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Lumilagro importará termos desde China y recorta 65% de su planta laboral

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Lumilagro cambia su modelo de negocios: combinará producción local con importaciones desde China para sostenerse en el mercado.

La histórica empresa de termos argentinos reduce personal y avanza hacia un esquema mixto tras el fin de los aranceles antidumping y el impacto del contrabando

En un contexto marcado por la apertura comercial, la pérdida de competitividad de la industria nacional y la proliferación del contrabando, Lumilagro, fabricante emblemático de termos en Argentina, anunció una profunda reconversión de su modelo productivo. La firma pasará a operar con un esquema mixto de producción e importación, con el objetivo de sostener su operación en el mercado local y mantener su posicionamiento de marca.

Según informó el gerente comercial Carlos Bender, alrededor del 60% de los termos serán fabricados en China, bajo diseño y control de calidad propios, mientras que el restante 40% se mantendrá con producción nacional, incluyendo el tradicional termo con ampolla de vidrio. Esta transformación incluyó un fuerte ajuste en el plantel laboral, que pasó de 200 a poco más de 70 empleados a través de un plan de retiros voluntarios.

Una estrategia defensiva frente a la apertura de importaciones y el contrabando

El cambio de estrategia ocurre en un momento en que el Gobierno eliminó los aranceles antidumping para la importación de termos de acero provenientes de China, medida que había estado vigente desde 2001 y que fue clave para proteger a la industria local durante más de dos décadas.

“Esto es readaptarse o morir. Lo que hicimos fue tener gente en China que está produciendo con diseño de Lumilagro. Ya está por entrar el primer container”, detalló Bender en diálogo con Infobae en Vivo.

A la presión por apertura externa se suma el impacto del contrabando informal, que distorsiona precios y complica la competencia leal. El ejecutivo reveló que la empresa accedió a datos oficiales de comercio exterior de Bolivia, donde se importaron más de 4 millones de termos desde China, pese a que ese país carece de cultura matera. Para Bender, la mayor parte de esos productos ingresó a la Argentina sin controles aduaneros.

El panorama se torna más crítico al analizar el desempeño del sector en los últimos años. La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), en su evaluación sobre la continuidad del arancel antidumping, concluyó que el sector local no logró mejorar su competitividad pese al sostén de las medidas de protección. Entre los principales datos:

  • -26,5% en producción local.
  • -32% en ventas internas.
  • -31% en empleo sectorial.
  • 21% de utilización de capacidad instalada en 2024 (vs. 51% en 2021).

Estos indicadores reflejan un deterioro estructural del entramado productivo, agravado por la invasión de productos de bajo costo y calidad dudosa.

La reconversión como única vía para sostener la marca

Con el nuevo esquema, Lumilagro busca preservar su liderazgo en el segmento de termos, adaptando su estrategia al nuevo escenario. Si bien mantendrá parte de la producción local, la empresa admite que el modelo tradicional de alta producción y bajo costo por escala quedó desfasado frente a los cambios de contexto.

“Todo lo que es contrabando es dañino para la actividad industrial y comercial”, advirtió Bender, y también criticó las fallas en el sistema de estampillado que dificultan al consumidor identificar productos legales.

La decisión de Lumilagro de reconvertirse y abrirse a la producción en China marca un punto de inflexión para la industria nacional de bienes de consumo, especialmente en rubros históricamente protegidos. Aunque mantiene un compromiso con la fabricación argentina, la empresa admite que la supervivencia pasa hoy por la flexibilidad operativa y la diversificación de orígenes de producción.

La medida también abre un nuevo debate sobre el rol del Estado en la protección industrial, la efectividad de los controles aduaneros y la necesidad de definir políticas sectoriales de largo plazo.

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Logros y desafíos

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Hubo logros importantes durante el primer año y medio de gobierno, pero aparecen nubarrones en el frente externo. Sin embargo, la disciplina fiscal y la flotación cambiaria deberían ser suficientes para evitar que los pronósticos catastróficos se materialicen.

