La discusión por los salarios docentes se metió de lleno en el encuentro que organizó ayer el Gobierno con los ministros de Economía de todas las provincias para discutir cambios en el régimen de coparticipación y la reforma tributaria.
En la previa al encuentro, realizado en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había dicho que que “si sale el tema, vamos a hablar”. Y del tema se habló: media hora después, entró a la reunión su par de Educación y Deportes, Esteban Bullrich.
Una vez que ocupó su lugar a la derecha de su par de Economía Nicolás Dujovne, Bullrich acaparó el micrófono y fue el centro de las consultas de los ministros provinciales.
“Hay bastante malestar de las provincias por algo que se había dicho y parece que no fue del todo claro. El Gobierno había explicado que iba a aumentar el fondo docente igual a la inflación, por lo que todas las provincias tomamos los valores de diciembre y le aumentamos un 17%. Sin embargo ahora explican que ellos lo anualizaron, y como en julio hubo un aumento importante, ahora ese porcentaje se licúa y el monto es casi similar al de diciembre. Es decir, aportan algo más de $ 1000 por maestro”, explicó Osvaldo Giordano, ministro de Hacienda de Córdoba.
“Entiendo que fue un error comunicacional y no algo adrede, pero quedamos en una situación complicada porque quedó claro que no hay más fondos”, agregó el funcionario mediterráneo.
Por su parte, el titular de Hacienda bonaerense, Hernán Lacunza, no quiso profundizar en el tema docente, pero afirmó que “como la Nación no paga los salarios, no va a participar de una paritaria nacional”, con lo que echó por tierra cualquier intento de los gremios de tener una discusión con el gobierno central.
En la misma línea se manifestó el ministro de Finanzas, Luis Caputo. “Se habló del Fondo Docente y se debatió un ampliación, pero dejamos en claro que vamos a respetar lo presupuestado”. Consultado sobre si hubo un pedido claro de parte de los ministros provinciales de más dinero para hacer frente a los aumentos de los docentes, el titular de Finanzas repitió: “Sí, pidieron más plata, pero dejamos en claro que vamos a respetar lo votado”.
Mientras tanto, los gremios llevarán adelante hoy diferentes jornadas de trabajo en los colegios y ayer definieron que quieren seguir debatiendo.
“Unidad en las escuelas por mayor presupuesto para la Educación y por ningún docente por debajo de la línea de pobreza, fue la consigna que adoptaron en el encuentro de ayer en La Plata en el que estuvieron Roberto Baradel por Suteba; Mirta Petrocini de la FEB; Inés Russo de Sadop; Edith Contreras de UDA y Miguel Díaz de Udocba.
El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió dictamen de mayoría sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que establece modificaciones al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo; por lo que el proyecto quedó en condiciones de ser debatido en la sesión prevista para el próximo miércoles.
Con el apoyo del bloque Justicialista y de parte del Frente Renovador, Cambiemos consiguió la mayor cantidad de firmas en respaldo del texto que hace dos meses aprobó el Senado.
En contra se expresaron la izquierda, otra parte del Frente Renovador y el Frente para al Victoria-PJ, que lo hizo con dos dictámenes, uno de rechazo total y otro con observaciones al de mayoría.
El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda se extendió por más de dos horas, en las que los diferentes protagonistas expusieron sus puntos de vista de cara a la sesión especial del miércoles, en la que el oficialismo buscará convertir en ley el proyecto.
El debate dejó en evidencia las diferencias internas expresadas por los posicionamientos divergentes en sectores como el Frente Renovador, el Frente para la Victoria-PJ y los diputados de extracción sindical.
El presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Alberto Roberti (Justicialista), señaló que “este proyecto viene a reducir la litigiosidad y es consecuencia del alto valor de la cuota de las ART”, y auguró “que sirva para tener un trabajo mas decente y más digno”.
Tras cuestionar al gobierno por dictar un DNU con el contenido de la ley sin pasar por el Congreso, puso de relieve la importancia de la iniciativa, al sostener que “viene a corregir una situación en la cual hoy el trabajador está en situación de riesgo laboral y menos cubierto y ante un festival a medida de la industria del juicio”.
En defensa del proyecto, el macrista Luciano Laspina, titular de la comisión de Presupuesto, dijo que el proyecto busca “frenar la aceleración marcada de la litigiosidad, que va sobre todo en contra de las pequeñas y medianas empresas, que son en definitiva las que tienen menos espaldas para bancarla”.
“Como consecuencia de ello, las primas de riesgo son más altas para pagarlas, y eso atenta contra la creación de empleo”, remarcó; al tiempo que advirtió que “se venía una avalancha de juicios, y por eso sirvió el decreto de necesidad y urgencia”.
