AGRONEGOCIOS

Pequeñas marcas yerbateras misioneras abrieron nuevos mercados en Expo Mate

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La participación de las marcas yerbateras misioneras en Expo Mate 2026 dejó resultados positivos para cooperativas y pequeños productores que, por primera vez y de manera conjunta, llevaron sus productos al mercado bonaerense. La feria comercial se desarrolló del 23 al 25 de mayo en San Isidro y reunió a más de 150 expositores y alrededor de 18 mil visitantes.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio del Agro y la Producción junto al Movimiento Agrario de Misiones (MAM), con el acompañamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que cedió los espacios de exposición. El objetivo fue acercar la yerba mate envasada de pequeños productores y cooperativas a nuevos consumidores y ampliar sus oportunidades comerciales. “Expo Mate confirmó que las pequeñas marcas pueden crecer cuando hay articulación y acompañamiento. Desde el gobierno de la provincia creemos en generar oportunidades concretas para que cooperativas y productores lleguen a nuevos mercados”, expresó el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori.

Durante las tres jornadas, las marcas misioneras ofrecieron yerbas elaboradas bajo sistema tradicional barbacuá, producciones agroecológicas y orgánicas, despertando el interés del público por la calidad de los productos y el vínculo de las familias productoras con el territorio y el monte misionero. En esta edición también se sumó la comunidad mbya guaraní Perutí con su marca de yerba elaborada en la aldea, una propuesta que incorpora prácticas agroecológicas y aporta identidad cultural a la diversidad productiva presente en el stand misionero.

El subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, destacó que la participación grupal fortaleció la presencia de las pequeñas marcas y permitió alcanzar resultados concretos. “Participar en forma grupal fortalece las opciones de las pequeñas marcas”, señaló. Asimismo, remarcó que la feria permitió concretar muy buenas ventas y generar contactos comerciales que beneficiarán directamente a quienes producen en las chacras. “La venta directa a cargo de los productores es claramente el camino que debemos transitar”, sostuvo.

Las propias marcas valoraron la experiencia y el contacto directo con consumidores y potenciales compradores. Mabel Acosta, representante de la Cooperativa Río Paraná, destacó la alta concurrencia y el interés sostenido del público durante toda la feria, señalando que el principal desafío hacia adelante será fortalecer la logística comercial y los equipos de promoción para responder a la creciente demanda. “Necesitamos mayor acompañamiento y equipos de promoción para atender esta enorme demanda”, agregó Acosta. Por su parte, César Weis, de Yerba Mate Atardecer, remarcó la repercusión obtenida en este nuevo mercado. “Se conoció nuestro producto en un nuevo mercado. Vendimos el 65% de lo que llevamos al por menor y el 20% al por mayor”, detalló.

Tras esta experiencia, cooperativas y pequeños productores ya proyectan nuevas participaciones en ferias y espacios comerciales de Buenos Aires, consolidando una estrategia que apuesta al agregado de valor, la comercialización directa y la visibilización del trabajo de las familias yerbateras misioneras.

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Discutir la tierra en tiempo de fracking

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Para entender lo que realmente está en juego con Vaca Muerta, primero tenemos que hacer un pequeño esfuerzo didáctico porque la categoría central de este problema no es el barril que se extrae sino el barril que sobra. Imaginemos por un momento a un agricultor que cada mañana debe caminar hasta un pozo para traer agua para sus cultivos. Si el pozo está a diez metros de distancia, camina veinte metros entre ida y vuelta, llena su balde de diez litros y vuelve. Por cada diez litros que trae, invierte energía para mover veinte metros. Ese gasto es pequeño, casi despreciable, y el excedente de energía que le queda para sembrar, cosechar, regar más superficie o simplemente descansar es enorme. Pero si el pozo está a quinientos metros, entonces cada balde de diez litros le exige caminar un kilómetro entero. El esfuerzo físico que invierte para conseguir el mismo volumen de agua es abrumadoramente mayor. Al final del día, quizás ambos agricultores hayan traído la misma cantidad total de agua, pero el segundo llegará a la noche tan agotado que no le quedará energía para hacer otra cosa que no sea prepararse para repetir la misma agotadora caminata al día siguiente. Eso que acabamos de describir, con la sencillez de una metáfora campesina, es exactamente lo que los ingenieros y los físicos llaman retorno energético, o tasa de retorno energético, o más sencillamente: cuánta energía te sobra después de pagar el costo de obtenerla.

