ajuste económico

Caminos marcados

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Hay contrastes que pueden parecer sutiles, pero dicen demasiado desde dónde se piensa y se hace política y cómo esas diferencias impactan en la vida cotidiana. 

El debut del reemplazante de Manuel Adorni, eyectado en medio de un escándalo de corrupción, sirvió para refrescar la memoria del decálogo de la gestión de Javier Milei: Adrián Ravier, terminó por explicitar una de las bases filosóficas del programa económico al remarcar que el ajuste no es una consecuencia indeseada, sino una herramienta deliberada para modificar el comportamiento de la sociedad. Al justificar que las tarifas deben duplicarse hasta reflejar los “precios de mercado”, sostuvo que el usuario deberá “abrigarse más que prender el gas” o resignar consumo porque “no hay almuerzo gratis“. En esa lógica, el Estado deja de concebir a los servicios públicos como un instrumento de equidad o desarrollo y traslada íntegramente el costo a cada individuo, bajo la premisa de que quien recibe el servicio debe pagarlo sin subsidios. Incluso admitió que las tarifas seguirán aumentando por encima de la inflación como parte de una “corrección gradual”. La sinceridad del planteo despeja cualquier duda: el objetivo no es únicamente ordenar las cuentas públicas, sino redefinir el contrato social sobre el que se construyó durante décadas el acceso a servicios esenciales en la Argentina.  

El desdén de Ravier sigue la línea argumental del propio Milei. “A vos te daban dos planes sociales, pero uno se lo quedaba un gerente de la pobreza. Entonces, fíjate esto, nosotros sacamos a los intermediarios, eso generó unos problemas muy fuertes al inicio y además duplicamos en términos reales, es decir, por encima de la inflación ese monto. Con lo cual, la persona que lo recibe, digamos, de repente recibió cuatro veces más. De alguna manera es como que nosotros pudimos sacar 14 millones de personas de la pobreza”.

La frase presidencial combina una denuncia atendible -la existencia de intermediaciones opacas en la política social- con una conclusión discutible: que esa corrección administrativa permitió “sacar 14 millones de personas de la pobreza”. Milei presenta el problema como si la pobreza dependiera casi exclusivamente de quién distribuye el plan social y no de salarios, empleo, inflación, tarifas, alquileres, alimentos y caída del consumo. Todos esos indicadores están en negativo durante su gestión.  

El contrato social resquebrajado tiene un enorme impacto en el territorio, ese que miran sin sensibilidad en las oficinas de Buenos Aires. Por eso cobran relevancia las acciones que se toman en las provincias para proteger a sus ciudadanos. La suba de tarifas endeudó a miles de familias, que hoy no tienen cómo enfrentar el colapso de sus finanzas. Lejos de desentenderse, el Gobierno de Misiones decidió extender durante todo julio el programa de refinanciación de deudas acordado con Banco Macro, incorporando además nuevos beneficiarios y flexibilizando las condiciones de acceso.

El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua, quien confirmó la continuidad de la operatoria especial destinada a trabajadores públicos provinciales y municipales, jubilados, pensionados y retirados provinciales. La principal novedad es que, por primera vez, también podrán acceder al beneficio los jubilados y pensionados de ANSES, que dependen del Estado nacional.

Esa misma lógica se traslada a las obras públicas y el acceso a servicios esenciales, que fueron dejados de lado por el Estado nacional. Las rutas nacionales están siendo reparadas -y mejoradas- con fondos provinciales y aún con escasos recursos, la prioridad es la cercanía con el vecino. 

En ese escenario se mueve con soltura Passalacqua, quien hace del mano a mano una cualidad de gestión y su principal activo en momentos en que comienza a definirse el futuro político que lo tiene como protagonista central de cara a 2027. 

El movimiento que diseña Passalacqua no desdeña edades y valora la experiencia. Sabe que hará falta mucha paciencia y un trabajo de orfebre para la construcción de un nuevo tiempo que contenga e incluya. Y esa visión está despertando una enorme adhesión, dentro de lo que fue la Renovación y también por fuera, con dirigentes y actores políticos y empresariales que coinciden con sus posiciones. 

