Nuevo revés judicial para la diputada chaqueña ligada a Macri

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La jueza chaqueña Zunilda Niremperger negó el pedido de eximición de prisión que había presentado la defensa de la legisladora de Cambiemos, acusada de liderar una banda dedicada al lavado de dinero.
La diputada radical Aída Ayala tuvo un nuevo revés judicial en la causa que la investiga por haber sido una presunta líder de una banda dedicada al lavado de dinero cuando era intendenta de Resistencia.
La jueza federal de la capital chaqueña, Zunilda Niremperger, negó el pedido de eximición de prisión que había presentado la defensa de la legisladora radical chaqueña, quien esta semana rechazó las acusaciones.
Ante un requerimiento del fiscal federal Patricio Sabadini, la magistrada chaqueña dispuso el pedido de detención y solicitó el desafuero de la legisladora de Cambiemos.
El pedido ya comenzó a ser tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
En la causa, la exintendenta de Resistencia está imputada por “haber conformado un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios”.

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Aida Ayala pide que rechacen su desafuero

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La exintendente de Resistencia aseguró ante la Comisión de Asuntos Constitucionales que es “falsa” la imputación que se le hace sobre supuestos hechos de corrupción durante su gestión en la capital chaqueña.
La diputada oficialista Aída Ayala compareció este miércoles ante los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a la que ingresó un pedido de desafuero contra la legisladora chaqueña a raíz de una causa que investiga presuntos hechos de corrupción.
Ayala hizo su descargo frente a la comisión que preside el macrista Pablo Tonelli. Allí dijo que “es falso de toda falsedad” la imputación que le hace la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger por hechos supuestamente sucedidos cuando la actual diputada era intendente de esa ciudad. Ayala pidió a sus pares que “analicen” el pedido de desafuero en su contra y lo rechacen porque -según dijo- “es ilegal y no hay motivos”.
La actual diputada fue intendenta de Resistencia (Chaco) y está acusada por los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, en el marco de una investigación por la renegociación de contratos para la recolección de residuos mientras estaba al frente de aquel gobierno municipal. La Justicia chaqueña solicitó su desafuero y detención por considerar que en libertad podría perjudicar el proceso de investigación.
“Creo que estamos todos de acuerdo en que para tomar una decisión, tenemos que proceder como ordena el artículo 70 de la Constitución Nacional y examinar el mérito del sumario” antes de emitir una resolución, expresó Tonelli, al dar por concluida la reunión.
Tonelli aclaró que el objetivo de la comisión “no es juzgar a Ayala, tampoco a la jueza, sino analizar el mérito del sumario, y cuando estén reunidos los visos de verosimilitud, disponer el eventual desafuero”.
Con ese fin se distribuyó entre todos los inte grantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales el expediente judicial enviado por la Justicia chaqueña, como así también documentación aportada por la diputada kirchnerista Analía Rach Quiroga, cercana a Jorge Capitanich, que agrega información sobre el tema.
De tal manera, se estableció que los legisladores volverán a reunirse en pocos días, ya con el expediente leído y analizado, para dictaminar, aunque el diputado Tonelli no dio precisiones sobre cuándo será esa reunión. “Vamos a hacer lo posible para que sea a la brevedad”, señaló.
Al tomar la palabra, la legisladora de Cambiemos agradeció la posibilidad de exponer ante la comisión y dijo que contestaría “cada una de las preguntas”, al tiempo de “aportar todas las pruebas” como ya lo hizo ante la justicia federal. Entre ellas, presentó para cada uno de los diputados una copia de su declaración jurada.
Luego de enfatizar que se enteró “por los medios televisivos y radiales” del pedido de desafuero y que “en ningún momento” fue notificada, Ayala recordó que se presentó de forma espontánea para que se le tome indagatoria. “Se me acusa de ser jefa de una banda para lavado de dinero, se me acusa de haber llamado a licitación para la concesión de servicios de recolección de residuos y se me acusa de enriquecimiento ilícito”, señaló.
Y, a continuación, aseguró: “Esto es falso de toda falsedad”. Además, la exintendenta de Resistencia negó ser “rica ni lícita ni ilícitamente”. “No soy jefa de una supuesta banda de empresarios que están hace muchos dedicados a distintos rubros”, amplió y resaltó que “esos empresarios están hoy trabajando bajo esa misma figura contractual con el intendente (Jorge) Capitanich y el gobierno provincial”.
En relación a los hechos, la exjefa comunal sostuvo que “el llamado a una licitación para una concesión de servicios está prohibida por la Constitución del Chaco”, y explicó que “se trata de una licitación para alquiler de 21 camiones compactadores, 100 contendores y una camioneta”.
Mencionó que la contratación se realizó en el año 2014 “bajo las normas vigentes”. “Está hecho a derecho, legalmente y esa contratación es el motivo de sospechas infundadas por parte del fiscal (Patricio Sabadini)”, agregó. Acompañada por su abogada, Olga Mongelós, la radical afirmó que durante sus 12 años como intendenta “todo lo que se ha hecho fue correcto” y “sin observaciones” por parte del Tribunal de Cuentas.
Ayala apuntó al actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, quien “en la prensa habla de sobreprecios, pero en el testimonio él dice que no puede decir técnicamente absolutamente nada sobre eso; en la prensa dice que hubo una renegocia ción, pero en el expediente declara que continúa con el mismo régimen de contratación”.

