dom. Ago 16th, 2026

Agroindustria

Agroindustria, minería y energía aportaron USD 17.605 millones netos y consolidan el nuevo mapa exportador argentino

By Redacción Economis 2 meses ago
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La generación de divisas por comercio exterior de bienes volvió a mostrar un cambio estructural en la economía argentina durante el primer cuatrimestre de 2026. Mientras la agroindustria continúa siendo el principal sostén del ingreso de dólares, el fuerte crecimiento de la minería y la energía está modificando la composición de las exportaciones y consolidando nuevas fuentes de generación de divisas para el país.

La agroindustria registró un ingreso neto de dólares por comercio exterior de bienes por USD 12.037 millones en el primer cuatrimestre de 2026. En el caso de minería y energía, alcanzan un récord de USD 5.568 millones.

El ritmo exportador de Argentina está mostrando un gran dinamismo y es claro que se están agregando nuevos motores a las exportaciones argentinas además del tradicional aporte del sector agroindustrial. En este sentido, es claro cómo el sector minero y energético, concentran saldos positivos crecientes y fortalecen el frente de la cuenta corriente cambiaria.

Siguiendo la clasificación sectorial del BCRA, las únicas actividades con saldo positivo en la liquidación “neta” de divisas por comercio exterior de bienes en el primer cuatrimestre de 2026 son: agroindustria, minería y energía. Estos sectores en su conjunto muestran un ingreso neto de dólares por comercio exterior de bienes por USD 17.605 millones, un récord y una suba interanual del 20,9%. Si bien el sector agroindustrial no marca niveles máximos históricos en este primer cuatrimestre del año, al estar por debajo de lo alcanzado en 2021 y 2022 cuando los precios internacionales eran históricamente altos, el ritmo de liquidación neta récord de minería y energía está más que compensando dicha situación.

Por su parte, el resto de los sectores registran un saldo neto negativo al considerar la liquidación neta de dólares por cobros de exportaciones y pagos de importaciones de bienes en el primer cuatrimestre de 2026, salvo personas humanas con un saldo positivo relativamente bajo de USD 102 millones y, turismo y hotelería con USD 0,5 millones. Igualmente, tal como se ve en el siguiente gráfico, los principales sectores con déficit por comercio exterior de bienes muestran una reducción en dicho saldo al comparar con igual período de 2025. En el caso de maquinaria y equipo se alcanza un saldo negativo de – USD 1.411 millones (↓20%), industria química, caucho y plástico – USD 1.670 millones (↓12%), industria automotriz USD 1.815 millones (↓52%), comercio – USD 1.820 millones (↓7%) y resto sectores – USD 2.232 millones (↓29%). En general, una situación explicada por una mayor liquidación de dólares por cobros de exportaciones y menos pagos de importaciones.


La agroindustria continúa liderando la liquidación neta de dólares por comercio exterior de bienes

Por el lado específicamente del sector agroindustrial, los cobros netos por comercio exterior de bienes de los principales complejos agroindustriales totalizan USD 12.037 millones en el primer cuatrimestre de 2026. El registro se ubica USD 948 millones por encima de 2025, lo que implica un crecimiento interanual del 8,6%, y resulta el cuarto mayor valor desde al menos 2003 para igual período.

Dentro del agregado, el mayor aporte corresponde al complejo oleaginoso y cerealeros, con USD 7.590 millones. Si bien este rubro se ubica 3,6% por debajo de 2025, continúa explicando cerca de dos tercios del saldo agroindustrial. En sentido contrario, alimentos, bebidas y tabaco alcanza USD 3.236 millones, con una mejora interanual de USD 902 millones, mientras que agricultura, ganadería y otros sectores primarios suman USD 1.211 millones, el valor más elevado de la serie considerada.


