Nuevamente, el Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, llevó al recinto de la Cámara de Representantes, uno de los temas que preocupan a los ciudadanos y ciudadanas de los sectores vulnerables, como es la carencia de servicios básicos y los títulos de los terrenos que habitan.
Lo hizo el presidente del bloque, Martín Sereno, al presentar un Proyecto de Comunicación solicitando que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Obras Públicas de Misiones, y el Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac), gestione el acceso y el suministro de agua para los y las vecinas de la chacra 145, barrio “Itá Verá”, de Posadas.
Históricamente esta chacra era un basural donde mucha gente reciclaba desechos para poder sobrevivir, hasta que por necesidad de viviendas, cientos de familias lo transformó en un barrio. En más de 20 años de lucha lo recuperaron; sanearon el suelo dentro de sus posibilidades individuales y familiares. Aún así asumieron que era un basural, y que lamentablemente iban a asentarse encima de residuos tóxicos.
“Pero fue tanta la necesidad de contar con un lugar para vivir, que las familias, que actualmente son 470, firmaron un documento en el que asumieron como propia la responsabilidad de habitar un suelo contaminado con residuos patológicos, desligando de responsabilidades consecuentes al Estado provincial”, explicó el autor de la iniciativa.
Proyecto que solicita recuperación de derechos
En 2014, las familias de la chacra 145 accedieron a un programa denominado “Padre Mugica”, que implementó el Gobierno Nacional de Cristina Kirchner, y después de muchos estudios y relevamientos, se otorgó un subsidio para urbanizar ese barrio. Comenzaron las obras, y al poco tiempo asumió Macri, y apareció el Plan Belgrano, y ya no se terminaron las obras.
El diputado Sereno decidió elaborar el proyecto después de reunirse con los vecinos y vecinas, junto a la militante candidata a intendenta de Posadas por el FPAyS, Paula Ávalos, porque el problema que surge ahora, el más urgente, es que muchas de esas familias todavía no disponen de agua potable.
“La calidad de las obras es bastante criticada por los habitantes del barrio; pero lo llamativo es que la semana pasada se reunieron con funcionarios del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) y les piden un reintegro por las obras ejecutadas en el barrio.
Están discutiendo los montos sin tener en cuenta que muchas de esas familias ni siquiera cuentan con un trabajo formal, y sabemos que las changas se redujeron, y además, cuando las familias solicitan el agua potable, desde el Iprodha responden que hasta que no firmen el convenio por el reembolso, el Eprac no les va a conectar el agua. Eso es una barbaridad porque se trata de un derecho humano básico como es el agua potable para 470 familias”, sostuvo Sereno.
“No se puede condicionar el acceso al agua potable”
El legislador del PAyS reiteró que no se puede condicionar el acceso al agua de éstas familias por la firma de un convenio de reembolso que hasta es discutible. “Por eso solicitamos en este proyecto que de manera urgente se arbitren los medios necesarios para que a los habitantes de la chacra 145 se les garantice el acceso al agua potable”, enfatizó Sereno.
Recordó que en noviembre del 2012, el Consejo Deliberante de Posadas sancionó la Ordenanza 3125, en la que se transfiere a título gratuito la chacra 145 al Iprodha, con la condición de que éste agilice los medios necesarios para regularizar la tenencia a los ocupantes, y mejorar la calidad de vida de los mismos posibilitando servicios e infraestructura. Pero siete años más tarde a los y las vecinas del lugar les comunican que no solamente que no se ejecutó dicha Ordenanza, sino que además, el Iprodha quiere cobrar un importe a los y las vecinas para que obtengan los títulos”.
Muchísimas familias arraigadas en el lugar
La semana pasada los vecinos de la chacra 145 se manifestaron frente al Iprodha, porque les preocupa la situación planteada después de tanto sacrificio. “Sentimos felicidad en un momento porque creíamos que el Estado estaba a favor nuestro; pero resulta que ahora modificaron todos los papeles. Nos cambiaron las versiones, y pretenden tratando como nuevos adjudicatarios cuando nosotros ya somos propietarios por el tiempo que vivimos en el lugar”, aseguró Susana Pereyra.
Recordó que hay gente que vive desde hace más de 20 años, que está arraigada porque ese barrio se formó con muchísimo sacrificio, y ahora pretenden imponer cuotas y plazo a 30 años por los títulos que les prometieron en 2012.