En la línea de defensa del proyecto, el también macrista Eduardo Amadeo, expresó: “Si no aprobamos esta ley y todo sigue igual dentro de poco los trabajadores no tendrán seguro. Por eso estamos discutiendo equidad, estamos discutiendo las rentas mafiosas”.
Apuntando a los grandes estudios laboralistas, agregó: “En nuestro país está lleno de sectores que viven a costa de los otros; son los caranchos oligarcas que prostituyen los derechos de las personas en beneficio propio, lo que se llama carancheo de ‘guante blanco'”.
A su turno, Margarita Stolbizer, del GEN, justificó su voto en contra al expresar que “se trata de un sistema absolutamente regresivo, que lo único que plantea es bajar la litiogiosidad” y que “demoniza al trabajador que va a los tribunales, buscando cercenarlo e impedir su derecho”.
“Lo que hay que trabajar es para evitar los accidentes y las enfermedades”, manifestó, al tiempo que insistió en que “no hay seguridad de que en tres meses el Congreso va a sancionar una ley” en ese sentido.
En la misma linea se pronunció el massista Facundo Moyano, quien dijo que “esta ley muestra el orden de prioridades del gobierno, porque proponen este tema antes que algo que hable de prevención”.
“No vamos a ir al recinto a votar algo que está en contra de los derechos de los trabajadores; y no le vamos a hacer ninguna contribución al proyecto porque no estamos de acuerdo con la cuestión de fondo”, adelantó, incluyendo en su postura a la del moyanista chubutense Jorge Taboada.
Se diferenció así de su compañero de bloque e integrante de la conducción de la CGT, Héctor Daer, quien aclaró que “ésta no es una ley de la CGT, sino que es una ley del Poder Ejecutivo” y que desde el sector sindical hubieran “preferido una ley que prevenga”.
“En el Senado le hicieron importantes modificaciones, y el proyecto mejoró para darle herramientas a los trabajadores en su deambular ante el poder hegemónico de las ART”.
Sin embargó, aclaró que “queda la vaguedad con respecto a las comisiones médicas centrales” y advirtió que “esto es en vano si en noventa días no se debate una legislación sobre la prevención de los accidentes de trabajo con fuertes sanciones ejemplificadoras par quienes no cumplen”.
En consonancia, la pata empresarial del massismo, el dirigente de la Unión Industrial Argentina, José de Mendiguren, enfatizó su respaldo al proyecto: “Trabajadores y empresarios no tenemos diferencias, los dos estamos preocupados por tener un sistema sustentable, y este proyecto va en ese sentido”.
Por la izquierda, Néstor Pitrola, explicó su propuesta y el dictamen en contra: “Defendemos la prevención en los lugares de trabajo mediante comisiones obreras electas, para proteger la vida y la salud, en lugar del lucro financiero de las ART, hermanas de las nefastas AFJPs”
Para Héctor Recalde, abogado laboralista y jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, con la legislación laboral del Poder Ejecutivo permanentemente se está violando la seguridad jurídica, y así solo van a venir los capitales golondrinas”.
“No hay que quitarles derechos a los trabajadores; sino que hay que ver qué pasa con el sistema de prevención, porque hay un aumento de los juicios de trabajo. Esta ley va a ser declarada inconstitucional”, sentenció.
El proyecto aprobado por la Cámara alta establece que todo trabajador debe pasar por una Comisión Médica antes de iniciar cualquier juicio laboral, constituyendo una instancia previa “de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención”.
La devaluación aplicada por el presidente Mauricio Macri en enero del año pasado y la inflación que superó el 40 por ciento en los primeros doce meses del nuevo Gobierno, tuvo su efecto lógico. La pérdida del poder adquisitivo disparó la pobreza y la indigencia en todo el país y Misiones no fue la excepción. Los datos oficiales del Instituto Provincial de Estadística y Censos revelan que durante el 2016 crecieron la pobreza y la indigencia. Al comparar el cuarto trimestre de 2015, con respecto al tercer trimestre de 2016, la pobreza multidimensional se incrementó en 2.8 puntos porcentuales, que significa 2.987 nuevos hogares pobres. Con respecto a la indigencia en el mismo período, creció 3.7 puntos porcentuales, es decir, 3.947 nuevos hogares indigentes.
El índice de Pobreza Multicausal o Multidimensional en Hogares en el tercer trimestre de 2016 en el Aglomerado Posadas, fue del 35%. El índice de Indigencia en Hogares fue del 26.8%. El valor de la canasta de subsistencia y el de la canasta total para el tercer trimestre de 2016 fue de 5.096,44 pesos y 8.523,86 pesos, respectivamente.