El sector minero y energético en su conjunto se perfilan a batir un récord de liquidación de dólares por comercio exterior de bienes en 2026

Por último, se observa un fuerte crecimiento del saldo positivo de minería y energía. En el primer cuatrimestre de 2026, estos sectores registran ingresos netos por comercio exterior de bienes por USD 5.568 millones, el máximo valor desde al menos 2003. La cifra supera en USD 2.098 millones al registro de 2025 y más que duplica el resultado observado en 2024. Es decir, entre el crecimiento productivo del sector energético que aumenta exportaciones y disminuye necesidades de importación y, los buenos precios internacionales de los productos mineros, se configura un escenario positivo en los saldos sectoriales.

En términos numéricos, la minería aporta USD 2.927 millones, USD 1.372 millones más que en 2025 (↑88%). Mientras que, en el caso de petróleo, alcanza USD 2.877 millones y un aumento interanual de USD 786 millones (↑38%). En contraste, electricidad y gas mantienen saldos levemente negativos, aunque de magnitud reducida frente al aporte positivo de los otros dos rubros y de lo visto entre 2022 y 2023.

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La Asociación de Semilleros avaló la norma dictada por Agricultura y el INASE

By Redacción Economis 2 meses ago
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La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) celebró la oficialización del nuevo protocolo destinado a realizar controles de identidad varietal en granos, una medida orientada a proteger la propiedad intelectual de las semillas en el ámbito agroindustrial local. No obstante, la entidad que nuclea a las principales compañías de mejoramiento genético vegetal aclaró que la disposición funciona como un paso inicial para brindar previsibilidad y reactivar inversiones, pero no constituye una solución definitiva al problema de fondo.

​El director ejecutivo de la ASA, Alfredo Paseyro, precisó que la resolución firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el titular del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari, no altera las prácticas operativas actuales de los productores, ya que le otorga un marco institucional formal a un esquema de validación que el sector privado ya implementa desde hace una década mediante contratos individuales.

​La problemática de la falta de resguardo a la innovación afecta principalmente a las especies autógamas, como la soja y el trigo, cuyas semillas pueden ser reproducidas por el propio agricultor para campañas consecutivas sin necesidad de realizar nuevas compras. Esta situación provocó un marcado desincentivo a la inversión local en comparación con los mercados regionales: el año pasado, Brasil registró 330 variedades de soja frente a solo 23 variedades presentadas en la Argentina.

Habilitan un nuevo sistema de trazabilidad de semillas protegidas

​Mecanismo de control y brecha tecnológica

​La nueva normativa, impulsada activamente por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, establece que las muestras de granos se tomarán en el primer punto de entrega dentro de los establecimientos registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Los análisis de identidad varietal se realizarán a través de metodologías homologadas por el INASE —incluyendo escáneres e inteligencia artificial— en cámaras arbitrales o entidades privadas autorizadas.

​Si el sistema detecta inconsistencias respecto de las variedades registradas, la norma prevé una instancia de negociación directa entre el titular de la genética y el productor, reservando la intervención del INASE únicamente para los casos donde no se alcance un acuerdo privado. El Poder Ejecutivo estima que este ordenamiento permitirá reducir la brecha tecnológica y proyecta un incremento potencial de las exportaciones agrícolas de al menos 4.000 millones de dólares anuales.

​”Una hectárea de algodón en el Chaco rinde unos 600 kilogramos de fibra, mientras que en Brasil los rindes superan los 1.800 kilogramos”, argumentaron las autoridades nacionales al graficar el impacto del retraso genético por la falta de protección de derechos.

​A pesar del avance administrativo, desde el sector semillero remarcaron que la medida no reemplaza la necesidad de reformar de manera integral la Ley de Semillas. El debate de fondo apunta a la adhesión a los estándares internacionales de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), asumida en un entendimiento comercial con los Estados Unidos. Esta normativa restringe el uso propio no retribuido de las variedades, un punto que genera un fuerte rechazo por parte de las entidades de la Mesa de Enlace y federaciones rurales ante el temor de un encarecimiento en los costos de producción. 