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Diputados discutirá el desafuero de la radical misionera Aída Ayala

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La ex secretaria de Asuntos Municipales de la Nación está acusada de lavado de dinero y asociación ilícita. Los distintos bloques analizan sus estrategias.
La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convocó para el próximo 2 de mayo a una reunión para analizar el pedido de desafuero que hizo la Justicia contra la diputada de Cambiemos por Chaco Aída Ayala, acusada de lavado de dinero y asociación ilícita.
El presidente de la comisión, el macrista Pablo Tonelli, citó a un encuentro para el 2 de mayo a las 10:00 en la Sala 1 del edificio anexo de la Cámara baja.
Ese día, se someterá a discusión el pedido de desafuero que hizo la jueza federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, quien dispuso una orden de detención sobre Ayala en una causa por el presunto lavado de dinero y asociación ilícita durante su gestión como intendenta de la capital chaqueña, por el contrato de la firma PIMP SA de recolección de residuos con sobreprecios.
Además, la diputada radical estará presente en la reunión para hacer su descargo.
El año pasado, el oficialismo impulsó en Diputados el desafuero del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, acusado en causas por corrupción, con el argumento de que la Cámara debe permitir que la Justicia avance y que el legislador no debe tener el resguardo del Congreso.
Esa posición viene ahora a poner incómodo al frente Cambiemos, más allá de que considera que el pedido de desafuero de Ayala es parte de una maniobra política del justicialismo chaqueño que busca impedirle ser candidata a gobernadora el próximo año.
Según supo NA, el Frente para la Victoria, que no había participado del debate por De Vido, volvería a ausentarse o se abstendría de votar, a la espera de que el oficialismo y los bloques del Frente Renovador y Justicialista reiteren sus posturas a favor del desafuero como en el caso del ex ministro.
El bloque Justicialista ya adelantó que impulsará la quita de los fueros de la radical, lo mismo que haría el FR.
Fuente NoticiasArgentinas

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Se aceleran los tiempos

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La decisión de intervenir el partido Justicialista parece haber dado el puntapié inicial a un año político que recién debía amanecer dentro de varios meses. La inexplicable decisión de la jueza María Servini de Cubría, que usa como argumento la “derrota” del peronismo en las últimas dos elecciones, puso en alerta a todo el arco político. Poner a Luis Barrionuevo como garante de la “normalización” institucional del peronismo es una fina ironía: es el mismo Barrionuevo que en 2003, no hace demasiado tiempo, quemaba urnas en Catamarca enojado porque no lo dejaban candidatearse. Antes, claro, acuñó la frase: “Hay que dejar de robar durante dos años”.
Es imposible despegar la movida judicial de una intencionalidad política. Barrionuevo es un massista con partido propio, que vino a excluir a peronistas con partido propio. Para la “normalización” se reunirá con Sergio Massa y Eduardo Duhalde, pero no con el kirchnerismo al que preferentemente, se quiere tener lejos.

