mié. Mar 11th, 2026

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Piden que por Ley se duplique el presupuesto del Poder Judicial

By admin 8 años ago
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Es para apuntalar la independencia y posibilitar la creación de más juzgados y la mejora de los salarios más bajos de este poder del Estado, explicó el autor de la iniciativa, el diputado Isaac Lenguaza (PAyS).

El proyecto de Ley, que será consensuado con todos los sectores vinculados con el Poder Judicial, busca establecer un piso mínimo dentro del Presupuesto general de gastos y recursos de la provincia, el que no deberá ser  inferior al seis por ciento, es decir, casi el doble que el porcentaje promedio que se destina anualmente para el funcionamiento de la Justicia.

Lenguaza socializó el proyecto con el Colegio de Abogados de Misiones, institución que presidió en su momento. La actual comisión directiva, presidida por Ernesto Baez, apoyará la iniciativa en tanto incluirá un artículo específico que condicionará el uso de los eventuales mayores recursos al mejoramiento de la infraestructura judicial y de los salarios más bajos del escalafón.

El legislador que elaboró el borrador del proyecto de Ley explicó que la Constitución de Misiones no prevé la autarquía económico-financiera del Poder Judicial, que es la total independencia en la elaboración y manejo de su propio presupuesto, sin intervención del Poder Ejecutivo. Por esta limitación, en la actualidad el Poder Judicial elabora su cálculo, pero integra luego el presupuesto general. “Lo ideal es avanzar en la autarquía reformando el artículo 146 de la Constitución, pero ello requiere un proceso de enmienda que es complejo y demanda también el necesario referéndum, que tiene sus tiempos” refirió el diputado.

Y recordó que en 2014 el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, propuso un proyecto de Ley en este sentido, por lo que cree que habrá voluntad política para avanzar en el “paso intermedio”, que implica aumentar el presupuesto y ponerle un porcentaje fijo que le posibilite al Poder Judicial una mayor previsibilidad a la hora de programar reformas estructurales.

 

En otras provincias

Según un análisis comparativo incluido en los fundamentos del proyecto, las provincias que más presupuesto destinan a sus respectivos Poderes Judiciales son Salta (6,5%); Córdoba (6,3%); Chubut (6,2%), Neuquén (5,4%); Chaco (5,1%); Corrientes (5%); Mendoza (4,3%); San Juan (4,1%); Buenos Aires (4%); CABA (4,8%). Entre las que menos partidas destinan al Poder Judicial están Jujuy (3,6%), Santiago del Estero (1,9%), San Luis (3,1%), La Pampa (3,4%), Santa Fe (3,1%), Formosa (2,8%) y Misiones, que no llega al 3,5%.

A nivel nacional, la ley 23.853 determina que el presupuesto del Poder Judicial de la Nación se fijará en base a un porcentaje de los recursos tributarios y no tributarios de la administración central.

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Iguazú tendrá cajeros automáticos donde se podrá comprar dólares

By admin 8 años ago
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Tras decisión del Banco Central de desregular el mercado cambiario llegan al país los primeros cajeros automáticos que actúan como casas de cambio. “El aeropuerto de Ezeiza será el primer lugar” donde habrá una casa de cambio automática, adelantó a Télam, Guillermo Francos, el presidente de Wanap, el primer banco digital que operará a partir del mes próximo en Argentina, propiedad del empresario Eduardo Eurnekian, también dueño de Aeropuertos Argentina 2000, que opera 33 estaciones aéreas en todo el país.
La empresa que las trae es Power Consultant, cuyo director, Hilarión Largúia, indicó a Télam que “son máquinas GRG Banking”, de origen chino, que cuestan entre US$ 25.000 y US$ 30.000 cada una. Si bien precisó que “las primeras se instalarán en aeropuertos”, indicó que “la oferta está abierta para cualquier empresa o particular que, siguiendo la normativa del Central, quiera operar en el mercado de cambios”.
A través del decreto 27/18, el BCRA dispuso que las empresas de cualquier sector que operen de manera habitual en el Mercado Libre de Cambios podrán funcionar como agencia de cambios con el único requisito de inscribirse en el “Registro de operadores de cambio”. La misma normativa autorizó a hacerlo a las personas físicas que previamente hayan constituido una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) o una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).
De esta manera, un supermercado, una cadena de electrodomésticos, un hotel o cualquier otro comercio podrá adicionar la operación con monedas extranjeras a su actividad principal, del mismo modo que podrá hacerlo un individuo.
Larguía precisó que “son unas máquinas que permiten que cualquier persona, sin necesidad de estar bancarizado, pueda depositar pesos, dólares, euros o reales y elegir cambiarlos por alguna de las monedas que se ofrezcan”. La ventaja sustancial de estas máquinas es que no necesariamente se tienen que conectar a una red bancaria: pueden operar sin ellas. Larguía, quien puntualizó que “eso le otorga una flexibilidad más amplia a la instalación de estos equipos porque no se depende de un tercero, como en el caso de los cajeros automáticos”.