Passalacqua está marcando su ritmo político. Renunció formalmente al aporte partidario a Encuentro Misionero -el espacio que venía a reemplazar a la caduca Renovación- y lo mismo hicieron funcionarios y dirigentes de primera línea. Pero va más allá en la diferenciación. Ordenó un plan para resolver los litigios pendientes de dos privatizaciones emblema de los 90 -el ex banco Provincia y el Instituto del Seguro- y puso fin al cobro anticipado de Ingresos Brutos en los controles de ingreso a Misiones, el fin de la mal llamada Aduana Paralela. También decidió recuperar el hotel de Turismo del Instituto de Previsión Social, que estaba en manos del grupo Bagú, en una fallida concesión que terminó en desbandada, maniobras fraudulentas y un tendal de deudas. La prioridad, marcó, fue cuidar el activo provincial y la integridad de los trabajadores.

Pero quizás el dato más saliente es que después del escándalo del streaming porteño Blender, que despidió a buena parte de su equipo en medio de trascendidos de vínculos financieros con Misiones, a través de holding empresarial que opera la aplicación Alegramed en el Parque de la Salud de Misiones, en la Gobernación se trabaja en la búsqueda de alternativas para desarmar la concesión y destinar esos recursos al servicio de salud.

El ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza, quien iba a ser candidato a intendente de Posadas por Encuentro Misionero, sorprendió el viernes con una definición: “Voy a trabajar para que Hugo Passalacqua sea reelecto gobernador porque es el mejor hombre para transitar este tiempo distinto, mostrando la cercanía y templanza que necesita nuestra sociedad”, afirmó.

”No necesitamos un gobierno que prometa un final feliz; necesitamos un gobierno que se ocupe de cuidar, proteger y respetar a nuestro pueblo. Gobernar es priorizar y hoy necesitamos priorizar con racionalidad el cuidado de los sectores más desprotegidos. La situación social exige un gobierno que escuche, que camine los barrios y que esté cerca de la gente, conociendo de primera mano sus necesidades”, expresó.

La gestión de Passalacqua se distingue por el equilibrio económico con la prioridad puesta en generar soluciones. No es de ahora. Ya supo lidiar con otras crisis económicas nacionales desde su primer mandato. Ahí nacieron los Ahora, con el debut del Ahora Pan, que logró morigerar los aumentos que comenzaban a hacerse insoportables en el ocaso del gobierno de Mauricio Macri. Pequeñas medidas que impactan en la vida cotidiana. 

Ahora tiene que lidiar con las consecuencias de la desregulación yerbatera, un deseo de Macri que Milei hizo realidad. Y aunque sabe que la solución a la crisis de la producción no depende de herramientas provinciales, es constante la búsqueda de alivio. Hace unas horas recibió en Casa de Gobierno a representantes de empresas y cooperativas yerbateras de Misiones que fueron distinguidas en el primer Mundial de la Yerba Mate que se realizó en Buenos Aires. Durante el encuentro presentó una línea de créditos por más de $200 millones destinada al crecimiento de estas empresas y cooperativas.

La línea de créditos contará con requisitos flexibles y permitirá financiar inversiones en compra de materia prima, packaging, ampliación de la capacidad productiva, logística de comercialización y otras mejoras orientadas a responder al incremento de la demanda y consolidar la presencia de las marcas misioneras en nuevos mercados. “La yerba mate está en la profundidad de nuestra historia como misioneros, nos sigue apoyando, proyectando y representando como misioneros”, agregó. 

Mientras la Provincia se ocupa, Nación desprecia el reclamo de los productores y desdeña los datos que ponen en evidencia el fiasco de la desregulación. En su breve paso por Misiones este sábado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificó que no hay ninguna posibilidad de revisar el dogma libertario. “Nuestra agenda es desregular, o sea, esto lo ha de haber explicado hasta el cansancio Adrián (Núñez), Diego (Hartfield), Maura (Gruber). Sabemos la postura que tenemos sobre el tema. Nosotros creemos que abriendo el comercio, generando más exportaciones, no tiene que intervenir el Estado. A la larga no tiene que intervenir el Estado, va a ser lo más beneficioso, por más que la transición por ahí un poco cueste, va a ser lo más beneficioso”, remarcó Menem, echando por tierra la posibilidad de que la reunión a la que accedió Federico Sturzenegger para el miércoles, sirva para provocar algún cambio. 

