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El Gobierno elimina el Ministerio del Interior y concentra el poder político en la Jefatura de Gabinete

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su proceso de reorganización del Estado al eliminar formalmente el Ministerio del Interior y transferir todas sus competencias a la Jefatura de Gabinete, que conduce Diego Santilli. La decisión, oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 571/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial, redefine el esquema de poder dentro del Ejecutivo y concentra en la figura del jefe de Gabinete la conducción política cotidiana del Gobierno, incluyendo la estratégica relación con las provincias, el Congreso y los municipios.

La modificación implica una nueva reforma de la Ley de Ministerios y reduce a ocho el número de carteras nacionales, en línea con la política de achicamiento del Estado impulsada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, más allá de la reducción administrativa, la decisión también reconfigura el funcionamiento político del Gobierno al centralizar en la Jefatura de Gabinete funciones históricamente vinculadas al Ministerio del Interior.

Desde ahora, Santilli será el principal interlocutor del Ejecutivo con los gobernadores, tendrá bajo su órbita la coordinación de las relaciones fiscales con las provincias y absorberá áreas sensibles como política electoral, asuntos institucionales, turismo, ambiente, deportes, ciencia y tecnología, innovación y políticas federales.

Un nuevo centro de poder en la Casa Rosada

El DNU establece que la Jefatura de Gabinete contará con dos vicejefaturas para administrar el volumen de competencias incorporadas. Una estará destinada a la coordinación general del Gobierno y otra concentrará específicamente los asuntos políticos e institucionales que hasta ahora dependían del Ministerio del Interior.

A través del Decreto 574/2026, Guillermo Ignacio Devitt dejó la Secretaría de Asuntos Estratégicos para convertirse en Vicejefe de Gabinete. Desde ese cargo tendrá intervención en la articulación parlamentaria, el seguimiento legislativo y la coordinación de áreas estratégicas como Innovación, Ciencia, Turismo, Ambiente y Deportes.

En paralelo, el Decreto 575/2026 designó a Gustavo Javier Coria como Vicejefe de Gabinete del Interior, luego de aceptar su renuncia como secretario de Interior. Coria conservará bajo su responsabilidad prácticamente toda la estructura política del antiguo ministerio.

Entre las áreas que administrará figuran Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Relaciones con Provincias y Municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Corporación Puerto Madero y la Administración de Parques Nacionales.

Más funciones para la Jefatura de Gabinete

La reforma no se limita al traslado administrativo del Ministerio del Interior. El nuevo artículo 16 de la Ley de Ministerios amplía considerablemente las atribuciones del jefe de Gabinete.

Además de coordinar la administración nacional y las relaciones con el Congreso, Santilli pasará a intervenir en la planificación de políticas de turismo, ambiente, deporte, ciencia y tecnología, innovación, protección de datos personales, telecomunicaciones, inversiones públicas, acceso a la información, desarrollo satelital y financiamiento internacional, entre otras competencias.

También asumirá la coordinación del Consejo Federal de Turismo, la administración del Fondo Nacional de Turismo, la política ambiental nacional y la supervisión de programas vinculados al cambio climático, recursos naturales, infraestructura turística y deportiva.

En materia política, concentrará el vínculo institucional con las provincias, la coordinación de políticas federales, la implementación del régimen electoral y el seguimiento de las relaciones interjurisdiccionales, funciones que históricamente representaban el núcleo del Ministerio del Interior.

Comunicación presidencial con estructura propia

La reorganización institucional también incluyó la creación de dos nuevas dependencias directamente bajo la órbita presidencial.

El Decreto 572/2026 designó al economista Adrián Osvaldo Ravier como Secretario de Vocería Presidencial, un cargo que tendrá rango equivalente al de ministro según la modificación introducida en la Ley de Ministerios.

A su vez, mediante el Decreto 573/2026, Fabián Horacio Fernández fue designado como Secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia, luego de desempeñarse como secretario de Comunicación y Prensa dentro de la Jefatura de Gabinete.

Con esta decisión, la estrategia comunicacional abandona la órbita administrativa de la Jefatura para depender directamente del Presidente, reforzando la centralización política y comunicacional de la Casa Rosada.

