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Cambios en la Aduana de Ezeiza, ARCA renovó toda la cúpula

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El Gobierno avanzó con una renovación integral de la conducción de la Aduana de Ezeiza y designó a Gustavo Mariezcurrena como nuevo jefe del Departamento Operacional Aduanero. La decisión, formalizada el 6 de enero por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se inscribe en la reconfiguración del organismo tras la llegada de Andrés Vázquez a su conducción y tiene impacto directo sobre el control aduanero en la principal terminal aeroportuaria del país.

Reordenamiento en Ezeiza tras el recambio en la conducción de ARCA

Luego de los cambios en la cúpula de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el organismo dispuso una renovación total de las autoridades de la Aduana de Ezeiza. La medida responde a la nueva etapa iniciada el 15 de diciembre, cuando Andrés Vázquez asumió al frente de ARCA en reemplazo de Juan Pazo, tras su paso por la Dirección General Impositiva (DGI).

Mediante una disposición firmada el 6 de enero, ARCA designó a Gustavo Mariezcurrena como jefe del Departamento Operacional Aduanero de Ezeiza. El nuevo responsable del área responde políticamente a Vázquez y tendrá bajo su órbita la gestión aduanera de la principal estación aeroportuaria de la Argentina, un punto neurálgico para el control de comercio exterior, pasajeros y equipajes.

La resolución también formalizó otros nombramientos clave en la estructura operativa y de fiscalización. Martín Currao fue designado jefe de Control y Fiscalización Operativa, mientras que Nicolás Vélis, quien ocupaba ese cargo hasta ahora, fue promovido para secundar a Mariezcurrena dentro del Departamento Operacional Aduanero.

Nuevas designaciones y reasignaciones internas en áreas sensibles

El reordenamiento incluyó además cambios en áreas estratégicas del control aduanero. Alejandra Rodríguez quedó a cargo del área de Control de Pista, en reemplazo de Gabriel Massimino, mientras que Martín Arias fue designado como nuevo responsable de Control de Equipaje, sustituyendo a Oscar Atilio Conti.

En paralelo, la disposición de ARCA relegó a otras funciones a funcionarios que hasta ahora ocupaban cargos jerárquicos. Salvador Rosselli, exjefe de Fiscalización y Operativa Aduanera, y Rita Carolina Beker pasaron a desempeñar tareas de menor jerarquía. En el caso de Beker, el texto de la resolución señala que “ha prestado su expresa conformidad para cumplir funciones de menor jerarquía”.

La normativa fue firmada por la directora del área de Recursos Humanos de ARCA, Guadalupe González Sanguinetti. En sus fundamentos, se remarca que la normativa vigente otorga a la conducción del organismo facultades para “organizar y reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal”, y que la evaluación de la “oportunidad, mérito o conveniencia” de estas decisiones corresponde a la propia conducción de la agencia tributaria.

Continuidad de la política tributaria y perfil de la nueva conducción

La nueva conformación del área de control aduanero en Ezeiza se alinea con la gestión de Andrés Vázquez, designado por el Gobierno nacional tras la renuncia de Juan Pazo para regresar al sector privado. Desde el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, se destacó que la llegada de Vázquez a ARCA debe interpretarse “como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Milei y el ministro Caputo”.

Vázquez cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito fiscal. Es Licenciado en Administración y Contador Público por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), con formación complementaria en control financiero y prevención del lavado de dinero, además de experiencia y capacitación en el plano internacional. Su perfil técnico y su paso previo por la DGI explican, en parte, el armado de un equipo de confianza en áreas clave como la Aduana de Ezeiza.

En paralelo, ARCA definió el reemplazo de Vázquez en la Dirección General Impositiva. Mariano Mengochea fue nombrado como nuevo titular del organismo recaudador interno, luego de haberse desempeñado desde octubre pasado como subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas. En ese rol, Mengochea secundaba al Director General en la ejecución y coordinación de acciones vinculadas a la aplicación, percepción y fiscalización de tributos interiores, con un lugar relevante dentro de la estructura de ARCA.