El petróleo convencional del Golfo San Jorge en sus mejores épocas, allá por los años cincuenta del siglo pasado, funcionaba como el pozo de agua a diez metros. Los datos documentados a nivel mundial para el petróleo fácil de aquella época indican tasas de retorno energético que oscilaban entre 70 a 1 y 100 a 1. Eso significa que por cada barril de energía que la industria invertía en buscar, extraer, refinar y transportar el petróleo, obtenía entre setenta y cien barriles. El excedente neto que quedaba disponible para el resto de la sociedad era de entre sesenta y nueve y noventa y nueve barriles por cada barril invertido. Ese excedente colosal es lo que permitió construir carreteras, escuelas, hospitales, industrias, sistemas de transporte público y también, por supuesto, la agricultura industrial moderna con sus fertilizantes sintéticos y sus tractores y sus cosechadoras. Vaca Muerta, en cambio, es el pozo de agua a quinientos metros. La mejor documentación disponible para el fracking en formaciones no convencionales indica tasas de retorno energético que rondan entre 5 a 1 y 8 a 1 como máximo. Por cada barril de energía invertido, se obtienen entre cinco y ocho barriles. El excedente neto que le queda a la sociedad es de entre cuatro y siete barriles por cada barril invertido. La diferencia no es marginal ni técnica ni académica: es abismal. Estamos hablando de que la eficiencia energética de nuestro sistema extractivo se desplomó entre diez y veinte veces comparada con la del petróleo convencional. Y ese desplome no es un dato curioso para especialistas: es el destino concreto del país.

Por eso el gobierno celebra récords de extracción en Vaca Muerta como si fueran sinónimo de progreso, pero lo que no dice es que esos récords son récords de cantidad bruta, no de excedente neto. Es como si el agricultor del pozo lejano celebrara que logró traer cien baldes de agua en un día sin mencionar que para lograrlo caminó cien kilómetros, llegó al borde del colapso físico, y no le quedó energía ni para cocinar su propia comida. La trampa comunicacional es gigantesca porque nuestra sociedad no está entrenada para medir categorías como retorno energético. Estamos entrenados para medir plata, y en plata Vaca Muerta puede dar números muy vistosos, especialmente cuando el precio internacional del petróleo es alto. Pero la plata es un truco contable mientras la energía es una realidad física. Se puede imprimir plata, se puede pedir prestada plata, se puede redistribuir plata. La energía que sobra después de pagar el costo de extraer la siguiente energía no se imprime, no se pide prestada, no se redistribuye: es el margen real que tiene una sociedad para hacer cualquier cosa que no sea extraer energía. Y ese margen, con Vaca Muerta, se redujo drásticamente respecto a lo que teníamos con el petróleo convencional. Por eso es completamente en vano esperar que de los récords de Vaca Muerta broten como por arte de magia nuevas escuelas, nuevas fábricas, nuevas rutas o nuevos hospitales. La energía que se lleva el fracking para seguir funcionando no es una inversión que luego retorna en forma de desarrollo. Es un costo energético que se quema en el proceso, que se disipa en forma de calor, presión, fricción y gasoil consumido por motores gigantescos. Lo que le queda al país después de ese enorme gasto es tan pequeño, tan magro, que difícilmente pueda financiar otra cosa que no sea el propio sistema extractivo y quizás algún que otro subsidio para mantener la paz social. La época en que el petróleo construía escuelas fue la época del petróleo barato y abundante. La época del fracking es la época del petróleo caro y escaso en términos netos, aunque los titulares digan lo contrario.