No alcanza simplemente con “creer”. Los datos marcan lo contrario. Entre enero y mayo reflejan una caída simultánea en la producción, consumo y exportaciones. El resultado es una contracción general del mercado que confirma las advertencias que vienen realizando productores, cooperativas e industrias sobre el deterioro de la cadena. La combinación de menores ventas internas y exportaciones en retroceso impactó directamente sobre el volumen total comercializado por la cadena. Entre enero y mayo de 2026, las salidas de molino destinadas al mercado interno y al exterior sumaron 131,90 millones de kilos. En igual período de 2025 habían alcanzado 135,79 millones de kilos.La diferencia es de 3,89 millones de kilos, equivalente a una caída cercana al 2,9% interanual.

Menem exteriorizó la plataforma electoral de la Libertad Avanza para Misiones. Formó parte de la comitiva de Karina Milei, quien en Posadas confirmó que trabajará por la reelección de su hermano, campaña que se lanza apenas unas horas después de que despidieran con honores a Manuel Adorni, en medio de un escándalo de corrupción que todavía no tiene escrito su final. 

La desregulación yerbatera es uno de los pilares del plan para Misiones. Los otros serán diseñados por el equipo de directores académicos de la “Escuela” presentada por Karina. Ese equipo está integrado por Gerardo Alonso Schwarz, quien ya había trabajado en la plataforma de Patricia Bullrich, Eduardo Cazenave, Daniel Ricardo García -abogado y especialista en derecho tributario- y el abogado peronista Martín Ayala. Valeria Soczyuk (¿candidata a vice?) será la “coordinadora” de la Escuela.

Los nombres de dirigentes de otros partidos no deben sorprender. El gabinete de Milei es hoy una colección de funcionarios con larga tradición. De la promesa de ponerle fin a la casta a nutrirse de ella. El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, tiene origen peronista y viene del PRO, lo mismo que Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno. Federico Sturzenegger es el de mayor “trayectoria”, con pasado en la alianza radical y Cambiemos, curriculum que compartía con la ahora senadora Patricia Bullrich, quien se inició como montonera, pasó por la alianza y Cambiemos, antes de ser ministra de Milei y ahora posible rival interna. Su sucesora en Seguridad Alejandra Monteoliva también es del PRO, lo mismo que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Casi el segundo tiempo que prometía Macri. 

Pero como en aquel primer tiempo, el deterioro social y económico comienza a ser un factor político clave. 

Si el Gobierno apuesta a que la desaceleración de la inflación alcance para sostener el respaldo político, las encuestas comienzan a mostrar que esa ecuación perdió eficacia. La inflación sigue siendo la principal preocupación de los argentinos, pero ya no monopoliza el humor social. Una encuesta nacional de Management & Fit revela que la desaprobación de la gestión de Milei alcanzó el 58,2%, el nivel más alto desde el inicio de su mandato, mientras que la aprobación cayó al 37,3%. Más significativo aún es el cambio de prioridades: la corrupción escaló hasta convertirse en el segundo problema que más preocupa a la sociedad, apenas por detrás de la inflación, y siete de cada diez consultados sostienen que el escándalo Adorni afecta su confianza en el Gobierno.

El dato resulta especialmente revelador porque coincide con una economía que, aunque exhibe una inflación en descenso, todavía no logra traducir esa mejora macroeconómica en una recuperación palpable del bienestar cotidiano. Más del 84% de los encuestados admite haber modificado sus hábitos de consumo durante el último año; la mayoría postergó compras, redujo el consumo de carne o reemplazó productos por opciones más económicas. La dificultad para llegar a fin de mes y los bajos ingresos continúan encabezando las preocupaciones personales, mientras cuatro de cada diez argentinos califican negativamente su situación económica. La estabilidad de los precios, por sí sola, dejó de ser suficiente cuando el bolsillo sigue sin percibir alivio.

Sin embargo, el panorama político conserva una paradoja que explica buena parte de la fortaleza del oficialismo. Pese al desgaste de la gestión y al aumento del malestar social, la oposición todavía no consigue consolidar una alternativa competitiva. Un 41,4% de los consultados votaría por alguna forma de continuidad del actual Gobierno -aunque la mayoría reclama cambios en la política económica-, mientras dos tercios aseguran que volverían a votar igual que en 2023. Es un respaldo menos entusiasta y más condicionado que hace un año, pero suficiente para demostrar que el principal desafío de Milei ya no es únicamente sostener la baja de la inflación: es reconstruir la confianza antes de que el desgaste económico y los cuestionamientos éticos terminen erosionando el activo político que aún conserva.

