El exceso de licencias y en algunos casos, su abuso, se convirtió en un problema para el sector educativo, que para suplir a un docente frente al aula, a veces necesitaba de más de un suplente, ya que éste a su vez, pedía licencia. Por eso, uno de los objetivos del Gobierno Educativo fue ponerle un coto y frenar el drenaje permanente de recursos con la simple herramienta de endurecer los controles médicos. El resultado es elocuente: más de 60 millones de pesos de ahorro solo en el primer semestre en comparación con el mismo periodo de 2016.
En la docencia hay dos tipos de licencia: con Junta Médica y a través de certificados comunes. En ambos casos hubo una reducción, pero fue más pronunciada en las Juntas Médicas, licencias que se redujeron en 22 por ciento, contra un cinco por ciento de los permisos comunes. La disminución más grande se registró en las enfermedades de largo tratamiento,´ con 27 por ciento. Hubo 2724 docentes que pidieron licencia por largo tratamiento en 2016, contra 1989 de este año.
En cuanto a las enfermedades comunes, se registró una caída de las licencias del 5 por ciento, con 12.310 cosas, contra 12.906 de 2016. Los suplentes que solicitaron licencia también fueron menos: 2354 contra 2678.
Las licencias médicas por afecciones comunes llegaron a ser 1006 en febrero de 2016. Este año, en el mismo mes, solo se registraron 3. Después fue variando, mes a mes, pero siempre menos que el año pasado. Lo mismo ocurrió con las licencias por largo tratamiento. En febrero de 2016, había 459. Este año, cero. La disminución de licencias por largo tratamiento, representa sobre la masa salarial bruta, un ahorro de 51 millones.
Las licencias médicas representan sobre la masa salarial bruta, 61 millones, mientras que las no médicas, otros tres millones.
No es la única área en que hubo una mayor eficiencia. El Consejo de Educación redujo casi a cero la creación de horas y cargos docentes en comparación con 2015. Es decir, el sistema funciona con el mismo plantel docente y un ahorro significativo de recursos.
En el comienzo de su recorrida por Misiones, el joven dirigente apodado “el primer Rodríguez Saá kirchnerista” habló con Economis y afirmó que la oposición debe unirse “ante este gobierno de unitarios”. Resaltó que San Luis gracias a su independencia económica puede confrontar al Gobierno de Macri.
Nicolás Rodríguez Saá es director de la Casa de la Provincia de San Luis en Buenos Aires, es sobrino del gobernador Rodríguez Saá; pero siempre militó en el kirchnerismo bonaerense. Llegó ayer a Posadas para acercarse a los militantes misioneros de la mano del Partido Solidario, con el dirigente Pichi Esper Perié tuvieron reuniones con militantes en la capital provincial, durante el sábado habrá reuniones en Montecarlo y el domingo cierra la recorrida con actividades en Puerto Iguazú.
“Gracias a la independencia económica, San Luis fue la única provincia que se plantó contra el pacto fiscal”, destacó el dirigente. “En eso el pueblo nos dio la razón al salir a la calle a decir no al ajuste a los jubilados”, dijo concluyente.
Sobre el acercamiento de los puntanos de Compromiso Federal, con Unidad Ciudadana el joven explicó que “fue entender que es un momento de falta de oportunidades para nuestro pueblo. Ellos son dos dirigentes netamente peronistas y entonces pusieron primero la patria y al movimiento y dejaron de lado diferencias personales para ponerse de acuerdo”.
Consideró que “este momento de la sociedad amerita una construcción amplia y en eso necesitamos de todos los sectores opuestos a Mauricio Macri. Pero unirnos por unirnos no, sino a través de un programa plural, público donde la calle misma nos está dando los argumentos de ese programa. El ni una menos, el no a la represión, el no al ajuste, no a los presos políticos, no a la reforma laboral. Bajo esa consigna comenzar a unir a la gente para ofrecer una alternativa a este modelo neoliberal”.
Repudió la represión frente al Congreso el pasado jueves y remarcó que se debe respetar el valor de las instituciones. “Pero tenemos entendido que las instituciones deben representar los intereses de la gente”, afirmó.