El concepto de pobreza, se asocia con la de “carencia”, que surge de dividir el ingreso total de cada hogar por el total de miembros relevados en la EPH (que en este caso, es de cuatro miembros por hogar).
Esa carencia es asimilable a las necesidades básicas alimentarias y las no alimentarias, pero desde una perspectiva relativa y no absoluta. La primera persona del hogar que posea el 75% o menos de la mediana del ingreso per cápita familiar es considerada pobre. Para un hogar compuesto por cuatro personas, el umbral de carencia severa (indigencia) y de carencia (pobreza) fue de $3,488.33 y de $8,059.99, para el tercer trimestre de 2016.
Según el INDEC, el universo estimado de hogares para el cuarto trimestre de 2014 (último dato disponible) para el Aglomerado Posadas es de 106.687 (en el Censo 2010, la cantidad de hogares era de 93.120). Por lo tanto, la cantidad de hogares pobres asciende a 37.340, en tanto que la cantidad de hogares indigentes asciende a 28.592.
Los datos oficiales no reflejan, sin embargo, la realidad del interior de la provincia, donde mucho depende de la actividad económica principal. Pese a la eliminación de retenciones para algunos productos, las economías regionales no han mejorado sustancialmente su posición relativa. Hay problemas de precios en la yerba mate, el té y dificultades para exportar la producción forestoindustrial, lo que está generando despidos en el Alto Paraná. Esos datos agregan preocupación al escenario económico, atado a la suerte de las decisiones nacionales.
Misiones se convirtió en la primera provincia del país en sellar un acuerdo salarial con los gremios docentes y la primera en garantizar un incremento desde el mes de febrero. La reunión del Gobierno educativo con la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones y otros cuatro gremios docentes culminó con un acuerdo satisfactorio para los educadores que representará un incremento del salario básico que llegará a los cuatro mil pesos, lo que hace a un sueldo inicial de poco más de nueve mil pesos. En el bolsillo, el aumento será de entre 13 y 18 por ciento -los que pagan Ganancias ya tuvieron un aumento del cinco por ciento-.
Se fijó que el sueldo inicial de un docente en la provincia de Misiones será de 9.672 pesos a partir del mes de febrero y aumentó el básico de 3.370,77 a 4.000,77 pesos desde el mismo mes.
La UDPM, como gremio mayoritario, garantizó el inicio de clases en Misiones, más allá de que la discusión nacional está lejos de acercarse a un acuerdo. En cualquier instancia, si se confirma el paro nacional para el 6 de marzo, los sindicalistas anticiparon que pedirán que el comienzo de clases en la provincia se demore un día.
En representación del Gobierno estuvo presente la Ministra de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, Ivonne Aquino; el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; el presidente del Consejo General de Educación, Mauricio Maidana; entre otros.
Por los gremios estuvo la representación de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (SIDEPP).
La Provincia desembolsará poco más de 60 millones de pesos mensuales para garantizar los acuerdos alcanzados, pese a que la Nación está cerca de confirmar una quita del 25 por ciento en los fondos que estaban garantizados hasta el año pasado para pagar el adicional compensador que reciben siete provincias con salarios más bajos.
El acuerdo se concretó después de cuatro horas de negociaciones, aunque ya había un principio de acuerdo. Los gremios minoritarios y de representación nacional, como la UDA, decidieron avalar las negociaciones, pero firmarán el pacto recién el jueves, después de llevar la información a sus bases. “Debemos valorar el esfuerzo del Gobierno y destacar que en Misiones, la educación está cuidada”, señaló Stella Maris Leverberg, titular de la UDPM. En cambio, llovieron críticas a la Nación por la negativa a discutir la paritaria federal y la falta de certezas en la discusión salarial nacional.
El secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, destacó el esfuerzo que hará el Gobierno provincial para garantizar el incremento salarial desde febrero -cuando tradicionalmente se acordaba en marzo-, mientras que todavía no hay garantías de que la Nación siga enviando los fondos para el adicional compensador, que significan cerca de 80 millones de pesos mensuales. Lo más probable es que se confirme este año una quita del 25 por ciento, lo que obligará a las provincias a asumir una inversión mayor.
Los puntos acordados:
-Aumento del salario básico del cargo maestro de grado jornada simple (o su equivalente en horas cátedras), modificando los puntos índices del escalafón docente, elevándolo de $ 3.370,77 a $ 4.000,77 desde el 1ro de febrero de 2017.
