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La CNV habilita pases con cheques, pagarés y facturas MiPyMEs para ampliar el crédito

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó la reglamentación de las operaciones a plazo tipo pase, incorporando nuevos instrumentos como cheques de pago diferido, pagarés y facturas de crédito electrónicas MiPyMEs, con el objetivo de abaratar el costo de financiamiento y ampliar la liquidez del mercado de capitales.

La Resolución General 1079/2025, publicada este 14 de agosto en el Boletín Oficial, entrará en vigencia mañana y apunta a dinamizar una de las principales fuentes de crédito para las pequeñas y medianas empresas argentinas.

La medida sustituye el artículo 16 de las Normas de la CNV (Texto Ordenado 2013 y modificatorias) para permitir que las operaciones de pase se realicen no solo sobre valores de renta fija y variable, sino también sobre instrumentos clave para el financiamiento PyME: cheques de pago diferido, letras de cambio, pagarés, certificados de depósito y warrants, depósitos a plazo fijo y facturas de crédito electrónicas.

El organismo estableció que estas operaciones deberán concretarse en segmentos de negociación bilateral, conforme al artículo 3° del capítulo respectivo.

En términos técnicos, una operación de pase consiste en una compra o venta inmediata de un valor negociable combinada con una operación inversa a plazo firme —de al menos 7 días— a un precio mayor, que permite a una parte obtener liquidez temporal y a la otra colocar fondos con garantía.
Con la modificación, estos mecanismos podrán aplicarse a un universo mucho más amplio de instrumentos negociables, ampliando las posibilidades de cobertura y financiamiento para emisores y tenedores.

Un mercado clave para el crédito PyME

Según la CNV, los cheques de pago diferido, pagarés y facturas de crédito electrónicas MiPyMEs representan un porcentaje creciente del volumen negociado en los mercados, constituyendo la principal fuente de financiamiento para las PyMEs.

“Reducir el costo del financiamiento y potenciar el desarrollo de estos instrumentos es prioritario para impulsar la economía productiva”, señaló el organismo en los fundamentos de la resolución.

El cambio se apoya en un amplio marco normativo que incluye la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, la Ley de Cheques N° 24.452, el DNU 386/03, la Ley de Programa de Recuperación Productiva N° 27.264 y la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440.

Estas leyes facultan a la CNV a dictar la reglamentación para la negociación de estos instrumentos y supervisar su operatoria, asegurando que cuenten con oferta pública y beneficios impositivos equivalentes a otros valores negociables.

La ampliación del régimen de pases busca generar mayor liquidez en los mercados, facilitar el acceso de las PyMEs al crédito y diversificar las alternativas de inversión para ahorristas e instituciones.
Para el sector privado, la medida puede traducirse en tasas más competitivas y en un canal más ágil para transformar facturas y títulos de corto plazo en efectivo, en un contexto de alta demanda de capital de trabajo.

La norma comenzará a regir el 15 de agosto de 2025. Desde la CNV anticipan que trabajarán con los mercados autorizados para adaptar sus reglamentos internos y sistemas operativos, de modo que la operatoria ampliada de pases esté plenamente disponible en las próximas semanas.

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Exportaciones aéreas: ARCA simplifica trámites y acelera pagos de beneficios

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aprobó una modificación clave en el procedimiento de liquidación de reintegros a la exportación por vía aérea, eliminando el requisito de cruce informático previo con el Manifiesto de Exportación (MANE) y simplificando las autoliquidaciones para envíos en consignación y exportaciones de cuero. La medida, oficializada mediante la Resolución General 5745/2025 publicada el 14 de agosto en el Boletín Oficial, busca acelerar el cobro de beneficios para exportadores y optimizar los procesos del Sistema Informático MALVINA (SIM).

La decisión se enmarca en una serie de cambios normativos recientes. El 29 de mayo, el Ministerio de Economía derogó la Resolución 537/1992 y sus modificatorias, eliminando los derechos de exportación a los cueros y modificando la fórmula para el cálculo de su base imponible, con el objetivo de equiparar condiciones con otros productos agroindustriales.
En paralelo, la ARCA avanza en la automatización de procesos y en la reducción de trámites manuales, particularmente en operaciones aéreas, donde los tiempos de liquidación tienen un impacto directo en la competitividad del exportador.