Consideró que “el ajuste va de la mano con la represión, por eso vimos jubilados reprimidos por la Gendarmería”. Esto generó un acercamiento de todos los sectores opositores a estas medidas según el joven y planteó que “esa es una luz de esperanza porque el pueblo necesita unidad”. Indicó que esta unidad de la oposición genero dudas en el Gobierno nacional que se reflejaron en la forma de expresarse de Marcos Peña en la conferencia de prensa posterior, “esto se da porque ellos están acostumbrados que le digan a todo que sí, no pueden recibir un no democrático del pueblo”.
“Adolfo y Alberto Rodriguez Saá no firmaron el pacto fiscal porque no querían entregar a los jubilados y a los menos protegidos”, dijo. Explicó que San Luis puede no adherir al pacto “porque es perjudicial para los puntanos y los argentinos. Puede no firmar porque no tiene deuda y al tener independencia económica y la soberanía política para no adherir a un pacto perjudicial a los intereses de nuestro pueblo”.
Además recordó que San Luis tiene una sentencia firme en un juicio contra la Nación, por lo que esta le debe a la provincia 22 mil millones de pesos “no están cumpliendo”.
“Esta soberanía que tiene San Luis se logra gracias a una administración ordenada y en ese esquema nosotros no nos vamos a dejar amedrentar por los carpetazos o por cualquier tipo de amedrentamiento económico del Gobierno nacional”, remarcó. Afirmó que esto no significa cerrar el dialogo y destacó el rol dialoguista del Senador Adolfo Rodríguez Saá que “ya le pidió tres audiencias al Presidente para hablar de la deuda que tienen con San Luis y no lo ha atendido”.
“Nos sentimos profundamente argentinos, pero vemos que hay un Gobierno nacional muy unitario concentrado en Buenos Aires que sale corriendo a pagarle a la Gobernadora Vidal y se olvida de nuestras provincias”, planteó.
Lamentó la conformación del bloque peronista aliado a Cambiemos y los describió como “alejados de lo que es el pueblo y de las necesidades en la calle. La sociedad está pidiendo oposiciones duras”. En ese esquema dijo que “los acuerdos deben ser de cara a la sociedad, no dentro de cuatro paredes o entre gallos y medianoche”.
En cuanto a Unidad Ciudadana, consideró que “se está acercando cada vez más a lo que necesita la sociedad, que no se sentía representada por un sector que hacia opo-oficialismo”.
A futuro planteó que es necesario una apuesta generacional, “somos muchos los jóvenes participando en política hace muchos años, con honestidad y en eso la Argentina que se viene es esperanzadora y tenemos que ofrecerle un proyecto de desarrollo con un montón de reformas en infraestructura”.
“El Gobierno necesita dividir la oposición y desde San Luis nosotros vamos a trabajar para darle una luz de esperanza, porque no lo piden los dirigentes, sino los trabajadores a quienes les están llegando los telegramas de despido. Habían dicho que iban a unir a los argentinos y vemos que la brecha cada vez es más grande”, dijo concluyente.
El dictamen de la adhesión al nuevo Pacto Fiscal firmado con la Nación, incluye una disminución del impuesto a los Ingresos Brutos al sector industrial de 3,5 a 2 por ciento en 2018 y a 1,5 por ciento en 2019, excepto para la industria papelera, que bajará de 7 por ciento a seis por ciento en 2019.
El transporte tendrá una reducción del 3,5 al 3 por ciento para 2018, lo que debería traducirse en menores costos de logística. En 2022 debería quedar exento.
El sector comercial, en cambio, deberá esperar. La Nación no tiene entre sus prioridades una reducción en los impuestos a las ventas y el límite superior es del 5 por ciento, por lo que Misiones está por debajo de esa alícuota. La producción primaria seguirá con alícuota cero.
Misiones resignará 1.700 millones de pesos en recaudación propia al adherir al Pacto Fiscal, que sería en parte compensado por la Nación con un bono a once años, mayor coparticipación por la devolución del 3 por ciento retenido por la Anses -500 millones- y un eventual crecimiento económico del 3,5 por ciento –estimado por el Gobierno de Mauricio Macri-, lo que reduciría la sangría a 1.000 millones. Si la economía no crece en el ritmo previsto por el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, la pérdida estimada sería de 1.300 millones de pesos, adelantó el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán.
