreciaciones y empresas cuyos ingresos pueden estar denominados en pesos.

El punto de equilibrio está en los mecanismos de cobertura y en la evaluación individual del riesgo. La nueva regulación mantiene límites macroprudenciales y establece condiciones más exigentes para las financiaciones alcanzadas por el nuevo régimen, precisamente para evitar que una expansión del crédito se transforme en un deterioro de la solvencia bancaria.

Desde una perspectiva de desarrollo, el desafío consiste en lograr que el ahorro en dólares financie activos productivos capaces de generar los flujos necesarios para devolver esos dólares. No es lo mismo financiar una actividad exportadora, un proyecto inmobiliario con ingresos dolarizados o infraestructura vinculada a sectores transables que utilizar divisas para cubrir gastos de una empresa cuyos ingresos dependen exclusivamente del mercado interno.

La diferencia es crucial porque determina quién absorbe el riesgo cambiario. Si el proyecto genera dólares, el endeudamiento puede funcionar como una herramienta natural de financiamiento. Si genera pesos, la cobertura requiere mecanismos adicionales que impidan que una depreciación transforme una decisión empresarial en un riesgo sistémico.

En ese sentido, la flexibilización puede convertirse en una herramienta para profundizar el mercado de crédito argentino si consigue ampliar el financiamiento de inversiones sin deteriorar la calidad de los activos bancarios. El objetivo de política pública no debería ser simplemente prestar más dólares, sino conseguir que esos dólares financien productividad, infraestructura y capacidad exportadora.

La oportunidad está en aprovechar el crecimiento de los depósitos en moneda extranjera sin repetir el descalce que históricamente convirtió las crisis cambiarias en crisis financieras. La discusión que acaba de abrirse, por lo tanto, no enfrenta necesariamente crédito contra prudencia: plantea cómo diseñar una intermediación más profunda que pueda sostenerse también cuando cambie el ciclo cambiario.

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Misiones es la sexta provincia de menor presión fiscal sobre los bancos

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El Banco Central de la República Argentina dio un paso técnico con alto impacto político y fiscal: habilitó a los bancos a radicar las cuentas abiertas de manera no presencial en cualquier sucursal del país, independientemente del domicilio real del cliente. La medida, ya vigente, apunta a reducir el peso de Ingresos Brutos y otras cargas provinciales y municipales sobre la actividad financiera, uno de los factores que encarecen el crédito en la Argentina.

La decisión reabre una discusión de fondo: cuánto de la tasa que paga un usuario o una empresa responde al riesgo financiero y cuánto corresponde a la presión fiscal aplicada sobre los bancos. En un sistema donde buena parte de las operaciones ya se realizan por canales digitales, el BCRA introduce una posibilidad concreta: que las entidades asignen las cuentas abiertas por internet o por aplicación a sucursales ubicadas en jurisdicciones con menor carga tributaria. La única exigencia operativa es que el banco informe claramente al cliente cuál es la sucursal elegida.

El dato central surge del informe de ADEBA difundido por el propio BCRA: las diferencias entre provincias son muy marcadas. La Pampa encabeza el ranking de mayor presión sobre la actividad financiera, con una alícuota de 9,1% sobre Ingresos Brutos. Le siguen Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con alícuotas del 9%. En el otro extremo aparece Santiago del Estero, que aplica 3% sobre el spread, mientras Corrientes tributa 4,7% y Formosa 5,5%.

Misiones queda en la parte media-baja del ranking, pero todavía por encima de las jurisdicciones más competitivas: figura en el puesto 19 sobre 24, con una alícuota del 7,8% sobre Ingresos Brutos. Además, según el cuadro de ADEBA, grava títulos públicos, pero no créditos hipotecarios. Esa combinación la diferencia de provincias como Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y San Luis, que sí registran carga sobre créditos hipotecarios.

El punto más sensible está en la transmisión de esa carga al precio del crédito. En la práctica, una mayor presión de Ingresos Brutos sobre los bancos puede trasladarse a tasas más altas, comisiones o menor incentivo a prestar. Por eso la medida del BCRA opera como una forma indirecta de competencia fiscal: las provincias con menor carga pueden volverse más atractivas para la radicación administrativa de cuentas digitales, aun cuando el cliente viva y opere en otra jurisdicción.

Para Misiones, el nuevo esquema deja una señal ambivalente. Por un lado, no se encuentra entre las provincias de mayor presión, como La Pampa o Buenos Aires. Por otro, tampoco aparece entre las más competitivas. Con 7,8%, queda por debajo del pelotón del 8% y 9%, pero bastante lejos de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa. En un mercado financiero cada vez más digital, esa diferencia puede ganar relevancia.

