administración pública

Aprueban un régimen especial de compras para la nueva obra social de las Fuerzas Armadas y busca acelerar la cobertura médica

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la puesta en marcha de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) al aprobar un régimen propio de compras y contrataciones, una herramienta que busca dotar al nuevo organismo de mayor agilidad para adquirir medicamentos, contratar prestadores de salud y garantizar la continuidad de las prestaciones médicas para miles de afiliados.

A través del Decreto 710/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció el marco normativo que regulará todas las adquisiciones y contrataciones de la obra social creada por el Decreto 88/2026. El objetivo oficial es combinar rapidez operativa con mayores estándares de transparencia y control en un sector donde las demoras administrativas suelen traducirse en problemas concretos para los pacientes.

La medida responde a una necesidad estructural. A diferencia de otros organismos públicos, una obra social administra servicios sanitarios que requieren respuestas inmediatas. La compra de medicamentos de alto costo, la contratación de clínicas, laboratorios, profesionales médicos o redes asistenciales no siempre puede ajustarse a los tiempos habituales de una licitación pública tradicional.

En ese contexto, el Gobierno argumenta que la naturaleza autárquica de la OSFA exige un régimen específico que contemple las particularidades de la atención médica, sin abandonar los principios de publicidad, competencia, igualdad de oportunidades y uso eficiente de los recursos públicos.

El decreto establece que todas las contrataciones deberán respetar criterios de razonabilidad, economía, eficiencia, eficacia y transparencia. Sin embargo, incorpora herramientas que permitirán adaptar los procedimientos cuando se trate de prestaciones médico-asistenciales, farmacéuticas o sanitarias, donde la urgencia clínica, la disponibilidad de prestadores o la dispersión geográfica de los afiliados obligan a tomar decisiones con mayor rapidez.

Desde una perspectiva de gestión pública, el cambio busca resolver uno de los principales desafíos que enfrentan las obras sociales estatales: evitar que la burocracia administrativa termine afectando la continuidad de tratamientos o el acceso oportuno a servicios de salud.

El texto oficial sostiene que la nueva normativa permitirá uniformar criterios administrativos, fortalecer la trazabilidad de cada contratación y brindar mayor seguridad jurídica tanto para el organismo como para los proveedores.

Al mismo tiempo, el Gobierno otorgó facultades a la propia OSFA para dictar normas complementarias e instructivos internos que faciliten la aplicación del régimen, aunque fijó límites claros. Las modificaciones que alteren la esencia del sistema, sus principios rectores, la estructura de los procedimientos o las competencias del Directorio seguirán siendo exclusivas del Poder Ejecutivo.

La decisión forma parte del proceso de reorganización institucional iniciado este año con la creación de la OSFA, que reemplaza antiguos esquemas de administración sanitaria de las Fuerzas Armadas bajo un modelo de gestión unificado.

En términos económicos, el nuevo régimen también apunta a mejorar la capacidad de negociación con proveedores y generar procesos de contratación más previsibles, algo especialmente relevante en un contexto donde el gasto sanitario representa uno de los principales componentes del presupuesto de cualquier obra social.

Desde la óptica del periodismo de soluciones, la reglamentación no modifica directamente las prestaciones para los afiliados, pero sí crea las condiciones administrativas para que las compras críticas —como medicamentos, insumos hospitalarios o convenios con prestadores— puedan realizarse con mayor eficiencia, reduciendo riesgos de interrupciones en la cobertura y fortaleciendo la calidad del servicio.

La norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y constituye una de las piezas regulatorias centrales para completar la estructura operativa de la nueva obra social de las Fuerzas Armadas.

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Passalacqua a intendentes: “Con ustedes es posible llegar a ese millón y medio de misioneros”

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó este jueves una nueva jornada de trabajo junto a su gabinete e intendentes de casi 40 municipios de la provincia. El encuentro, realizado en el Club del Río de San Ignacio, formó parte de la decisión política del Gobierno de Misiones de sostener un trabajo articulado y permanente con los municipios, fortaleciendo el vínculo directo con los gobiernos locales para coordinar políticas, atender demandas de vecinos y vecinas y avanzar en una agenda común de trabajo.