El titular de la cartera económica explicó que “el disparador del consenso fiscal fueron los juicios que había de las provincias con la Nación, que generaban un marco de incertidumbre para todos, dado que el fallo de la Corte podría terminar en una sentencia a veces no justa”.
Indicó que el planteo de los gobernadores, respecto de que “la solución debería ser política, no jurídica”, generó un esquema de diálogo “que dio lugar a este consenso fiscal, producto de más de quince días de negociaciones, en los que el proyecto original sufrió muchos cambios”.
“El gobernador Hugo Passalacqua y el conductor de la Renovación, Carlos Rovira, entendieron que había que darle el apoyo, la gobernabilidad, al consenso, y hacer el esfuerzo, no poner palos en la rueda, para que este país tuviera las condiciones que plantea la Nación para salir adelante”, consideró el funcionario.
El consenso tiene como objetivos promover el empleo, la inversión privada, la reactivación económica, aliviar la carga tributaria, y establecer el aumento de los niveles de imposición acordes con el desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas, según explicó el ministro.
El dictamen de adhesión al Pacto Fiscal se firmó en la tarde del viernes en la Legislatura, después de una extensa exposición de Safrán, quien dio precisiones del impacto que tendrá en Misiones el acuerdo firmado entre los gobernadores y Macri.
Safrán explicó que la redistribución de la ley del Cheque, ahora destinada a financiar a la Anses, significará una pérdida para Misiones de 1100 millones de pesos, que será compensada por la Nación y controlada a través de la Comisión Federal de Impuestos.
El Pacto Fiscal impone el compromiso de acompañar la reforma previsional y el nuevo cálculo de los haberes de los jubilados, en forma trimestral, por encima de la inflación y que garantizará –para aquellos que hayan hecho aportes durante 30 años- una jubilación del 82 por ciento del salario mínimo.
Asimismo, la Nación se comprometió a diseñar una nueva ley de coparticipación federal, que debería estar en vigencia en 2022.
La Nación se comprometió a financiar lo que ceden las provincias a través de la cesión de los recursos del Fondo del Conurbano Bonaerense con la emisión de un bono a once años, que significará para Misiones, 192 millones durante 2018. Después, vendrán 462 millones anuales.
“No compensa del todo, pero en base a la buena voluntad, las provincias acompañaron el proyecto”, indicó Safrán, quien expuso algunas dudas a mediano plazo sobre los efectos del pacto, ya que debería verificarse un crecimiento continuo de la economía del 3,5 por ciento para que las variables se sostengan y no sean más dañinas. “Si el crecimiento no se da, veremos cómo se da la relación con la Nación, porque también nos va a afectar la reforma tributaria, por una menor recaudación de Ganancias por las rebajas previstas”, explicó.
Ya con una mirada política, puso el foco sobre el supuesto efecto derrame que se daría si la economía crece con menores impuestos. De acuerdo a los cálculos realizados por el equipo económico provincial, una empresa forestal que se dedica a la exportación, dejará de tributar 100 millones de pesos al año por Ingresos Brutos. “¿Lo va a volcar a la economía? ¿Habrá efecto derrame? El tiempo dirá quien tuvo razón sobre si esta rebaja era necesaria. O si veremos una baja en los precios para el consumidor”, respondió Safrán ante la pregunta de los diputados.
La misma inquietud recorrió a los diputados de la oposición, con la excepción de la alianza Cambiemos. Los diputados del Partido Agrario, Martin Sereno e Isaac Lenguaza fueron los más críticos. En su debut en la comisión de Presupuesto, el radical Ariel Pianesi pidió conocer “el lado positivo”.
Lo positivo es que el primer borrador del Pacto Fiscal implicaba una pérdida de recursos superior a los tres mil millones de pesos, respondió Safrán.