La discusión excede a los bancos. El BCRA busca empujar una baja de costos en el crédito, pero también tensiona la relación entre Nación y provincias, porque Ingresos Brutos es una fuente clave de recaudación subnacional. El dilema es conocido: aliviar la carga fiscal puede mejorar el acceso al financiamiento; mantenerla sostiene ingresos fiscales en un contexto de fuerte restricción presupuestaria.

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Entidades financieras se oponen a que las billeteras paguen sueldos y jubilaciones

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Los bancos rechazan que billeteras virtuales paguen sueldos y jubilaciones y alertan por “riesgos para trabajadores y jubilados”

Las principales entidades financieras del país cuestionaron la propuesta incluida en la reforma laboral que habilita a las billeteras virtuales a pagar salarios, jubilaciones y prestaciones sociales. Aseguran que el sistema bancario es el único con estándares regulatorios suficientes para garantizar seguridad, trazabilidad y protección de los haberes.

Un rechazo institucional: los bancos advierten sobre los riesgos de “bajar el nivel de formalidad” en el sistema de pagos

Las cámaras que nuclean a los bancos públicos, privados y extranjeros —ADEBA, ABA y ABAPPRA— emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron “de plano” la posibilidad de que las billeteras virtuales se conviertan en plataformas habilitadas para el pago de salarios, jubilaciones y prestaciones, tal como contempla la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Las entidades señalaron que el actual esquema de acreditación de haberes “ha sido una de las pocas políticas de Estado exitosas que tuvo la Argentina”, y destacaron que su implementación en las últimas décadas consolidó un sistema “formal, seguro y gratuito para trabajadores y jubilados”.

En su mensaje, los bancos recordaron que el sistema financiero argentino “demostró su fortaleza incluso en las crisis de las últimas tres décadas”, subrayando que esa resiliencia se sustenta en exigencias regulatorias, supervisión permanente y garantías que las billeteras virtuales —en su rol actual— no están obligadas a cumplir.

“El nivel de servicios para los usuarios es excelente, además de gratuito”, remarcaron, en referencia al alcance, estabilidad y cobertura del sistema bancario en materia de pagos previsionales y laborales.

Argumentos técnicos y regulatorios: sin beneficios claros, con “costos y riesgos” potenciales

En otro tramo del comunicado, ADEBA, ABA y ABAPPRA enfatizaron que, “en línea con la legislación vigente y las mejores prácticas internacionales”, los haberes deben mantenerse dentro del sistema bancario formal, que opera bajo un marco normativo más rígido que el que aplica para las fintech y billeteras virtuales.

Las entidades alertaron que “no se observan beneficios —pero sí costos y riesgos— de bajar el nivel de formalidad y exigencias para las entidades que tienen la responsabilidad de velar por el pago y la seguridad de sueldos y jubilaciones”.

El punto central del planteo bancario es la seguridad de los fondos: “Quienes promueven relajar las condiciones para el pago de salarios y jubilaciones deben ser conscientes de que dicha decisión expone a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes, en casos de que la billetera en la que cobren tenga dificultades o desmanejos económicos”, advirtieron.

Con esta afirmación, las cámaras buscan subrayar que el sistema bancario no solo opera con garantías legales y regulatorias más estrictas, sino que además está obligado a implementar sistemas de respaldo financiero, encajes y controles externos que las billeteras digitales no tienen.

Tensión entre bancos y fintech en medio de la reforma laboral

La discusión se inscribe en un contexto de fuerte competencia entre el sistema financiero tradicional y los nuevos actores del ecosistema digital. La reforma laboral propone ampliar el abanico de entidades donde pueden acreditarse haberes, un movimiento que beneficiaría directamente a las billeteras virtuales que buscan consolidarse como proveedores integrales de servicios financieros.

Para los bancos, esta flexibilización abre un escenario donde: se fragmenta el sistema de pagos, se reduce la trazabilidad, se amplifican riesgos operativos, y se debilita un ecosistema que consideran clave para la formalidad laboral.

Desde el lado fintech, si bien no se pronuncian en este texto, la expectativa suele estar enfocada en ganar participación en el mercado de pagos, profundizar la competencia y reducir costos de intermediación.

El debate promete escalar tanto en el Congreso como en el sistema financiero: mientras el Gobierno impulsa políticas de desregulación y competencia, los bancos buscan preservar el marco regulatorio vigente para el pago de salarios y jubilaciones, uno de los segmentos más sensibles del sistema.

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Gerente de ADEBA: “Los argentinos no estamos para ser conejillos de indias”

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El gerente de ADEBA, al hablar de una moneda digital consideró que “son algo que todavía están en etapa de prueba en todos lados”.

Ante la mención del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, del eventual proyecto para crear una “moneda digital argentina”, el gerente general de ADEBA Francisco Gismondi, enfatizó que los argentinos no están “para ser conejillos de indias”.