Ese es el escenario de cara a 2027. Sin liderazgos claros en la oposición y con un Gobierno nacional que se desentiende de la suerte de las provincias. 

En ese camino, una encuesta de  MRVT Consultora, revela que Passalacqua consolida un contundente 62% de imagen positiva. El informe explica cómo las medidas microeconómicas clave de fin de junio (eliminación del cobro anticipado de Ingresos Brutos en Ruta, programas Ahora y exenciones a billeteras virtuales) blindaron su gestión frente a la crisis nacional. 

En marcado contraste, la imagen negativa de Milei trepó al 64% y su positividad cayó al 32% (un diferencial neto de -32 puntos), arrastrada por el impacto de las tarifas y el ajuste. 

Otro dato es el “Fin de la Neutralidad”: el segmento de indecisos cayó a su mínimo histórico (4%), volcándose directo hacia la desaprobación de la gestión nacional.

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Milei sigue entre los presidentes con peor imagen de América Latina

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La estabilización económica que el Gobierno exhibe como principal carta política todavía no logra traducirse en una recuperación contundente de la imagen presidencial. Javier Milei mejoró su valoración durante junio, pero continúa ocupando uno de los lugares más rezagados del ranking de mandatarios latinoamericanos, una señal de que la normalización de algunas variables macroeconómicas no ha conseguido disipar el malestar social acumulado tras más de dos años de ajuste.

El relevamiento de CB Global Data ubica al presidente argentino en el puesto 13 entre los 18 jefes de Estado evaluados en América Latina. Su imagen positiva alcanzó el 37,9%, frente a una negativa del 59,6%. Si bien representa una mejora respecto del 34,8% registrado en mayo, el dato sobresaliente es otro: Milei sigue formando parte del grupo de los seis presidentes con peor valoración de toda la región.

La encuesta refleja una realidad incómoda para la Casa Rosada. Mientras el oficialismo insiste en que la inflación dejó de ser el principal problema y que la economía atraviesa una fase de recuperación, la mayoría de los argentinos continúa evaluando negativamente la gestión presidencial.

El rechazo no sólo supera ampliamente a la aprobación, sino que además presenta una intensidad significativa. El 50,5% de los consultados calificó la gestión como “muy mala”, mientras que apenas el 27,2% la consideró “muy buena”. En otras palabras, el núcleo duro opositor aparece considerablemente más amplio que el segmento de adhesión incondicional al Presidente.

La comparación regional tampoco favorece al mandatario argentino. Nayib Bukele lidera el ranking con una aprobación del 69,1%, Claudia Sheinbaum alcanza el 65,5% y Laura Fernández llega al 56,1%. Incluso presidentes que atraviesan escenarios políticos complejos, como Lula da Silva en Brasil, conservan niveles de respaldo superiores a los de Milei.

La ubicación del Presidente resulta particularmente llamativa porque se produce en un contexto donde el Gobierno considera que logró sus principales objetivos iniciales: reducir drásticamente la inflación, sostener el equilibrio fiscal y estabilizar el mercado cambiario. Sin embargo, los resultados sugieren que buena parte de la sociedad aún no percibe esas mejoras como suficientes para compensar los costos sociales del programa económico.

La lectura política del estudio deja una conclusión relevante. Milei parece haber detenido la erosión de imagen que caracterizó buena parte de 2025 y comienzos de 2026, pero todavía está lejos de construir una mayoría social sólida. La mejora registrada en junio muestra capacidad de recuperación, aunque sobre una base relativamente baja y con niveles de rechazo que continúan siendo elevados.

De hecho, entre los presidentes sudamericanos analizados, sólo algunos mandatarios atravesados por fuertes crisis políticas o institucionales exhiben números peores. La Argentina aparece así en una situación paradójica: el Gobierno reivindica logros macroeconómicos que pocos meses atrás parecían difíciles de alcanzar, pero esos avances todavía no encuentran un correlato equivalente en la opinión pública.

Más que una consolidación, los datos parecen describir una tregua. Milei mejora, pero no despega. Recupera algunos puntos, pero continúa lejos de los liderazgos regionales. Y mientras el oficialismo celebra cada indicador económico favorable, la encuesta recuerda que el principal desafío del Presidente sigue siendo político: transformar la estabilización en legitimidad social duradera.