Existe una Ordenanza que estipula que esa chacra fue donada a las familias que vivimos en el lugar. Era un ex basural, por lo tanto el tratamiento que tuvieron que hacer para salir adelante fue descomunal. “Nos duele esta falta de sensibilidad del Gobierno y estamos esperando una respuesta superadora del Iprodha. Nosotros cumplimos como vecinos al pie de la letra todo lo que se pidió desde la primera mesa de diálogo, y el Gobierno no cumplió en nada”, reclamó Susana.
“Armamos este barrio arriba de un basural”
María Magdalena, es una de las primeras habitantes, y presidenta de la comisión vecinal y que conoce bien la historia de la chacra. “Muchas veces de chica recorrí el basural para juntar cosas para vender y ayudar en mi casa.
Después ya de adulta cuando constituí mi familia, me erradiqué a vivir en la chacra 145, y entre todas las familias sin viviendas limpiamos el lugar. Nunca se hizo el tratamiento correspondiente, muchas personas se enfermaran por la contaminación que tiene el barrio. Pero nos bancamos porque queríamos tener nuestro lote, y por eso emprendimos la lucha”, resaltó.
En el año 93 se armaron las primeras comisiones vecinales donde se exigía la urbanización, la red de agua con la canilla pública, los postes de luz para las conexiones eléctricas. La lucha de los vecinos derivó la Ordenanza 3125, que indicaba la urbanización del barrio.
“Nos sentimos estafados por el Municipio e Iprodha”
En el 2014 surgió el Programa Padre Mugica, y se hicieron todas las gestiones con el Iprodha para presentar los papeles, y finalmente le reconocieron el derecho de las familias a tener su propiedad, e iban a comenzar con los trabajos de urbanización, la red de energía eléctrica, y de agua potable.
“Fue un gran festejo para todos hasta que ahora nos vienen con el recupero para tener nuestros títulos, algo que para nosotros es una novedad. Sabíamos que en algún momento teníamos que pagar los servicios; pero la tierra es nuestro derecho, y con todo el esfuerzo que hicimos, no entendemos ni estamos de acuerdo que tengamos que pagar por un derecho que nos corresponde, porque el Iprodha nos quiere cobrar el acceso al agua, a la apertura de calles.
Ellos sabían que vivíamos sobre una catarata de basuras, que convivíamos con el desborde de material fecal en nuestros patios, y también prácticamente adentro de las casas, porque explotan los baños mal construidos. Todas las obras que hicieron está mal, y ahora aparece esto del recupero”, reclamó Magdalena.
“No podemos pagar una cuota inaccesible”
La presidenta de la comisión barrial aclaró que los vecinos nunca se negaron a pagar, y siempre están dispuestos al diálogo; “pero los funcionarios deben entender que hay familias que no tienen trabajo, ni cobran programas sociales, ni la Asignación Universal por Hijo, muchos ni siquiera están documentados. Hay pensionados y adultos en el barrio que no trabajan, y la mayoría de los adolescentes no pueden terminar la escuela”.
Magdalena hace hincapié en que cuando se armó el proyecto, las autoridades municipales a cargo de Joaquín Losada, el mismo que quiere ser nuevamente intendente, ya conocían la realidad de las familias. “La mayoría somos jefas de hogar. Necesitamos el agua y la Municipalidad y la provincia nos niegan ese derecho; porque la ingeniera Pereyra del Iprodha nos dijo que si no firmamos el convenio de pago de las cuotas no vaamos a tener agua. Eso es un chantaje ¿de dónde vamos a sacar la plata para pagar esas cuotas?”, se preguntó.
El Municipio cambió la Ordenanza, y los vecinos se sienten estafados. Las obras que se hicieron son deficientes, y ahora les exigen que paguen. “En todo caso si nos quieren cobrar una cuota que seamos nosotros los que determinemos un monto, porque tenemos que mantener a nuestros hijos. Yo soy albañil, y no hay trabajo, y la mayoría de los hombres del barrio changuean.
La intención es cuidar nuestro terreno que en el futuro será de nuestros hijos, por ellos vivimos 20 años arriba de la basura, y ahora el Estado que debería protegernos, busca expulsarnos al querer cobrarnos una cuota impagable”, manifestó María Magadalena.