Una reforma administrativa con impacto político

Aunque el Gobierno fundamentó la eliminación del Ministerio del Interior en “razones de gestión”, el cambio trasciende la reducción del organigrama estatal. La reforma concentra en la Jefatura de Gabinete la administración de prácticamente todos los resortes políticos del Ejecutivo: la negociación con gobernadores, la relación parlamentaria, la coordinación electoral y buena parte de la articulación institucional con provincias y municipios.

La decisión llega en un momento en que el oficialismo necesita fortalecer su capacidad de negociación territorial para avanzar con reformas legislativas, acuerdos fiscales y futuras definiciones presupuestarias.

Al mismo tiempo, la incorporación de competencias vinculadas a turismo, ambiente, deportes, ciencia e innovación convierte a la Jefatura de Gabinete en el principal centro coordinador de políticas transversales de la administración nacional, consolidando un esquema de gobierno donde el peso político queda cada vez más concentrado alrededor del jefe de Gabinete y de la Presidencia.

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Misiones acelera el cierre de dos históricas liquidaciones: Passalacqua dio 90 días para presentar un plan definitivo

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El Gobierno de Misiones dio un nuevo paso en su estrategia de reorganización y modernización del Estado. A través del Decreto Nº 1185, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua y refrendado por el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, el Poder Ejecutivo ordenó acelerar el cierre definitivo de dos de los procesos de liquidación más prolongados de la administración provincial: el del Banco de la Provincia de Misiones Sociedad de Economía Mixta y el del Instituto Provincial del Seguro de Misiones.

La medida instruye a los interventores liquidadores de ambos organismos a presentar, en un plazo de 90 días, propuestas concretas para resolver los pleitos y juicios que aún permanecen abiertos y que impiden dar por concluidos los procesos de liquidación.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que la decisión responde a la necesidad de continuar mejorando la organización de la Administración Pública y optimizar el uso de los recursos del Estado. En ese sentido, remarca que la normativa provincial vigente faculta al Gobierno a adoptar medidas destinadas a garantizar una mayor eficiencia y productividad en el sector público.

El texto oficial reconoce que ambos procesos de liquidación se han extendido durante años y considera “oportuno y conveniente” adoptar acciones que permitan arribar a su conclusión definitiva.

La decisión se inscribe dentro de una política de revisión de estructuras administrativas que el Gobierno provincial viene impulsando en los últimos meses, con el objetivo de reducir organismos remanentes, simplificar la gestión pública y cerrar expedientes históricos cuya continuidad genera costos administrativos y judiciales.

Si bien el decreto no establece cuáles serán las alternativas para resolver los litigios pendientes, sí fija un plazo perentorio para que los responsables de ambas liquidaciones elaboren propuestas destinadas a destrabar los procesos.

Una vez cumplido ese plazo, el gobernador contará con los informes para definir los pasos administrativos y jurídicos necesarios para avanzar hacia el cierre definitivo de dos organismos que permanecen formalmente en liquidación desde hace décadas.

La decisión también apunta a reducir contingencias legales y patrimoniales que aún permanecen abiertas en la estructura estatal provincial, en línea con la política de eficiencia administrativa que el Ejecutivo viene profundizando mediante distintas reformas de la gestión pública.

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Puerto Piray: denuncian a la intendente por camionetas municipales que “no aparecen”

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La política municipal de Puerto Piray quedó envuelta en una fuerte controversia institucional luego de que concejales del bloque Juntos Podemos denunciaran penalmente a la intendente Mirtha Lezcano por presuntas irregularidades vinculadas a la compra de dos camionetas que figuran incorporadas al patrimonio municipal, aunque -según afirman- “no aparecen” ni pudieron ser exhibidas físicamente.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico por los concejales Remigio Smith y Elizabeth Mercado, quienes señalaron posibles delitos contra la administración pública tras detectar inconsistencias durante el análisis de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2025.

Según detallaron, las observaciones comenzaron cuando el Ejecutivo municipal remitió el balance fuera de los plazos legales establecidos, situación que los ediles calificaron como “una nueva irregularidad administrativa”.

Durante el tratamiento legislativo, los concejales detectaron en el inventario municipal dos camionetas Ford Ranger XL 4×4 doble cabina registradas como adquiridas en marzo de 2025 por un monto superior a los 49 millones de pesos cada una. Sin embargo, sostienen que la existencia material de esos vehículos nunca pudo ser acreditada.

“Estamos ante un hecho de extrema gravedad institucional: vehículos incorporados al patrimonio municipal, con número de comprobantes y registro contable, pero completamente ausentes en la realidad. No están, no se usan y nadie puede explicar dónde están”, afirmó el concejal Remigio Smith.