Se trató de la cuarta jornada del año bajo esta modalidad y de la primera realizada tras la reciente reestructuración del gabinete provincial. En ese marco, participaron por primera vez como flamantes funcionarios del Gobierno provincial: el ministro de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, Matías Vilchez, y el presidente de Energía de Misiones, Julio César Barreto.

Durante la jornada, el gobernador Hugo Passalacqua puso en valor el rol de los intendentes como nexo entre el Gobierno provincial y cada comunidad, y destacó que la cercanía con el territorio forma parte de la forma de gestión impulsada desde el inicio de su gestión.

“Desde el primer día nos comprometimos a estar lo más cerca posible de la gente, ese fue el mandato que recibimos de los misioneros. Como es imposible estar cerca de más de un millón y medio de personas de manera individual, existe un vehículo muy directo para lograrlo, y son ustedes, los intendentes”, manifestó,

“Quiero destacar la voluntad y las ganas que le ponen todos los días los intendentes, trabajando al servicio de toda su comunidad. Por eso hoy estamos acá con los ministros y funcionarios. Sin ustedes sería imposible saber de primera mano qué pasa en la trama social de cada municipio. Con ustedes es posible llegar a ese millón y medio de misioneros”, aseguró.

Un espacio para coordinar acciones y dar respuesta a las demandas de cada localidad

La jornada tuvo como objetivo profundizar la articulación entre las distintas áreas del Gobierno provincial y los municipios, mediante un espacio de intercambio directo para abordar proyectos, demandas y problemáticas específicas de cada localidad.

La dinámica de trabajo se organizó en cinco mesas temáticas, donde funcionarios provinciales e intendentes mantuvieron reuniones durante 45 minutos. Luego se realizó una rotación para que cada municipio pudiera intercambiar con todas las áreas participantes, favoreciendo una visión integral de las necesidades planteadas y una coordinación más ágil entre los equipos técnicos y las autoridades locales.

En el encuentro estuvieron presentes el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán; el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; el ministro de Industria, Federico Fachinello; el ministro de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, Matías Vilchez; el ministro de Cultura, José Martín Schuap; el ministro de Turismo, José María Arrúa; el ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza; el ministro de Salud Pública, Héctor Javier González; el ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Roberto Samuel Padilla; el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Nicolás Mazal; el presidente de Energía de Misiones, Julio César “Chun” Barreto; el presidente del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), Joaquín Sánchez; la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Daniela López; el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), Juan Carlos Pereira; además de subsecretarios, funcionarios de las distintas áreas del Gobierno provincial e intendentes de los casi 40 municipios participantes.

Distribución de las mesas de trabajo

Mesa 1: Mártires, San Martín, Caá Yarí, Almafuerte, Jardín América, Corpus, Santo Pipó y Gobernador Roca.

Mesa 2: San Ignacio, Hipólito Irigoyen, Urquiza, Colonia Polana, Guaraní, Oberá, Alem y Dos Arroyos.

Mesa 3: Arroyo del Medio, San Javier, Itacaruaré, Santa María, Tres Capones, Concepción de la Sierra, Azara y Gobernador López.

Mesa 4: Apóstoles, Fachinal, Profundidad, Garupá, Candelaria, Loreto, Santa Ana y Ameghino.

Mesa 5: Bonpland, Mojón Grande, Cerro Azul, Cerro Corá, Andrade, San José y Campo Ramón.

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Misiones activa recomposición salarial escalonada hasta septiembre y prioriza a docentes, policías y jubilados

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En un escenario económico marcado por la desaceleración de la inflación, pero con fuertes restricciones fiscales a nivel nacional, el Gobierno de Misiones puso en marcha un cronograma escalonado de actualización salarial que se extenderá entre julio y septiembre y alcanzará a toda la administración pública provincial.

La decisión, dispuesta por el gobernador Hugo Passalacqua, contempla incrementos para docentes, fuerzas de seguridad, jubilados y pensionados durante julio, una actualización para el personal retirado en agosto y una segunda etapa de recomposición para docentes y policías en septiembre. Paralelamente, ese mismo mes se retomarán las negociaciones salariales con los trabajadores de Salud y de la Administración Central.

El Ejecutivo provincial sostuvo que la planificación financiera y la disponibilidad de recursos permiten avanzar con una política de recomposición progresiva de los salarios, pese al complejo contexto macroeconómico.