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Sáenz advirtió sobre una “desesperanza” social y comparó el clima actual con el 2001

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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó una de las definiciones más duras formuladas hasta ahora por un mandatario provincial sobre el clima social y económico que atraviesa la Argentina. En una reflexión cargada de preocupación, aseguró que percibe a la sociedad “desesperanzada” y trazó un paralelismo con la crisis de 2001, aunque advirtió que el escenario actual presenta características distintas, marcadas por el enojo social, la violencia discursiva y el agotamiento de la confianza pública.

“Veo a la gente desesperanzada. Ha pasado de la bronca, del odio, que fue lo que llevó a este gobierno a llegar a donde está, porque también venía con una serie de golpes en lo económico, y le dio un cheque en blanco a este gobierno. Y empiezo a verlo con desesperanza. Algo parecido al 2001, pero distinto”, sostuvo Sáenz.

El mandatario salteño describió un deterioro profundo del humor social y consideró que la crisis actual se expresa también en las redes sociales, donde -según afirmó- ya no predomina el clásico rechazo político del “que se vayan todos”, sino una sensación todavía más extrema. “Yo creo que ahora dicen que se mueran todos. La gente está cansada, ya no cree en nadie”, señaló.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte ajuste económico, caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo y aumento de la fragilidad laboral, especialmente en las economías regionales y en el interior profundo del país, donde las alternativas de subsistencia son mucho más limitadas que en los grandes centros urbanos.

Sáenz puso especial énfasis en la situación social de los sectores más vulnerables. “Que los jubilados no tengan para remedios, que la gente tenga que comer salteado, que no consigan empleo”, enumeró, al tiempo que advirtió sobre el impacto que está teniendo la recesión sobre pequeñas y medianas empresas que tardaron años en consolidarse y hoy enfrentan cierres definitivos.

“Hay un montón de empresas, pymes, que han estado años para cumplir sus sueños y hoy día han cerrado. ¿Cómo se vuelve a abrir ese sueño? ¿Cómo se vuelve a emprender eso?”, cuestionó el gobernador en una entrevista con Eduardo Feinmann.

En su análisis también marcó las diferencias entre la realidad de las grandes ciudades y la situación del interior profundo. Señaló que en las capitales provinciales todavía existen mecanismos informales de supervivencia económica -como trabajar con aplicaciones de transporte o reparto-, pero sostuvo que esas alternativas prácticamente no existen en las localidades más alejadas.

“Acá en Capital alguien se queda sin trabajo, pone un Uber y pucherea, lleva la comida de cada día a su casa. Eso en el interior no pasa. Primero porque no hay mercado para eso y segundo porque hay que tener auto”, afirmó.

Las declaraciones de Sáenz reflejan una creciente preocupación entre gobernadores por el impacto social del ajuste económico y por el deterioro de las economías regionales. En provincias del norte argentino, donde el empleo público, las pymes y las actividades primarias tienen un peso central en la estructura económica, la caída del consumo y la paralización de inversiones comienzan a trasladarse con mayor fuerza al tejido social.

El planteo del gobernador salteño también deja entrever un temor compartido por parte de varios mandatarios provinciales: que el desgaste económico derive en una crisis de representación política y en una profundización del descreimiento institucional, en un escenario donde amplios sectores sociales sienten que no encuentran respuestas ni perspectivas de recuperación en el corto plazo.

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Milei defendió el rumbo económico: “La Argentina está mucho mejor que en 2023”

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El presidente Javier Milei volvió a confrontar públicamente con el periodismo y defendió la evolución de la economía al asegurar que “la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023”. Lo hizo a través de un extenso mensaje en redes sociales, donde combinó una lectura económica con críticas políticas y un pedido explícito a la sociedad para sostener el rumbo.

El planteo se da en un momento en que el Gobierno busca consolidar su narrativa de recuperación tras meses de ajuste, reconociendo al mismo tiempo que “estos últimos meses fueron duros”.

Disputa por el relato económico y el rol de los medios

El eje central del mensaje presidencial apunta a cuestionar la interpretación de la coyuntura económica. Milei sostuvo que el periodismo “se arroga ser la voz de la gente” pero actúa en función de intereses, y criticó la cobertura mediática que —según su visión— insiste en un escenario negativo.

“Los datos son contundentes”, afirmó, al tiempo que cuestionó que “el 100% de los zócalos televisivos” sostengan que “todo está mal”, pese a lo que describió como mejoras en indicadores como la pobreza.