Los denunciantes aseguraron además que solicitaron explicaciones a los contadores municipales durante el análisis del balance, aunque —según indicaron— no obtuvieron respuestas concretas sobre la operación. La única explicación informal habría sido que se trataría del pago de un supuesto “plan”, aunque sin documentación respaldatoria ni precisiones administrativas.

La oposición también cuestionó la legalidad del procedimiento administrativo utilizado para concretar la supuesta compra. Entre otros puntos, plantearon interrogantes sobre quién autorizó la operación, bajo qué mecanismo se realizó la licitación y si existió la ordenanza exigida por el artículo 70 de la Constitución Provincial para avanzar con adquisiciones de esa magnitud.

En paralelo, Smith envió una carta documento intimando al Ejecutivo municipal a exhibir públicamente las camionetas y el resto de los vehículos observados en un plazo de 72 horas, además de exigir acceso a los expedientes administrativos y documentación vinculada a la compra.

Según los concejales, tampoco pudieron acceder formalmente a los expedientes municipales pese a haberse presentado en reiteradas oportunidades en la comuna. “Agotamos todas las vías institucionales posibles”, sostuvieron.

La concejal Elizabeth Mercado apuntó además contra el funcionamiento político e institucional del municipio y del propio Concejo Deliberante. Denunció que pedidos de informes y solicitudes para que la intendente brinde explicaciones fueron bloqueados en comisión por el oficialismo, con acompañamiento del concejal de La Libertad Avanza.

“Cuando se oculta información, cuando no se responde y cuando se bloquean los mecanismos institucionales de control, lo que queda es la sospecha. Y nosotros no vamos a mirar para otro lado”, afirmó la edil.

La denuncia podría escalar además al ámbito administrativo provincial. Los concejales informaron que también realizaron una presentación ante el Tribunal de Cuentas de Misiones por presuntas irregularidades detectadas en el análisis del balance municipal, las cuales -según sostienen- podrían haber ocasionado perjuicios a la hacienda pública.

En ese marco, señalaron que aguardan medidas del organismo de control y advirtieron que, de comprobarse responsabilidades patrimoniales, podrían generarse nuevas actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía de Estado.

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Misiones implementa narcotest obligatorios para todo el gabinete provincial

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A través del Decreto Nº 776, el Gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua estableció la obligatoriedad de tests preventivos para descartar el consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los niveles de decisión política y fuerzas de seguridad. Para el sector privado y el ciudadano, la norma busca blindar la idoneidad técnica en el diseño de políticas públicas que afectan la competitividad y el presupuesto regional.

La medida fue comunicada por el mandatario a través de sus redes sociales, donde señaló: “Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la idoneidad y la ética que la familia misionera merece”.

El gobernador Hugo Passalacqua formalizó este viernes una medida de alto impacto institucional que redefine los estándares de idoneidad para el ejercicio de la función pública en la tierra colorada. El instrumento legal, fundamentado en la lucha contra el narcotráfico y la dignificación del Estado, impone la realización de exámenes anuales y aleatorios para la cúpula gubernamental y agentes de áreas sensibles. En un contexto de fragilidad macroeconómica, la señal de austeridad ética pretende consolidar la confianza de los inversores y de la ciudadanía en los cuadros técnicos que administran los recursos de la coparticipación y las políticas impositivas locales.

Alcance estratégico y operativo del Decreto 776

La normativa no se limita a un gesto simbólico, sino que estructura un sistema de control con plazos y protocolos técnicos específicos:

Sujetos obligados: Alcanza al binomio ejecutivo, ministros, autoridades superiores de la administración central, entes autárquicos y directores de Sociedades del Estado Provincial.

Extensión a operativos: Se incluye de forma aleatoria a la Policía de Misiones, Servicio Penitenciario, Salud Pública y la Secretaría de Prevención de Adicciones.

Sustancias detectables: El protocolo incluye metabolitos de cannabinoides, cocaína, opioides, anfetaminas, MDMA y barbitúricos (salvo prescripción médica acreditada).

Plazo de ejecución: La primera etapa de implementación deberá concretarse en un máximo de 90 días hábiles.