Ahora bien, esa reducción del excedente energético neto no queda encerrada en los pozos petroleros. Se derrama, o mejor dicho se filtra, hacia toda la economía y hacia el campo argentino en particular. El fertilizante nitrogenado que necesita la agricultura industrial para alcanzar los rindes actuales se fabrica íntegramente a partir de gas natural, el mismo gas natural que se extrae en Vaca Muerta con ese retorno energético tan bajo. Los agroquímicos, los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas, todos son derivados del petróleo o del gas. El gasoil que mueve los tractores, las cosechadoras, los camiones que llevan el grano al puerto, todo sale de la misma cadena extractiva cuya eficiencia energética se derrumbó. Cuando el retorno energético del sistema petrolero cae de 70 a 1 a 5 a 1, el costo energético de producir una tonelada de maíz o de soja se multiplica inevitablemente. No porque los productores se vuelvan ineficientes, sino porque el insumo energético base con el que se fabrican todos los demás insumos se volvió mucho más caro en términos energéticos, es decir en el único término que importa cuando hablamos de la realidad física del planeta. La consecuencia de esto no es un aumento lineal de precios que todos sufren por igual, sino una profunda reconfiguración de quién puede producir y quién termina vendiendo su tierra. Porque el pequeño productor agropecuario, el que trabaja con márgenes ajustados, con pocas hectáreas, con maquinaria más vieja y menos capacidad de acceso al crédito, es el primero que no puede absorber el encarecimiento relativo de los insumos energéticos. Si el fertilizante cuesta el doble en términos de lo que el pequeño productor puede pagar, simplemente compra la mitad y sus rindes caen. Si el gasoil para sembrar y cosechar se lleva un porcentaje cada vez mayor de lo que espera cobrar por su cosecha, el margen se vuelve negativo. El grande, en cambio, el pool de siembra, la empresa agroindustrial, puede negociar precios por volumen, puede invertir en maquinaria de mayor eficiencia, puede acceder a coberturas financieras y puede también, y esto es lo crucial, comprar la tierra del pequeño productor cuando este no puede seguir. No por maldad, insistamos, sino por física. El pequeño productor es expulsado del sistema no por una ley malvada sino porque la ecuación energética del sistema agroindustrial moderno, construido sobre la base de petróleo barato con altísimo retorno energético, se rompió. Y lo que estamos viendo en las últimas décadas, esa concentración sostenida de la tierra en menos manos, no es un fenómeno puramente político o económico. Es también, y quizás fundamentalmente, un fenómeno energético.