Para el secretario de Hacienda, ahora es el momento del sector privado de generar empleo y reactivar la economía, ya que tendrán menores erogaciones fiscales. Pero las dudas persisten. Si el poder adquisitivo no mejora, el consumo no reaccionará y las exportaciones no mejorarán en competitividad con un dólar planchado, deslizó Safrán.
El ministro también desmintió que el Pacto Fiscal obligue a desmontar los controles fiscales en los ingresos a la Provincia, como había deslizado el diputado nacional Luis Pastori tras una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. “No fue parte del acuerdo y ni siquiera fue tratado. No aplica”, indicó.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Marcelo Rodríguez, cerró la sesión y destacó la presencia de 33 de los 40 diputados, siete más que los de las comisiones intervinientes. “Tengamos expectativa positiva de este crecimiento económico que se ha proyectado, pero tratando de contener a los sectores más vulnerables”, culminó.
La ley de adhesión se aprobará el lunes a las 18 en una sesión extraordinaria convocada por el Ejecutivo. Después habrá que esperar si no hay una nueva convocatoria por los otros acuerdos que impulsa la Nación que requieren de la suma de las provincias.
La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) manifiesta su rechazo a la reforma previsional que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional, en tanto el proyecto de ley -que cuenta con sanción del Senado de la Nación- modifica el índice de movilidad de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, y de la Asignación por Embarazo para Protección Social.
A través de un documento titulado “La Niñez no puede ser elemento de ajuste económico”, la AJUNAF confronta las pautas emitidas por el Comité de los Derechos del Niño a través de Observaciones Generales -para el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño-, frente al cálculo de movilidad propuesto en el proyecto de ley, concluyendo que la disminución prevista para el próximo ajuste del valor de las asignaciones referidas (marzo 2018), resulta regresiva en cuanto a los fondos que el Estado Nacional dejará de asignar a las personas menores de edad beneficiadas por tales asignaciones, como también confiscatorio en cuanto al abultado porcentaje que representa la reducción del aumento.
La AJUNAF exhorta al Poder Ejecutivo Nacional y a los miembros del Poder Legislativo de la Nación, que revisen la reforma legislativa propuesta, en cuanto no se ajusta a los mandatos constitucionales, vulnerando de manera sustancial los derechos de la infancia.
Este tema de última tiene fuerte basamento geopolítico, pues se basa en el constante accionar de los múltiples tentáculos al servicio de los grandes poderes financieros y corporativos, que presionan para establecer la globalización a ultranza, disolviendo los Estados Nacionales, cosificar y domesticar a las poblaciones, buscando cercar y anular a los pocos factores de poder real que no se subordinan a los mandatos neoliberales, los cuales actualmente utilizan como punta de lanza a las Potencias Atlantistas y sus aliados/subordinados directos.
El abanico de opciones a ser aplicadas por los semi encubiertos mega factores de poder mundial que persiguen la imposición al como sea, de la globalización salvaje, y de su herramienta político – económica excluyente, el neoliberalismo a ultranza, contempla nuevas alternativas de aplicaciones, de formatos remozados, o en algunos casos relativamente novedosos.
No descartadas totalmente, pues siempre son opciones de última instancia, pero relativamente poco usadas en este agitado siglo XXI (que como acotación de contexto, en lo Geopolítico comenzó en la pasada década del ’90), son las viejas metodologías de las cañoneras, de las intervenciones armadas directas, siempre complejas, de altos costos políticos y de negativas imágenes.
También parecen haber pasado a segundo plano –pero nunca desechadas- las opciones de gobiernos cívico – militares oligárquicos y antinacionales, que en la mitad del mundo se basaban en enemigos ficticios o sobredimensionados que amenazaran al “mundo libre, occidental y cristiano”, que no era ni libre, ni occidental, y mucho menos, cristiano, por el materialismo exacerbado que de hecho inculcaba. Del mismo modo, los gobiernos “primos hermanos” de las dictaduras castrenses, los de “mano dura” con cabezas visibles civiles, siempre apátridas y pro oligárquicas.