El cambio normativo: requisitos depurados

La resolución sustituye el punto 4.1 del Anexo III de la RG 1921, estableciendo que el SIM liquidará diariamente los beneficios, verificando requisitos operativos y documentales como:

  • Habilitación del exportador y ausencia de embargos.
  • Registro del “Cumplido” o Declaración postembarque conforme.
  • Conformidad del Banco Central en materia de liquidación de divisas.
  • Presentación de factura comercial y demás documentos exigidos.
  • Ausencia de bloqueos para el cobro de beneficios.
  • Declaración y vigencia del CBU de acreditación.
  • Pago de derechos de exportación, si correspondiera.
  • Cumplimiento fiscal según normativa vigente.

Si todos los controles resultan satisfactorios, el SIM pondrá las liquidaciones en estado “AUTO” (A Autorizar) para su acreditación.

Impacto en envíos en consignación y exportaciones de cuero

La norma deroga los puntos C y G del apartado 2 del Anexo V de la RG 1921, eliminando procedimientos que obligaban a cruzar información con el MANE para la vía aérea antes de iniciar la liquidación de beneficios.
Esto afecta de forma directa a:

  • Envíos en consignación, que ganan velocidad en su procesamiento.
  • Exportaciones de cuero, que ya no tributan derechos de exportación tras la derogación de la Resolución 537/1992.

En sus considerandos, la ARCA argumenta que el cambio permitirá “adecuar la normativa vigente” y acompaña el proceso de simplificación y digitalización del comercio exterior.
El Director Ejecutivo del organismo, Juan Alberto Pazo, firmó la resolución destacando la necesidad de generar condiciones operativas igualitarias y predecibles para todos los exportadores, reduciendo tiempos muertos y mejorando la trazabilidad de las operaciones.

El impacto se espera especialmente positivo para exportadores que dependen de la fluidez de los reintegros para sostener capital de trabajo.
Al eliminar un control previo y permitir que las validaciones se realicen en paralelo con otros pasos administrativos, la medida podría reducir varios días en el ciclo de cobro de beneficios.
También se anticipa que aerolíneas de carga, agentes de transporte y despachantes de aduana ajusten sus sistemas internos para alinear la gestión documental con los nuevos plazos.

La Resolución General 5745/2025 entró en vigencia el mismo día de su publicación. Las modificaciones ya rigen para todas las operaciones aéreas alcanzadas, lo que obliga a exportadores y operadores logísticos a revisar sus procedimientos para adaptarse a la nueva operatoria del SIM.

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Maderera de Eldorado suspende producción y deja sin ingresos a 12 empleados

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La planta de Eldorado detendrá actividades del 18 de agosto al 21 de septiembre por la caída de la demanda y el freno de la construcción. El sector advierte que la situación se replica en todo el país.

La histórica firma Industrias Montecarlo SA, con casi medio siglo de trayectoria en Eldorado, anunció la suspensión total de su producción entre el 18 de agosto y el 21 de septiembre, dejando sin ingresos a sus 12 empleados. La medida refleja la profunda crisis que atraviesa la forestoindustria argentina, golpeada por el freno de la obra pública y privada, el encarecimiento del financiamiento y la caída de la demanda interna y externa.

Un sector en alerta máxima

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) conformó recientemente un comité de crisis para evaluar el impacto del parate productivo. En un comunicado, la entidad advirtió que la contracción de la construcción —que absorbe gran parte de la producción de madera— se ve agravada por:

  • Tasas de interés elevadas que restringen el acceso a crédito productivo.
  • Una demanda interna debilitada, que representa el 80% del consumo del sector.
  • Condiciones desfavorables en el mercado internacional, con volatilidad de precios y volúmenes.

Casos como el cierre temporal de Forestadora Tapebicua en Corrientes y ahora la suspensión en Eldorado muestran que el problema es nacional y sistémico, con riesgos de pérdida de miles de puestos de trabajo.

El secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Eldorado (SOIME), Domingo Paiva, confirmó que la suspensión en Industrias Montecarlo se formalizó tras la intervención gremial.
“Nos preocupa que detrás de una suspensión muchas veces viene el cierre. Así empiezan las crisis en las empresas”, advirtió.

La planta fabrica palitos de helado, escarbadientes, bajalenguas, cucharitas y agitadores de madera, insumos que destina a la planta de Iberia en Buenos Aires para su comercialización nacional. Pero la caída de ventas en ese mercado y la reducción de jornadas laborales precipitaron la decisión de frenar la producción.