Frente a este diagnóstico, la agroecología en minifundios y agricultura familiar no puede ser presentada como una vuelta romántica al pasado ni como una concesión estética a los movimientos ambientalistas. Es, en rigor, la única alternativa civilizatoria que está a la altura de la nueva realidad energética. Un sistema agroecológico diversificado, con rotación de cultivos, integración de animales, reciclaje de nutrientes, abonos verdes y control biológico de plagas, tiene una dependencia mucho menor de los insumos sintéticos fabricados con gas y petróleo. No necesita el fertilizante nitrogenado que se hace con gas de Vaca Muerta porque fija nitrógeno mediante leguminosas y recicla materia orgánica. No necesita los herbicidas derivados del petróleo porque maneja las malezas con prácticas culturales y coberturas. Su rendimiento por hectárea de un cultivo específico puede ser menor al de la agricultura industrial en un año de precios altos, pero su rendimiento energético neto por hectárea, es decir cuánta energía alimentaria obtiene en relación a la energía fósil que invierte, es abrumadoramente superior. En un mundo de petróleo barato con retorno energético altísimo, ese diferencial no importaba porque la energía fósil sobraba. En un mundo de fracking con retorno energético de 5 a 1, ese diferencial se vuelve la línea que separa la viabilidad del colapso. Por eso discutir la tierra en tiempo de fracking no puede reducirse a la vieja discusión entre latifundio y minifundio, ni a la discusión sobre derechos de propiedad, ni a la discusión sobre precios relativos y subsidios. Es una discusión mucho más profunda. Es la discusión sobre cuánta energía neta le va a quedar a este país después de pagar el costo energético de extraer la energía que necesita para funcionar. Y esa energía neta, cada vez más escasa, es la única que puede destinarse a sostener un sistema alimentario. Si seguimos insistiendo en un modelo agrícola que requiere grandes cantidades de insumos sintéticos fabricados con energía de bajo retorno, lo único que lograremos es acelerar la concentración de la tierra y la desaparición del pequeño productor, porque ese modelo solo es viable con energía baratísima y abundantísima que ya no existe. La agroecología en manos de la agricultura familiar no es una opción entre otras. Es el único camino que no requiere hipotecar el futuro energético del país para alimentar a su población. Una tierra en pocas manos, alimentada con energía ineficiente extraída a través del fracking, no es soberanía. Es una factura que estamos pasando sin querer ver, y que alguien va a tener que pagar. Y mientras tanto, los récords de Vaca Muerta seguirán sonando en los titulares, pero las escuelas seguirán sin construirse, las fábricas seguirán sin abrir sus puertas, las rutas seguirán llenas de baches, y la promesa de que el petróleo trae desarrollo quedará expuesta como lo que siempre fue en esta nueva era: un espejismo que se desvanece en cuanto uno intenta agarrarlo.

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A propósito del populismo

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El mercado jamás podrá resolver un detalle esencial. No abraza ni puede ni quiere a nadie

Diputado, le habla un hombre del interior argentino. Un misionero, igual que usted. Uno que desde hace más de veinte años trabaja en el sector privado real y representa con orgullo a su provincia desde la gastronomía y la cultura. No desde conferencias elegantes ni desde la comodidad de un despacho climatizado, sino desde la experiencia concreta de invertir, sostener empleados, pagar impuestos, atravesar crisis y seguir apostando al trabajo aun en los peores momentos del país.

Tal vez allí aparezca también una diferencia importante entre ambos recorridos. Mientras muchos de nosotros elegimos generar trabajo, abrir persianas y asumir el riesgo cotidiano de producir en la Argentina profunda, usted, luego de retirarse del tenis profesional, eligió vincularse al sector financiero, un ámbito que claro está no produce trabajo operativo real dentro de la sociedad ni construye tejido productivo concreto en la escala en que lo hacen quienes todos los días sostienen comercios, restaurantes, chacras, talleres o pequeñas empresas.

Son caminos distintos. Pero conviene mencionarlo porque resulta curioso escuchar extensas lecciones sobre “la economía real” pronunciadas desde espacios donde el capital suele desplazarse con mucha más velocidad que el esfuerzo concreto de quienes todavía dependen de vender, producir, atender clientes o llegar abiertos a fin de mes.

Por eso llama la atención cierta pedagogía del sacrificio pronunciada desde sectores acomodados que parecen haber descubierto recientemente la pobreza, aunque siempre desde una prudente distancia estética.

Porque hay algo casi refinadamente irónico en escuchar explicaciones sobre “el sinceramiento de la economía” dadas por dirigentes cuyo salario llega puntualmente todos los meses gracias al mismo Estado que cuestionan con fervor doctrinario. Resulta siempre más sencillo teorizar sobre el sufrimiento social cuando el sufrimiento ocurre lejos del propio comedor.

Y eso hoy se percibe con claridad en toda la Argentina. Se percibe en el pequeño comerciante que empieza a apagar heladeras para ahorrar electricidad. En el restaurante que reduce calidad para no espantar clientes con nuevos precios. En las familias que reorganizan silenciosamente su alimentación. En el jubilado que vuelve a mirar el costo de un medicamento como quien observa un lujo inaccesible. También se percibe en economías regionales como la yerba mate, donde el productor cobra cada vez menos por la hoja verde mientras el paquete continúa costando prácticamente lo mismo en góndola.

