El gasto público primario devengado del Gobierno nacional volvió a mostrar una contracción significativa en enero de 2026 y alcanzó uno de los niveles más bajos de las últimas décadas en términos reales. De acuerdo con el Monitor de Gasto Primario Mensual elaborado por Analytica, el gasto cayó 4,2% interanual en valores constantes, profundizando la estrategia de ajuste fiscal del Ejecutivo.
El informe, con información disponible al 3 de febrero de 2026, detalla que el gasto devengado —que refleja la obligación de pago del Estado— se ubicó en niveles históricamente bajos, incluso por debajo de los registros observados en años de fuerte restricción presupuestaria Monitor de gasto enero 2026.
Obra pública y transferencias, los recortes más profundos
El mayor ajuste se concentró en la obra pública, que se desplomó un 97,1% interanual en términos reales. Dentro de ese rubro, las construcciones cayeron 95,8% y las transferencias de capital fueron prácticamente nulas, marcando un virtual congelamiento de la inversión estatal en infraestructura Monitor de gasto enero 2026.
También se registraron fuertes reducciones en las transferencias a provincias, que retrocedieron 64,5% real interanual, profundizando las tensiones fiscales entre la Nación y los gobiernos subnacionales. En paralelo, los programas sociales exhibieron una caída del 35,7%, con recortes significativos en Potenciar Trabajo (-25,6%), políticas alimentarias (-24,9%) y otros programas (-59,6%) Monitor de gasto enero 2026.
Jubilaciones, asignaciones y subsidios: comportamientos dispares
En contraste con el ajuste general, algunas partidas mostraron incrementos reales. Los subsidios económicos crecieron 139,2% interanual, explicados en gran medida por una baja base de comparación. Las asignaciones familiares aumentaron 1,1%, impulsadas por la suba de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que avanzó 5,4%, aunque las asignaciones familiares tradicionales cayeron 6,1%. Por su parte, las jubilaciones y pensiones registraron una suba real moderada del 0,8% Monitor de gasto enero 2026.
Asistencia excepcional a provincias
El informe también señala que, durante enero, solo dos provincias recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Chubut percibió 4.000 millones de pesos como asistencia financiera ante los incendios, mientras que Corrientes recibió 3.000 millones de pesos para atender las inundaciones en los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía Monitor de gasto enero 2026.
Un ajuste que redefine el rol del Estado
La dinámica del gasto primario confirma que el ajuste fiscal se apoya principalmente en la licuación de la inversión pública, la reducción de transferencias a provincias y el recorte de programas sociales, mientras se preservan —aunque con incrementos acotados— las prestaciones previsionales y algunas transferencias directas a los hogares.
El Monitor de Analytica advierte que el nivel de gasto observado en enero de 2026 se encuentra entre los más bajos de la serie histórica, consolidando un cambio estructural en el tamaño y la composición del gasto público nacional.
La estabilización macroeconómica no logra traducirse en una reactivación de la economía real. Un nuevo informe del Instituto Argentina Grande (IAG) advierte que el nivel de actividad permanece prácticamente estancado, con un ajuste fiscal histórico como principal ancla del superávit y un consumo que se mantiene únicamente a través del endeudamiento de los hogares. Según el relevamiento, el gasto público real cayó 27% respecto de 2023, el mayor recorte desde la salida de la Convertibilidad.
El documento, fechado el 23 de enero de 2026, señala que el resultado fiscal positivo se explica casi en su totalidad por esta contracción del gasto, que impacta de lleno en la inversión pública, las transferencias a provincias y el dinamismo del mercado interno, mientras la industria y la construcción continúan en terreno recesivo.
Ajuste fiscal récord y desplome de la inversión pública
El informe del IAG detalla que el superávit primario se sostiene sobre un ajuste sin precedentes en el gasto estatal. Las transferencias a las provincias registraron una caída superior al 70%, afectando de manera directa la capacidad de financiamiento de los gobiernos subnacionales.