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Tiempo de paritarias

By Julio Burdman 8 años ago
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El Presidente y el Jefe de Gabinete estuvieron diciendo en las últimas horas que van a luchar para mantener la meta inflacionaria del 15%. Naturalmente, se trata de un mensaje enmarcado en el proceso de negociación paritaria. La meta inflacionaria del Presupuesto Nacional se transformó en una suerte de pauta de actualización salarial. Para el gobierno, claro: desde tiempos del INDEC intervenido, los sindicatos tomaron el hábito de elaborar sus propias estimaciones de inflación, y las llevan consigo a las mesas de negociación.
Arrancaron firmando una serie de pequeños sindicatos “fáciles”: UTEDyC (que agrupa a empleados de fundaciones, clubes y otros, y que acumulaba algunos atrasos en materia de aumentos) viene bien, ya que habría rubricado un 18% en dos veces entre enero y agosto, con una cláusula gatillo en noviembre. Obras Sanitarias (Lingieri) fue el primero en aceptar el 15% propuesto por la contraparte, en dos veces (7,5% en abril y otro 7,5% en septiembre) con una cláusula gatillo hacia fin de año (además de un complicado cálculo de recomposición por 2017). Se plegaron a la fórmula algunos otros sindicatos aún más pequeños, que aportan el símbolo del número consensuado: Tintoreros, Remiseros y Docentes de Misiones. El 15% en dos veces es lo que el gobierno intenta acordar con todos los sindicatos, en especial los grandes, y dirigentes con buen diálogo con Macri como Gerardo Martínez (UOCRA, el sindicato de mayor crecimiento reciente), Sasia (Ferroviarios) y Armando Cavalieri (Comercio) están dispuestos a firmar; Luz y Fuerza y los diferentes sindicatos petroleros, en un segundo anillo de cercanía, también.
SUTECBA (trabajadores municipales) habría cerrado un 12% en dos veces (abril y septiembre) y los presentó como un triunfo, anticipando que los aumentos del sector público vienen más bajos que los del sector privado. Ese fue, después de todo, el sentido del recorte de cargos políticos y congelamiento de salarios de altos funcionarios que el gobierno nacional anunció semanas atrás: imponer un criterio hacia los estatales. De UPCN, el sindicato histórico del sector, aún no hay información aunque sí trascendidos de aumentos más módicos que los negociados por SUTECBA. Se vienen meses duros en el estado.
Faltan los sindicatos “difíciles”. Comenzando por los docentes bonaerenses comandados por “Roby” Baradel, que rechazaron el pasado 22 de febrero la segunda propuesta del gobierno provincial. En el caso de los bancarios, fracasó la primera ronda de negociaciones, un CEO de un importante banco privado habría tomado la interlocución con resultados aún inciertos, y tras los paros recientes aún no se alcanzó solución. UOM, Camioneros, Sanidad y Gastronómicos están en conversaciones, el gobierno espera que arreglen en forma simultánea. La marcha del 21F y el enfrentamiento entre Macri y Moyano permite anticipar que no será tan sencillo.
La estrategia de la “pauta salarial” que centraliza las negociaciones se asemeja mucho a la práctica inaugurada por los gobiernos kirchneristas. Que, en más de un sentido, restauraron la institución de las paritarias. Durante varios años consecutivos, la clave fue el número que acordaban los Camioneros: una vez cerrada la negociación con Moyano, el conjunto de los gremios sabía a qué número atenerse. En el gobierno de Mauricio Macri, la “pauta de referencia” comienza por pequeños sindicatos amigos, se extiende por los grandes sindicatos dialoguistas, y luego se intenta imponer a los más díscolos y confrontativos. Uno de los sentidos de la reforma laboral anunciada en 2017 -y uno de los principales contenidos de la reforma ya aprobada en Brasil- era romper esta práctica, y desconcentrar todo lo posible las discusiones salariales para que se adapten a las realidades de cada sector. Pero todo indica que el gobierno de Cambiemos, aunque discursivamente insiste con que las paritarias son “libres”, no pretende eliminar la institución de las paritarias ni la modalidad kirchnerista de la pauta de referencia. En todo caso, aspira a dominarla.
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El otro punto de discusión es la inclusión de las “cláusulas gatillos” en los acuerdos. El gobierno ha intentado desarmarlas, insistiendo con la previsibilidad de la inflación. Pero en el marco del conflicto abierto con Moyano y sus aliados, y ante la necesidad de dejar contenta a una buena parte de los gremialistas, ha mutado su pretensión de eliminarlas a la de posponerlas. Llevar el gatillo todo lo posible al fin del ejercicio. Casi ya hasta el 2019. Con la esperanza puesta en la desaceleración de los precios en el segundo semestre, y en mecanismos de empalme a futuro. Ganar tiempo y, eventualmente, capitalizar la recomposición en el marco de un año que será electoral. En 2018, los costos políticos son más bajos.