Garantías y abordaje interdisciplinario

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud Pública, que coordinará con el Colegio de Médicos y de Bioquímicos un Comité de Auditoría Externa para asegurar la veracidad de los resultados. El decreto contempla, ante resultados positivos, el relevo de funciones, pero también un abordaje integral de contención, velando por la recuperación y reinserción social del agente, bajo estrictas normas de confidencialidad y protección de datos personales.

La invitación cursada a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los municipios, anticipa una homogeneización de este estándar ético en todo el territorio provincial. Lo que resta observar es si esta medida se traduce en una mayor eficiencia administrativa que logre mitigar el costo de la burocracia local para el bolsillo del misionero, transformando la integridad del funcionario en un facilitador directo del desarrollo económico regional.

“Gobernamos para dar el ejemplo cada día, ejerciendo con medidas concretas la integridad y la responsabilidad”, sostuvo Passalacqua finalmente.

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Parques Nacionales abre concurso para 40 guardaparques

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La Administración de Parques Nacionales formalizó el 29 de abril la convocatoria para cubrir 40 cargos vacantes de guardaparques en la planta permanente, con un cronograma de inscripción que se extenderá del 12 de mayo al 2 de junio de 2026. La decisión, oficializada mediante la Resolución 16/2026, no solo busca reforzar la dotación técnica del organismo, sino que reabre una discusión más amplia: ¿se trata de un movimiento administrativo puntual o de una señal de reorganización institucional en el esquema ambiental del Gobierno?

Un proceso encuadrado en la reforma laboral del sector

La medida se inscribe en un entramado normativo que combina la Ley 22.351, el Presupuesto 2026 y el régimen de carrera establecido por el Decreto 647/2022. Este último redefinió las condiciones laborales y de ingreso del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, introduciendo un esquema más formalizado de selección y progresión.

El llamado aprobado ahora activa ese andamiaje: valida las bases diseñadas por el Comité de Selección y pone en marcha un proceso competitivo para el ingreso al Agrupamiento Técnico, categoría Guardaparque GT-2. La inscripción será electrónica, aunque exigirá también la presentación física de documentación en la sede central del organismo.

En términos operativos, la resolución traduce un paso concreto: transformar cargos vacantes —ya financiados— en posiciones efectivamente ocupadas. Pero también refleja una decisión política más amplia: sostener la estructura estatal en áreas estratégicas, en este caso vinculadas a la conservación territorial.

Cobertura de vacantes y fortalecimiento técnico

El concurso se apoya en un régimen de selección aprobado en 2023, que define perfiles, etapas de evaluación y criterios de ingreso. Esto implica que los nuevos guardaparques no solo cubrirán puestos disponibles, sino que ingresarán bajo parámetros actualizados de capacitación y desempeño.

La resolución fija además un cronograma tentativo y habilita a la coordinación concursal a introducir modificaciones, salvo en las fechas de inscripción. Este detalle no es menor: deja margen de maniobra administrativa en un proceso que suele extenderse en el tiempo y que requiere validaciones técnicas y legales.

Desde el punto de vista institucional, el movimiento responde a una necesidad concreta de gestión: dotar de recursos humanos a un organismo que tiene bajo su órbita la administración de áreas protegidas en todo el país.

Aunque se trata de una medida administrativa, la convocatoria tiene implicancias en la dinámica interna del Estado. Por un lado, refuerza la estructura de un organismo descentralizado que depende de la órbita de Turismo y Ambiente dentro de la Jefatura de Gabinete. Por otro, activa un mecanismo de ingreso a planta permanente en un contexto donde la política de empleo público suele estar bajo revisión.

El hecho de que los cargos estén previamente financiados reduce el margen de conflicto presupuestario, pero no elimina la lectura política: ampliar o completar dotaciones en áreas específicas puede interpretarse como una priorización sectorial dentro del Gobierno.

Al mismo tiempo, el proceso involucra a actores técnicos y jurídicos —desde el Comité de Selección hasta las direcciones de Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos—, consolidando un esquema institucional que combina decisiones políticas con validaciones administrativas.

Un proceso abierto

El llamado ya tiene fechas definidas, pero su desarrollo efectivo dependerá de múltiples factores: la cantidad de postulantes, los tiempos de evaluación y la eventual necesidad de ajustes en el cronograma.

Más allá de la cobertura de los 40 cargos, el movimiento deja una señal: el Estado mantiene activa su capacidad de incorporación en áreas específicas, incluso en un contexto de revisión general del gasto público.

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