A través del Ministerio del Agro y la Producción, el Gobierno de Misiones logró sostener y fortalecer con políticas públicas a la actividad agropecuaria en medio del difícil contexto económico que atraviesa el país. Gracias al trabajo incansable de tantas familias agropecuarias, en 2024 la provincia logró potenciar actividades productivas claves como el té, la yerba mate, la mandioca y la foresto-industria, a pesar del contexto nacional.
El Gobierno de Misiones, por medio del Ministerio del Agro y la Producción, logró no sólo sostener la actividad agropecuaria en medio del desafiante contexto económico que atraviesa el país, sino también pudo fortalecerla. Según el Ministerio del Agro, gracias a las políticas públicas que impulsa Misiones y al trabajo en conjunto con familias productoras, el sector agropecuario de la provincia sigue siendo referente a nivel nacional, y se destaca por su fuerte apuesta a la producción sostenible e innovadora.
A lo largo del 2024, el Gobierno de Misiones dió continuidad a políticas públicas como capacitaciones, formaciones técnicas, entrega de insumos y maquinarias (entre otras), poniendo foco en el fortalecimiento de las actividades productivas y en una visión sostenible y sustentable en la producción.
CIFRAS POSITIVAS ALCANZADAS POR EL AGRO EN EL 2024
El ministro del Agro y de la Producción, Facundo López Sartori, brindó detalles de algunas cifras positivas con las que cerró el 2024. Según detalló, este año, Misiones se consolidó como un actor clave en el mercado global del té, exportando a más de 60 países y representando el 4% del consumo mundial. Además, se avanzó en programas de promoción interna y se obtuvo la indicación geográfica, una herramienta fundamental para los elaboradores y el sector gourmet.
En lo que respecta a la yerba mate, a pesar de la difícil situación que atraviesa el sector (sobre todo de la producción), por la pérdida de las facultades del INYM y la incapacidad de fijar un precio de referencia obligatorio, la producción orgánica creció un 13%, alcanzando más de 4.100 hectáreas certificadas. Este logro refuerza el compromiso con la sostenibilidad y mejora el posicionamiento en mercados internacionales.
A su vez, la producción de mandioca creció un 65%, procesando más de 100 millones de kilos y generando 22 millones de kilos de fécula. Este récord benefició a 9.000 familias productoras, incrementando sus ingresos en un 70%.
La miel producida en Misiones destacó con su miel orgánica y ganó reconocimiento nacional al obtener el premio a la mejor miel del país en la Expo Miel (en Entre Ríos).
El sector de la forestoindustria por su parte, lideró a nivel nacional con programas de reforestación y manejo responsable de bosques, consolidando un modelo que equilibra desarrollo económico y preservación ambiental.
La producción ganadera por su parte también registró cifras favorables. Los remates ganaderos registraron ventas récord, destacándose la comercialización de ovinos valuados en más de 1 millón de pesos. Estos remates facilitaron la comercialización de ganado y además, permitieron mejorar la genética y la diversificación productiva en las chacras misioneras. Con el apoyo del Gobierno provincial y asociaciones rurales, se ofrecieron líneas de crédito y asistencia técnica para fortalecer al sector ganadero. Además, el Centro de Genética Aplicada entregó ejemplares mejorados y capacitó a productores y estudiantes.
El tabaco por su lado alcanzó un precio histórico con incremento del 300%, alcanzando $2.000 por kilo. Misiones además logró pagar en tiempo y forma a los productores y garantizar su cobertura de salud especial.
Por último, la actividad piscícola en Misiones logró seguir desarrollándose y ya son más de 4.000 productores que se destacan en la producción de pacú, surubí y carpa. En este sentido, el Ministerio del Agro brindó asistencia técnica a más de 180 familias, mejorando prácticas y fortaleciendo la economía rural. El consumo de pescado de cultivo sigue en aumento, impulsando esta actividad sostenible y estratégica para la provincia.
DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
Cabe mencionar además otra política pública clave para sostener al sector, fue apostar por la diversificación productiva. Para esto se hicieron entrega de plantines, herramientas, insumos, líneas de crédito y capacitaciones a productores, lo que les permitió llevar adelante la diversificación productivas dentro de las chacras.
• Cítricos: se entregaron más de 20.000 plantas cítricas a productores, fortaleciendo la producción local y generando empleo en comunidades rurales.