El planteo introduce una tensión política clara: el Gobierno intenta instalar que existe una brecha entre los datos oficiales y la percepción mediática, en una disputa que trasciende lo económico y se proyecta sobre la legitimidad de los diagnósticos públicos.

Qué sostiene el Gobierno: mejora de indicadores y costos del ajuste

En su argumentación, Milei reconoció que la recuperación no es homogénea. “¿Significa esto que todos están mejor? No”, admitió, al tiempo que explicó que las estadísticas reflejan promedios y que existen sectores que aún no perciben mejoras.

El Presidente vinculó las dificultades recientes con lo que definió como el costo de corregir desequilibrios heredados. Según su planteo, ese proceso implicó: Tasas de interés más altas. Menor nivel de actividad. Y presiones inflacionarias

Sin embargo, sostuvo que esos efectos forman parte de una transición y que “la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza”

Consolidar narrativa en un contexto de ajuste

El mensaje no solo tiene contenido económico, sino también político. El Gobierno busca reforzar una idea central: que el rumbo es correcto y que cualquier cambio implicaría “dinamitar lo logrado”.

En ese marco, la confrontación con el periodismo cumple una doble función: Blindar la narrativa oficial, cuestionando las interpretaciones críticas. Reafirmar liderazgo político, en un contexto de medidas de alto costo social

El uso de términos como “evidencia empírica” y la apelación a los datos refuerzan la estrategia de presentar la gestión como técnicamente fundada, frente a lo que el oficialismo describe como “relato”.

Percepción versus datos

El planteo presidencial vuelve a poner en el centro una tensión recurrente en la economía argentina: la diferencia entre indicadores macroeconómicos y percepción social.

Mientras el Gobierno enfatiza mejoras en variables agregadas, reconoce que la recuperación no impacta de manera uniforme. Esto implica que: La mejora de indicadores no necesariamente se traduce en alivio inmediato para todos los sectores. La consolidación del proceso depende de sostener estabilidad y crecimiento. La percepción social puede seguir siendo un factor clave en la dinámica política

Efectos dispares en el interior

Aunque el mensaje es de alcance nacional, la referencia a una recuperación no homogénea sugiere impactos diferenciados en las regiones.

En provincias como Misiones y el NEA, donde las economías dependen de actividades específicas y del consumo interno, los tiempos de recuperación pueden variar respecto de los grandes centros urbanos o sectores exportadores.

El propio reconocimiento presidencial sobre los “extremos de la distribución” deja abierta la posibilidad de que algunas regiones perciban los cambios con mayor rezago.

Entre la validación de datos y la percepción social

El posicionamiento de Milei refuerza una estrategia que combina defensa del programa económico con confrontación política. Hacia adelante, el escenario estará condicionado por varias variables: La evolución de los indicadores económicos en los próximos meses. La capacidad del Gobierno de sostener su narrativa frente a la percepción social. El nivel de conflictividad política y mediática. Y la velocidad con la que la mejora, si se consolida, llegue a distintos sectores

El debate sobre si la economía está efectivamente “mucho mejor” no solo se jugará en los datos, sino también en la experiencia concreta de los distintos actores sociales.

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Canasta de servicios 2026: ¿Cuánto incide en la Clase Media?

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“Si evaluamos las transformaciones macro y su incidencia en la vida diaria, lo más notorio es que la inflación se encuentra estable, pero aún en un nivel elevado. En ese marco, las tarifas de los servicios siguen en proceso de corrección gradual, atravesada por una dinámica de “ajustar sin desbordar, contener sin atrasar”, expresó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market. 

El siguiente gráfico compara el costo estimado de la canasta de servicios, de una familia tipo, en noviembre de 2025 frente a una proyección de marzo de 2026.

La familia considerada está compuesta por cuatro integrantes: dos adultos con empleo y dos niños en edad escolar.