Se han cumplido 18 meses del nuevo gobierno y los indicadores económicos han sido favorables. Tanto el PIB como el consumo privado han mostrado recuperaciones en forma de V y lo mismo puede decirse de los salarios privados formales y de los informales (con los problemas de medición que tiene esta última variable). Junto con la reducción de la tasa de inflación mensual de 10% en los cinco meses que van de julio 2023 a noviembre de ese año a una del orden del 2% mensual, eso ha permitido una disminución importante en la pobreza y la indigencia.

A su vez, la tasa de inversión medida a precios constantes alcanzó en el primer trimestre del año al 21%, ubicándose cerca de los máximos, aunque a precios corrientes fue de sólo 15%, probablemente explicado por un cambio en la composición de la inversión (menor construcción y más equipo durable).

Sin embargo, la evolución de las cuentas externas plantea algunas dudas. El déficit devengado de la cuenta corriente del balance de pagos en el primer trimestre de 2025 fue de US$ 5200 millones y el de caja de US$ 4200 millones. En ambos casos, ello se explica por una reducción en el superávit de bienes y un aumento en el saldo negativo de turismo, que alcanzó 1.3% del PIB durante el primer trimestre, cerca del máximo observado durante el mismo período de 2018. La cifra de déficit de turismo devengada es incluso mayor, reflejando que las familias utilizan dólares propios sin pasar por el mercado de cambios.

Ello naturalmente lleva a un debate sobre el nivel de tipo de cambio real, potenciado porque a fines de junio expiró la reducción temporaria en los derechos de exportación del maíz y la soja que alentó una importante liquidación del sector en el segundo trimestre del año, lo que seguramente fue en parte influido por un anticipo de ventas que habrían ocurrido en el segundo semestre.

Desde que empezara el nuevo esquema cambiario de bandas de flotación, el tipo de cambio nominal se depreció alrededor del 10%. Junto con una depreciación del dólar a nivel global, ello generó que el tipo de cambio real multilateral de la Argentina se depreciara casi 8% durante el primer semestre del año.

Pero, en definitiva, en un esquema de flotación, el tipo de cambio obedece a la oferta y demanda. Es cierto que desde mediados de abril no estuvo presente la demanda del sector público nacional que se suponía iba a comprar divisas para mejorar las reservas netas del BCRA y para hacer frente al servicio de deuda pública. Sin embargo, sobre el final del semestre, el Tesoro decidió comprar alrededor de US$ 200 millones en bloque y, antes de eso, se colocaron bonos en pesos contra dólares y se hizo un segundo REPO para acercarse a cumplir con la meta de reservas netas acordada con el FMI que permite utilizar, para tal fin, endeudamiento por encima de US$ 1.500 millones.

En otras palabras, se eligió acumular reservas vía la política de deuda pública y no por medio del señoreaje que era lo que podía preverse de la lectura del informe del equipo técnico del FMI.
También es cierto que el BCRA vendió futuros durante mayo por el equivalente a US$ 1500 millones, pero esa intervención habría menguado en junio.

En cualquier caso, para los casi cuatro meses que restan del ciclo electoral es importante tener en cuenta que:
a) El BCRA tiene suficientes reservas para controlar un ataque especulativo contra el techo de la banda de flotación porque, si ello ocurriera, puede utilizar incluso las divisas que le desembolsó el FMI.
b) La tasa de interés en pesos también es un factor que puede incentivar a una menor demanda de divisas. Por ejemplo, la tasa Badlar medida en términos reales fue en promedio neutra durante el primer cuatrimestre del año y pasó a ser 8% real anual positiva durante mayo y junio (medida contra la inflación núcleo).
c) Debería esperarse que continúe el flujo de préstamos a provincias y empresas privadas y, además, debería revertirse el saldo negativo de la inversión extranjera directa que se observó en el balance cambiario del BCRA durante los primeros cinco meses del año.
d) El BCRA tiene todavía margen de US$ 7.000 millones para intervenir en el mercado de futuros. Sería prudente no utilizarlo y dejar que el peso se deprecie algo si esa es la tendencia, pero en cualquier caso, el margen existe.