• Caña de Azúcar: se promovieron prácticas agrícolas sostenibles, logrando una mayor productividad con un menor impacto ambiental.
• Plantas Aromáticas: Misiones amplió su participación en mercados nacionales e internacionales con productos como albahaca y orégano de alta calidad.
• Sandía, Banana y Ananá: se apoyó a productores locales con asistencia técnica y comercialización, fortaleciendo estas cadenas de valor en mercados regionales.
Productores yerbateros agrupados en la llamada Mesa Asesora Yerbatera tuvieron su primera reunión con los nuevos directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). El encuentro, realizado hoy, contó con la presencia de referentes clave, incluyendo al director por el sector cooperativo y actual responsable interino del INYM, Gerardo Vallejos; los directores por la Producción Marisol Fracalossi, Jorge Haddad y Ramón Rodríguez; y Ricardo Maciel, representante del Gobierno de Misiones.
Uno de los puntos centrales del debate fue el rechazo unánime, por parte de la Mesa Asesora, al precio de $450 por kilo de hoja verde, una cifra planteada durante las protestas en la Ruta 14, en San Pedro, entre productores y el ministro del Agro. Según los asistentes, ese valor carece de fundamentos técnicos al no haber sido debatido con todas las partes involucradas, defendiendo así al sector industrial, que aprovechó la desregulación para bajar el último precio oficial.
Prioridad: costos y trazabilidad
“El consenso fue evitar hablar de precios sin bases reales, ya que eso genera expectativas poco viables y, luego, decepciones. En cambio, decidimos enfocarnos en la grilla de costos para garantizar una discusión más objetiva,” explicó Sergio Dellapierre, vocero de la Mesa Asesora.
Entre los acuerdos alcanzados, se definió avanzar en el diseño de una grilla de costos que contemple las variables económicas del sector, así como intensificar el trabajo sobre la trazabilidad de la yerba mate. Esto incluirá mecanismos para identificar públicamente qué industrias pagan precios justos y cuáles ofrecen valores inferiores al establecido.
“Es fundamental exponer a las industrias, para que quede claro quiénes cumplen con los valores acordados y quiénes optan por pagar precios viles,” agregó Dellapierre.
Reuniones periódicas y desafíos institucionales
Otro eje clave del encuentro fue la necesidad de reforzar el diálogo con los productores mediante reuniones periódicas. Además, los participantes reiteraron la importancia de defender el Convenio de Corresponsabilidad Gremial, que garantiza derechos laborales en el sector, y solicitaron al Gobierno Nacional la designación de un presidente definitivo para el INYM, un reclamo que viene prolongándose.
Esta reunión marca un punto de inflexión en la búsqueda de consensos en el sector yerbatero, con el objetivo de establecer bases más sólidas para enfrentar los desafíos productivos y garantizar la sustentabilidad económica de los pequeños y medianos productores.
CRA y FARM exigen reformas en el INYM para transparentar costos y posicionar la yerba mate en mercados globales
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se encuentra en la provincia de Misiones para analizar de cerca toda la problemática que enfrenta la producción de la provincia. Respecto de la yerba mate, se han propuesto soluciones junto a la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones (FARM).
En el encuentro, que reúne a representantes de las 16 rurales que integran la Federación, se busca trazar un camino que permita mejorar la situación de este sector clave para la economía regional.
Por parte de CRA, participan su presidente Carlos Castagnani, el vicepresidente 1°, José Colombatto, y el delegado en Misiones, Adrián Luna Vázquez. Acompañan al equipo de CRA el presidente de la FARM, Darío Bruera, y otros referentes locales del sector agropecuario.
Entre las propuestas concretas debatidas, se destacan dos prioridades: 1. Revisión del rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM): CRA y la FARM solicitan que el Instituto divulgue precios de referencia para la yerba mate y se enfoque en elaborar una estructura de costos transparente que sirva de referencia para el mercado.
Además, proponen que el INYM intensifique sus acciones de promoción y marketing, tanto a nivel nacional como internacional, para posicionar mejor el producto y abrir nuevas oportunidades comerciales.