El titular de ADEBA, además señalo ante una entrevista con el medio Bloomberg que, “Las monedas digitales son algo que todavía están en etapa de prueba en todos lados. No hay monedas digitales oficiales que sean reemplazo del dinero”, apuntó.

En el marco de la primera jornada del Coloquio de IDEA, sostuvo Gismondi “Me parecen cosas interesantes para empezar a estudiar, pero no me parece que valga la pena plantearlo como algo inmediato, para plantearlo ahora”.

“El objetivo de que esto blanquea la economía tampoco es una realidad. Las pocas experiencias que hay de esto no es que la economía en negro pasa a ser en blanco. Si fuera el objetivo, ojalá se pudiera lograr”, remarcó.

Además, indicó: “De alguna manera, hoy ya tenemos mucho de monedas digitales. Si pensamos hoy cuántas transacciones hacemos con pesos, en efectivo, con billeteras, QR. Esto plantea una moneda digital del Estado única y de eso no hay pruebas”.

Fuente: Bloomberg

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Bancos proponen ampliar el sistema SUBE e incorporar otros medios de pago para el transporte público

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Los principales bancos de capitales nacionales pidieron hoy que se arbitren los mecanismos para poder ampliar el sistema de pago de transporte público, actualmente concentrado en el sistema SUBE, de modo que puedan utilizarse tarjetas de débito o de crédito u otros mecanismos digitales para el pago de los pasajes.

La solicitud fue realizada por la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba) -que reúne a los bancos Macro, Galicia, Comafi, Hipotecario, Supervielle y Bancor, entre una veintena de entidades- a través de una nota que leva como título “Hacia la universalización de medios pagos en transporte público”,

Allí destacaron que en la actualidad existen más de 91 millones de plásticos emitidos entre tarjetas de débito, crédito y prepagas que podrían usarse sin tener que recurrir a la tarjeta SUBE o similares.

El actual sistema “ha quedado algo obsoleto a pesar de las constantes actualizaciones”, señalaron desde Adeba.

Al argumentar el pedido, dijeron que impide la interoperabilidad de los medios de pago y requiere “haber cargado la misma previamente, lo que complica la experiencia de usuario”, entre otros problemas, como la imposibilidad de cargar las tarjetas de forma 100% on-line en forma sencilla y la dificultad de conseguir tarjetas en casos de pérdida o roturas.

“Como objetivo de mediano plazo se debería aspirar a que el viaje de colectivo, subte o tren se pueda pagar con la totalidad de medios de pagos contactless disponibles y otras modalidades que pudieran aparecer”, señalaron desde la entidad bancaria.

“En nuestro país ya existe y está operativa la tecnología de pagos que, de adoptarse, ofrecerías alternativas complementarias a la tarjeta SUBE (y similares) y solucionaría algunos de los inconvenientes que hoy enfrentan los usuarios del transporte público”, agregaron.

Desde su lanzamiento en 2009, el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) permitió erradicar rápidamente el uso de dinero físico en colectivos, trenes y subtes.

Según el BCRA, los usuarios de transporte público realizaron casi 400 millones de viajes en marzo de 2023 mediante la tarjeta SUBE, lo que representa $ 12.800 millones.

Sin embargo, los bancos destacan que “catorce años más tarde y tras el gran avance de la tecnología aplicada a los medios de pago, este sistema ha quedado algo obsoleto a pesar de las constantes actualizaciones”.

De allí que hayan propuesto “incorporar la opción de pagos con tarjetas de crédito, débito o prepaga; tecnología NFC (near-field communication), opciones que hoy se encuentran disponibles para pagos en comercios” y que “ya son una realidad y se extienden rápidamente por la región en ciudades de Colombia, Brasil, Guatemala y México”.

“La universalización de los de medios de pagos promoverá también mayor inclusión financiera entre los argentinos, brindando a millones de personas la posibilidad de incorporar más medios de pago a su rutina diaria. La oportunidad es inmensa”, añadieron.

La propuesta de los bancos es que las autoridades de transportes de Nación, provincias, municipios, el Banco Central y otros organismos, generen el marco normativo que establezca la universalización de medios de pagos, además de avanzar con inversiones en infraestructura (máquinas lectoras) y comunicaciones, para lograr un mayor alcance de Internet; y a las empresas instalar los sistemas que permitan “leer” los diferentes medios de pago.

“Posiblemente por la disponibilidad de fibra óptica en todo su recorrido, el subte es el medio de transporte que podría estar más cerca de la implementación de un sistema abierto de estas características”, propusieron las entidades.

“El punto central es sumar alternativas en vez de limitar posibilidades. Algunas funciones que hoy tiene la SUBE podrían adaptarse a otros medios de pago y otros no necesariamente. Por ejemplo, los descuentos por el uso de varios medios de transporte consecutivos en un período acotado de tiempo, mientras se use el mismo medio de pago, podrían ser asignados a medios de pago diferentes”, concluyeron.

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