Milei lanza la Oficina de Bienes Recuperados para convertir activos ilícitos en recursos para el Estado
Con un enfoque de especialización y coordinación interinstitucional, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de un organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Justicia que será autoridad de aplicación en la administración, conservación y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas.
A través del Decreto 582/2025, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei oficializó la creación de la Oficina de Bienes Recuperados (OBR), que tendrá como misión central administrar y disponer de los activos cautelados y decomisados en procesos penales de competencia nacional y federal, así como en los procedimientos de extinción de dominio. La medida busca dotar al Estado de una estructura profesionalizada y especializada, capaz de gestionar estos bienes con eficiencia, transparencia y trazabilidad, y transformarlos en recursos estratégicos para financiar políticas públicas.
La nueva Oficina actuará como Autoridad de Aplicación del Régimen de Conservación, Administración y Disposición de Bienes provenientes de Actividad Ilícita, aprobado por el Decreto 575/25, y reemplazará al esquema establecido en 2011, cuando se creó el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados.
El Poder Ejecutivo argumentó que la dispersión operativa y la falta de capacidades técnicas especializadas habían limitado la efectividad del Estado para recuperar y aprovechar patrimonialmente los bienes de origen ilícito. Entre 2012 y 2023, el antiguo registro contabilizó más de 3.200 bienes decomisados, pero sin capacidad operativa para su administración activa ni para generar ingresos derivados de su explotación o venta.
El decreto se apoya en recomendaciones de la OCDE, particularmente en los principios que exigen a los Estados contar con facultades para embargar, incautar y confiscar activos, y con estructuras organizacionales definidas para administrar esos bienes. La experiencia internacional, especialmente en Estados Unidos, Francia, Italia y España, demuestra que los organismos especializados mejoran la coordinación con el Poder Judicial y multiplican el impacto económico del decomiso.
Funciones clave y estructura organizativa
Según la Planilla Anexa al artículo 2° del decreto, la Oficina tendrá como responsabilidades:
- Coordinar con el Poder Judicial la entrega material de los bienes y su guarda.
- Identificar, registrar, valuar y custodiar los activos decomisados.
- Gestionar la enajenación o concesión comercial de bienes junto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
- Asignar bienes para uso precario y gratuito previa evaluación del Consejo de Bienes Recuperados.
- Rendir informes periódicos al Ministerio de Justicia y al Consejo de Bienes Recuperados sobre la gestión realizada.
La conducción de la OBR estará a cargo de un Director Ejecutivo con rango de subsecretario, designado por el Poder Ejecutivo. Deberá contar con nacionalidad argentina, título universitario en disciplinas como Derecho, Ciencias Económicas, Administración o Ingeniería, y experiencia en gestión patrimonial o coordinación interinstitucional. Entre sus atribuciones, se incluye la elaboración de la memoria anual, la firma de convenios con entidades públicas y privadas, y la representación del organismo ante el Consejo de Bienes Recuperados.
La OBR dependerá directamente del Ministerio de Justicia, que dictará las normas complementarias necesarias para su funcionamiento, y estará incorporada formalmente al listado de organismos desconcentrados de la cartera. El financiamiento provendrá de partidas específicas asignadas a la jurisdicción, sin necesidad de nuevas estructuras presupuestarias.
La creación del organismo implicó la derogación del Decreto 826/11, que había instituido el antiguo registro, y busca consolidar un sistema más ágil y eficiente para el recupero patrimonial.
La implementación de la Oficina de Bienes Recuperados se proyecta como un refuerzo institucional clave para la política criminal argentina. Según el Ministerio de Justicia, la centralización y profesionalización de la gestión permitirá no solo privar a las organizaciones criminales de los beneficios económicos de sus actividades, sino también reconvertir esos activos en recursos para el Estado, generando un efecto disuasivo y fortaleciendo la capacidad de financiamiento de políticas públicas.
La medida entrará en vigencia 45 días hábiles administrativos después de su publicación, por lo que el organismo comenzará a operar a fines de octubre de 2025.