Aún más profundo fue el recorte en la inversión pública, que se desplomó un 75% durante el último semestre, lo que derivó en la paralización de la obra pública a nivel nacional. Este freno no solo impacta sobre la actividad de la construcción, sino que también arrastra a sectores vinculados a insumos, empleo y economías regionales.
Desde el punto de vista institucional, el informe subraya que el actual esquema fiscal privilegia el equilibrio de las cuentas públicas mediante una contracción del gasto real, sin que hasta el momento se observen señales de compensación a través de mayor inversión privada o recuperación sostenida del consumo.
Consumo a crédito, ventas en caída y recesión industrial
En el frente del consumo, el panorama es igualmente restrictivo. El relevamiento indica que las ventas en supermercados y comercios acumulan caídas de dos dígitos, reflejando el deterioro del poder adquisitivo. En ese contexto, el consumo se sostiene exclusivamente mediante tarjetas y crédito, una señal de fragilidad para la demanda interna.
En términos de actividad, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) muestra un crecimiento “casi nulo”, con industria y construcción aún en niveles recesivos, lo que confirma que la estabilidad macro no logró reactivar los principales motores productivos.
El informe advierte que esta dinámica configura un escenario de estancamiento, donde el ajuste fiscal reduce el impulso de la economía real y el consumo financiado actúa como único sostén transitorio del mercado interno.
Estabilidad cambiaria frágil y rol del Banco Central
En el plano financiero, el IAG señala que la estabilidad cambiaria continúa siendo frágil. Tras el pago a bonistas del 9 de enero, que se cubrió parcialmente mediante un repo con bancos por USD 4.900 millones, el Banco Central retomó la compra de divisas.
En las primeras semanas de enero, la autoridad monetaria acumuló USD 900 millones, una señal de recomposición de reservas que, sin embargo, se da en un contexto de fuerte ajuste fiscal y contracción de la demanda interna.
El informe sugiere que, si bien la política cambiaria logró evitar tensiones inmediatas, la sostenibilidad del esquema dependerá de una eventual recuperación de la actividad y de un equilibrio más estable entre disciplina fiscal y crecimiento económico.
El Sector Público Nacional (SPN) cerró diciembre de 2025 con un déficit primario de $2,88 billones y un déficit financiero de $3,29 billones, en un contexto de fuerte consolidación del ajuste fiscal iniciado en 2024. Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la contracción real del gasto —14,4% interanual en diciembre y 27,2% en la comparación 2025 versus 2023— compensó la caída de los ingresos y permitió cumplir holgadamente la meta fiscal comprometida con el FMI, aunque a costa de una reducción significativa en prestaciones sociales, subsidios, obra pública, salarios estatales y transferencias a universidades.
Ajuste fiscal consolidado y resultado financiero “oculto” por capitalización de intereses
Durante diciembre de 2025, los ingresos totales del SPN alcanzaron los $12,07 billones, con una caída interanual real del 7,1%, mientras que el gasto total sumó $14,95 billones, con un leve incremento interanual del 1,7%. En términos reales, el ajuste se evidencia con claridad al comparar contra 2023: el gasto se contrajo 16,1% en diciembre y 27,2% en el acumulado anual, frente a una reducción de los ingresos del 0,3% y 8,1%, respectivamente.
El informe advierte, sin embargo, sobre un déficit financiero implícito. El Tesoro priorizó en sus licitaciones la emisión de títulos en pesos capitalizables —LECAP, BONCAP y DUALES—, cuyos intereses no se registran como gasto corriente. Así, aunque el resultado financiero mensual fue negativo en $3,29 billones, al incorporar los intereses capitalizados por $4,08 billones, el rojo ascendería a $7,37 billones en diciembre. En el acumulado anual, el déficit financiero implícito alcanzaría los $28,59 billones.
Este mecanismo permitió sostener un resultado fiscal formalmente consistente con el programa financiero, pero introduce tensiones hacia adelante en materia de sostenibilidad de la deuda en pesos.
