El Gobierno prorroga la intervención de Corredores Viales S.A. hasta completar su proceso de disolución y privatización

A través del Decreto 464/2025, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó la intervención de Corredores Viales S.A., empresa estatal del sector público nacional, hasta tanto se complete su disolución, en el marco del proceso de privatización dispuesto por la Ley de Bases N° 27.742. La medida responde a la necesidad de garantizar una transición ordenada y operativa en los corredores bajo gestión estatal.

La decisión publicada en el Boletín Oficial prorroga la intervención iniciada mediante el Decreto 244/2025, y mantiene en funciones a la licenciada Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora. Su mandato se extenderá “hasta culminar el procedimiento de disolución de la sociedad dispuesto por el Decreto N° 97/2025”, según consta en el artículo 1° del nuevo decreto.

Corredores Viales S.A., creada originalmente para administrar rutas bajo el régimen de concesión por peaje, fue incluida en el listado de empresas estatales sujetas a privatización total conforme al artículo 7° de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Diagnóstico institucional y reformas estructurales

Durante el período de intervención vigente, se realizó un diagnóstico exhaustivo sobre la situación operativa y administrativa de la empresa, que identificó falencias estructurales en áreas clave como finanzas, compras y contrataciones, gestión legal y capital humano, así como irregularidades en el relevamiento de activos fijos.

Como parte del proceso de reestructuración interna, se implementaron medidas como:

• Aprobación de un nuevo organigrama institucional.
• Actualización de normas, reglamentos y procedimientos para contrataciones.
• Constitución de un Comité de Inversiones.
• Regularización del área jurídica.

Estas acciones buscan garantizar una gestión más eficiente, transparente y alineada con los principios de la Ley de Bases, que exige procesos de privatización con altos estándares de publicidad, competencia y gobierno abierto.

La continuidad de la intervención también responde a la complejidad del proceso de disolución y a la necesidad de avanzar con la renegociación de contratos, liquidación de activos y aseguramiento de la continuidad operativa de los corredores viales en transición hacia la concesión privada.

La ejecución del plan está a cargo del Ministerio de Economía, con la asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y con participación de la ex Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos técnicos del Estado nacional.

La prórroga garantiza que el proceso de salida del Estado de la gestión directa de rutas y autopistas se lleve adelante sin interrupciones operativas ni riesgos legales. La decisión política de avanzar en la concesión por peaje como mecanismo de gestión vial se mantiene firme dentro del esquema de desestatización que impulsa el gobierno nacional.

Según lo dispuesto en el Decreto 464/2025, el Ministerio de Economía podrá dictar normas complementarias que resulten necesarias para implementar la medida, que ya se encuentra en plena vigencia desde su publicación.