Impacto institucional y señales hacia el control aduanero

La renovación completa de la cúpula de la Aduana de Ezeiza constituye una señal institucional fuerte en materia de control, fiscalización y alineamiento interno. Ezeiza concentra una parte sustancial del movimiento de pasajeros, mercaderías y divisas, por lo que cualquier cambio en su conducción tiene implicancias directas en la política aduanera, la recaudación y la lucha contra maniobras irregulares.

Con este reordenamiento, el Gobierno refuerza la conducción política y técnica de uno de los puntos más sensibles del sistema aduanero, en línea con la estrategia general de ARCA y con el objetivo declarado de sostener la continuidad de las políticas tributarias y aduaneras definidas por el Poder Ejecutivo.

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Nuevo Directorio del RENATRE: el misionero Adrián Luna Vázquez asume la vicepresidencia

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El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) formalizó la designación de sus nuevas autoridades para el período 2026 mediante la Resolución 1/2026, publicada el 6 de enero, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Nº 25.191. La decisión, adoptada por el Directorio en reunión extraordinaria del 18 de diciembre de 2025, asegura la conducción institucional del organismo desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla medidas transitorias para preservar su normal funcionamiento administrativo y financiero.

La resolución reafirma el esquema de conducción paritaria entre representantes del sector empresario y sindical, uno de los pilares del modelo de gobernanza del RENATRE como ente autárquico de derecho público no estatal, clave en la registración laboral rural y en la administración de políticas vinculadas al empleo agrario.

Marco legal y esquema de conducción del RENATRE

La Ley Nº 25.191 y su Decreto Reglamentario Nº 453/01 establecieron la creación del RENATRE como organismo integrado por representantes de las entidades empresarias del sector rural y de la asociación de trabajadores rurales con mayor representación nacional. De acuerdo con los artículos 8° y 9° de la norma, la Dirección y Administración del Registro está a cargo de un Directorio compuesto por cuatro Directores Titulares y cuatro Suplentes por el sector empresario, y cuatro Directores Titulares y cuatro Suplentes por el sector sindical.

El Estatuto del organismo dispone, además, un sistema de presidencia rotativa anual, que se ejerce de forma alternada entre ambos sectores. En el mismo acto de designación del Presidente, se eligen también el Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero, respetando el criterio de representación cruzada entre las partes, tal como lo establece el artículo 10° del Estatuto.

Este diseño institucional busca garantizar equilibrio, corresponsabilidad y legitimidad en la toma de decisiones que impactan sobre el empleo rural y los empleadores del sector.

Autoridades designadas para el período 2026

En ese marco normativo, el Directorio del RENATRE resolvió designar como Presidente del organismo al Sr. Abel Francisco Guerrieri, quien ejercerá el cargo desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Asimismo, fue designado como Vicepresidente el Sr. Adrián Luna Vázquez, mientras que la Tesorería quedó a cargo del Sr. Mario Avelino Zalazar y la Secretaría será ejercida por la Sra. Claudia Carolina Llanos, todos por el mismo período anual.

Las designaciones se efectuaron conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12° de la Ley Nº 25.191, y cuentan con la intervención previa de la Gerencia General, la Subgerencia y el Departamento de Asuntos Jurídicos del Registro.

Continuidad administrativa y respaldo institucional

Uno de los puntos centrales de la resolución es la decisión de mantener transitoriamente la firma de las autoridades salientes ante las entidades bancarias y ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), hasta tanto se complete la habilitación formal de las firmas de las nuevas autoridades.

Esta medida tiene como objetivo explícito garantizar el normal funcionamiento del organismo, evitando interrupciones en los circuitos administrativos, financieros y de gestión que podrían afectar las prestaciones y servicios que el RENATRE brinda tanto a trabajadores rurales como a empleadores.

Desde una perspectiva institucional, la decisión refuerza la previsibilidad operativa del Registro en un período de recambio de autoridades, asegurando continuidad en la administración de recursos y en el cumplimiento de sus funciones legales.

Proyección

La renovación de autoridades del RENATRE se inscribe en el cumplimiento regular del marco legal que rige al organismo y ratifica el esquema de conducción compartida entre los actores del sector rural. En términos prácticos, la medida consolida la estabilidad institucional del Registro para el ejercicio 2026, en un contexto donde la gestión del empleo rural, la registración laboral y el control administrativo requieren continuidad y coordinación entre los distintos niveles de representación.