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Habilitan un nuevo sistema de trazabilidad de semillas protegidas

By Redacción Economis 2 meses ago
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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de los mecanismos de protección de la propiedad intelectual vegetal al aprobar un protocolo que permitirá controlar la identidad varietal de los granos comercializados desde el primer punto de entrega. La medida, oficializada mediante la Resolución Conjunta 3/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, busca reforzar la trazabilidad de las semillas protegidas y dotar de mayores herramientas de fiscalización a los obtentores de variedades registradas.

La decisión se inscribe en un debate histórico del agro argentino: la protección de los derechos de propiedad intelectual sobre las innovaciones genéticas en semillas y la necesidad de garantizar que quienes desarrollan nuevas variedades puedan recuperar las inversiones realizadas en investigación y mejoramiento vegetal.

El nuevo esquema establece que las muestras de granos tomadas en los centros de acopio, plantas de procesamiento o cualquier establecimiento que opere como primer punto de entrega deberán ser sometidas a análisis de identidad varietal mediante tecnologías reconocidas por el INASE. El objetivo es determinar con precisión qué variedad vegetal se encuentra presente en cada lote comercializado y verificar si corresponde a cultivares protegidos bajo el régimen de propiedad intelectual vigente.

La normativa se apoya en los avances tecnológicos que permiten identificar variedades vegetales en plazos cada vez más reducidos y con elevados niveles de precisión científica. Según los fundamentos de la resolución, estas herramientas ofrecen evidencia objetiva y técnicamente validada para detectar posibles infracciones a la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo protocolo es la incorporación formal de actores privados al sistema de control. Las Cámaras Arbitrales y entidades especializadas que celebren convenios con el INASE podrán adquirir muestras, realizar análisis y remitir los resultados a los titulares de las variedades registradas. A su vez, los establecimientos donde se efectúe el muestreo estarán habilitados para firmar acuerdos con entidades vinculadas al comercio de granos con el fin de financiar y coordinar las tareas operativas.

El procedimiento prevé que, una vez identificado un cultivar protegido, el titular de los derechos pueda recibir de manera inmediata los resultados del análisis y, en caso de detectar presuntas irregularidades, presentar una denuncia ante el INASE dentro de los 60 días posteriores a la emisión del certificado correspondiente. En paralelo, conserva la posibilidad de iniciar acciones legales por la vía que considere pertinente.

La resolución también determina que las muestras analizadas y las de respaldo deberán conservarse durante un plazo mínimo de 60 días, permitiendo que la autoridad de aplicación disponga de material suficiente para eventuales investigaciones o actuaciones administrativas.

Desde el punto de vista productivo, la medida apunta a fortalecer un sistema que históricamente ha enfrentado dificultades para controlar el uso de semillas protegidas, especialmente en cultivos autógamos como soja y trigo, donde la reutilización de semilla por parte de los productores ha sido motivo de controversias recurrentes entre obtentores, semilleros y entidades rurales.

La articulación público-privada promovida por la resolución refleja una estrategia orientada a mejorar la trazabilidad del mercado de semillas sin incrementar la estructura estatal de fiscalización. Para el Gobierno, este esquema permitirá aumentar la transparencia del sistema y generar incentivos para la inversión en genética vegetal, un factor considerado clave para sostener la competitividad del agro argentino en los mercados internacionales.

La medida tendrá aplicación sobre los cultivares que se inscriban en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares a partir de la entrada en vigencia de la resolución. Asimismo, el incumplimiento de las disposiciones establecidas podrá ser sancionado conforme a las penalidades previstas en la Ley 20.247.

Detrás de la decisión subyace una apuesta estratégica: consolidar un marco regulatorio que otorgue mayor previsibilidad a las empresas dedicadas al mejoramiento genético y al desarrollo de nuevas variedades, en un contexto donde la innovación tecnológica se ha convertido en uno de los principales motores de productividad del sector agroindustrial argentino. Para una economía cuya competitividad externa depende crecientemente de la incorporación de conocimiento y biotecnología, el fortalecimiento de los mecanismos de protección intelectual aparece como una pieza central de la agenda agropecuaria.