CRA plantea, asimismo, que se eliminen los cargos políticos dentro del INYM y se priorice la profesionalización de su gestión, garantizando que las decisiones respondan a criterios técnicos y al beneficio de los productores. También consideran fundamental que el Instituto refuerce sus tareas de control de producto para asegurar la calidad, acompañando estas medidas con estrategias de promoción que posicionen la yerba mate como un producto de excelencia.
Finalmente, se solicita que el INYM acepte auditorías externas que permitan garantizar la transparencia y la eficiencia de su gestión, asegurando así la confianza de todos los actores involucrados en la cadena productiva. 2. Modificaciones al Código Alimentario Argentino: Se plantea la necesidad de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorice la producción y comercialización de diferentes tipos de yerba mate. Esta medida permitiría diversificar la oferta y responder a nuevas demandas del mercado nacional e internacional.
Carlos Castagnani, presidente de CRA, destacó: “El sector yerbatero es fundamental para Misiones y para todo el país. Estamos aquí para escuchar, proponer y acompañar a los productores en su lucha por mejorar las condiciones de producción y competitividad.”
Por su parte, Darío Bruera, presidente de la FARM, agregó: “La unidad entre las rurales y el apoyo de CRA son claves para lograr las reformas que el sector necesita. Sin estas medidas, será difícil sostener a nuestros productores y avanzar en el desarrollo del mercado.”
CRA reafirma su compromiso de trabajar junto a las asociaciones rurales para garantizar un futuro más sustentable y competitivo para el sector yerbatero.
Cerró la CIIE de Shanghái con mejores precios para la carne argentina. Optimismo exportador, la carne argentina despierta el interés del mercado premium en China
La séptima edición de la China International Import Expo (CIIE) concluyó en Shanghái este 10 de noviembre, dejando un balance alentador para la carne argentina. En el evento, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participó junto a 14 empresas exportadoras, encontrando un mercado firme y demandante que registró subas de entre 200 y 300 dólares en promedio en comparación con los valores negociados en la Sial China de mayo.
El mercado chino, que sigue mostrando una fuerte demanda, proyecta un 2025 optimista para la carne argentina debido a factores favorables: el alza de precios en Brasil, una oferta más limitada en Estados Unidos y la disminución de la carne local en China luego de la gran liquidación de stocks realizada este año por los productores chinos.
Durante la feria, se confirmó el creciente interés por la carne grain feed, cada vez más demandada en un mercado sofisticado que otorga valores superiores a los cortes tradicionales de vaca. Algunos de los precios de referencia negociados en la CIIE fueron los siguientes:
Cuadrada, bola de nalga sin tapa: U$S 6.000 – U$S 6.100 (CIF)
Marucha y aguja: U$S 6.200 – U$S 6.400 (CIF)
Trimming 70 VL: U$S 3.300 (CIF)
Trimming 80 VL: U$S 3.600 (CIF)
Vacío: U$S 4.300 – U$S 4.500 (CIF)
Asado con hueso: U$S 3.500 – U$S 3.700 (CIF)
Para los cortes de grain feed, algunos valores de referencia fueron:
Bolar Blade: U$S 8.600 (CIF)
Chuck Tender: U$S 6.000 (CIF)
Chuck Roll: U$S 7.100 (CIF)
Brisket: U$S 5.300 (CIF)
Short Plate: U$S 6.300 (CIF)
Bolar Blade: U$S 5.600 (CIF)
La presencia argentina en la CIIE se destacó con el Pabellón Argentine Beef, un espacio de 500 metros cuadrados que incluyó un restaurante y boxes individuales para cada empresa, lo que facilitó la interacción directa con importadores y compradores.
Las empresas que acompañaron al IPCVA en esta edición fueron APEA, ArreBeef, Bustos Beltrán, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Ecocarnes, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Rioplatense, Visom, Grupo Lequio, Offal Exp, Quickfood y Rafaela Alimentos.
Con la participación en este evento, el sector exportador de carne argentina consolida su posicionamiento en el mercado chino, que muestra no solo estabilidad en la demanda, sino también un interés creciente en cortes premium y productos grain feed.
Escribe John Otis / AQ – Lorena Hernández retrocede con su Ford hasta un almacén de alimentos y llena la camioneta con tantas bolsas de puré de papas secas, botellas de jugo de frutas y cajas de brócoli congelado que apenas le queda espacio para que quepa detrás del volante.