Al mismo tiempo, la previsión de mecanismos transitorios de firma refuerza la señal de orden institucional y resguardo operativo, evitando vacíos de poder o demoras administrativas durante el proceso de transición.

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El Gobierno endurece las restricciones al empleo público y limita las altas de personal durante 2026

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El Poder Ejecutivo Nacional estableció un nuevo esquema de restricciones a las designaciones y contrataciones de personal en el Sector Público Nacional para todo el Ejercicio 2026, mediante el Decreto 934/2025, firmado el 31 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026. La norma deroga el Decreto 1148/2024 y consolida una política de control estricto de la planta estatal, con el objetivo de garantizar un uso eficiente y responsable del presupuesto nacional y sostener el equilibrio fiscal.

El decreto alcanza a las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8°, incisos a) y c), de la Ley 24.156 de Administración Financiera, y establece una prohibición general de incorporaciones, con un sistema acotado de excepciones y un mecanismo de reemplazo condicionado por bajas efectivas.

Prohibición general de designaciones y alcance normativo

El artículo 1° del decreto dispone que los organismos del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal “de cualquier naturaleza” durante 2026. La prohibición incluye:

  • designaciones a término en plantas transitorias;
  • contrataciones bajo el régimen del artículo 9° de la Ley 25.164;
  • contrataciones por tiempo indeterminado, plazo fijo, tiempo parcial o trabajo eventual previstas en la Ley de Contrato de Trabajo;
  • contrataciones de servicios profesionales autónomos;
  • designaciones transitorias en cargos simples de la planta permanente;
  • contrataciones con o sin relación de dependencia, aun bajo estatutos especiales o financiamiento no presupuestario.

De esta manera, el Gobierno refuerza un marco de congelamiento del empleo público, alineado con la política de transformación del Estado y adecuación de las estructuras administrativas “dentro de los límites impuestos por un gasto público adecuado al mantenimiento del equilibrio fiscal”, según se desprende de los considerandos.

Excepciones, reemplazos y control de las altas

Pese a la prohibición general, el decreto contempla excepciones explícitas. Entre ellas se encuentran las designaciones en universidades, el Cuerpo de Guardaparques Nacionales, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el personal de establecimientos hospitalarios y de investigación dependientes del Ministerio de Salud, el Servicio Penitenciario Federal y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido el personal civil.

También quedan exceptuadas las designaciones de personal de gabinete, las coberturas derivadas de concursos de selección en plantas permanentes, el cumplimiento del Cupo de Discapacidad previsto por la Ley 22.431 y las contrataciones realizadas a través del Programa de Movilidad y Búsquedas Internas (MoBI).

Para el resto de los casos, el artículo 3° introduce un criterio de reemplazo restrictivo: los organismos solo podrán disponer una (1) alta por cada dos (2) bajas de personal, cualquiera sea su causa, siempre que las bajas se produzcan durante 2026. No se computarán, a tal efecto, las desvinculaciones derivadas de planes de retiro voluntario u otros acuerdos de partes.

Cada solicitud de alta deberá contar con la validación de la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, lo que refuerza el control centralizado sobre la dotación de personal.

Impacto institucional y extensión al sector empresarial estatal

El decreto habilita, además, a que las jurisdicciones que hayan implementado procesos de racionalización de personal puedan ser exceptuadas del régimen 1 a 2 por razones estratégicas, previa intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

En paralelo, el artículo 5° instruye a los representantes del Estado Nacional en empresas, sociedades y fondos fiduciarios con participación estatal mayoritaria a adoptar medidas similares, extendiendo la política de contención del empleo más allá de la administración central.

Desde una perspectiva institucional, el Decreto 934/2025 consolida una estrategia de control del empleo público como herramienta de política fiscal, limitando la expansión de la planta estatal y priorizando la reorganización interna antes que nuevas incorporaciones. El esquema apunta a redefinir el tamaño y la composición del Estado, en función de “necesidades estratégicas”, bajo un estricto seguimiento presupuestario.