 
 
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El final de la emergencia económica y su impacto en los reclamos judiciales, cuotas alimentarias y otros créditos

By Sergio César Santiago 8 años ago
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No es este, ni pretende serlo, un comentario de tinte más que jurídico. La salida de la emergencia económica, advertimos desde lo jurídico trae una mirada realista sobre le economía del día a día y en general sobre toda la economía de un País en proceso de cambios.
Ahora bien, la no prorroga de la ley de emergencia tiene a nuestro juicio efectos inmediatos sobre montos adeudados que deberán ser reajustados por inflación, mas allá del rinde financiero que pudiere corresponderle, por el simple hecho que ante procesos inflacionarios es de estricta justicia mantener esos montos a valores constantes, para evitar su virtual evaporación.
Entre las prestaciones que creemos se ven o deberían ver impactadas rescatamos, para este artículo que pretende ser breve y pragmático, dos: uno son los créditos de familia, en particular PRESTACIONES ALIMENTARIAS; los otros también de carácter alimentario en general, los de ORIGEN LABORAL.
Con la decisión del Gobierno de no renovar la emergencia, las cláusulas que impedían la indexación, que eran presumidas de orden público, han cedido, es decir, no hay orden público invocable para obrar en detrimento de la actualización monetaria, es decir, insisto mantener la moneda a valores constantes.
En cuanto los créditos, en especial los de familia, el nuevo código civil y comercial, amplia las facultades de los jueces al punto tal que creemos que estos pueden establecer, aún sin pedidos de parte, el reajuste que permita mantener la incolumidad del valor de la prestación. En este sentido, entendemos que al igual que las deudas alimentarias, reconocidas como deudas de valor por el art 541 del CCCN, ciertos créditos laborales, comparten idéntica naturaleza, es decir, son deudas de valor, y no una mera deuda dineraria. La deuda de valor esta atada a la variación del precio de un determinado rubro o concepto, y a diferencia de las deudas de dinero, es esta valoración la que en rigor constituye el objeto de la deuda.
Ante este panorama, vislumbramos dos alternativas: o reajustamos las deudas de valor alimentarias, o las establecemos por rubros, no importa su valor, es decir, el obligado debe seguir pagando comida, escuela, ropa, esparcimiento y demás, mas allá de su valor en su mismo, como conceptos ineludibles que debe dar a sus hijos o a su familia. Esta ultima idea tal vez evite la discusión de la actualización, bastando con corroborar que no se da de comer, no se paga el colegio, etc. para saber que estamos frente a un incumplimiento.
Creemos que el mismo criterio es aplicable a las deudas surgidas de una relación laboral, sujeta a un litigio que luego de demorar muchos años se torna irrisoria si no se advierte que son deudas de valor, y que de otra manera los derechos del trabajador se tornan ilusorios, como el de cualquier acreedor, que frente a un reclamo judicial sufre los efectos de la prolongación de los juicios mientras el proceso inflacionario no cesa.
La adecuación entonces al menos en la cuota alimentaria de causas de familia debería ajustarse por inflación, aun sin petición de partes, dada la naturaleza de la obligación y finalidad. Las laborales o civiles a pedido de parte sin dejar de ver el Juez que no puede ser prófugo de la realidad, y analizar el contexto socio económico que se vive. Ello claro no quita prudencia y equidad, pero se impone como dato de justicia y legalidad.
Es en definitiva un TEMA QUE SE LAS TRAE.

