Cuando en diciembre pasado (07/12/2020) se confirmó que en California, Estados Unidos el agua pasó a cotizar en el mercado de futuros, realizamos un análisis en Economis, contrastando la política misionera, y la regional sobre tan preciado recurso natural.
Ahora recuperamos ese análisis y lo ampliamos con más datos a la fecha:
Lo que en Misiones comenzó a plantearse como debate necesario hace más de seis años, cuando el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira propuso reconocer el valor económico del agua, se transformó en una realidad financiera global: el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de materias primas de Estados Unidos, debido a la escasez de este bien, cuyo precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo, informó el Chicago Mercantile Exchange Group.
El proceso de privatización del agua comenzó hace más de 40 años en Chile, con el dictador Augusto Pinochet, quien lisa y llanamente privatizó el agua y plasmó esa decisión en la Constitución de 1980. Le siguió con la premier británica conservadora Margaret Thatcher, quien privatizó la distribución del fluido y plantó la semilla de los sistemas de concesiones que aplicaron los Gobiernos neoliberales que, Consenso de Washington mediante, se hicieron fuertes en Latinoamérica en los ’90.
Las cotizaciones reflejarán las variaciones del índice Nasdaq Veles California Water Index, con la sigla NQH2O, y se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California que hoy cotizaba a unos 486,53 dólares por acre-pie, una medida de volumen utilizada normalmente en Estados Unidos equivalente a 1.233 metros cúbicos, lo que representa 1.233.000 litros de agua.
Ese valor podrá ser utilizado como referencia en el mundo aunque estos contratos no requieren entrega física de agua y son puramente financieros, basados en el precio semanal promediado entre las cinco principales cuencas de California hasta 2022.
Misiones desde hace varios años le puso valor al agua y considera al líquido vital como un commodity -una materia prima como el petróleo- que debe ser incorporado como costo para las empresas.
De hecho, las principales firmas que operan en la tierra colorada, desde industrias celulósicas, yerbateras, tealeras, hoteles, comenzaron a pagar por el uso del agua. Concretamente, todo aquel que hace un uso comercial del agua debe pagar por ella.
Hoy esta política cobra aún más relevancia en el actual contexto de sequías e incendios. Otro dato relevante es que en Misiones es el Estado el que regula el uso y el valor, no el mercado.
Hasta ahora se acordó el pago con más de 250 empresas misioneras, aunque se calcula que hay muchos más puntos de captación.
La ley I Nº 149 (antes 4519) fue la que asignó a Aguas Misioneras S.E el aprovechamiento lucrativo de las aguas de dominio provincial, comprendiendo a las aguas superficiales, subterráneas y del Sistema Acuífero Guaraní dentro del territorio misionero.
Además Aguas Misioneras S.E tiene asignada la comercialización de las aguas provinciales y, por ello, todas aquellas actividades que directa o indirectamente usufructúan el recurso hídrico con fines económicos directos o indirectos (entiéndase toma directa de agua de río, arroyos o perforaciones; no se incluye al agua de red)deben, a partir de ello, empezar a pagar por su uso.
Pagar por el agua es también una forma de cuidar y concientizar para el uso racional de un recurso que no solo no es infinito sino que cada vez va a faltar más en la Argentina y el mundo. Incluso la provincia de Misiones, en algunas regiones, tiene importantes problemas hídricos.
El precio de Estados Unidos
Por caso, el precio del agua en California se duplicó en el último año, según este indicador, y con la mayor escasez de este bien, la llegada al mercado de materias primas permitirá una mejor gestión del riesgo futuro, de acuerdo con los expertos. Agricultores, fondos o municipios podrán protegerse o especular ante los cambios en el precio del agua.
Según CME Group, los nuevos contratos permitirán una mejor gestión del riesgo asociado a la escasez del agua y al mismo tiempo realizar una mejor correlación entre oferta y demanda en los mercados.
El índice del agua en el mercado de futuros de Wall Street, que comenzó a cotizar el 7 de diciembre pasado, se constituye con el promedio de cinco mercados de California y les permite fijar un precio para los próximos dos meses y una proyección para los próximos ocho trimestres, explicó a la cadena de noticias CNN el economista Alvaro Pereyra, CEO de la operadora bursátil Passfolio, con sede en Nueva York. “Por lo tanto, tenemos el precio indicativo de lo que va a valer el acre por pie de agua (1.233.581,8 litros) para fines de 2022, que rondará los 520 dólares”, agregó Pereyra.
Aunque el índice está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California, donde la escasez del agua aumentó, este valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados del agua.