Ingresos en retroceso y presión tributaria reconfigurada
La evolución de los ingresos muestra un desempeño dispar. La caída interanual real del 7,1% en diciembre se explica principalmente por:
Bienes Personales: -23,1% interanual, afectado por la base de comparación tras la prórroga de pagos en 2024.
Impuesto a las Ganancias: -2,4% interanual.
Resto de tributos: -11,8% interanual, por la eliminación del Impuesto PAIS a fines de 2024, que en 2025 habría aportado $9,09 billones a valores reales.
Derechos de Exportación: -57,7% interanual, tras liquidaciones anticipadas y la aplicación del Decreto 682/2025, que redujo transitoriamente las retenciones al 0%. El informe anticipa nuevas caídas en los próximos meses.
En contraste, los Derechos de Importación crecieron 9,0% interanual, impulsados por un aumento de las importaciones, especialmente de bienes de consumo y vehículos, mientras que el IVA volvió a caer en términos reales (-4,2%), reduciendo su participación sobre el total de recursos.
Gasto público: recorte social, obra pública paralizada y universidades ajustadas
El ajuste del gasto impactó de manera heterogénea. Las Prestaciones Sociales crecieron 6,0% interanual en diciembre, pero al comparar ejercicios completos (2025 vs. 2023) registran una caída real del 11,5%. Dentro del rubro, solo la Asignación Universal para Protección Social mostró un aumento significativo (+71,2%), mientras que se verificaron fuertes reducciones en Asignaciones Familiares (-24,3%), Pensiones no contributivas (-12,6%) y “Otros programas” (-51,4%), donde se incluyen Tarjeta Alimentar, comedores, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.
Los subsidios económicos se redujeron 52,4% interanual en términos reales, con una baja del 42,9% en transporte, asociada a la discontinuidad de compensaciones tarifarias en el AMBA vía SUBE, y un derrumbe del 98,5% en el subrubro “Otras funciones”.
La obra pública profundizó su parálisis: el gasto de capital cayó 47,7% interanual en diciembre y 78,8% en el acumulado de 2025 frente a 2023, sin señales de recuperación. En paralelo, los salarios de la administración pública nacional continuaron perdiendo contra la inflación, con una caída real del 36,0% respecto de 2023.
En Universidades Nacionales, diciembre de 2025 no registró el pago de aguinaldos —a diferencia de 2024— y, de haberse abonado, el gasto adicional habría sido de $0,60 billones. En términos acumulados, el recorte alcanza el 32,8% frente a 2023.
Meta fiscal con el FMI cumplida y tensiones hacia adelante
Pese al déficit de diciembre, el SPN acumuló en 2025 un superávit fiscal de $11,77 billones, superando en $1,25 billones la meta de diciembre acordada con el FMI tras la revisión de agosto de 2025, que fijó un objetivo estricto de $10,88 billones.
El cumplimiento de la meta refuerza la consistencia del programa fiscal ante el organismo internacional y habilita la continuidad de los desembolsos previstos. No obstante, el informe del CEPA subraya que el equilibrio se sostiene sobre un ajuste profundo y persistente del gasto real y una estrategia financiera que posterga el reconocimiento de intereses, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad económica, social e institucional en el mediano plazo.
El gasto público primario nacional se mantuvo prácticamente inalterado en 2025 en términos reales (+0,1%), aunque con una marcada recomposición interna de partidas, según el Monitor de Gasto elaborado por la consultora Analytica. El ajuste dejó atrás el recorte generalizado de 2024 y dio paso a una reorientación del gasto, con mayores transferencias a provincias, subas en seguridad social y bienes y servicios, y una profundización del ajuste en obra pública, programas sociales y subsidios económicos.
El dato central del año es la estabilidad del gasto en mínimos históricos, luego de la contracción real del 26,8% registrada en 2024. Sin embargo, esa estabilidad esconde una dinámica heterogénea entre partidas, funciones y jurisdicciones, que revela las prioridades fiscales y políticas del Estado nacional en un contexto de fuerte disciplina presupuestaria.
