A través de un decreto publicado este jueves (11/4) en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional puso en funciones el Plan Nacional Anticorrupción, que durará cinco años. Se trata de un programa que despliega más de 250 iniciativas “transversales y sectoriales para consolidar y profundizar el camino de la transparencia” en la Administración Pública, pero también para prevenir, investigar y sancionar infracciones. La idea apunta al electorado preocupado por la corrupción pero la mayor preocupación de la gente pasa actualmente por la economía y el empleo.
Siguiendo con su agenda electoral y mientras define el anuncio de medidas económicas para incentivar el consumo y aliviar el impacto de la crisis económica, el Gobierno nacional formalizó este jueves (11/4) la puesta en marcha del Plan Nacional Anticorrupción, mediante el decreto 258/2019 publicado en el Boletín Oficial.
La iniciativa fija los lineamientos para una mayor transparencia en el Poder Ejecutivo, así como la prevención, investigación y sanción de infracciones.
El plan tendrá vigencia para el quinquenio 2019-2023.
El programa contiene “más de 250 iniciativas transversales y sectoriales para consolidar y profundizar el camino de la transparencia, la integridad, el fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas”, según señala la norma en sus considerandos.
Entre ellas, enumera, se encuentran “mecanismos para mejorar la transparencia y eficiencia de las contrataciones públicas – con especial énfasis en la obra pública -, diversas plataformas para asegurar el acceso de la ciudadanía a información pública o la implementación de una plataforma uniforme para la rendición de cuentas de transferencias, becas y subsidios”.
El plan se lanza tras la consulta pública que la Oficina Anticorrupción realizó en agosto del año pasado, por espacio de cuatro semanas, donde 24 actores de la sociedad civil presentaron 18 propuestas. Estas iniciativas abordan temas como el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, la integridad en el sector privado, la educación en ética a nivel escolar, entre otras cuestiones.
El decreto dispone la creación de un Consejo Asesor de a cargo hacer el seguimiento de su implementación, para cuya conformación se convocará a “organizaciones de sociedad civil, del sector privado y a expertos de reconocida trayectoria”.
El proyecto fue impulsado por la Oficina Anticorrupción, conducida por la exdiputada del PRO Laura Alonso, y por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional que comanda otro exdiputado nacional, el ‘lilito’ Fernando Sánchez.
“Siguiendo los lineamiento fijados por las convenciones sancionadas en la materia por organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la OCDE, la norma crea un mecanismo de seguimiento público, que será diseñado en el marco de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto”, dispone el artículo 3° del decreto.
“El cumplimiento de estas convenciones no solo constituye un mandato de derecho interno, sino que además es una obligación internacional de la que deriva la correlativa responsabilidad y a cuya observancia queda subordinada la reputación del país en la comunidad internacional”, resalta el texto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
La norma fija tres aspectos centrales sobre los que girará su accionar: “transparencia y gobierno abierto”; “integridad y prevención” e “investigación y sanción”.