Resolución Conjunta 3/2026 by CristianMilciades

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El Gobierno oficializó una baja gradual de retenciones

By Redacción Economis 2 meses ago
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El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de reducción gradual y permanente de los derechos de exportación para las principales cadenas agroindustriales del país. A través del Decreto 423/2026, se estableció un cronograma que profundiza la rebaja de retenciones sobre soja, maíz, trigo, cebada, girasol y diversos subproductos industriales, con un horizonte de reducción que se extenderá hasta fines de 2028.

La decisión busca consolidar una señal de largo plazo para uno de los sectores que más divisas aporta a la economía argentina. El dato político y económico relevante es que la administración nacional abandona la lógica de reducciones transitorias y plantea un sendero previsible, elemento históricamente reclamado por productores, exportadores e industriales para planificar inversiones.

El decreto ratifica una definición estratégica del Gobierno: considera a las retenciones como un impuesto distorsivo y plantea una eliminación progresiva condicionada al sostenimiento del equilibrio fiscal.

La novedad no está únicamente en la reducción de alícuotas. El valor central para los mercados es la previsibilidad. La norma fija un cronograma explícito para los próximos años, permitiendo anticipar la carga tributaria futura al momento de tomar decisiones de siembra, industrialización o exportación.

Para la soja, principal complejo exportador argentino, el esquema prevé una reducción gradual desde los actuales niveles hasta llegar al 13% para el poroto de soja hacia diciembre de 2028, mientras que los aceites y harinas también seguirán una trayectoria descendente.

En paralelo, cultivos como trigo, cebada, maíz y girasol continúan transitando un sendero de reducción que en numerosos productos industrializados converge hacia niveles cercanos a cero o significativamente inferiores a los actuales.

Qué significa para las economías regionales

Aunque el impacto mediático suele concentrarse en la región pampeana, la medida tiene implicancias para múltiples cadenas productivas del interior.

La reducción de retenciones modifica la ecuación económica de los sectores exportadores porque aumenta el precio neto recibido por productores e industriales. En términos simples, una menor porción del valor exportado queda en manos del Estado y una mayor parte permanece dentro de la cadena productiva.

Para las economías regionales, el efecto más relevante no necesariamente será inmediato sobre los ingresos, sino sobre las decisiones de inversión.

Cuando un productor o una industria conoce con anticipación cuál será su presión tributaria durante los próximos tres años, mejora la capacidad de proyectar ampliaciones de capacidad instalada, incorporación de tecnología o apertura de nuevos mercados.

Biodiésel: una apuesta a nuevos mercados

Uno de los aspectos menos visibles del decreto, pero potencialmente más estratégicos, es el tratamiento diferencial para determinados biocombustibles.

El Gobierno dispuso una reducción específica para biodiésel elaborado a partir de materias primas distintas de la soja, como colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa, equiparando su tratamiento tributario al de los aceites vegetales.

La decisión responde a cambios regulatorios internacionales y busca ampliar oportunidades comerciales en mercados que demandan combustibles con menor huella ambiental.

Desde la perspectiva productiva, representa una señal para la diversificación de materias primas destinadas a la transición energética global.

El impacto sobre la industria exportadora

El beneficio no queda restringido al productor primario. Las reducciones alcanzan a harinas, aceites, alimentos balanceados, derivados industriales y múltiples productos con valor agregado. Esto mejora la competitividad de las plantas procesadoras y fortalece el incentivo a industrializar dentro del país en lugar de exportar exclusivamente materias primas.

Para los complejos agroindustriales, el efecto económico es doble: mejora el margen exportador. Incrementa la previsibilidad para inversiones de largo plazo. Reduce el costo fiscal asociado a la agregación de valor. Fortalece la competitividad frente a otros países exportadores. Favorece la planificación de campañas agrícolas futuras.