Hernández está llevando el pasaje, proporcionado por la organización sin fines de lucro Argentina Food Banks, a un centro comunitario en Tigre, al norte de Buenos Aires. Aunque los turistas acuden en masa a Tigre por sus tiendas de artesanías, restaurantes junto al río y excursiones en bote, el centro comunitario se encuentra en una zona muy deteriorada de chozas de ladrillo de un piso cuyos residentes a menudo están desempleados y hambrientos.
En el centro comunitario, construido en una antigua planta empacadora de carbón, niños y niñas devoran tazones de estofado de carne y pan mientras Hernández observa. Durante sus 17 años viniendo aquí, ha ideado formas de medir qué tan bien le está yendo a Argentina. Cuando las cosas mejoran, la demanda de comidas disminuye y los niños se alejan de los alimentos que no les gustan, como las lentejas.
Pero en estos días, el lugar siempre está lleno. Y los niños ya no son quisquillosos.
“Ahora”, dijo Hernández, “lo devoran todo”.
Escenas similares se están desarrollando en gran parte de América Latina hoy en día. Llamémoslo la paradoja alimentaria: a pesar de que la región produce y exporta más alimentos que nunca, enfrenta enormes desafíos para alimentar a su propia población.
América Latina se ha convertido, en muchos sentidos, en el granero del mundo. En las últimas dos décadas, el valor de sus exportaciones agrícolas aumentó un enorme 500% hasta los 316.000 millones de dólares en 2022, el último año completo del que se dispone de datos. Ninguna otra región tiene un mayor excedente agrícola. Es el origen de más del 60% del comercio mundial de soja, casi la mitad de su maíz y más de una cuarta parte de su carne de res. Tres de cada cuatro aguacates provienen de América Latina, al igual que gran parte del café del mundo.
Al mismo tiempo, alrededor del 28% de las personasen América Latina y el Caribe sufren hoy de inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que significa que carecen de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para una salud y un desarrollo normales. Esa cifra está por debajo de su punto máximo durante la pandemia de COVID-19, pero sigue siendo seis puntos porcentuales más alta que en 2014, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Eso significa que 48 millones de personas más sufren inseguridad alimentaria en comparación con hace una década.
La paradoja de la comida enfurece a personas como Martín Caparrós, el escritor argentino y autor de Hambre, un libro galardonado que examina por qué tanta gente pasa hambre en un mundo de abundancia. Ha calificado a Argentina como “un caso extremo de una situación extremadamente vergonzosa”.
Pero el fenómeno es regional, íntimamente ligado a los recientes altibajos económicos. América Latina experimentó un fuerte progreso en la reducción de la pobreza y el hambre durante la próspera década de 2000, pero varias de las economías más grandes, incluidas Argentina y Brasil, sufrieron graves recesiones a partir de mediados de la década de 2010, mientras que Venezuela se tambaleaba al borde del colapso. Luego llegó el COVID, que golpeó con especial dureza a América Latina. Los consiguientes repuntes del desempleo, la inflación y el hambre se siguen sintiendo.
“Perdimos 15 años con el COVID”, dijo a AQa AQo el peruano Máximo Torero, economista jefe de la FAO. “Los niveles de hambre que tenemos hoy son los mismos que hace 15 años”.
América Latina se ha convertido, en muchos sentidos, en el granero del mundo. Al mismo tiempo, alrededor del 28% de la población de la región sufre hoy en día inseguridad alimentaria moderada o grave.
La buena noticia es que gran parte de América Latina está volviendo gradualmente al camino correcto. Desde México hasta Colombia y Brasil, los presidentes han declarado que la lucha contra el hambre es una de sus principales prioridades. Las agencias gubernamentales, los grupos sin fines de lucro y las fundaciones privadas están ideando formas a menudo novedosas de hacer llegar una variedad más amplia de alimentos nutritivos a más personas. El objetivo es crear un mejor granero, una América Latina capaz de nutrir al mundo y, al mismo tiempo, brindar seguridad alimentaria a su propio pueblo.
UNA MISIÓN DE RESCATE DE ALIMENTOS
Gran parte del trabajo va mucho más allá de la distribución de alimentos a los más necesitados.