El nuevo índice permitirá no tener que recurrir a una estimación “a ojo” del precio futuro del agua, sino a cuáles son las expectativas de los principales actores de este mercado.
China y Estados Unidos son los principales consumidores del mundo de agua y, según Naciones Unidas, 2.000 millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua, mientras que en los próximos años, dos tercios del planeta podrían experimentar escasez de agua y millones de personas podrían verse desplazadas.
La explotación excesiva de este recurso por el sector primario, la industria y el consumo humano, así como el cambio climático, llevaron a que este recurso sea cada vez más escaso.
Héctor Rubini, investigador de la Universidad del Salvador, estimó en declaraciones a CNN Radio que “progresivamente el agua comenzará a cotizar en otros mercados mundiales, porque se trata de un recurso cada vez más escaso, y estimó que esta situación se dará “en las próximas tres o cuatro décadas”.
En la misma línea, Federico Di Yenno, operador bursátil especializado en commodities, dijo a Télam que “es factible que dentro de algunos años, bastantes, en áreas donde haya escasez de agua veamos que se cotice en otro mercado de futuro”. Agregó que “así como se ha avanzado en un mercado futuro en un índice para la soja sudamericana, eso podría ocurrir con el agua en algún momento. Brasil y Chile, por ejemplo, lo podrían tener, sobre todo Chile, que tiene un mercado fuerte”.
Pero la perspectiva económica que habilita la mercantilización de un recurso humano tiene otras lecturas y consecuencias.
Para el español Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento de las Naciones Unidas, “no se puede poner un valor al agua, como se hace con otros productos básicos comercializados, porque el agua es un bien público y está vinculada a la salud”. Además indicó que “el agua ya está fuertemente amenazada por la población mundial creciente y la contaminación grave de la agricultura y la industria minera, como para que ahora sea un ítem más del mercado”.
Arrojo-Agudo anticipó a Télam que prepara un informe sobre este tema para la próxima Asamblea General de la ONU, en octubre de este año, “porque un mercado de futuro de este tipo también podría atraer a especuladores como fondos de cobertura y bancos a apostar por estos precios, repitiendo la burbuja especulativa del mercado de alimentos de 2008”.
Gustavo Villa Uria, ingeniero en recursos hídricos y subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación, señaló en diálogo con Télam que en América Latina “está bastante firme la posición de que el agua es un bien público y que no es sujeto de apropiación”.
El funcionario admitió que “algunos sectores muy de derecha en la Argentina creen que el agua es pasible de enajenación”, pero destacó que el “marco normativo (del país) es muy claro, muy contundente, en el sentido de que el agua es un bien público, inajenable, imprescriptible y que no hay forma de que ese bien pase a ser privado sin modificar la Constitución y el Código Civil”.
Pero esa apropiación del agua “se puede conseguir generando organismos hídricos sin capacidad de control, porque si no hay capacidad de control, aunque el bien sea público, se lo apropia el más fuerte”. Es ahí dónde el Estado tiene que estar presente “con capacidad de medir, regular, controlar y garantizar que el agua sea repartida en forma equitativa y razonable”, agregó Villa Uria.
Los avances privatistas sobre el agua tuvieron una serie de hitos que se encadenaron en los últimos 30 años del Siglo XX.
En la década de los ’70 Augusto Pinochet dejó la economía chilena en manos de economistas alineados con la Escuela de Chicago, que primero privatizaron las tierras y luego el agua, y consagraron esa decisión en la Constitución de 1980, que sigue vigente. “En Chile la empresas que producen el aguacate (palta), en la provincia de Petoca, compran grandes cantidades de agua para sus cultivos y las poblaciones cercanas sufren un feroz racionamiento”, señaló a Télam Rodrígo Mundaca, vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima).
La propiedad del agua y sus consecuencias para la población, agregó Mundaca, “es uno de los tres o cuatro temas más controvertidos en las discusiones para la reforma de la Constitución” que está en marcha en Chile.
A principios de los 80s, la primera ministra británica Margaret Thatcher (1979-1990) dio un paso más e, impedida de privatizar el agua, lo hizo con las redes de distribución, dando paso a un nuevo modelo de aplicación de políticas liberales que luego se replicaron en varios países de América Latina.
El Consenso de Washington fue un acuerdo firmado en 1989 -durante la Presidencia de George Bush padre- para aplicar una paquete de reformas estandarizadas y tuteladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en los países en desarrollo abrumados por sus crisis económicas.
Ese proceso en la Argentina tuvo su cenit durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), pero tuvo expresiones de distinto tenor en toda la región, que en la mayoría de los casos siguen con modelos de concesiones instalados y vigentes.