Allí el relato del libre mercado comienza a exhibir un problema incómodo: cuando el productor pierde, el consumidor jamás gana. El sacrificio parece detenerse siempre en el mismo lugar. Abajo.

Y quizá allí aparezca el aspecto más frío de ciertas miradas ultraliberales contemporáneas. Su dificultad para observar al ser humano por fuera de la lógica de rentabilidad. La sociedad deja entonces de ser una comunidad para convertirse en una competencia permanente donde algunos logran conservar privilegios mientras otros aprenden lentamente a naturalizar la caída.

John Maynard Keynes comprendió algo elemental que muchos liberales contemporáneos parecen olvidar: cuando una economía destruye consumo, empleo y capacidad adquisitiva de las mayorías, termina destruyéndose a sí misma. Porque el mercado no se mueve solamente por grandes capitales. Se mueve también por el pequeño comerciante, por el trabajador que consume, por la familia que todavía puede sentarse en un restaurante, comprar ropa o sostener una vida digna.

Sin demanda no existe rueda económica posible.

Por eso el keynesianismo jamás fue simplemente gasto indiscriminado como tantas veces se caricaturiza superficialmente. Fue, antes que nada, una doctrina económica que entendió algo profundamente humano: las sociedades necesitan evitar la exclusión absoluta de grandes sectores de la población porque cuando el tejido social se rompe, el daño deja de ser únicamente económico y pasa a ser civilizatorio.

Y allí emerge una pregunta moral incómoda que rara vez se formula con honestidad brutal: qué lugar ocupa el semejante dentro de un modelo que naturaliza que siempre deba existir una parte de la sociedad perdiendo para que otra pueda conservar privilegios y niveles de consumo.

Porque en el fondo determinados modelos económicos necesitan rezagados. Necesitan personas desesperadas aceptando cualquier condición para sostener salarios bajos, trabajos precarios y sistemas donde la rentabilidad siempre encuentre mano de obra disponible. Nadie imagina para sus hijos una vida de descarte. Sin embargo alguien debe hacerlo para que la maquinaria siga funcionando con eficiencia matemática y sensibilidad mínima.

Entonces el problema deja de ser solamente económico. Empieza a ser profundamente humano.

Y allí aparece algo que ciertas miradas economicistas modernas parecen olvidar: la tradición espiritual y humanista sobre la que se construyó Occidente jamás colocó al mercado en el centro de la vida humana. El Evangelio no habla de competitividad. Habla del prójimo.

“Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber”. El Evangelio según San Mateo no pregunta primero por la rentabilidad ni por el equilibrio fiscal. Pregunta qué hicimos frente al sufrimiento del otro.

También resulta difícil no recordar aquella frase bíblica que afirma que “el amor al dinero es la raíz de todos los males”. No la riqueza. No el trabajo. No el esfuerzo individual. El amor desmedido al dinero por encima de toda dimensión humana.

El mercado no abraza ni puede ni quiere a nadie. No acompaña a un enfermo. No contiene emocionalmente a quien perdió su trabajo. No tiene misericordia ni compasión porque simplemente no fue creado para eso. El mercado calcula. Selecciona. Descarta. Y luego llama “adaptación” a las consecuencias humanas de esa lógica.

Por eso existen las sociedades. Por eso existe la política. Porque la civilización nació precisamente para impedir que la ley del más fuerte organizara completamente la vida humana.

Y quizá allí resida la diferencia más profunda entre ciertas miradas economicistas y la tradición humanista de nuestros pueblos. Unos creen que el hombre debe adaptarse al mercado aun cuando quede roto en el camino. Otros todavía creen que la economía debe estar al servicio del ser humano.

Tal vez por eso generan tanto rechazo algunos discursos pronunciados con una serenidad casi clínica frente al deterioro social, como si el hambre fuese apenas una transición estadística y no una tragedia concreta que ocurre mientras se redactan largos hilos sobre libertad económica desde una banca calefaccionada.