Parece una jugada armada para inclinar la cancha hacia un solo lado. Y no es el peronismo. La decisión judicial encendió las alarmas de todos los partidos, que se solidarizaron con el PJ. Incluso los radicales están intranquilos. Saben que son socios de conveniencia pero, más puristas, quieren resguardar la “institucionalidad” para competir en política.
El radicalismo está en Cambiemos por conveniencia y casi no convencido. El gobernador de Mendoza, Gustavo Cornejo se quejó de que en el Gobierno nadie consulta a la UCR y exigió lugares en las fórmulas de 2019. “Están dadas las condiciones para que el radicalismo tenga un mayor protagonismo en la Argentina que viene”, resaltó en su discurso en el Rotary Club en el que advirtió que no acompañarán la reforma laboral que impulsa Cambiemos, aunque reclamó políticas para “despedir con facilidad”.
Como contracara, cada vez que puede el Gobierno muestra su desdén por los socios. Elisa Carrió tiene mucho más peso específico dentro de la alianza gobernante que los socios radicales. La posadeña Aida Ayala, figurita radical de El Chaco y frustrada candidata a gobernadora, llegó al Congreso como parte del “cambio”. Ahora, cuando pidieron su desafuero por supuestos hechos de corrupción, los medios afines al gobierno hablan de “diputada radical”. En las malas, no forma parte.
Ayala está acusada de malversar fondos públicos y de lavado de dinero en operaciones cuando era intendenta de Resistencia. Ahora el Congreso debe votar su desafuero. La última vez que analizaron un caso similar, los legisladores fueron contundentes: si el juez lo pide, hay desafuero. El expulsado fue Julio De Vido.
Aída, como es conocida en Misiones, donde tiene aceitados vínculos con el radicalismo vernáculo y especialmente con el diputado nacional Luis Pastori, celebró en cambio el “apoyo” de sus pares de Cambiemos en el Congreso. ¿Tendrá la misma suerte que De Vido o algunos son más culpables que otros hasta que se demuestre su inocencia?
Hasta ahora Cambiemos protegió a todos sus funcionarios sospechados de alguna irregularidad. Ahora trascendió que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se sumó a la lista de patriotas con dinero afuera. A diferencia de su par de finanzas, Luis Caputo, el ex comentarista de TN habría blanqueado a través de la ley de “sinceramiento fiscal”, la friolera de 20 millones de pesos apenas unos meses antes de asumir como ministro. El Gobierno hizo silencio.
La gestión económica es hoy una preocupación para la administración de Macri. Los números son poco alentadores en materia fiscal y la inflación está lejos de ser domada. Es decir, se flaquea en las dos grandes promesas de campaña. Se festeja que baja el rojo primario, pero como contracara, se disparó el déficit financiero que ya representa el 12 por ciento de los ingresos tributarios.
El rojo primario acumuló $31.000 millones en el primer trimestre de 2018, lo que equivale a 0,3% del PBI, una meta sobrecumplida, que obedece al mayor ritmo de incremento de los ingresos genuinos (+28% i.a., motivado por la expansión de la actividad) frente a un incremento de los gastos (+18,5% i.a.) inferior a la inflación.
La contracción real del gasto primario se explica, principalmente, por la reducción nominal de las erogaciones en subsidios económicos y gastos de capital. Los subsidios económicos cayeron 20 por ciento.
Según datos de la consultora Ecolatina, aunque el Palacio de Hacienda puede mostrar mejoras en el resultado primario, no puede hacer lo mismo en el pago de intereses, que saltó de 29.290 millones en el primer trimestre de 2017 a 60.520 millones de pesos en los primeros tres meses del año (+106,6% i.a.). De hecho, en el primer cuarto de 2017 representaban sólo 0,3% del PBI, mientras que en el acumulado a marzo de este año arrojan un valor de 0,5% del PBI. Asimismo, en relación a los ingresos tributarios, la participación de los intereses pasó de 7% a 12%, respectivamente.
A pesar de las mejoras en el resultado primario, el déficit financiero aumentó 29,6%, al pasar de $70.630 millones en el primer trimestre de 2017 a $91.520 millones en los primeros tres meses de 2018. De este modo, se mantuvo estable en términos del PBI (-0,7%).
En paralelo, la inflación lejos está de ser dominada por el gradualismo. Los datos de marzo volvieron a asustar por el ímpetu de los aumentos: 2,3 por ciento, empujados básicamente por la educación -23 por ciento en el año- y los alimentos. Por regiones, las subas son dispares y en el NEA marcó 2,4. Pero en Posadas, los datos son desalentadores, lo que vuelve a disparar alarmas por las asimetrías.
La sociedad observa que hacen falta mucho más que eslóganes para derrotar a la inflación que corroe el poder adquisitivo. Pasó más de la mitad de mandato y la suba de precios sigue siendo explosiva. Las metas del 15 por ciento ya fueron pulverizadas y se habla de volver a “recalibrar” lo que ya fue mal calculado. Es ese el punto de mayor desencanto con el Gobierno. Incluso por encima de las cuestiones políticas, la desilusión se siente en el bolsillo y los dirigentes de Cambiemos admiten que si no hay un repunte inmediato, será más complejo volver a seducir al electorado.
Algunas encuestas ya comienzan a reflejarlo. Si antes la grieta estaba marcada entre Macri y Cristina, ahora los que desprecian a la ex presidenta se animan a sondear una tercera vía que todavía no es identificada.