El primer gasto inevitable es el techo. En noviembre del año pasado, podían alquilar un departamento de tres ambientes en el Gran Buenos Aires por un valor promedio de $760.860. Para marzo de este año, ese monto ascendería a $827.599. Este último valor surge de aplicar el incremento acumulado del IPC estimado. Sin embargo, durante 2025 los alquileres subieron alrededor de un 51% en el GBA, pese a que la inflación anual fue del 31,5%. La principal explicación está del lado de la oferta: la falta de desarrollo de edificios residenciales en propiedad horizontal y, en consecuencia, una menor disponibilidad de unidades en alquiler. Se trata de una escasez estructural de viviendas que persiste incluso tras el cambio en las reglas de juego del mercado inmobiliario, luego de la derogación de la Ley de Alquileres. La reducción del riesgo para el propietario logró atraer inversiones, pero por los tiempos y la magnitud que requieren las obras, ese movimiento no se traduce en un impacto directo en el corto plazo.

En cuanto a las expensas, para un departamento sin amenities de lujo, pasarían de $147.977 en noviembre a $161.476 en marzo, lo que representa un aumento del 9,12%. Vale señalar, que existe una brecha marcada entre las expensas del conurbano y las de la Ciudad de Buenos Aires: en CABA suelen ser el doble o más para viviendas comparables, en parte por actualizaciones tarifarias aplicadas en distintos momentos. Además, cuando la billetera se ajusta, este suele ser uno de los gastos donde primero aparece el recorte, y por ello en un edificio, entre el 15% y el 20% de las unidades registra deuda aún cuando las tasas de interés rondan el 6%.

Servicios públicos: tarifas con “lógica gradual”

Dentro de los servicios básicos, desde febrero comenzarán a regir nuevos valores para la electricidad y el gas. En noviembre de 2025, una familia sin subsidios pagaba en promedio $37.098 por la boleta de luz; para marzo, ese monto se estima en $53.744.

En el caso del gas natural, el ajuste sería más marcado debido a la implementación del Precio Anual Uniforme, conocido como “tarifa plana”. La factura pasaría de $24.071 a $27.276, contemplando el aumento promedio nacional del 16,86% y las estimaciones del IPC+IPIM. El objetivo del nuevo esquema tarifario es eliminar los picos de facturación durante el invierno y redistribuir el costo hacia los meses de menor demanda, para amortiguar el shock estacional e incorporar, además, la cuota mensual correspondiente a la Revisión Quinquenal Tarifaria. A esto se suma que en febrero entra en vigencia el nuevo Subsidio Energético Focalizado, que reemplaza al esquema anterior de segmentación.

Por su parte, el servicio de agua y cloacas continuará ajustándose hasta abril con subas del 4% mensual, lo que dejaría en marzo una boleta aproximada de $36.486, un 17,40% por encima del valor de noviembre.

Transporte: la movilidad esencial con subas por encima del promedio

Otro servicio esencial es el transporte público que garantiza la movilidad cotidiana de las familias entre escuela, trabajo y otros traslados diarios.

Durante 2025 los aumentos superaron ampliamente la inflación: 77,47% en la Provincia de Buenos Aires y 60% en CABA. Este comportamiento responde a los aumentos “excepcionales” sumado a la fórmula de actualización que contempla incrementos mensuales del 2% fijo más la variación de precios (IPC). Así, una familia que se desplaza diariamente combinando colectivos y trenes gastaría $89.381 mensuales en marzo, frente a los $70.605 mensuales de noviembre. En caso de no contar con SUBE nominalizada, el gasto ascendería a $147.120 en marzo, un 64% más.

El costo oculto del “uso moderado” del vehículo particular

Si los adultos contaran con un automóvil y lo utilizaran de manera moderada, solo para salidas de fin de semana, el costo del combustible y del seguro recortaría rápidamente el margen del presupuesto familiar. En noviembre, el litro de nafta súper costaba $1.435, y se estima que para marzo alcance los $1.727, en base a los aumentos esperados. En términos prácticos, llenar un tanque de 50 litros pasaría a costar $86.349, un 20% más que en noviembre.

Para este ejercicio se supusieron salidas los sábados y domingos, desde la Provincia de Buenos Aires hacia CABA (44 km ida y vuelta) como actividad recreativa. Bajo ese esquema, el consumo sería apenas inferior a un tanque completo, lo que implicaría un gasto aproximado de $72.947 en marzo, frente a los $60.614 de noviembre. A esto se suma el costo del seguro automotor.

En noviembre, una cobertura mínima (terceros completo) se ubicaba en $83.686, mientras que para marzo se estima en $146.020. Naturalmente, este valor varía según el año y el precio del vehículo, la jurisdicción donde se contrata y el tipo de cobertura. En este caso se toma como referencia la opción mínima.