Diciembre mostró subas puntuales, pero el gasto anual quedó virtualmente congelado
En diciembre de 2025, el gasto primario devengado creció 3,9% interanual en términos reales, impulsado principalmente por partidas que habían sido fuertemente ajustadas el año previo. Las mayores subas reales se observaron en subsidios económicos (+45,0% i.a.), transferencias a provincias (+22,7%) y jubilaciones y pensiones (+6,6%).
Dentro de los subsidios, el incremento estuvo explicado casi exclusivamente por los subsidios energéticos (+253,9% i.a.), fenómeno asociado en parte a una baja base de comparación, tras los fuertes recortes aplicados en 2024. En el caso de las transferencias a provincias, el aumento respondió fundamentalmente a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
En contrapartida, diciembre volvió a mostrar caídas significativas en obra pública (-45,8% i.a.), tanto en construcciones (-28,5%) como en transferencias (-50,7%), y en bienes y servicios (-12,4%), confirmando la continuidad del ajuste en la inversión estatal directa.
En el acumulado del año, el gasto primario se mantuvo prácticamente invariante (+0,1%), consolidando un nivel históricamente bajo tras el fuerte recorte del año anterior.
Reasignación del gasto: más provincias y seguridad social, menos obra pública y programas sociales
El análisis de la composición del gasto en 2025 muestra con claridad el cambio de prioridades. Las mayores subas reales anuales se registraron en las transferencias corrientes a provincias (+22,0%), impulsadas principalmente por el cumplimiento de la medida cautelar 1864/2022 a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya ejecución comenzó en septiembre de 2024.
También se destacó el aumento del gasto en bienes y servicios (+14,2%) y en asignaciones familiares y por hijo (+12,0%), traccionadas en gran medida por el crecimiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que aumentó 18,9% i.a., mientras que las asignaciones familiares tuvieron un incremento más moderado (+2,0%).
Del lado del ajuste, los programas sociales registraron una caída del 21,7% en términos reales. Dentro de este rubro sobresale la fuerte reducción de Potenciar Trabajo (-44,5%), seguida por las políticas alimentarias, que incluyen la Tarjeta Alimentar (-19,8%), y las becas Progresar (-38,5%).
Los subsidios económicos también mostraron un recorte significativo en el año (-35,4% real), en línea con los incrementos tarifarios en electricidad y transporte. En particular, los subsidios eléctricos cayeron 38,7% y los subsidios al transporte disminuyeron 25,9%, movimientos coherentes con la suba interanual del 33,0% en electricidad, gas y otros combustibles y del 32,2% en transporte público, según el IPC de noviembre.
Obra pública: continúa el ajuste, con cambios en su composición interna
La obra pública volvió a ser una de las partidas más ajustadas en 2025, con una reducción del 46,0% en pesos constantes, profundizando un sendero contractivo que ya había mostrado una caída del 76,5% en 2024.
El recorte se concentró principalmente en las transferencias de capital (-59,3%), en particular por la disminución de las transferencias a Energía Argentina S.A. (-83,3%), asociada a la finalización del último tramo del gasoducto en octubre de 2024.
En contraste, el gasto en construcciones ejecutadas directamente por el Estado Nacional mostró un incremento real del 4,6%, impulsado por el gasto en transporte (+13,9%), que explicó el 63% del total destinado a construcciones. Entre los proyectos de mayor peso se destacaron la Construcción del Reactor RA-10 (10,9% del gasto en construcciones) y la Mejora Integral del Ferrocarril General Roca – Ramal Constitución–La Plata (6,4%).
Concentración del gasto y ejecución presupuestaria
Desde una perspectiva institucional, el gasto mostró una fuerte concentración jurisdiccional: el 65,6% del gasto primario se ejecutó en el Ministerio de Capital Humano, bajo cuya órbita se encuentra la ANSES. Por función, el 63,3% del gasto se destinó a seguridad social, seguido por salud (6,1%), educación y cultura (5,8%) y energía, combustibles y minería (4,9%).