En resumen, existen varios problemas que resolver, pero la disciplina fiscal y la flotación cambiaria deberían ser suficientes para evitar que los pronósticos catastróficos se materialicen

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Más de 4 millones de niños sufrieron inseguridad alimentaria en 2024, según la UCA

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La inseguridad alimentaria infantil en Argentina alcanzó niveles críticos en 2024: más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no tuvieron garantizada una alimentación adecuada, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. El 35,5% de los menores fue afectado por este flagelo, y el 16,5% lo padeció en su forma más severa. La situación, vinculada a la pobreza estructural, el desempleo y la precariedad laboral, pone en riesgo el desarrollo físico, cognitivo y educativo de la infancia.

Según el informe “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, elaborado por las investigadoras Ianina Tuñón y Valentina González Sisto, uno de cada tres niños argentinos vive en hogares con dificultades para acceder a una alimentación adecuada, y más de 1,8 millones sufren inseguridad alimentaria severa.

Las cifras corresponden al relevamiento de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA-UCA) y exponen una realidad persistente desde hace más de una década, con picos alarmantes en los años 2018, 2020 y 2024.

Radiografía del hambre: ¿quiénes son los más afectados?

El informe detalla que los hogares más impactados son aquellos con jefes o jefas sin empleo formal, familias monoparentales, numerosas, y con bajo nivel educativo. Además, se detectó una relación directa entre inseguridad alimentaria y bajo rendimiento escolar, lo que refuerza el carácter multidimensional del problema.

“La permanencia escolar opera como un factor de protección frente al agravamiento de la inseguridad alimentaria”, subraya el documento, coordinado por Agustín Salvia.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue siendo la región más afectada, aunque en 2024 el interior del país alcanzó niveles similares, producto de un fuerte incremento de la inseguridad alimentaria en provincias que históricamente registraban indicadores más bajos.

La inseguridad alimentaria no solo implica falta de acceso a alimentos, sino también déficit en nutrientes esenciales. Esto genera consecuencias directas en el desarrollo cognitivo, físico y emocional de los menores.

La OMS advierte que la desnutrición infantil puede provocar déficit de atención, bajo rendimiento escolar, mayor vulnerabilidad a enfermedades crónicas y dificultades de aprendizaje que se arrastran durante toda la vida.

El informe también señala que el 14,8% de los niños padeció inseguridad alimentaria crónica entre 2022 y 2024, mientras que otro 9,2% vio agravarse su situación en ese mismo período. Solo el 44,5% logró mantenerse sin problemas de alimentación durante tres años consecutivos.

El estudio reconoce que las políticas de transferencia de ingresos (como AUH o Tarjeta Alimentar) contribuyeron a mitigar los efectos en sectores vulnerables. Sin embargo, la persistencia de la pobreza estructural, el desempleo y la informalidad laboral neutraliza parcialmente estos esfuerzos.

“Comprender estas dinámicas es clave para diseñar políticas públicas integrales que enfrenten tanto las urgencias actuales como las causas profundas de la inseguridad alimentaria”, indican las autoras.

Políticas necesarias: escuela, ingresos y empleo

El documento plantea una serie de propuestas para revertir la tendencia:

  • Fortalecer los sistemas de protección social con enfoque territorial y federal
  • Garantizar el acceso universal a una alimentación adecuada a través de la escuela pública
  • Revalorizar el empleo formal como principal vía para reducir la inseguridad alimentaria
  • Profundizar las políticas de inclusión laboral y educativa para familias en situación de pobreza estructural

La inseguridad alimentaria en la infancia argentina es un fenómeno estructural agravado por crisis cíclicas. Sus efectos no se limitan al presente, sino que condicionan el futuro de toda una generación. El informe de la UCA plantea un escenario urgente: sin políticas públicas integrales y sostenidas, el país arriesga su capital humano más valioso: su niñez.

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Privatización de rutas: extienden la intervención estatal sobre Corredores Viales S.A.

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El Gobierno prorroga la intervención de Corredores Viales S.A. hasta completar su proceso de disolución y privatización

A través del Decreto 464/2025, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó la intervención de Corredores Viales S.A., empresa estatal del sector público nacional, hasta tanto se complete su disolución, en el marco del proceso de privatización dispuesto por la Ley de Bases N° 27.742. La medida responde a la necesidad de garantizar una transición ordenada y operativa en los corredores bajo gestión estatal.