Vinculados con los precedentes, los golpes de Estado de formalidades y consumaciones pretorianas, pero de contenido oligárquico subordinado a la potencia de turno, siempre liberales en lo económico, antinacionales y antipopulares en lo político, son una de las alternativas de última instancia, muy “de moda” décadas ha en Íbero América, para abortar o destruir gobiernos “indóciles”, para lo cual las sutilezas de las potencias neocolonialistas suelen encontrar a algunos entorchados de alta graduación y más altas ambiciones personales, de cortas visiones o simplemente mercenarios sedientos de poder, de doble vara, dóciles ante determinados mandatos transnacionales pero duros hasta la ferocidad para con su propio pueblo, al cual desprecian, pese a que provienen de él. Alternativa siempre a mano para los neocolonialistas, poco usual actualmente, pero potencialmente vigente –como en Honduras en 2009-; para lo cual la colonización cultural formatea aberraciones conceptuales, como en Argentina, donde salvo honrosas excepciones los “retirados” en tropel siguen mentalmente encerrados en los años ’70, “persiguiendo zurditos” y repitiendo bobadas, como la supuesta existencia de solo dos alternativas económicas (liberalismo y marxismo), con cuyo adocenamiento transformado en feroz fanatismo, pasan a ser dóciles e incluso serviles peones al servicio de quienes operan para pisotear nuestra soberanía y consumar la disolución nacional…todo “convenientemente” aderezado con mucho himno, mucha bandera pero nulo razonamiento coherente. Dicho eso sin exageración alguna.
Pruebas de las precedentes afirmaciones, abundan. Como un alto oficial retirado, que en su extrema cerrazón mental, tajantemente no dudó en calificar de “subversivo marxista” a todo concepto económico que no sea liberal, negándose a todo razonamiento lógico y por carriles coherentes. U otro alto oficial, con aparente mucha llegada a sus pares retirados, civiles vinculados y posiblemente personal en actividad, que expresó haber conocido personalmente y admirado a los dos grandes estadistas argentinos del siglo XX: Perón y Frondizi…pero que con su accionar apoya a sectores oligárquicos antinacionales y sus brazos castrenses, que fueron los que destituyeron a aquellos grandes gobernantes, progresistas, industrialistas y con claras visiones de futuro y grandeza nacional. Otro caso, de los tantos, un suboficial, que apenas asumido el actual gobierno neoliberal –antinacional por antonomasia-, no dudó en expresar públicamente “ordene Señor Presidente, estamos listos para actuar”, con un servilismo propio de quienes “se salen de la vaina”, deseosos de volver a apalear obreros despedidos, docentes en huelga y otras manifestaciones populares …pero que demuestran no ver las acciones explicitas de entrega de soberanía que día a día acentúa la CEOcracia neoliberal imperante hoy en Argentina.
La aparición de las redes sociales, con su creciente importancia, dio origen a otros tipos de operaciones y contraoperaciones mediáticas, de lo cual es caso más característico hasta hoy, es el las “primaveras árabes”, extendidas cuan reguero de pólvora en Noráfrica y parte del Medio Oriente, y luego formateado igual en Ucrania; de lo cual prontamente se pudo constatar que más que “democracia” o “derechos humanos”, buscaba instalar gobiernos alineados fuertemente al formato neoliberal / atlantista; en clara contraposición a posturas autonómicas no subordinadas al eje anglosajón europeísta (EEUU-GB-UE).
En lo estrictamente geopolítico, esas “primaveras mediáticas” buscaron además aislar y presionar a Rusia y a Irán, países que al igual que China, no se subordinan al eje mencionado. Claro que China, con su aparentemente imparable y creciente poder económico, respaldado por su más que respetable poder militar, es un caso con variables de análisis propias, las que exceden el objeto de este artículo. Estos tres países forman el núcleo duro de las llamadas potencias continentalistas, según las elaboradas conclusiones de Alexandr Duguin.
Los formatos intervencionistas – desestabilizadores de gobiernos “indóciles” evidencian estar en constante mutación y adaptabilidad a los distintos escenarios, siendo cada vez más visible que las intervenciones militares directas, como las reiteradamente aplicadas en el “patio trasero cercano” de EEUU (América Central y El Caribe), y las semi encubiertas acciones de la CIA, como en Chile en 1973, no han sido desechadas, como lo prueban entre otros casos las amenazas de invasión a Venezuela, bajo recurrentes excusas de “defensa de la democracia, de los derechos humanos” y otros conceptos distorsivos similares.