Denis Guayuán, operario con más de 20 años de antigüedad, describió la situación como “desesperante”.
“Vamos a esperar este mes, ver qué pasa, buscar alguna changa para estirar, porque quedamos sin sueldo”, dijo en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.

La crisis salarial ya se arrastra desde hace mes y medio, con pagos parciales absorbidos por deudas bancarias.
“Nos sostuvimos a base de préstamos y los que tienen tarjetas se endeudaron. Ahora los bancos no nos prestan más porque no cancelamos las cuotas”, explicó.

Durante una asamblea, la empresa sostuvo que la única forma de reducir costos y recuperar ventas es mediante la suspensión temporal del personal. El dato más preocupante: todos los empleados tienen entre 13 y 25 años de antigüedad, lo que evidencia la estabilidad previa de la planta y el impacto que tendría un eventual cierre definitivo.

Los trabajadores recibieron asistencia alimentaria del gobierno provincial y mercaderías del sindicato, pero no hubo intervención directa del Ministerio de Trabajo de Misiones.

“El gobierno de Misiones ya bajó impuestos como ingresos brutos y adoptó medidas fiscales, pero no alcanza”, afirmó Paiva.

El dirigente sindical apuntó contra la política industrial del gobierno nacional de Javier Milei, que dejó la obra pública en manos de las provincias y liberó importaciones, afectando particularmente a las economías regionales fronterizas con Brasil y Paraguay.

“El deseo es que se encuentre una solución o que el gobierno nacional cambie su política industrial”, reclamó.

Guayuán planteó que una salida podría ser comercializar directamente en Misiones los productos que hoy se envían a Buenos Aires y luego regresan con un precio mayor por el costo logístico.

“Sería una alternativa para poder seguir existiendo. No somos muchos, pero producimos mucho”, remarcó.

Mientras tanto, los empleados analizan buscar empleos temporales en otros rubros. “Por acá sabemos hacer de todo: soldadura, electricidad, mecánica… porque nuestro trabajo nos obliga a aprender de todo”, señaló el operario.

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Nuevo protocolo de control migratorio refuerza detección de víctimas de trata

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El Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones aprobaron un nuevo Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos. La medida, publicada este jueves 14 de agosto en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 3/2025, actualiza y reemplaza el instrumento vigente desde 2012, incorporando criterios y herramientas adaptadas a las nuevas modalidades del delito.

El nuevo protocolo será de aplicación obligatoria para todas las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que actúen como Policía Auxiliar Migratoria —Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria— así como para los agentes de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
Su objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, detectar e investigar la trata de personas en los pasos de ingreso y egreso del país, en línea con los compromisos asumidos por Argentina en tratados internacionales.

La actualización responde a un cambio sustancial en la dinámica del delito. El protocolo anterior, aprobado en 2012, antecedía a la Ley 26.842, que modificó de forma profunda el marco legal sobre trata. En los últimos trece años, las redes criminales han sofisticado sus métodos, operando con carácter intra e internacional y mayor coordinación logística.
Informes de la ONU (Oficina contra las Drogas y el Delito, 2024) advierten que los pasos fronterizos son escenarios críticos para detectar tanto a víctimas en etapa de captación y traslado, como a aquellas ya explotadas y en tránsito hacia otros puntos.

Contenido técnico y alcance del nuevo protocolo

El texto aprobado como Anexo IF-2025-81056586-APN-SSIC#MSG establece pautas unificadas para:

  • Identificación temprana de víctimas y presuntos tratantes en controles migratorios.
  • Procedimientos de intervención inmediata para resguardar la integridad de las personas.
  • Uso de herramientas tecnológicas y bases de datos para la verificación de identidad y antecedentes.
  • Coordinación entre organismos nacionales y cooperación con autoridades extranjeras.

El protocolo incluye un anexo reservado, con procedimientos específicos de actuación operativa, que no será de acceso público para resguardar la efectividad de las tareas de control.

La elaboración fue coordinada por la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual del Ministerio de Seguridad y la DNM, con apoyo técnico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el marco del Programa EUROFRONT. También participaron el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, áreas de control de fronteras e hidrovías y de cooperación internacional, junto con las fuerzas federales.
La ministra Patricia Bullrich y el director nacional de Migraciones, Sebastián Pablo Seoane, rubricaron la norma.