En una mañana reciente en La Plata, una capital provincial a 35 millas al sureste de Buenos Aires, Sebastián Laguto iba en una camioneta visitando a los agricultores en las afueras de la ciudad. Su camioneta estaba adornada con letras verdes que deletreaban su declaración de misión: “Rescatar frutas y verduras”.
Laguto, un voluntario de un banco de alimentos de la zona, trabaja con agricultores para rescatar naranjas, espinacas y otros productos que están deformes, ligeramente magullados o un poco demasiado maduros. Estos productos suelen ser rechazados por las empresas alimentarias y los supermercados a pesar de que son perfectamente comestibles. El gobierno argentino estima que la mitad de todas las frutas y verduras del país acaban tirándose en montones de compost o vertederos, una tasa de pérdida similar a la de muchos otros países.
“El desperdicio de alimentos podría resolver el problema del hambre”, dijo Laguto a AQ. “La verdad es que hay suficiente para todos”.
Un donante frecuente del banco de alimentos de La Plata es Nicolás Marinelli, un agricultor de la zona. Le encanta trabajar en la tierra rica y negra, muestra con orgullo el tatuaje del tractor en su bíceps derecho, pero la imprevisibilidad de la agricultura le ha pasado factura. Un tramo de clima caluroso de repente maduró 4,000 libras de brócoli, lo que llevó a los compradores a tomar solo 250 libras. Más recientemente, un viento frío rasgó las hojas verdes y blancas de sus acelgas, dejándolas impresentables para los supermercados.
Nicolás Marinelli, de 34 años, agricultor de la zona, cultiva verduras de hoja verde y otras hortalizas y es un donante frecuente del banco de alimentos de La Plata.
“No han perdido ninguno de sus nutrientes”, dijo encogiéndose de hombros, señalando que al menos el banco de alimentos aceptará sus productos imperfectos.
Ciertamente, Argentina no puede darse el lujo de desperdiciar más alimentos. Durante el año pasado, la inflación se disparó por encima del 200%, dejando a muchas personas luchando por llegar a fin de mes. Desde que el presidente Javier Milei asumió el cargo en diciembre, su gobierno ha devaluado el peso, ha reducido drásticamente la fuerza laboral del gobierno y ha recortado los subsidios para la electricidad y el transporte público. Esto ha reducido la inflación, pero ha contribuido a un aumento de la pobreza, al menos por ahora. UNICEF dice que a unos 1,5 millones de niños argentinos les falta al menos una comida al día.
Los Bancos de Alimentos de Argentina, que incluye el banco de alimentos de La Plata, se fundaron en 2001 durante la peor crisis económica del país. La red cuenta ahora con 20 bancos de alimentos a nivel nacional, que distribuyen los productos sobrantes y los comestibles donados por agricultores, empresas de alimentos y supermercados, a unos 4.500 grupos comunitarios. El financiamiento proviene de varias fuentes, incluida la Fundación Citi.
El gobierno argentino estima que la mitad de todas las frutas y verduras del país acaban tirándose a las pilas de compost o a los vertederos, una tasa de pérdida similar a la de muchos otros países.
“Como argentino, me duele ver tanta pobreza”, dijo Mario Bañiles, director de la sede de la organización en Tandil, una ciudad a 220 millas al sur de Buenos Aires. “Lo bueno es que hay mucha gente dispuesta a ayudar a cuidar a sus vecinos”.
Una de las beneficiadas es Daniela Sussani, una madre soltera de 19 años que vive en las afueras de Buenos Aires. Su hijo de 16 meses, Bruno, tiene un apetito voraz, engullendo huevos, fideos y arroz siempre que están disponibles.
Pero Sussani está desempleada y las estanterías del apartamento que comparte con su madre a veces están vacías. Entonces, en lugar de alimentar a Bruno con la comida sólida que necesita, a veces intenta amamantarlo para que se duerma. No funciona muy bien.
“Si come, duerme toda la noche. Pero si no, se despierta todo el tiempo”, dijo Sussani. “Estoy preocupada por él”.
Daniela Sussani, de 19 años, vive en las afueras de Buenos Aires y visita un banco de alimentos para ayudar a alimentar a su hijo pequeño, Bruno.
OBSTÁCULOS DESALENTADORES
Estas luchas recientes significan que es probable que América Latina no cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU de acabar con el hambre y lograr la seguridad alimentaria para 2030.