En Venezuela, la variedad de operativos desestabilizantes montados, fueron calificados como “guerra híbrida”, según fundamentadas evaluaciones de Miguel Ángel Barrios y otros reputados analistas geopolíticos.
Otra metodología aplicada para deshacerse de gobiernos “molestos” a las oligarquías locales y a los poderes transnacionales globalizantes, es la de los golpes de Estado de tipo palaciego, consumados por el Poder Legislativo, con pretextos varios como “la corrupción”, “la ingobernabilidad” y otros similares, previamente azuzados por los poderes mediáticos concentrados, ultra liberales y vinculados a entes ad hoc transnacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa, ente cuyo accionar parecería ser dictado por la CIA u organismos similares. Como detonantes para implementar las destituciones de presidentes “molestos”, suelen ocurrir hechos de violencia escandalosa, de los cuales los instigadores reales casi nunca quedan en descubierto, como la masacre de Curuguaty en Paraguay, o violencias callejeras prearmadas u otros hechos conmocionantes, incluyendo el desabastecimiento de alimentos y otros insumos básicos. Ese formato desestabilizante se probó en Argentina, con los alzamientos “del campo” (la oligarquía campera); y en Paraguay y en Brasil lograron las destituciones, para instalar gobiernos oligárquicos, alineados al eje atlantista, y en particular en el caso brasileño, instalando un gobierno escandalosamente corrupto y apátrida. ¡Precisamente los que supuestamente acusan de corrupción a Dilma y a Lula! Es como en Argentina, que el actual gobierno macrista, acusa machaconamente de corrupción al gobierno precedente, para tapar los escándalos burdos que a diario perpetran, riéndose del pueblo en su propia cara.
Democracia de muy baja intensidad es la que endeuda irracional pero intencionalmente al país, como posible prolegómeno de la disolución nacional; es la que concentra la riqueza en muy pocas manos, mientras extiende la miseria y el desempleo crónicos; la que desindustrializa adrede y “no entiende” que el Interés Nacional debe primar sobre otros intereses muchas veces mezquinos y sectoriales; es la que persigue a periodistas que no piden permiso ni letra previa para opinar (ni jugosas retribuciones, como trascendió en ciertos casos); es la que utiliza a las Fuerzas de Seguridad para reprimir ferozmente al pueblo, como único modo de acallar las justas y crecientes protestas; es la que persigue a jueces que no se subordinan, mientras les dicta letra a jueces subordinados o que directamente parecerían mercenarios de los estrados, o peor aun, que parecerían oficiar de verdugos para encarcelar y destruir a opositores; es la que a fuerza de carpetazos o tal vez con otros métodos, vuelve dóciles a legisladores opositores; es la que con “la lapicera” presupuestaria doblega gobernadores; es la que pretende imponer al como sea el voto electrónico, que parecería la versión tecnológica del “fraude patriótico” de la muy oligárquica y antinacional década infame (1930-1943); es la que manda reprimir y matar, eximiendo de culpas judiciales a los perpetradores de asesinatos (al menos dos hasta ahora); es la que tiene un presidente que afirma “no entender de soberanía” y lo confirma con su accionar lesivo a la misma; es la que se desentiende y “ningunea” la pérdida del submarino, como si quisiera tapar el posible hundimiento por parte de la potencia usurpadora de Malvinas, mientras La Marina parece perdida en un mar de contradicciones y hechos no explicables; es la que quiere transformar en simples fuerzas policiales, o directamente instrumentos represivos, a las Fuerzas Armadas; es la que evidentemente “negoció” con sectores recalcitrantes “proceseros” sus apoyos a cambio de indultos, sin importarles a esos pseudo patriotas que la moneda de cambio es la entrega total de la soberanía, como solo mentes muy tozudas o muy adocenadas pueden negarse a darse cuenta de la extrema y creciente gravedad del cuadro de situación general que nos lleva a paso acelerado hacia la disolución nacional.