Y quizá toda esta discusión termine resumiéndose en aquella frase atribuida a antes de la Revolución Francesa: “si el pueblo no tiene pan, que coma tortas”.

La historia demuestra que las sociedades pueden tolerar muchas cosas. Lo que rara vez perdonan es la indiferencia volitiva.

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Hugo Sand exigió la restitución de las facultades del INYM

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El plenario de las comisiones de Economía y Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación, conducido por Julia Strada y Luis Basterra (UxP), trocó el debate técnico-arancelario por una encendida confrontación política, jurídica e identitaria. La irrupción de Hugo Sand, histórico dirigente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y uno de los mentores de la Ley 25.564 de creación del INYM, personificó el contraataque del minifundio frente a la avanzada desreguladora de la gran industria molinera correntina.

El testimonio de Sand no solo confrontó la tesis de libre mercado expuesta minutos antes por el sector corporativo, sino que impugnó la validez jurídica del DNU 70/23 y reabrió la histórica disputa sobre los modelos de ocupación territorial en el Nordeste Argentino (NEA): el arraigo cooperativo del colono frente al monocultivo corporativo de gran escala.

La objeción constitucional al DNU 70/23

Apalancándose en una interpretación estricta del derecho público, el referente de APAM dirigió sus argumentos hacia el exdirector correntino Joaquín Comas y hacia la propia administración central, cuestionando la arquitectura jurídica de la desregulación yerbatera. Sand impugnó la validez del instrumento ejecutivo bajo la lente del control de convencionalidad y de los requisitos de excepcionalidad institucional:

“Cuando se emite ese DNU, se ve que no se leyó la Constitución Nacional. En su artículo 99, inciso 3, dice que los decretos de necesidad y urgencia tienen que ser urgentes, de emergencia, específicos y certeros. ¿Dónde están los estudios técnicos que avalan el capítulo yerbatero? El decreto no cumple estos requisitos y arrojó a la miseria al eslabón primario”.

Para la dirigencia de la zona centro misionera, el retiro de las potestades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no configura una modernización de mercado, sino una anomalía jurídica que carece de la debida fundamentación empírica. Bajo esta premisa, Sand solicitó formalmente a los bloques legislativos avanzar hacia una declaración de inconstitucionalidad del decreto, exigiendo la inmediata restitución de la estructura regulatoria del INYM con la totalidad de sus atribuciones de fijación de precios sostén.

El modelo de ordenamiento: Regulación, cupos y mercado consignatario

Frente al diagnóstico de la industria que atribuye la caída de precios a un ciclo endógeno de sobreoferta biológica, el líder de APAM defendió la necesidad de una economía administrada para corregir las asimetrías de origen en cadenas de valor con alta concentración de demanda.

Sand delineó la agenda de máxima de los productores agrarios misioneros para estabilizar el sector, estructurada sobre tres ejes macroeconómicos:

Regulación de la oferta y limitación de plantaciones: El dirigente aclaró que la histórica y polémica Resolución 170 no buscaba la “prohibición” del comercio, sino un esquema de planificación que limitara la expansión desmedida de nuevas superficies en manos de capitales concentrados.

Cupos de cosecha: Un mecanismo de cuotificación para administrar los volúmenes de hoja verde ingresados a secaderos en épocas de saturación de inventarios, evitando el desplome del precio real.

Mercado Consignatario de la Yerba Mate: El rescate de una herramienta financiera largamente postergada que actúe como un colchón de liquidez para el pequeño productor, evitando que deba malvender su stock ante la urgencia financiera de la cosecha.

El pasaje más denso del discurso de Sand expuso el profundo hiato cultural e ideológico que separa las realidades de Misiones y Corrientes. El dirigente de Oberá trazó un paralelismo crítico con el sector foresto-industrial (citando el caso de la firma Arauco) para ilustrar el riesgo sociodemográfico de desplazar el cultivo tradicional de la yerba mate por esquemas de monocultivo extensivo.