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El Gobierno habilitó aumentos para funcionarios y dejó afuera a Milei y Villarruel

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 931/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional resolvió ordenar y actualizar la estructura salarial de las autoridades superiores del Estado, extendiendo a ministros y funcionarios de alto rango los incrementos pactados en paritarias del empleo público. La medida, publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026, excluye expresamente al Presidente de la Nación y a la Vicepresidenta Victoria Villarruel, y establece además un mecanismo automático de congelamiento salarial si se pierde el superávit fiscal financiero.

El decreto fija que los aumentos comenzarán a regir a partir de enero de 2026, sin efectos retroactivos, y se enmarca en el proceso de reorganización del empleo público impulsado por el Gobierno tras la emergencia económica declarada a fines de 2023.

Del congelamiento a la actualización salarial: el giro tras el ajuste inicial

En los considerandos, el Poder Ejecutivo reconstruye el contexto macroeconómico que motivó las decisiones adoptadas desde el inicio de la gestión. A fines de 2023, la Argentina atravesaba una crisis económica y financiera de “extrema gravedad”, con una inflación interanual del 211,4%, una caída de la actividad del 4,5%, un déficit primario del 2,9% del PBI y un déficit fiscal financiero del 6,1% del PBI. La pobreza alcanzaba al 52,9% de la población y la indigencia al 18,1%, los niveles más altos desde 2004.

Frente a ese escenario, el Gobierno dictó el DNU 70/2023, que declaró la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, y avanzó con un fuerte ajuste del gasto. En ese marco, el Decreto 235/2024 había congelado las remuneraciones de las autoridades superiores en los valores vigentes al 31 de diciembre de 2023, como “señal de austeridad institucional” y parte del esfuerzo de ordenamiento fiscal.

Según detalla el decreto, esa política se complementó con la eliminación de 8 ministerios, 110 secretarías y subsecretarías y 409 direcciones, lo que implicó la supresión de 519 cargos jerárquicos, y con una reducción de aproximadamente 60.000 agentes del Sector Público Nacional entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. El ahorro anual estimado por esa reducción fue de $3,49 billones, sin afectar —según el texto— la prestación de servicios esenciales.

Superávit fiscal, baja de la inflación y nuevo esquema remunerativo

El Poder Ejecutivo fundamenta el cambio de criterio salarial en los resultados alcanzados. De acuerdo con el decreto, en octubre de 2025 la inflación interanual se ubicó en 31,3%, mientras que el Sector Público Nacional acumuló 22 meses de superávit fiscal. En los primeros once meses del año, el superávit financiero fue de 0,6% del PBI y el superávit primario de 1,7% del PBI, consolidando —según el Gobierno— el “ancla fiscal” del programa económico.

Además, sobre la base de datos del INDEC y estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el decreto señala que la pobreza habría descendido del 54,8% en el primer trimestre de 2024 al 27,5% en el tercer trimestre de 2025.

Con ese telón de fondo, el Ejecutivo consideró necesario avanzar hacia un “ordenamiento equitativo” de las remuneraciones de las autoridades superiores, para asegurar un esquema “adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”, sin comprometer la sostenibilidad fiscal. El decreto remarca que este paso forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a profesionalizar la conducción del Estado, basada en criterios de mérito, transparencia y rendición de cuentas.

Qué establece el decreto y a quiénes alcanza

El Decreto 931/2025 dispone extender a partir de enero de 2026 el porcentaje acumulado de incrementos salariales acordados en las Actas Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de 2024 y 2025 a:

  • Ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional comprendidos en el Decreto 838/1994.
  • Autoridades superiores incluidas en los regímenes de los Decretos 1716/1992 y 140/2007.
  • Funcionarios con rango y jerarquía equivalente.

El texto aclara de manera explícita que los cargos de Presidente de la Nación y Vicepresidente de la Nación quedan excluidos, tanto de los incrementos dispuestos como de los que se acuerden en el futuro.

Asimismo, el decreto fija que si la Administración Pública Nacional registra un déficit fiscal financiero acumulado, conforme la información oficial del Ministerio de Economía, las remuneraciones quedarán automáticamente congeladas, sin necesidad de un acto administrativo adicional, hasta que se restablezca el superávit.

