Los ajustes de tarifas seguirían demorando el cumplimiento de las metas de inflación
El último jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer la inflación de septiembre, que alcanzó 1,9% a nivel nacional. De esta manera, en lo que va del año los precios acumulan un alza de 17,6%, lo que implica que ya en los primeros nueve meses del año se superó el techo de la meta de inflación establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para todo 2017.
Tras la suba de 2% en septiembre, la inflación en el Gran Buenos Aires (GBA) llegó a 18% y es la región del país que registra una mayor suba en el nivel de precios en el año, la cual trepó a 24,2% en los últimos doce meses, conforme a los datos del INDEC. Por su parte, en el resto del país el alza de precios acumula 17,3% en los primeros nueve meses del año (en este caso no se dispone datos para realizar la comparación interanual).
Un análisis más detallado refleja que el aumento fue traccionado por los bienes y servicios regulados (incrementos en las tarifas de servicios públicos, combustibles, prepagas, educación, etc), los cuales acumularon a septiembre un alza de 23,2% a nivel nacional. Por su parte, el IPC Núcleo, que excluye en su cálculo a los bienes y servicios que tienen un componente estacional o son regulados por el gobierno, crecieron 1,6% en el noveno mes del año y acumulan un incremento de 16,1% (en GBA el alza es de 16,5%). Esto demuestra que aun si se toma como referencia la inflación core, no quedan dudas de que la meta de inflación que fijó el BCRA quedará por debajo de lo efectivamente observado en 2017.
La “ambiciosa” meta estuvo más vinculada a contener expectativas que a la realidad económica, ya que históricamente no hay casos de países que partiendo de un atraso cambiario y tarifario hayan logrado una desinflación tan estrepitosa de un año a otro (la suba de precios rozó el 40% en 2016). De hecho, uno de los grandes desafíos para el gobierno en este año electoral era lograr que las negociaciones paritarias no se fijen considerando la inflación pasada. Las subas de 20%-25% reflejaron que efectivamente los distintos agentes de la economía reordenaron sus expectativas inflacionarias a la baja.
El BCRA no sólo no ha modificado sus metas para los próximos años sino que para continuar alineando las expectativas de los agentes de cara a 2018 se propuso un objetivo “informal” de corto plazo: lograr que en el último trimestre del año la inflación promedie 1% mensual. Este nuevo objetivo parece lejano y su incumplimiento impone un mayor costo en términos de credibilidad. El riesgo de no cumplir con las metas anunciadas, es perder potencia/efectividad a la hora de coordinar expectativas, lo cual es clave en un proceso inflacionario con elevada inercia.
La corrección del atraso tarifario, el principal enemigo de la desinflación
En el último comunicado de Política Monetaria que tuvo lugar la semana pasada, el BCRA anunció que, ante la persistencia de la inflación, mantendrá inalterada la tasa de interés de referencia con el objetivo de asegurar que el proceso de desinflación continúe. Sin embargo, como consecuencia de nuevos aumentos de bienes y servicios regulados para los últimos tres meses del año, no parece que esto sea suficiente para reducir la inflación a 1% promedio mensual en el cuarto trimestre.
En primer lugar, tras las elecciones de octubre habrá una suba en el precio de los combustibles, que se estima estará en torno al 8%. Aún no se sabe si este aumento tendrá lugar en la última semana de octubre o en noviembre, cuando también el precio de la electricidad sufrirá una actualización. En este caso, el aumento vendrá por un incremento en el costo de generación de electricidad y de distribución, que se combinarán para que la tarifa de la electricidad crezca alrededor de 20%. Asimismo, en diciembre será el turno del gas, cuyo aumento también estará determinado por los incrementos que afectan al servicio de producción y a la distribución, y se estima que ronde el 25%. En suma, los aumentos mencionados aportarán en torno a 1,5 puntos porcentuales (p.p.) a la inflación nacional durante el cuarto trimestre del año.
Otro factor que no ayudará al cumplimiento del nuevo objetivo es la inercia inflacionaria, captada en el IPC Núcleo, el cual creció a un ritmo promedio de 1,7% mensual durante el primer semestre del año, valor que descendió apenas a 1,6% mensual en el tercer trimestre del año. Nada sugiere que estos precios crezcan en torno al 1% mensual en los últimos tres meses del año, menos aun considerando los efectos de segunda vuelta que puedan tener los mencionados aumentos de bienes regulados (costos) sobre los precios de las firmas.