La decisión publicada en el Boletín Oficial prorroga la intervención iniciada mediante el Decreto 244/2025, y mantiene en funciones a la licenciada Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora. Su mandato se extenderá “hasta culminar el procedimiento de disolución de la sociedad dispuesto por el Decreto N° 97/2025”, según consta en el artículo 1° del nuevo decreto.

Corredores Viales S.A., creada originalmente para administrar rutas bajo el régimen de concesión por peaje, fue incluida en el listado de empresas estatales sujetas a privatización total conforme al artículo 7° de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Diagnóstico institucional y reformas estructurales

Durante el período de intervención vigente, se realizó un diagnóstico exhaustivo sobre la situación operativa y administrativa de la empresa, que identificó falencias estructurales en áreas clave como finanzas, compras y contrataciones, gestión legal y capital humano, así como irregularidades en el relevamiento de activos fijos.

Como parte del proceso de reestructuración interna, se implementaron medidas como:

  • Aprobación de un nuevo organigrama institucional.
  • Actualización de normas, reglamentos y procedimientos para contrataciones.
  • Constitución de un Comité de Inversiones.
  • Regularización del área jurídica.

Estas acciones buscan garantizar una gestión más eficiente, transparente y alineada con los principios de la Ley de Bases, que exige procesos de privatización con altos estándares de publicidad, competencia y gobierno abierto.

La continuidad de la intervención también responde a la complejidad del proceso de disolución y a la necesidad de avanzar con la renegociación de contratos, liquidación de activos y aseguramiento de la continuidad operativa de los corredores viales en transición hacia la concesión privada.

La ejecución del plan está a cargo del Ministerio de Economía, con la asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y con participación de la ex Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos técnicos del Estado nacional.

La prórroga garantiza que el proceso de salida del Estado de la gestión directa de rutas y autopistas se lleve adelante sin interrupciones operativas ni riesgos legales. La decisión política de avanzar en la concesión por peaje como mecanismo de gestión vial se mantiene firme dentro del esquema de desestatización que impulsa el gobierno nacional.

Según lo dispuesto en el Decreto 464/2025, el Ministerio de Economía podrá dictar normas complementarias que resulten necesarias para implementar la medida, que ya se encuentra en plena vigencia desde su publicación.

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Las reservas del BCRA se resienten por el pago de cupones de deuda externa

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Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) perforaron este martes 8 de julio el piso de los US$ 40.000 millones, ubicándose en US$ 39.168 millones.

Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) perforaron este martes 8 de julio el piso de los US$ 40.000 millones, ubicándose en US$ 39.168 millones, de acuerdo a los datos oficiales del propio organismo. La caída, de US$ 2.552 millones en apenas un día, se explicó casi en su totalidad por el pago de intereses de la deuda externa, principalmente de los bonos Globales bajo ley extranjera (NY), y en menor medida de los Bonares, emitidos bajo legislación local.

La magnitud del retroceso en las reservas es contundente: representa un drenaje equivalente al 6,1% del total de tenencias brutas del BCRA.

Y si bien el dato aún es provisorio y sujeto a ajustes contables, expone con crudeza el desafío que enfrenta el Gobierno: cumplir con los compromisos financieros sin desarmar el delicado equilibrio monetario y cambiario.Un calendario de vencimientos que no da respiro

El derrumbe en las reservas fue anticipado por analistas del mercado como Salvador Vitelli y Federico García Martínez, quienes señalaron que este martes vencían pagos por unos US$ 4.225 millones, correspondientes tanto a los Bonos Globales (GD30, GD35, entre otros) como a los Bonares (AL30, AL35, etc.).

El golpe principal vino por el lado de los Globales emitidos bajo ley de Nueva York. Solo el bono GD30 exigía pagos superiores a los US$ 1.100 millones, mientras que el GD35 y el GD38 implicaban desembolsos adicionales por encima de los US$ 600 y US$ 400 millones, respectivamente, según datos de Romano Group.