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Revolucionarios y denunciantes: La tributación de la riqueza

By admin 8 años ago
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El elevado y creciente nivel de desigualdad es una grave preocupación para muchos países, como lo puso de relieve la reciente edición del informe Monitor Fiscal del FMI. Ahora bien, en términos de distribución, la desigualdad de la riqueza es aun peor que la del ingreso, como lo demuestra el gráfico a continuación.

Aunque una de las famosas propuestas de Piketty es la de un impuesto internacional coordinado de 2% que se aplicaría a las fortunas más grandes, en la actualidad existen muy pocos impuestos patrimoniales eficaces en las economías en desarrollo y avanzadas. De hecho, entre 1985 y 2007, el número de países de la OCDE que tributaban activamente la riqueza disminuyó de 12 a apenas 4, y muchos de esos impuestos tenían y tienen una eficacia limitada. Sus homólogos en el mundo en desarrollo escasean; India, por ejemplo, eliminó el impuesto patrimonial en su último presupuesto.
Es un hecho bien conocido que el diseño de este tributo está sometido a la presión de intereses creados y es propenso a exenciones que los más pudientes pueden aprovechar. Además, los ricos han sabido eludir o evadir impuestos colocando sus fortunas en jurisdicciones de baja tributación. Según estimaciones de
Alstadsæter, Johannesen y Zucman, aproximadamente 8% del patrimonio financiero de todos los hogares —alrededor de 10% del PIB mundial— se encuentra en esas jurisdicciones y más o menos tres cuartas partes de esa suma no están declaradas. En los países en desarrollo, la situación es aún más cruda: se estima que 22% del total de la riqueza financiera latinoamericana está fuera de la región, y que en África ese porcentaje es un gigantesco 30%.
Este tema candente —qué pueden hacer los sistemas tributarios para remediar el aumento excesivo de la desigualdad de la riqueza— fue el que abordó la tradicional reunión sobre tributación que organizaron el FMI y el Banco Mundial en octubre. La tributación y la desigualdad también se analizarán en la primera conferencia organizada por la Plataforma para una cooperación en materia fiscal, que tendrá lugar en la sede neoyorquina de las Naciones Unidas mañana.
En nuestra opinión, hay varios ámbitos en los cuales se puede avanzar.
Perseguir las grandes fortunas. Un enfoque basado en el riesgo y aplicado a los altos patrimonios personales, combinado con una respuesta graduada y articulada en torno a herramientas de comunicación y exigibilidad, ha resultado ser fructífero. En los últimos tres años, la tasa efectiva de imposición de la renta de los altos patrimonios personales aumentó de alrededor de 9% a 10,5% en Chile. Un creciente número de países están comprobando las ventajas de establecer unidades dentro de la administración tributaria dedicadas a las grandes fortunas privadas.
El diseño del régimen tributario es importante. Para ser más eficaz, la tributación requiere atención a numerosos aspectos del diseño y la implementación de los impuestos. La ausencia de un impuesto patrimonial anual, por ejemplo, quizá no tenga tanta importancia si la renta del capital generada por ese patrimonio y su transferencia intergeneracional están debidamente tributadas. Una tributación basada en el tipo de riqueza podría tener sentido: por ejemplo, como gran parte de la riqueza está vinculada a bienes raíces, los impuestos inmobiliarios pueden ser una modalidad de tributación valiosa, aunque imperfecta (a pesar de que, como Alex Cobham recalcó durante la conferencia, probablemente no toque a las fortunas muy grandes). Cabe recordar también que los impuestos patrimoniales mal diseñados que están abiertos a la elusión —por ejemplo, mediante demasiadas exenciones o poca tributación de los regalos y las sucesiones— pueden causar fuertes distorsiones y, al mismo tiempo, recaudar poco.