Un problema es el precio. La FAO dice que el costo de una dieta saludable en América Latina y el Caribe hoy es, en promedio, más alto que en cualquier otra región del mundo. (Esto es en parte producto del costo excepcionalmente alto de las importaciones de alimentos en las naciones del Caribe). El representante de la organización para la región, Mario Lubetkin, lamentó: “Nos estamos alejando cada vez más del cumplimiento de la agenda 2030”.
José Graziano, ex director general de la FAO que ayudó a diseñar el muy elogiado programa “Hambre Cero” de Brasil a principios de la década de 2000, dijo que el impulso de la región para exportar productos agrícolas puede hacer subir los precios de esos mismos productos básicos en el país. Brasil, por ejemplo, es uno de los mayores exportadores de arroz del mundo. Pero Graziano dijo que el país a menudo no tiene suficiente a mano para el consumo local y termina importando el grano, lo que lleva a precios más altos para los brasileños.
“Es un sistema perverso”, dijo Graziano a AQ.
Debido a que muchas personas recurren a alimentos baratos y procesados que tienen una vida útil prolongada y pueden sobrevivir largos viajes a aldeas remotas de la selva y la montaña, el número de personas con sobrepeso y obesidad está aumentando simultáneamente. “América Latina tiene ahora el doble de personas que sufren de obesidad que de hambre”, dijo Eugenio Díaz-Bonilla, asesor especial del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
El cambio climático también es un culpable, ya que contribuye a la pérdida de cosechas y a la propagación de hongos, como la roya del café y el Fusarium TR4, que ataca a los plátanos. La invasión rusa de Ucrania en 2022 hizo subir los precios de los fertilizantes, poniéndolos fuera del alcance de muchos pequeños agricultores de América Latina. Eso significó rendimientos más bajos y precios más altos en los supermercados.
Otro factor es el número sin precedentes de personas en toda la región que hacen las maletas y se mudan. El caso más dramático es el de Venezuela, donde casi una cuarta parte de la población ha huido al extranjero en medio del colapso económico del país.
“El movimiento de personas lleva a la pérdida del acceso a los alimentos y a la protección social”, dijo Susana Raffalli, experta en seguridad alimentaria y nutrición en Venezuela. “Esto está sucediendo en toda América Latina”.
Frente a estos desafíos, algunos gobiernos han actuado con lentitud o se han visto demasiado atrapados en otras crisis, desde la violencia de las pandillas hasta los desastres naturales, como para prestar toda su atención a la seguridad alimentaria.
Tomemos el caso de Perú. El país tiene ahora su séptimo presidente en los últimos siete años. Eso ha significado sillas musicales en la cima de los ministerios del gobierno, lo que dificulta mucho la ejecución de programas de protección social coherentes. En la actualidad, el 51% de la población peruana padece inseguridad alimentaria. Hace una década, esa tasa era de alrededor del 38%.
Carolina Trivelli, quien fue ministra de Desarrollo Social e Inclusión del Perú entre 2011 y 2013, le dijo a AQ: “Si preguntas: ‘¿Quién es responsable de la seguridad alimentaria en el Perú?’, la respuesta es: nadie”.
El almacén del Banco de Alimentos Benavidez en Buenos Aires, donde se almacenan los alimentos donados hasta que van a diversas organizaciones para ser distribuidos en comedores populares.
Varios programas gubernamentales de distribución de alimentos se han visto empañados por el robo, el soborno y el crimen organizado. El caso más infame involucró a Alex Saab, un empresario colombiano que suministró alimentos para un programa de ayuda a Venezuela conocido como CLAP. En 2019, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Saab, alegando que utilizó contratos CLAP sobrevalorados para “saquear cientos de millones de dólares de venezolanos hambrientos”. Además, era comida de mala calidad. Un análisis químico de la leche en polvo CLAP mostró que para obtener su calcio diario, los niños habrían tenido que tragar hasta 41 vasos de la leche.
La fiscalía de México ha acusado a unas 90 personas de Segalmex, la agencia gubernamental de seguridad alimentaria, en una investigación sobre la presunta malversación de más de 500 millones de dólares. En Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció en su discurso inaugural de 2022 que la lucha contra el hambre sería su primera prioridad. Pero su gobierno se ha visto debilitado por un creciente escándalo de malversación de fondos en torno a la compra de camiones cisterna con precios excesivos para proporcionar agua potable a las aldeas indígenas pobres.