Impacto político e institucional

La medida introduce un criterio fiscal explícito como condicionante salarial para la alta conducción del Estado, vinculando los aumentos a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Al mismo tiempo, marca el cierre de la etapa de congelamiento aplicada durante la emergencia inicial y abre una fase de normalización selectiva de las remuneraciones jerárquicas.

Desde el plano institucional, el decreto también instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar un nuevo sistema de empleo público, basado en mérito, evaluación de desempeño y esquemas salariales asociados a responsabilidad y funciones. Además, invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el mecanismo de congelamiento automático ante déficit, reforzando la señal de disciplina fiscal.

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El intendente de Virasoro declaró la emergencia total y el Concejo cuestiona su legalidad

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A solo seis días de haber asumido, el intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, declaró la emergencia económica, financiera, administrativa y ambiental en todo el municipio mediante la Resolución 382/2025, una decisión que sorprendió al Concejo Deliberante y encendió una fuerte controversia política e institucional. La medida habilita al Ejecutivo local a realizar movimientos presupuestarios y a suspender pagos de contratos y deudas por un plazo de 90 días, sin intervención del cuerpo legislativo.

La comunicación oficial ingresó al Concejo Deliberante al mediodía de este martes 16 de diciembre, generando un inmediato rechazo por parte de la mayoría del cuerpo, integrado por ocho concejales de la oposición, quienes cuestionaron la legalidad y el alcance de la decisión adoptada de manera unilateral por el jefe comunal.

Emergencia múltiple y facultades extraordinarias del Ejecutivo

Según consta en la Resolución 382/2025, el intendente fundamenta la declaración de emergencia en un “déficit presupuestario recibido de la gestión anterior” y advierte que “se encuentra en riesgo el pago de sueldos correspondiente al mes en curso”. En función de ese diagnóstico, el Ejecutivo municipal se arroga la facultad de reordenar partidas presupuestarias y suspender obligaciones contractuales y deudas durante un período de 90 días.

La amplitud de la medida —que abarca simultáneamente los planos económico, financiero, administrativo y ambiental— fue interpretada por los concejales opositores como un intento de concentración de poder en el Ejecutivo. Desde el bloque señalaron que la decisión “no pasó ni pasará por el Concejo” y cuestionaron el encuadre normativo utilizado por el intendente.

Cruce institucional: Ley Orgánica vs. Carta Orgánica local

Uno de los ejes centrales del conflicto radica en la validez jurídica de la resolución. Desde la oposición sostienen que el intendente se ampara en la Ley Orgánica de Municipios, pero no en la Carta Orgánica de la ciudad de Virasoro, lo que, a su entender, vuelve discutible la legalidad de la emergencia declarada.

El planteo abre un escenario de tensión institucional entre el Poder Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, que ahora analiza los pasos a seguir frente a una medida que modifica de hecho el esquema de control legislativo sobre el manejo de fondos públicos y la administración municipal.

Auditoría integral y revisión de contratos de la gestión anterior

En otro tramo de la Resolución 382/2025, el Ejecutivo municipal anuncia la realización de auditorías sobre los últimos ocho años de la gestión anterior, abarcando el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2017 y el 9 de diciembre de 2025. Para llevar adelante ese proceso, el intendente informó que se creará una comisión revisora de contratos.

Esta decisión introduce un componente adicional de impacto político, ya que combina la emergencia declarada con un proceso de revisión integral de la administración saliente, lo que podría derivar en nuevas controversias institucionales y eventuales repercusiones administrativas.

Repercusiones y escenario abierto

La declaración de emergencia total en Virasoro configura un escenario de alta conflictividad política, con un Ejecutivo que avanza en el uso de facultades extraordinarias y un Concejo Deliberante que cuestiona la legalidad del procedimiento. El conflicto abre interrogantes sobre el equilibrio de poderes a nivel local y sobre el alcance real de la autonomía municipal en el marco normativo vigente.

Mientras tanto, la aplicación concreta de la resolución y la eventual reacción institucional del Concejo Deliberante definirán el curso del conflicto en los próximos días.

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