-Modificación del adicional (remunerativo y bonificable) Dcto 837/15 de 1 a 6 años de antigüedad elevar al 18%; de 7 a 11 años de antigüedad modificar a 13%, y de 12 años de antigüedad en adelante modificar a 8%, desde el 1ro de febrero de 2017.
-Compromiso de adelantar con recursos provinciales, a mediados de cada mes, el fondo nacional de incentivo docente y el artículo 9 asignación complementaria docente.
-Se decide pasar a un cuarto intermedio hasta el 9 de marzo.
-Mantener la Mesa de Dialogo y Comunicación, abierta para continuar monitoreando las variables económicas que inciden directamente en el salario de los trabajadores docentes.
Además se acuerdan otros aspectos a saber:
-Establecer un cronograma definitivo y progresivo de pago total suplementarias 2017 de los meses de Diciembre 2016 y Enero 2017 para el 22 de febrero de 2017,
-Del pago total del proporcional vacaciones para el personal suplente con fecha a informar entre el 7 y el 11 de marzo de 2017.
-El pago total de comedores escolares antes del 20 de febrero de 2017
-Actualización del régimen de asignaciones familiares modificando las escalas y los montos percibidos por cada concepto, para lo cual se convocará a una mesa de trabajo entre el 9 y el 14 de marzo de 2017.
-Establecer, por medio de instrumento legal del C.G.E., la continuidad de los docentes que se encontraren en vacantes de Cambio de Tareas, siempre y cuando persista la patología que lo originó, y así también la presentación en escuelas donde estuvieren prestando servicio los conyugues de miembros de Fuerzas de Seguridad, desburocratizando de esta manera los trámites que deberán efectuar tanto los docentes titulares y dando continuidad a sus respectivos suplentes.
También en el acta se deja expresa constancia del reclamo del sindicato sobre los siguientes puntos:
a) actualizar la movilidad al sector de los jubilados docentes y trabajar en comisión previsional en el fondo solidario de garantía de sustentabilidad previsional docente
b) ratificar que los trabajadores que perciban por arriba de $42.000 deben quedar excluidos del impuesto a las ganancias.
c) Continuar con los “PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS”, y la continuidad del Plan Nacional de Formación Permanente ( PNFD)
d) Disponer Carrera Docente para Instructores de Centros de Formación Profesional, y formación gratuita (y en servicio), a los trabajadores “RTE”, considerando la estabilidad en la formación.
e) Titularizar a docentes vacantes 2012-2013-2014 hasta marzo 2015. Es fundamental “cuidar el empleo seguro” de los Trabajadores, y el estado asume la inversión económica que demanda ese compromiso a futuro, para lo cual se convocará a una mesa de trabajo entre el 9 y el 14 de marzo de 2017.
f) Reubicar horas y cargos “en disponibilidad”, en vacantes a crearse (solo a ese efecto) para no afectar a docentes interinos con derechos adquiridos
g) Asumir en forma conjunta, el trabajo para la definición pedagógica de la currícula para la educación obligatoria (ley 26206) en todos los niveles y modalidades.
h) Eliminar el cese a término en institutos de formación docente.
i) Continuar con el funcionamiento de la comisión de alcance de títulos.
j) Designar personal de servicio (y cocineras), en las instituciones que los requieran. Activar el servicio de designación de suplentes que dicta la ley provincial sancionada al efecto.
Se ratifica la posición de la defensa de las paritarias nacionales, solicitar el incremento del incentivo docente como del fondo compensador y del cumplimiento del punto 4 del acta paritaria nacional docente del 25 de febrero de 2016.
El titular de Fedecámaras, que nuclea a comerciantes, Rubén Manusovich, aseguró que el plan Precios Transparentes, que lanzó el gobierno días pasados, “frenó las ventas minoristas que se habían reactivado en enero”.
Según el directivo, la puesta en marcha del plan, que obliga a los comerciantes a discriminar entre los precios de contado y los financiados, “frenó las ventas en los comercios minoristas que en enero habían crecido un 5 por ciento, comparadas con el año anterior”.
Manusovich, a través de un comunicado, evaluó que la caída de las ventas en los primeros días de febrero “fue del 10 por ciento, considerando que las ventas de contado subieron un 5 por ciento, en las grandes cadenas e hipermercados”.
En estos comercios, dijo, “los precios bajaron entre un 2 por ciento y un 6 por ciento, pero cayeron las ventas financiadas en un 15 por ciento, por el costo financiero que implica un aumento en el producto del orden del 25 por ciento”, evaluó.
Por otra parte, consideró que “es probable que los últimos anuncios de planes de 50 cuotas de los bancos oficiales compensen la caída”, pero opinó que “deberían funcionar junto con los de Ahora 12 y 18, que estimulan la venta de productos de producción nacional”.