“Petro habla todo el tiempo sobre el hambre”, dijo Felipe Roa-Clavijo, experto en seguridad alimentaria de la Universidad de los Andes en Bogotá. “Pero no ha hecho mucho”.
En Argentina, Milei suspendió temporalmente la distribución de alimentos del gobierno a comedores populares para investigar la presunta corrupción del gobierno anterior. Un nuevo escándalo estalló en mayo cuando se descubrieron 5.000 kilos de leche, harina de maíz, frijoles y otros alimentos básicos que estaban a punto de caducar en almacenes gubernamentales en Buenos Aires y Tucumán.
“Hoy estamos usando las mismas herramientas que usábamos hace 10 años. Pero la pobreza y el hambre son diferentes” (Carolina Trivelli, ministra de Desarrollo Social e Inclusión de Perú, 2011-13)
CAMBIANDO LAS TORNAS NUTRICIONALES
Los expertos dicen que los gobiernos latinoamericanos deben priorizar la seguridad alimentaria y aumentar el gasto en programas que tienen un historial de éxito, como las campañas de alimentación escolar. También necesitan reorganizar los programas existentes, como la distribución de dinero y alimentos, y utilizar herramientas como la política tributaria y las regulaciones nutricionales para promover una alimentación más saludable.
“Se necesita una estrategia general y luego hay que financiarla”, dijo Díaz-Bonilla, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. “De lo contrario, es solo una lista de deseos”.
Muchos países han adoptado las transferencias monetarias condicionadas. Estos programas alientan a los padres a invertir en sus hijos manteniéndolos en la escuela y realizándoles chequeos médicos y vacunas. A cambio, reciben estipendios mensuales que les permiten comprar, entre otras cosas, más alimentos. América Latina fue pionera en programas de transferencias monetarias, y el primero se lanzó en México en 1997.
Pero requieren un reinicio.
“Hoy estamos usando las mismas herramientas que usábamos hace 10 años”, dijo Trivelli, el exministro peruano. “Pero la pobreza y el hambre son diferentes”.
Por ejemplo, los residentes rurales pobres siguen emigrando a las ciudades latinoamericanas. Pero estos recién llegados tienden a mudarse con frecuencia y a alternar entre empleos informales, lo que dificulta la inscripción para recibir transferencias de efectivo y otros beneficios.
La vivienda, el pasaje de autobús, el fácil acceso al alcohol y la extorsión por parte de las bandas criminales hacen que las ciudades sean más caras, pero los estipendios a menudo siguen estando indexados al costo de vida en el campo. “Es mucho más difícil abordar la pobreza urbana que la rural”, dijo Graziano, ex director general de la FAO.
También se requieren ajustes en el sistema porque las limosnas no siempre terminan en los bolsillos de los más necesitados. Una investigación de la ONU publicada el año pasado encontró que poco más de la mitad de todos los receptores de transferencias monetarias en América Latina vivían por encima del umbral de la pobreza.
Ese fue el caso en México, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminó los programas de asistencia social de larga data en favor de otros nuevos para ayudar a los adultos mayores, los jóvenes desempleados, los agricultores y las personas con discapacidades. Pero los más pobres de México terminaron recibiendo una proporción menor del gasto social, según datos del gobierno compilados por Associated Press. La pobreza extrema aumentó.
Las dádivas gubernamentales también pueden cegar a los funcionarios públicos ante el panorama general. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, las transferencias de efectivo pueden generar votos. Pero no deben suplantar a los proyectos que pueden tener más impacto, dijo Ignacio Gavilán, director senior de alianzas de sistemas alimentarios de la Red Mundial de Bancos de Alimentos, quien pasó años trabajando en América Central y del Sur.
“En la selva tropical de Petén en Guatemala, todo el mundo bebe Pepsi porque el agua no es potable”, dijo. “El gobierno prefiere dar subsidios que construir sistemas de agua”.
Para promover dietas más saludables y hacer llegar más dinero a las manos de los pequeños agricultores, las agencias gubernamentales en Colombia tienen el mandato de comprar directamente alimentos frescos de los productores locales. Eso elimina a los intermediarios que pueden llevar estos productos a mercados lejanos, pero que pagan a los agricultores precios más bajos. El Congreso de Colombia también aprobó exenciones fiscales para las empresas que donan a los bancos de alimentos.