La ejecución presupuestaria del gasto primario alcanzó el 96,9% del crédito asignado, aunque con disparidades relevantes. Las menores ejecuciones se observaron en bienes y servicios (86,5%), transferencias a provincias (82,4%) y obra pública (71,2%).
Durante 2025, ante la falta de aprobación del Presupuesto, se utilizó el presupuesto prorrogado de 2024, que fue modificado a lo largo del año. El crédito presupuestario del gasto primario se amplió en $31,9 billones, de los cuales $20 billones se destinaron a jubilaciones, pensiones y PAMI. La única partida que redujo su crédito fue la de subsidios económicos (-$0,5 billones), producto de un recorte de $0,7 billones en subsidios energéticos, parcialmente compensado por un aumento de $0,2 billones en transporte.
Presupuesto 2026: más crédito nominal, ajuste real
La ley de Presupuesto 2026, aprobada en diciembre, asigna un crédito total de $148,1 billones, lo que implica un incremento nominal del 18% respecto del presupuesto vigente al 29 de diciembre de 2025. Sin embargo, al considerar una inflación promedio anual del 30%, el presupuesto proyecta un ajuste real del 9,2%.
Al analizar los 15 principales programas, que concentran el 71,7% del crédito total previsto para 2026, se observa que la mayoría presenta recortes en términos reales. La excepción es el programa “Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes de la Secretaría de Energía”, que proyecta un aumento nominal del 50%, equivalente a un incremento real del 15,4%.
Por Isidro Guardarucci / FIEL – Radiografía del superávit. 2025 llegó a su fin y los números fiscales van a apareciendo. La información más reciente es la ejecución a noviembre, es decir, sólo queda por agregar el último mes del año. La foto del pre cierre de año muestra un superávit primario de $14,6 billones, un 12,6% más bajo que el observado en igual período de 2024 (cuando se compara a precios constantes, es decir, neto del efecto inflacionario). Por su parte, el balance global, que incluye el pago de intereses, se ubicó en $4,7 billones. Este número, favorecido por el registro contable de los instrumentos capitalizables cuyos servicios se reflejan íntegramente debajo de la línea, es muy similar a lo observado un año atrás.
En línea con lo acontecido durante todo 2025, se destaca la fuerte contracción de los subsidios económicos y la inversión pública; en menor proporción, las partidas salariales también se vieron reducidas. Mención aparte para las transferencias a universidades nacionales, las cuales, si bien cayeron, arrancan el año 2026 con Ley de Financiamiento vigente. En la misma línea, también cayeron los intereses, por cuestiones de registro ya mencionadas. Por el contrario, los gastos no salariales de funcionamiento estatal y las transferencias a provincias aumentaron considerablemente. En menor proporción, pero con un impacto considerable, el aumento de las prestaciones sociales es el principal determinante de que la situación fiscal muestre un retroceso con respecto a 2024. En el mismo sentido juega la caída de la recaudación tributaria, que afecta negativamente al balance en unos $3 billones (medidos en moneda constante).
Finalmente, hay Ley de Presupuesto
Con el año nuevo, el gobierno logró tener (finalmente) un presupuesto aprobado. Esto representa un hito en la gestión económica, dotando de mayor institucionalidad a la cuestión fiscal. No obstante, el tema no está cerrado totalmente. El proyecto aprobado por el Poder Legislativo eliminó el artículo que derogaba las leyes referidas a financiamiento educativo y discapacidad. Así, no es obvio cómo se logrará sostener el superávit primario proyectado en 1,5% del PIB. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso ambas normativas implican más de medio punto del producto en gasto anual, el cual ahora deberá ser absorbido con alguna reasignación de partidas. Una posibilidad es que, al menos parcialmente, estos gastos se financien con los recursos generados por el nivel de inflación más alto implícito en el nuevo plan cambiario anunciado para este 2026. Se plantea también la alternativa trascendida de ignorar estas disposiciones, toda vez que el proyecto aprobado por el Congreso no especifica las fuentes de financiamiento asignadas para tales erogaciones. Finalmente, existe la posibilidad de algún recurso normativo que proponga el Poder Ejecutivo para buscar una solución intermedia a una disputa no saldada.