Uno de los sectores donde el impacto será más significativo es el docente, especialmente entre quienes tienen menor antigüedad y perciben los salarios más bajos.

Según el Gobierno provincial, al comparar los haberes de julio de 2026 con los de diciembre de 2025 -y los previstos para septiembre con esa misma base-, la mejora acumulada supera la inflación nacional registrada en ese período, generando una recuperación del poder adquisitivo para los maestros que inician su carrera.

Desde julio, un maestro de grado sin antigüedad percibirá $801.000, mientras que en septiembre ese salario ascenderá a $820.000. En el caso de quienes además cobran el programa Hora Más, el ingreso llegará a $1.101.000 en julio y a $1.120.000 en septiembre.

Para los docentes con mayor trayectoria, el incremento será de $36.191 por cargo de nivel primario en julio, alcanzando una mejora acumulada de $72.656 por cargo en septiembre.

La Provincia también ratificó la continuidad del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid), creado tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) por parte del Gobierno nacional desde diciembre de 2023, con el objetivo de sostener ese complemento salarial para el sector.

Policía: actualización diferenciada según la zona

Las fuerzas de seguridad también tendrán dos etapas de recomposición.

Un agente destinado en la zona capital cobrará $1.116.251 en julio y alcanzará $1.155.006,26 en septiembre.

En tanto, para el personal que presta servicios en la zona norte de la provincia, donde existen adicionales específicos por destino, el salario será de $1.326.576 este mes y llegará a $1.373.429,69 en septiembre.

Jubilados, retirados y nuevas negociaciones

El esquema también contempla una actualización para jubilados y pensionados en julio, mientras que el personal retirado percibirá su recomposición durante agosto.

Ese mismo mes el Gobierno volverá a convocar a las mesas salariales de Salud y Administración Central, donde se discutirán las nuevas mejoras para esos sectores.

Cronograma de actualización salarial

Julio

  • Docentes.
  • Fuerzas de Seguridad.
  • Jubilados y pensionados.

Agosto

  • Personal retirado.
  • Reapertura de las mesas salariales de Salud y Administración Central.

Septiembre

  • Segunda etapa de actualización para docentes.
  • Segunda etapa de actualización para las fuerzas de seguridad.

Con este esquema, el Gobierno provincial busca distribuir las recomposiciones a lo largo del tercer trimestre, priorizando los sectores con mayor impacto presupuestario y sosteniendo una política salarial diferenciada frente al escenario económico nacional.

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El Gobierno centraliza funciones políticas y de comunicación en Presidencia y Jefatura de Gabinete

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El Decreto 581/2026 redefine la estructura de la Administración Nacional al formalizar el traspaso de las competencias del extinto Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete y crear, bajo la órbita de la Presidencia, las Secretarías de Vocería Presidencial y de Comunicación y Medios. La medida no implica nuevas funciones sustantivas para el aparato estatal, pero sí reordena los canales de decisión y coordinación política.

Para el sector productivo, el cambio concentra en la Jefatura de Gabinete la interlocución con provincias y municipios, un aspecto relevante para la ejecución de obras, programas y regímenes que dependen de la articulación federal. La creación de una Vicejefatura del Interior apunta a preservar esa capacidad de coordinación en un esquema institucional más centralizado.

Aspectos a seguir de cerca la velocidad con que se adapten los circuitos administrativos y presupuestarios. El funcionamiento de la nueva relación entre Nación, provincias y municipios. La continuidad operativa de programas y trámites de interés para empresas y gobiernos subnacionales.

La norma dispone la transferencia de personal, bienes y créditos presupuestarios, manteniendo transitoriamente las estructuras vigentes hasta completar la reorganización. En el mediano plazo, la eficacia de esta reforma se medirá por su capacidad para reducir superposiciones y agilizar la toma de decisiones sin generar costos de transición que afecten la gestión pública y, por extensión, el clima de negocios.

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“Shutdown”: Milei propone un mecanismo para “apagar el Estado” cuando se agote el presupuesto

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El presidente Javier Milei volvió a colocar el equilibrio fiscal en el centro de su agenda política y económica al anticipar que el Gobierno trabaja en un proyecto para implementar un mecanismo de “shutdown” del Poder Ejecutivo, inspirado en el modelo estadounidense. La idea apunta a impedir que la administración siga comprometiendo gastos cuando se agoten las partidas autorizadas, salvo en áreas esenciales, y establecer una regla de disciplina fiscal mucho más estricta que la vigente en Argentina.

“Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, afirmó el mandatario durante una entrevista, donde explicó que la iniciativa forma parte de un paquete más amplio que incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y nuevas restricciones al financiamiento monetario del Tesoro.

La propuesta representa un cambio conceptual relevante: pasar de un sistema que permite la continuidad operativa del Estado mediante la prórroga presupuestaria a otro donde la falta de autorización de gasto implicaría la suspensión automática de actividades no esenciales.

El anuncio surgió mientras Milei describía la reforma que prepara para la autoridad monetaria. Según sostuvo, el Gobierno ya cuenta con una “versión unificada” del proyecto y buscará limitar de manera explícita cualquier forma de financiamiento del déficit por parte del Banco Central.

El Presidente cuestionó el esquema actual de la entidad y planteó que emitir para financiar al fisco debería tener consecuencias penales. “Emitir podría ser penado. Exactamente, porque es una estafa. La estafa y la falsificación de moneda es un delito penal”, sostuvo.

En esa lógica, la independencia del Banco Central y el cierre automático del gasto aparecen como dos piezas complementarias de un mismo objetivo: impedir que el déficit fiscal vuelva a financiarse mediante emisión monetaria.

El jefe de Estado adelantó que se reunirá esta tarde en Olivos con los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y el presidente del Central, Santiago Bausili.

“A partir de las 18 empezamos a reconstruir la base en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. Nos juntamos a delinear el formato final de lo que va a ser la Carta Orgánica del Banco Central. Hoy va a ser un día glorioso para los argentinos”, señaló.

Qué es un “shutdown” en Estados Unidos

En el sistema estadounidense, un government shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto o una autorización transitoria de financiamiento antes de que se agoten los recursos disponibles. En ese escenario, las agencias federales sin fondos deben suspender actividades consideradas no esenciales, mientras continúan funcionando servicios críticos como seguridad, defensa, control aéreo y otras funciones estratégicas.

El caso más conocido se produjo durante la primera presidencia de Donald Trump, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, cuando el gobierno federal permaneció parcialmente cerrado durante 35 días por la disputa sobre el financiamiento del muro fronterizo con México.

Según la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos, aquel cierre afectó a unos 800.000 empleados federales y generó una pérdida permanente de actividad económica estimada en unos US$3.000 millones.

La diferencia con el sistema argentino

El modelo actual argentino funciona de manera muy distinta. La Ley de Administración Financiera establece que, si el Congreso no aprueba el Presupuesto al inicio del ejercicio, continúa vigente el del año anterior con los ajustes correspondientes. Esa prórroga evita precisamente una paralización automática de la administración pública.

Por eso, para implementar un esquema similar al estadounidense sería necesaria una ley específica que modifique las reglas de ejecución presupuestaria.

La versión que analiza el Gobierno no implicaría necesariamente un cierre total del Estado, sino la imposibilidad de seguir comprometiendo o devengando gastos una vez agotada una partida, excepto en áreas exceptuadas o servicios esenciales.

La iniciativa se inscribe en la estrategia fiscal de Milei, basada en el objetivo de déficit cero y en la reducción permanente del tamaño del Estado.

Desde la visión oficial, un mecanismo de “apagado” presupuestario funcionaría como una restricción institucional fuerte para evitar expansiones del gasto no autorizadas y reforzar la credibilidad del programa económico.

Sin embargo, su eventual implementación abriría un debate complejo sobre la flexibilidad del Estado para responder a emergencias, la continuidad de servicios públicos y el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso en materia presupuestaria.

La señal política detrás del anuncio

Más allá de los detalles técnicos, el mensaje de Milei apunta a consolidar una idea central de su gobierno: el gasto público debe tener límites automáticos y no depender de decisiones discrecionales posteriores.

En un país acostumbrado a la prórroga de presupuestos y a la utilización de herramientas excepcionales para financiar al Tesoro, la propuesta busca instalar una regla de cierre mucho más rígida, alineada con la visión libertaria de disciplina fiscal y restricción del poder estatal.

El desafío será traducir esa lógica al sistema institucional argentino sin afectar la continuidad de funciones esenciales ni generar una parálisis administrativa de alto costo económico y social.

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