“El monocultivo significa la extinción de la biodiversidad, significa la muerte de la selva misionera. ¿Para qué? ¿Para plantar pino? Un kilo de pino de 22 años vale 14 pesos en la ciudad de Oberá. Ese modelo expulsa a las familias rurales y precariza el territorio”.

El planteo advierte sobre un proceso de reprimarización de la tierra y pauperización del colono. Desde la perspectiva de APAM, desregular la yerba mate equivale a forzar la conversión de minifundios polifuncionales y sustentables hacia economías de escala de bajísimo valor específico por unidad de biomasa, destruyendo el tejido social de las colonias.

La distancia entre el territorio y la burocracia

El cierre de la alocución de Sand evidenció la fractura institucional que atraviesa al sector tras los últimos cambios en la conducción del INYM. Con un tono directo, el dirigente de la zona centro dejó en claro el distanciamiento de las bases agrarias respecto a las nuevas autoridades designadas por la Casa Rosada y a los legisladores oficialistas de la provincia:

“Hoy recién conozco al presidente del INYM (Rodrigo Correa). Nosotros no pudimos ir todavía al instituto. Le pido a los diputados que nos acompañen y a los sindicatos rurales que organicen una reunión en el territorio, donde están realmente los tareferos y los productores, para que vean lo que les pasa”.

El plenario de comisiones ratificó que el conflicto yerbatero excede la frontera de una paritaria sectorial. Mientras la molinería integrada analiza la coyuntura desde la optimización logística y los balances comerciales de exportación, el cooperativismo de base defiende al INYM como la última línea de defensa institucional frente a la descapitalización de la chacra y el consecuente vaciamiento demográfico del interior misionero.

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Comas: “Quizás sea el momento de ir hacia la disolución del INYM”

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Joaquín Comas, presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes y representante de Las Marías, se sumó al planteo de que el DNU 70/23 simplemente coincidió con el pico de la curva de oferta. Comas fue más allá en la flexibilización regulatoria y solicitó directamente la disolución total del INYM, acusando al organismo de haber actuado durante un cuarto de siglo como un escollo burocrático incapaz de abrir nuevos mercados internacionales.

El debate sobre la desregulación yerbatera en el Congreso de la Nación sumó un componente de alta densidad política y jurídica que trasciende la discusión coyuntural sobre los precios de “abandono” en la chacra. Durante el plenario de las comisiones de Economía y Economías Regionales en la Cámara de Diputados, la representación de la industria molinera de Corrientes elevó la apuesta: no solo defendió el retiro del Estado instrumentado por el DNU 70/23, sino que reclamó formalmente la disolución definitiva del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), apalancándose en un proyecto legislativo que busca erradicar lo que consideran una “maraña burocrática” inconstitucional.

La postura correntina, sintetizada en la exposición de Joaquín Comas —presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes y exdirector del INYM entre 2022 y 2024—, introdujo un análisis sistémico sobre los ciclos de sobreoferta y la pérdida de competitividad geopolítica del NEA frente a Paraguay y Brasil.

La hipótesis de la coincidencia temporal y el ciclo biológico

Para los sectores concentrados de la molienda correntina, adjudicar la actual depresión de precios relativos a la vigencia del DNU 70/23 constituye un error de diagnóstico macroeconómico. Comas apeló a la teoría de los ciclos de commodities agrícolas para aislar la variable regulatoria del comportamiento del mercado:

“El decreto 70/23 no produjo el problema que hay hoy; lo produjo simplemente la oferta y la demanda. Son ciclos. El riesgo que corre todo productor es el que corre cualquier profesión; no podemos estar pidiendo a ‘papá Estado’ que nos empareje la cancha poniendo restricciones cuando nos va mal”.