El refuerzo de los protocolos en frontera apunta a cerrar brechas operativas que las organizaciones criminales han explotado en los últimos años. Desde el Ministerio de Seguridad remarcan que “la prevención del delito de trata es una política de Estado” y que el control migratorio coordinado es “clave para la detección temprana y la protección de las víctimas”.
Se espera que la implementación implique capacitaciones periódicas, uso de nuevos dispositivos de detección y la conformación de mesas de monitoreo interinstitucionales.

La norma ya está en vigor y se prevé su difusión interna inmediata entre los organismos involucrados. El monitoreo estará a cargo del Ministerio de Seguridad y la DNM, con revisiones periódicas para actualizar criterios frente a cambios en las modalidades delictivas.
En el plano regional, la medida podría fortalecer la cooperación con países limítrofes, especialmente en zonas de alta circulación como Misiones, Formosa, Salta y Jujuy, donde la presión migratoria y la actividad del crimen organizado requieren respuestas rápidas y coordinadas.

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Economía emite Letras del Tesoro por más de $20 billones con vencimientos hasta 2026

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La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, bajo la conducción de Pablo Quirno y Carlos Jorge Guberman, dispusieron la emisión y ampliación de Letras del Tesoro en pesos por un monto máximo conjunto de $28,68 billones, con vencimientos escalonados entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 38/2025, se enmarca en la licitación convocada para el 13 de agosto, clave para cubrir compromisos de corto y mediano plazo del Estado Nacional.

La decisión se toma en un escenario de alta volatilidad en los mercados locales, tasas de interés crecientes y marcada selectividad de los inversores. El Ministerio de Economía busca garantizar el financiamiento del Tesoro mediante instrumentos de corto plazo, evitando recurrir a emisión monetaria y manteniendo dentro de los márgenes legales el stock de deuda pública autorizada por el Presupuesto 2023, prorrogado para 2025.

La normativa invoca los artículos 37 y 38 de la Ley 27.701, que habilitan al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público y emitir Letras a reembolsar en el mismo ejercicio, así como los topes fijados en la planilla anexa que determina el monto máximo por tipo de instrumento y vencimiento.

Detalles de las nuevas emisiones

La resolución autoriza cuatro emisiones por hasta $5 billones cada una:

  • Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR, con vencimiento el 10 de noviembre de 2025.
  • Letra capitalizable en pesos, con vencimiento el 16 de enero de 2026.
  • Letra a tasa TAMAR, con vencimiento el 16 de enero de 2026.
  • Letra a tasa TAMAR, con vencimiento el 13 de febrero de 2026.

En todos los casos, el precio de emisión será a la par, la amortización íntegra al vencimiento y la denominación mínima de $1. Los pagos se canalizarán a través del Banco Central y las Letras gozarán de exenciones impositivas vigentes.

La TAMAR (Tasa de interés promedio para depósitos a plazo fijo de más de $1.000 millones en bancos privados) se determinará tomando el promedio de los diez días hábiles previos a la fecha de emisión y a la de vencimiento. El margen adicional será fijado en la licitación y se mantendrá hasta el final del instrumento.

Ampliaciones de emisiones previas

Además de las nuevas colocaciones, se ampliarán dos series emitidas en 2024:

  • Letra capitalizable con vencimiento el 12 de septiembre de 2025 (Resolución Conjunta 52/2024), por hasta $670.000 millones.
  • Letra capitalizable con vencimiento el 30 de septiembre de 2025 (Resolución Conjunta 55/2024), por hasta $1,51 billones.

La resolución recuerda que las operaciones están respaldadas por las facultades conferidas en la Ley 24.156 de Administración Financiera, la Ley de Presupuesto y decretos modificatorios, y que se encuentran dentro de los límites anuales de endeudamiento aprobados por el Congreso.

La Secretaría de Finanzas y la de Hacienda actuarán como Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera, y la ejecución técnica quedará a cargo de la Oficina Nacional de Crédito Público y direcciones dependientes.

El objetivo principal es asegurar la continuidad del financiamiento del Tesoro sin tensionar la liquidez monetaria, mediante instrumentos que atraigan a inversores institucionales y bancos. El uso de la tasa TAMAR busca ofrecer rendimientos ajustados a las condiciones del sistema financiero, mientras que la diversificación de plazos apunta a reducir riesgos de concentración de vencimientos.

En el corto plazo, el éxito de la colocación dependerá de la confianza del mercado en la política fiscal y monetaria. Una baja renovación podría obligar a buscar fuentes alternativas de financiamiento, incrementando la presión sobre el Banco Central.

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