En total, los pagos asociados a esta familia de títulos habrían demandado más de US$ 2.570 millones, que salieron directamente de las reservas del BCRA, ya que deben realizarse en moneda dura y desde cuentas en el exterior. En total, los pagos asociados a esta familia de títulos habrían demandado más de US$ 2.570 millones, que salieron directamente de las reservas del BCRA, ya que deben realizarse en moneda dura y desde cuentas en el exterior.

A esto hay que sumarle aproximadamente US$ 1.600 millones correspondientes a los cupones de los Bonares, cuyo impacto sobre las reservas aún no se reflejó completamente. Se trata de bonos emitidos bajo legislación argentina, pero también denominados en dólares, lo que genera una presión adicional sobre el stock disponible del Central.


Sin intervención en el mercado

En paralelo, el BCRA no intervino en el mercado cambiario oficial, de acuerdo al reporte del martes. El tipo de cambio vendedor promedio se ubicó en $1.276,79 por dólar, manteniéndose relativamente estable pese a la salida de divisas.

No obstante, en el mercado financiero y de futuros ya se percibe una mayor cautela: la presión alcista comienza a asomar, ante la lectura de que el pago de deuda debilita el colchón de defensa cambiaria.

El Tesoro, por su parte, continúa sin ofrecer instrumentos en dólares en sus licitaciones, apostando a descomprimir tensiones con pesos. El Tesoro, por su parte, continúa sin ofrecer instrumentos en dólares en sus licitaciones, apostando a descomprimir tensiones con pesos.

Sin embargo, el perfil de vencimientos hacia adelante preocupa: julio de 2025 es apenas el inicio de una larga serie de compromisos que el Estado nacional deberá afrontar en los próximos años.El perfil de vencimientos, una bomba de tiempo

Un gráfico elaborado por García Martínez revela que entre julio de 2025 y julio de 2035, la Argentina deberá afrontar vencimientos anuales de entre US$ 4.000 y US$ 6.000 millones, solo por deuda en moneda extranjera.

Buena parte de esos pagos corresponde a Globales, cuya reestructuración en 2020 permitió ganar tiempo, pero no resolvió la cuestión de fondo. Buena parte de esos pagos corresponde a Globales, cuya reestructuración en 2020 permitió ganar tiempo, pero no resolvió la cuestión de fondo.

La concentración de pagos en julio y enero de cada año implica que el país deberá hacer frente a picos de demanda de dólares dos veces por año, en momentos que además suelen coincidir con mayor tensión estacional por factores fiscales y de balanza de pagos.Una señal al mercado y al FMI

La caída de reservas ocurre en un contexto delicado. Con el FMI como observador de fondo y una negociación en curso por eventuales desembolsos futuros, la señal no pasa desapercibida. Si bien cumplir con los pagos es visto como un gesto de responsabilidad, también pone en evidencia la fragilidad del frente externo argentino.

El hecho de que el BCRA haya absorbido el pago de los Globales íntegramente desde sus tenencias, sin asistencia externa ni intervención adicional del Tesoro, demuestra por un lado la voluntad oficial de evitar atrasos, pero también deja al descubierto la escasez de dólares líquidos y las limitaciones estructurales del actual régimen cambiario.

Con las reservas brutas nuevamente debajo del umbral simbólico de los US$ 40.000 millones, la atención se redobla sobre las próximas semanas. La mirada del mercado está puesta en: El comportamiento del dólar financiero y los contratos a futuro Las licitaciones del Tesoro y la capacidad de renovar vencimientos en pesos La evolución del superávit comercial y la posibilidad de recomponer divisas Las señales que pueda enviar el FMI respecto al cumplimiento del programa

Lo concreto es que la Argentina volvió a pagar, pero lo hizo a costa de debilitar sus reservas en un momento donde cada dólar cuenta. Y con más vencimientos en el horizonte, la tensión no cede.

El ajuste fiscal, la política cambiaria y la renegociación de la deuda seguirán siendo, inevitablemente, el corazón del debate económico en los próximos meses. El ajuste fiscal, la política cambiaria y la renegociación de la deuda seguirán siendo, inevitablemente, el corazón del debate económico en los próximos meses.

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