Torero, economista jefe de la FAO, dijo que el progreso requiere una mejor coordinación. Señala las enormes sumas desperdiciadas en proyectos superpuestos por parte de las agencias multilaterales, muchas de las cuales “financian involuntariamente lo mismo en el mismo país”.
La piscicultura es una forma relativamente barata y eficiente de producir proteínas. Pero Torero dijo que los países también deben mejorar la cadena de frío, el almacenamiento y el transporte para que el pescado y otros productos perecederos puedan llegar a más personas en áreas remotas.
Para evitar la duplicación, los gobiernos podrían combinar la ayuda en casos de desastre con programas regulares de alimentos. En la mayoría de los países, la responsabilidad de la nutrición y la seguridad alimentaria está repartida entre los ministerios de agricultura, salud y protección social, lo que a menudo conduce a la confusión y la inercia.
“Los gobiernos podrían nombrar a un zar de la alimentación para coordinar todo”, dijo Trivelli.
También hay lecciones que aprender de Brasil, que fue noticia a principios de la década de 2000 por sus exitosos esfuerzos para reducir la pobreza y el hambre bajo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Brasil se basó en una combinación de sólidas transferencias de efectivo, alimentación escolar y otros programas, al tiempo que reunía una base de datos completa de familias en riesgo. Este registro nacional único permitió a las agencias gubernamentales aumentar rápidamente la asistencia durante la pandemia de COVID-19 y otras emergencias, dijo Mary Arends-Kuenning, demógrafa económica de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign que ha llevado a cabo una amplia investigación en Brasil.
“El hambre no es natural. Es, sobre todo, el resultado de decisiones políticas”. —Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva
Cuando Lula regresó a la presidencia para un tercer mandato el año pasado, continuó donde lo dejó. Restableció el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil, prohibió los alimentos ultraprocesados del programa de alimentación escolar y aumentó el gasto para ese programa en un 35%.
Resulta que canalizar más dinero a la lucha contra el hambre tiene sentido desde el punto de vista económico. Una investigación realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) encontró que a los países les costaría el 1,5% de su PIB anual proporcionar alimentos saludables a las personas necesitadas. Por el contrario, el costo de no hacer nada, en términos de atención médica y pérdida de productividad, sería del 6,4% del PIB.
Lula respaldó este enfoque en una cumbre en julio en Río de Janeiro en la que propuso formar una alianza global contra el hambre.
“El hambre no es natural”, dijo en un discurso. “Es, sobre todo, el resultado de decisiones políticas”.
CONFIAR EN LOS BANCOS DE ALIMENTOS
“Este país produce tanto, pero todo es muy caro”.
Yanet Lozano no sabe a quién culpar. Madre soltera de tres niños pequeños, gana 400 dólares al mes limpiando casas en los barrios más elegantes de Tigre, pero dijo que la inflación hace que sea casi imposible mantener a su familia alimentada. Sujetando la ropa sucia a su tendedero en el patio delantero en su día libre, Lozano, de 31 años, dijo: “Este país produce mucho, pero todo es muy caro”.
Yanet Lozano, de 31 años, vive en el barrio Las Tunas de Tigre, cerca del centro comunitario de Lorena Hernández.
Su estado de ánimo se ilumina cuando la conversación se dirige al centro comunitario, el que dirige Lorena Hernández y que está convenientemente ubicado a pocas cuadras de distancia. En su cocina, los cocineros convierten papas, pastas, zanahorias y otros comestibles suministrados por los Bancos de Alimentos de Argentina en platos sencillos pero nutritivos.
Lozano a veces envía a sus hijos a la cama solo con té y pan, pero en el centro, al menos reciben un almuerzo sólido. Y agregó: “No sé qué haríamos sin él”.
Este artículo es una adaptación de Informe especial de AQ sobre la seguridad alimentaria en América Latina
JOHN OTIS escritor y periodista radicado en Colombia. Anteriormente jefe de la oficina de América del Sur del Houston Chronicle
Merle es una fotoperiodista radicada en Buenos Aires. Su trabajo ha sido publicado por Getty Images, Financial Times y AP, así como por varias organizaciones de noticias en Argentina.