Además, si se considera el uso ocasional de taxis para cubrir imprevistos, un viaje entre PBA y CABA costaba en noviembre aproximadamente $23.040, mientras que en marzo se estima en $25.060. Con cuatro viajes mensuales, uno por semana, el gasto total ascendería a $100.243.

Salud, educación y conectividad: servicios que se vuelven inelásticos

La salud y la educación son pilares en cualquier sociedad y garantizar su acceso, no es un debate sino un consenso social. Si bien en Argentina existen escuelas y hospitales públicos, una parte importante de las familias opta por alternativas privadas en busca de mayor calidad o previsibilidad, aun cuando eso implique un gasto significativamente mayor.

En el caso de la educación, los colegios privados cuentan con libertad para fijar sus aranceles, mientras que aquellos que reciben algún porcentaje de aporte estatal se manejan dentro de una banda autorizada. Como resultado, las cuotas mensuales varían ampliamente entre instituciones. Para este ejercicio se tomó como referencia un colegio semiprivado de calidad intermedia: con dos niños en edad escolar, el gasto era de $352.206 mensuales. Para el ciclo lectivo 2026 se proyectan aumentos de al menos el 70%, por lo que enviar a ambos hijos al colegio costaría $605.794.

La magnitud de esa dispersión se observa con claridad al mirar el extremo superior: una institución 100% privada puede tener un arancel básico de $1.133.319 por mes. Para la mayoría de los hogares de clase media, superar los $2 millones mensuales solo en cuota escolar, sin contar el resto de los servicios, resulta directamente inviable.

Por su parte, muchas familias sostienen una prepaga, un rubro de peso en el presupuesto pero difícil de recortar por su carácter esencial. En general, estos planes ajustan según IPC con un rezago de N-2. Así, una prepaga familiar básica que costaba $576.389 en noviembre pasaría a $647.044 en marzo.

Por último, los servicios de conectividad y entretenimiento ganaron relevancia en el hogar, tanto por su uso cotidiano como por su impacto en el gasto mensual. En telefonía, considerando dos líneas para el grupo familiar, el precio aumentaría un 5% en marzo respecto de noviembre. El servicio de internet, hoy indispensable, rondaría los $81.202 en el tercer mes del año, mientras que el cable se ubicaría en $32.762 para el paquete básico. Cabe señalar que muchas empresas ofrecen estos servicios en combo y aplican bonificaciones por seis meses, con posibilidad de renovación; sin embargo, para simplificar el cálculo se asumió el pago del 100% del valor. En el caso del streaming, se tomó como referencia la plataforma más extendida. En marzo, un plan familiar estándar costaría $26.698 mensuales, incluyendo IVA y Ganancias.

El valor final de la canasta

En términos totales, la canasta completa de servicios para una familia tipo ascendería en marzo de 2026 a $2.980.339. Esto representa un 22,25% más que en noviembre del año pasado. Dado que se contemplan únicamente los servicios en ella, el nivel de gasto resulta elevado en relación con los ingresos percibidos por el hogar. Además, duplica la inflación acumulada estimada del período, que se ubicaría por debajo del 10%. En parte, esto se explica porque los mayores incrementos se concentran en rubros que venían de un atraso o contención tarifaria y que, en muchos casos, los servicios privados no ajustan sus aumentos a la nueva “normalidad” inflacionaria.

Si se compara el valor de la canasta de marzo 2025 con el de marzo 2026, se observa un aumento del 57,5%, muy por encima de la inflación interanual del mismo período.

“Los avances macroeconómicos son valiosos y merecen ser reconocidos, pero todavía no logran traducirse plenamente en la vida cotidiana. En este contexto, las reformas estructurales que se discuten, como la modernización laboral, no tendrán efectos inmediatos, aunque sí pueden ser determinantes en el mediano y largo plazo. Para acelerar esta transición hacia la microeconomía, será clave avanzar en la eliminación progresiva de las restricciones cambiarias pendientes, permitiendo que el sistema en su conjunto funcione con mayor normalidad y previsibilidad, y habilite un sendero de estabilidad con crecimiento. A su vez, el hecho de no atravesar un período electoral hasta 2027 abre una ventana de oportunidad poco frecuente: consolidar las medidas ya tomadas, sostener el rumbo y profundizar consensos en políticas estructurales“, indicó Damián DiPace Director de la Consultora Focus Market. 

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