La baja de retenciones constituye una mejora concreta para la competitividad exportadora, pero no opera en aislamiento.

El efecto final dependerá de variables como el tipo de cambio, los costos logísticos, el acceso al financiamiento, la evolución de los precios internacionales y la demanda global de alimentos y biocombustibles.

Para el sector productivo, el principal valor del decreto es la previsibilidad. La agroindustria argentina convive desde hace años con cambios frecuentes en materia tributaria. La existencia de un cronograma explícito modifica el horizonte de planificación y reduce incertidumbre.

Lo que habrá que seguir de cerca es la capacidad fiscal del Gobierno para sostener el sendero comprometido. Si el programa se mantiene sin alteraciones, Argentina ingresará en un proceso gradual de reducción de la presión exportadora que podría redefinir la competitividad de varias cadenas agroindustriales durante la segunda mitad de la década.

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Mercado de capitales y agro: la CNV flexibiliza transferencias y acelera controles en una señal directa al negocio granario

By Redacción Economis 3 meses ago
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La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó la Resolución General 1140/2026, introduciendo una rectificación normativa estratégica que habilita a los agentes del mercado de capitales a recibir fondos de clientes originados en actividades de corretaje de granos, forestales y agroindustriales desde cuentas corporativas específicas. Para el sector productivo de Misiones, la medida destraba el flujo de caja operativo hacia instrumentos de inversión y financiamiento bursátil, simplificando la triangulación financiera de las PyMEs del NEA.

La normativa subsana un vacío procedimental en los regímenes de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). Al convalidar que los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) Agro y los Agentes de Negociación (AN) transfieran saldos consolidados de sus operaciones comerciales garantizando la trazabilidad individual mediante CUIT, el regulador elimina la obligatoriedad de que cada productor primario deba estructurar transferencias espejo individuales desde cuentas a la vista. Simultáneamente, la CNV descentralizó las inscripciones del Registro de Auditores Externos directamente en su Subgerencia de Control, un paso burocrático que agilizará los balances auditados requeridos para la emisión de Obligaciones Negociables (ON) regionales.

Vía libre para el financiamiento bursátil del agro a través de los ALyC y agentes de corretaje

La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó su normativa para permitir una operatoria más ágil y trazable en transferencias vinculadas al corretaje agropecuario y, al mismo tiempo, delegó facultades operativas para acelerar registros y controles dentro del mercado de capitales. Aunque el cambio parece técnico, tiene impacto concreto sobre cadenas exportadoras como la forestoindustria, la yerba mate y el negocio agroindustrial del NEA, donde el acceso al financiamiento y la velocidad de liquidación son variables críticas en un contexto de márgenes ajustados.

La Resolución General 1140/2026 introduce dos movimientos relevantes: por un lado, habilita mecanismos más flexibles para que intermediarios agropecuarios operen fondos destinados al mercado de capitales con trazabilidad validada; por otro, descentraliza decisiones administrativas dentro de la CNV para acelerar procesos regulatorios y registros.

Para Misiones, donde muchas empresas medianas enfrentan restricciones de escala y costos financieros más altos que en los grandes centros urbanos, la medida puede convertirse en un instrumento indirecto de mejora operativa.

El núcleo económico de la resolución está en la modificación del régimen de recepción de fondos para ALyC vinculados al negocio agroindustrial. La CNV habilita que los Agentes de Liquidación y Compensación especializados en actividades agropecuarias puedan recibir fondos desde cuentas específicas afectadas a operaciones de corretaje de granos y actividades agroindustriales, siempre que exista trazabilidad completa de origen.

Traducido al lenguaje empresario: el organismo busca reducir trabas operativas sin relajar controles antilavado.

La decisión tiene impacto sobre: operaciones de cobertura financiera del agro. Canalización de liquidez hacia instrumentos bursátiles. Agilidad en movimientos de capital de empresas agroindustriales. Y menores tiempos administrativos para operaciones vinculadas a exportación.