En ese escenario, el Presidente necesita más que nunca sostener su gobernabilidad. Por eso se apoya en los gobernadores que le pueden garantizar estabilidad. La relación con Hugo Passalacqua, después de la visita a Misiones, quedó en su mejor momento.
Tanto que hasta en Cambiemos ponen mala cara. Algunos referentes de la alianza, especialmente del radicalismo, preferirían una relación más distante. Sin embargo, la relación institucional es excelente y, al menos en Misiones, la Renovación brinda más garantías que el propio partido. En el radicalismo protestan cada decisión del Gobierno y exigen más espacios de los que está dispuesto a ofrecer el PRO. Esa puja deriva en problemas territoriales que complican las perspectivas para 2019. Hay localidades en las que todavía no han hecho pie y no se conoce ni a sus figuras ni mucho menos, sus propuestas.
Por eso no sorprende que haya casi un acuerdo tácito de buenas ondas entre Macri y Passalacqua. El primero probablemente busque la reelección. El segundo es la garantía de continuidad de un proyecto político que tiene al misionerismo como bandera, pero que no pone palos en la rueda al desempeño nacional.
El misionerismo consolida su rumbo en forma independiente a los vaivenes nacionales. Está claro que las decisiones macro tienen un impacto en el territorio local, pero es desde aquí que se pretende mejorar la propia realidad. Y plantarse cuando se hace necesario, como en la intención del propio Macri de avanzar en la desregulación del mercado yerbatero. Ni siquiera los de Cambiemos –menos los radicales- se animan a suscribir la idea confirmada por Macri y ratificada como parte de la agenda de la próxima reunión de la Mesa de Competitividad, posiblemente a fin de mes.
El Estado está presente –a diferencia de la toma de distancia de la Nación- en buena parte de los eslabones de la economía y realiza aportes cuando hay que inyectar dosis de optimismo a las áreas más complejas.
Asumió una deuda financiera para desarrollar la construcción de viviendas de madera en el Parque Industrial de Posadas. Ahora Passalacqua cerró un acuerdo con la empresa Bioars que fabricará en Misiones reactivos para diagnóstico médico.
El presidente de Bioars, Giampaolo Scarton explicó que “se seleccionó Misiones por la ubicación geográfica, por la cercanía de otros países limítrofes. Además, por las condiciones de calidad de vida y la tranquilidad a la que pueden acceder los empleados; este factor hace que se logre mayor productividad y por ende, rentabilidad”.
Passalacqua quiere sumar la pata industrial a la mesa de la economía misionera, que tiene como puntales a la forestación, la agricultura y el turismo.
La naturaleza es un activo valioso para la economía que no tiene techo. Misiones alcanzó durante el verano un promedio de cinco noches de pernocte, lo que alienta a ir por más. Aunque los turistas que llegaron gastaron menos en comparación con 2016, el mayor número de visitantes y la mayor cantidad de noches alojadas, derivó en un gasto total de 7.080.935.400 pesos, contra los 5.856.345.600 de 2016.
Se necesitan inversiones en hotelería y servicios, pero el turismo es hoy el 7,5 por ciento del PBG misionero con más de once mil puestos de trabajo registrados -10 por ciento del total provincial-. En los últimos once años, la actividad creció 560,5 por ciento y si todas las rutas aéreas solicitadas operan, se estima un total de 1.600.000 movimientos de pasajeros, que representaría un incremento del 32% y un total de 15.000 movilizaciones de aeronaves, que representaría un incremento del 16%.
La relevancia del turismo está dada por el nivel de las visitas. Este sábado estuvo en las Cataratas del Iguazú el CEO de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, quien llegó con el Ministro de Turismo de la Nación Gustavo Santos. Luego Passalacqua recibió a empresarios del grupo inversor francés Huttopia, interesados en invertir en distintos puntos del territorio provincial.
Misiones necesita potenciar las inversiones para poder competir en mejores condiciones con las fronteras de Brasil y Paraguay. Es nuevamente el Estado provincial el que toma la posta para defender al comercio y las empresas afectados por las asimetrías y nuevamente se planteará el reclamo de la reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes, esta vez con dos o tres puntos unificados. Incentivar el consumo local y conseguir una rebaja de las contribuciones patronales están entre las prioridades.
No hay en esa defensa una especulación electoral. El sector empresario es el que más apoyo le ha dado a Cambiemos en las últimas elecciones, pero es el más perjudicado por algunas de sus decisiones. Lo que se cuida, en el fondo, es el empleo local, que no admite jugadas políticas.
El conductor de la Renovación, Carlos Rovira es uno de los que gusta de evitar la especulación política. Esta semana dio una muestra: en medio del debate por la despenalización del aborto, el presidente de la Legislatura pidió declarar en Misiones un beneplácito por las manifestaciones a favor de la vida.