Incluso dejando de lado nuestras estimaciones, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del propio BCRA marca que la inflación Nacional para el período octubre-diciembre sería de 1,4% mensual en el nivel general, y de 1,3% cuando se toma la inflación core del país, una vez más por encima del sendero previsto por la autoridad monetaria. Nuestras proyecciones indican que la inflación nacional en el último trimestre será cercana al 1,6% promedio por mes, llegando así a 23% al cierre del año (y a casi 24% en GBA).
Al igual que lo ocurrido en 2016, el BCRA no cumplió las expectativas oficiales (inflación en torno a 20-25% para el año pasado), ni su objetivo de 1,5% mensual en el último trimestre de 2016. Sin embargo, hay que destacar que se ha iniciado (lentamente) un camino de desinflación, que será especialmente importante ratificar el próximo año.
En 2018, la meta de inflación del Central es de 8-12% para el cierre del año y todo indica que el escenario será similar al observado este año: no se esperan saltos de importancia en el precio del dólar (de hecho, la potencial calificación de Argentina como “emergente” alentaría la entrada de capitales generando así presiones a la apreciación del tipo de cambio), pero los precios de los bienes regulados seguirán impulsando el ritmo inflacionario.
El Proyecto de presupuesto presentado en el Congreso revela que el principal recorte del gasto público para conseguir la reducción del déficit primario será a través de una nueva quita de subsidios a los servicios públicos. Esto implicará una nueva ola de aumentos de los precios de los bienes y servicios regulados. A los pautados aumentos de electricidad (febrero) y gas (entre marzo y abril) es posible que se le sumen el incremento del servicio de agua (posiblemente en mayo) y, en el caso del GBA, del costo del transporte público.
Si bien no hay información precisa respecto a este último caso, no esperamos que el aumento tenga lugar a fin del presente año (lo que acrecentaría la inflación de 2017 pero favorecería al cumplimiento de la meta del año que viene) y estimamos que sucederá en los primeros meses de 2018. En el GBA, esta suba afectaría al boleto del colectivo, del pasaje tren y del viaje en subte.
La historia no termina acá, ya que con el objetivo de terminar de corregir el atraso tarifario el gobierno seguirá con los aumentos en forma semestral. En consecuencia, en el último trimestre de 2018 deberían suscitarse nuevas subas. Sin dudas, esto afectará directamente el cumplimiento de la meta del año que viene, ya que incrementos de 30-40% de las tarifas de los servicios públicos aportan en forma directa casi 3 p.p. a la inflación de 2018.
Estos aumentos influirán sobre las próximas paritarias. Un salario real que este año no recuperará todo lo perdido en 2016 generará presiones para que el nuevo reordenamiento de tarifas sea contemplado en las negociaciones. Y en la medida que los aumentos salariales se ubiquen en torno de las expectativas de inflación de los agentes (que se encuentran por encima de la Meta del BCRA), la tarea de lograr el 8-12% de inflación en 2018 volverá a hacerse cuesta arriba.
No son todas malas noticias
El desmantelamiento del atraso tarifario continuará siendo el principal factor que explique el desvío de las expectativas oficiales de inflación en 2018. Teniendo en cuenta la trayectoria del tipo de cambio, las tarifas públicas y los salarios de la economía, proyectamos una inflación en torno al 17% anual para el próximo año (cercana al 15,8% del REM). Si esto sucede se incumplirá nuevamente con la meta del BCRA, cuyas proyecciones en materia de precios se cumplen con 1 año de Delay: este año se cumplirá con la proyección oficial de inflación del año pasado (20-25%), y recién en 2018 la prevista por la autoridad para este año (12-17%).
Si este fuera el escenario, se deben reconocer dos cuestiones. En principio, el desvío respecto de la meta se reduciría mínimamente respecto al observado este año (pasaría de 6 p.p. en 2017 a 5 p.p. en 2018), y más importante aún, el gobierno conseguiría por primera vez en diez años una desaceleración del incremento de precios por segundo año consecutivo, producto de una política anti-inflacionaria explícita. Por lo tanto, más allá de las diferencias de magnitudes (no menores), el objetivo del gobierno de conseguir una nominalidad descendente estaría cumpliéndose.