El sentir y el pensar como ruta al bolsillo. Por lo menos hay algunas personas muy pudientes que reconocen que pagar más impuestos produce cierto beneficio social (por ejemplo, el padre de Bill Gates). Quizás haya más por hacer para promover ese sentido de responsabilidad social, publicitando por ejemplo el impacto que el gasto focalizado tiene en el desarrollo de los países pobres a través del logro en materia de educación. En un plano más amplio, al igual que todos nosotros, los ricos probablemente estén más dispuestos a cumplir con sus obligaciones tributarias —y menos a esconder sus activos— si el gobierno es eficiente e inspira confianza y si los derechos de propiedad están bien arraigados.
Forjar coaliciones para brindar respaldo. Los medios de comunicación han descubierto que las multinacionales evitan pagar miles de millones de dólares en los países en los que operan. Las organizaciones de la sociedad civil se han centrado en las aparentes pérdidas del ingreso fiscal en los países en desarrollo. La mayor parte de esas noticias expresan la opinión —que no todo el mundo comparte— de que la elusión tributaria descarnada representa un comportamiento moralmente inaceptable por parte de las multinacionales. El periodismo de investigación ha puesto estas cuestiones aún más de relieve.
Tener en cuenta a los administradores de patrimonio. Los intermediarios que ayudan a ocultar fortunas tienen un buen nombre que proteger, y eso es algo que se podría aprovechar para lograr que colaboren con la reforma del sistema, en algunos casos actuando como denunciantes. El sentimiento de injusticia en torno a la conciencia pública de actividades que son incluso legales puede ser un poderoso estímulo para la acción política. Esto es algo en lo que hace hincapié el trabajo de Brooke Harrington, una de las oradoras en las Reuniones Anuales. También hay que tener en cuenta que en algunos casos los denunciantes han recibido una recompensa financiera muy sustancial.
Más transparencia puede traducirse en más vigilancia. El intercambio de información tributaria entre los países es una herramienta poderosa para atacar la no declaración de ingresos y riqueza, tanto en los países en desarrollo como en las economías avanzadas. No cabe duda de que las iniciativas lideradas por el G-20 en este ámbito son una estrategia notable —y quizá, en última instancia, revolucionaria— para la tributación transnacional de la riqueza. Pero es importante que las autoridades tributarias de los países en desarrollo cosechen los beneficios del intercambio de información. Los organismos internacionales pueden ayudar a mejorar la adaptación de estas normas a los países en desarrollo y a respaldar la transición hacia un régimen informativo más amplio sobre la propiedad efectiva y la riqueza global en los centros offshore. Eso podría promover una vigilancia útil, así como la lucha contra la evasión transfronteriza.
Cuesta imaginar que de la noche a la mañana la tributación de la riqueza se vuelva más efectiva en los países de bajo ingreso. Pero hay razones para ser menos pesimista que hace apenas unos años.

 
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