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Piden el desafuero y detención de la diputada oficialista Aída Ayala

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El fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó el desafuero y posterior detención de la diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita dedicada a la malversación de fondos y lavado de dinero -entre otros ilícitos- mientras se desempeñaba como intendenta de la capital del Chaco. La solicitud debe ser autorizada por la jueza Federal, Zunilda Niremperger.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió el desafuero y detención de la diputada nacional radical Aída Ayala, a quien se acusa de ser la presunta jefa de una asociación ilícita dedicada a la malversación de fondos y lavado de dinero -entre otros ilícitos- mientras se desempeñaba como intendenta de la capital del Chaco. La solicitud ahora debe ser autorizada por la jueza Federal, Zunilda Niremperger.
El dictamen de Sabadini acusa a la legisladora nacional de Cambiemos por los delitos de lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, entre otros, en el marco de la causa PIMP SA, empresa a cargo de la recolección de residuos.
Según recuerda el sitio Chaco Día por Día, en esta causa están actualmente detenidos el sindicalista Jacinto Sampayo; su hijo, Facundo, y los empresarios Carlos Huidobro y Alejandro Fischer.
Sabadini acusó a Ayala de lavado de dinero agravado por habitualidad y ser miembro de una banda. En cuanto a los denominados “delitos precedentes” (al lavado de activos), el fiscal la señaló por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, ser presunta jefa de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Teniendo en cuenta los fueros que detenta Ayala como diputada nacional, la jueza Niremperger solicitó a la Cámara de Diputados de la Nación que inicie el proceso de desafuero para posibilitar su detención.
Aída Ayala fue intendenta de Resistencia, candidata a gobernadora del Chaco y fue electa diputada nacional de Cambiemos en las elecciones de 2015. En la actualidad preside la Comisión de Economías Regionales.

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