En economías regionales, donde la gestión de flujo de caja suele ser más volátil que en industrias urbanas, la velocidad de acreditación y aplicación de fondos tiene peso estratégico.

Para sectores exportadores del NEA, especialmente empresas forestales, tealera y yerbateras con vínculos comerciales internacionales, cualquier reducción de fricción financiera puede mejorar capacidad de cobertura cambiaria, administración de capital de trabajo y acceso a herramientas bursátiles.

Por qué el efecto puede sentirse distinto en Misiones

La economía misionera convive con un problema estructural: el costo de operar lejos de los centros financieros tradicionales.

Mientras empresas radicadas en Buenos Aires tienen acceso más directo a ALyCs, bancos de inversión y mercados de cobertura, las firmas del NEA suelen enfrentar: mayores costos de intermediación, menor profundidad financiera, menor acceso a instrumentos sofisticados, y menor velocidad operativa.

A eso se suma la condición fronteriza de Misiones. Las denominadas asimetrías fronterizas —diferencias cambiarias, impositivas y de costos respecto de Paraguay y Brasil— obligan a las empresas locales a trabajar con márgenes más estrechos y estructuras financieras más sensibles.

En ese contexto, cualquier mejora regulatoria que facilite operatorias legales, trazables y más rápidas puede tener un efecto más relevante en provincias periféricas que en los grandes centros económicos.

El movimiento de la CNV también dialoga con una tendencia más amplia del Gobierno nacional: desburocratizar circuitos financieros para ampliar la participación privada y acelerar el financiamiento productivo sin expansión del gasto público.

La resolución reconoce explícitamente las actividades de corretaje de granos y agroindustriales, un dato político no menor.

La agroindustria sigue siendo el principal generador de divisas del país y el Gobierno busca evitar cuellos regulatorios que ralenticen operaciones financieras vinculadas al comercio exterior.

Aunque Misiones no tiene el peso cerealero de la región pampeana, sí posee cadenas exportadoras sensibles al crédito y al capital operativo: Yerba mate: necesita financiamiento estacional para acopio e industrialización. Forestoindustria: requiere capital intensivo y plazos largos de recuperación. Té y tabaco: dependen de liquidez para exportación y cobertura de costos. Turismo receptivo: cada vez más vinculado a herramientas de pagos digitales y servicios financieros integrados.

La posibilidad de operar con mayor trazabilidad y menos capas administrativas podría facilitar esquemas financieros más dinámicos para empresas medianas regionales.

Una CNV más rápida y menos centralizada

La resolución también delega facultades técnicas a distintas gerencias internas de la CNV, especialmente en registros de auditores y controles societarios.

La lectura política es clara: el organismo intenta acelerar tiempos administrativos en un mercado que reclama menos burocracia.

Entre los cambios más relevantes aparecen: delegación de inscripción y cancelación de registros de auditores. Agilidad para reformas societarias menores. Más velocidad en autorizaciones técnicas. Y descentralización operativa dentro del regulador.

Para empresas del interior que buscan acceder al mercado de capitales, emitir obligaciones negociables o estructurar fideicomisos productivos, la demora regulatoria suele representar un costo oculto relevante.

La simplificación administrativa puede no generar impacto inmediato en el bolsillo del consumidor misionero, pero sí influir en el costo financiero empresario, especialmente en un escenario de tasas reales todavía elevadas.

La clave no estará solamente en la norma, sino en la capacidad del sistema financiero para incorporar efectivamente a empresas medianas del interior.

Misiones mantiene una economía exportadora con fuerte dependencia logística y costos estructurales altos. Si las reformas regulatorias derivan en mayor acceso a instrumentos financieros, menor burocracia y operaciones más ágiles, podrían mejorar competitividad regional sin necesidad de subsidios directos.

El interrogante de mediano plazo es otro: si el mercado de capitales argentino logrará federalizarse o si estas ventajas seguirán concentradas en operadores del AMBA. Para el NEA, la diferencia entre ambas opciones no es técnica. Es productiva.

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