Fin de año en las provincias: optimismo se busca
Por su parte, las provincias enfrentan un escenario que luce algo más deteriorado. Si bien es un mapa heterogéneo, el análisis macroeconómico impone la necesidad de una lectura agregada. Como se manifestó en esta misma columna hace algunos meses, la situación subnacional del primer semestre era peor que la de 2024 (cuando la licuación del gasto jugó a favor de los tesoros provinciales) y similar a la de 2023. No obstante, no es correcto pensar que este corte parcial se debe traducir linealmente al cierre de año. La realidad se impone.
Las provincias tienen gastos muy rígidos, donde el componente salarial es (por mucho) el más relevante. Además, la mitad de ellas sostienen a sus cajas previsionales provinciales, las cuales imponen también erogaciones sin ninguna flexibilidad. En cuanto al gasto “discrecional”, es más rígido que en nación: los bienes y servicios que contratan son asociados en su mayor parte al funcionamiento de salud, educación y seguridad; mientras que la obra pública tiene también escaso margen de maniobra dada la contracción del financiamiento nacional en este rubro.
Del lado de los ingresos, las provincias viven principalmente de la coparticipación (Ganancias e IVA dirigen el show) y la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos. Estos recursos se ven influenciados de forma directa por la inflación. Y el comportamiento de los precios en 2023 no se puede comparar en absoluto con 2025. Mientras hace dos años el segundo semestre fue de fortísima aceleración, en el último ejercicio mostró niveles más o menos constantes entre julio y diciembre. Así, mientras los precios se aceleran, la recaudación aumenta y los recursos para financiar gastos (que se actualizan mirando al pasado) son suficientes. Esto brinda flexibilidad en el corto plazo a gobiernos que, si se acostumbran a operar en ese contexto, terminan por adaptarse a dinámicas menos sostenibles en procesos de estabilización. El cierre de 2025, si bien dista mucho de lo que es un nivel de inflación deseable, no se compara con lo observado en años pasados. Es decir, los números deben cerrar con prudencia fiscal, no apostando a la nominalidad y “patear el problema para adelante”.
La situación luce más sensible si se compara la recaudación provincial y su dinámica reciente. Según los datos más actuales, la recaudación acumulada del Impuesto a los Ingresos Brutos está por debajo de los registros tanto de 2023 como de 2024 (en algunos casos, como en Córdoba, la situación es similar). En resumen, ni los recursos de 2023 ni la licuación del gasto de 2024. Las provincias suelen ser algo lentas para mostrar sus números, pero no hay dudas de que la foto de cierre de 2025 mostrará a varios fiscos subnacionales en la situación más incómoda de los últimos años.
El año que se viene
Comienza un nuevo año y el gobierno deberá enfrentar el desafío de sostener el superávit fiscal, sin dudas, el pilar de su programa económico. No se puede ignorar que la Ley de Presupuesto y el resultado electoral plantean un escenario más sólido en lo institucional y político, pero la tarea sigue. Por el lado de las provincias, en las próximas semanas (y quizás meses) posiblemente empezaremos a ver un cierre de 2025 con más déficit del que veníamos acostumbrados.
Pasado un año marcado por las elecciones legislativas, 2026 llama a encauzar las finanzas públicas a todo nivel. Aunque parezca pronto, ya podemos decir que el año que viene se renuevan autoridades ejecutivas. Y no es deseable llegar sin margen a esas instancias. Para los gobernantes, un fisco bajo stress es sinónimo de ajuste y menor capacidad de negociación; para la economía, es sinónimo de inestabilidad e incertidumbre.