De acuerdo con este análisis, el colapso del valor de la hoja verde responde a la maduración biológica de las inversiones realizadas entre 2018 y 2021. Estimulados por un ciclo de precios excepcionales, los productores implantaron aproximadamente 50.000 nuevas hectáreas en la región. Dado que la planta de yerba mate requiere entre 4 y 5 años para alcanzar su productividad plena, el pico de la sobreoferta estructural colisionó cronológicamente con la firma del decreto desregulador.

La batalla por el derecho de propiedad y el fantasma de la Resolución 170

El núcleo duro del argumento correntino se centró en la seguridad jurídica y la jerarquía constitucional, reflotando la polémica por la Resolución 170/21 del INYM. Dicha norma, diseñada bajo una matriz de protección al minifundio, limitaba las nuevas plantaciones a un máximo de 5 hectáreas por año por productor, bloqueando la expansión a gran escala de la industria integrada.

Desde la óptica de la molinería correntina, esa medida fue un quiebre institucional dictado por “trasnochados” que violó el artículo 14 de la Constitución Nacional (derecho a comerciar y ejercer industria lícita) y el derecho a la propiedad privada:

“¿Quién me puede venir a decir que en mi propiedad privada yo tengo que hacer lo que un instituto me diga, cuando se juntaron en un salón siete personas y armaron algo que no pasó ni por comisión?”.

Bajo esta lectura, la fijación de precios mínimos —que según Comas sistemáticamente terminaba en laudos nacionales incumplidos por la fuerza de la realidad física del mercado— y las trabas a la expansión corporativa transformaron al INYM en un esquema asfixiante que no resistía el test de constitucionalidad.

Subsidio cruzado y el “dumping” indirecto hacia Brasil y Paraguay

Uno de los aportes más críticos de la jornada fue la denuncia sobre las consecuencias geopolíticas de la regulación argentina. La industria molinera sostiene que el INYM operó durante un cuarto de siglo como una estructura de extracción de renta que financió su propia burocracia en lugar de generar valor genérico para el sector.

Costo de la estructura: Se estimó el presupuesto del organismo en una caja anual de entre $4.000 y $5.000 millones de pesos, fondeada de manera compulsiva a través de la tasa de fiscalización (estampillado) que paga la industria y que, marginalmente, se traslada al consumidor.

Déficit de inserción global: La crítica sectorial apunta a que, en 25 años, las misiones comerciales del organismo no lograron abrir mercados internacionales significativos, limitando el horizonte de absorción de los excedentes de stock.

El punto neurálgico del análisis de la industria es que las restricciones internas impuestas al productor y al molino argentino actuaron como un incentivo indirecto para el desarrollo agroindustrial de los países vecinos. Al encarecer artificialmente el costo de producción local y limitar la escala, el INYM se convirtió, según la visión correntina, en el “mejor promotor de la yerba mate de Brasil y de Paraguay”, cediendo terreno en el mercado global que recién ahora, tras la liberación del frente exportador, se intenta recuperar.

Hacia la disolución: El Proyecto Brambilla

La ofensiva de los molineros correntinos no quedó en la catarsis retórica. Comas instó al cuerpo legislativo a avanzar de forma definitiva en la liquidación de la estructura del instituto, solicitando el tratamiento del Proyecto de Ley 3161-D, presentado originalmente por la diputada (M.C.) Sofía Brambilla y respaldado por una veintena de legisladores.

Dicha iniciativa busca la derogación integral de los aspectos regulatorios remanentes de la Ley 25.564 y la liquidación de los activos del INYM, bajo la premisa de que los mercados imperfectos encuentran su equilibrio óptimo mediante la libre competencia y la depuración de inventarios, sin necesidad de un arbitraje estatal que fije precios sostén.

La sesión, coordinada por Strada y Basterra, dejó en claro la fosa ideológica que divide a la cadena: mientras las cooperativas de base y los colonos de Misiones observan en la desaparición del INYM la antesala de un proceso de concentración y éxodo rural, la gran industria integrada del norte de Corrientes lo interpreta como una emancipación corporativa indispensable para competir en el mercado internacionalizado del siglo XXI.

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