Alianza

Morales sostuvo que “un radical tiene que ser presidente en 2023”

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El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, planteó el desafío de “romper la idea de que el radicalismo no puede gobernar” y dijo que “un radical tiene que ser presidente en 2023” al encabezar un encuentro de la dirigencia partidaria en Salta.

Al hablar en el encuentro, Morales sostuvo que “además de contar con las mejores espadas en el Senado y en Diputados para dar pelea en el Congreso de la Nación”, el radicalismo administra “muy bien tres provincias con gestiones transformadoras ampliamente ratificadas en las urnas por el pueblo en Corrientes, Mendoza y Jujuy”.

“Se necesita un país que no solo tenga la cabeza en el Área Metropolitana y que cuente con economistas que no sean ortodoxos, que se encierran en las diez manzanas de la city porteña de espaldas al interior del país”, dijo, según un comunicado de prensa.

“A partir de esta visión transformamos Jujuy y hasta alcanzamos equilibrio fiscal”, aseguró y sentenció: “somos un partido de gobierno, por eso un radical tiene que ser presidente en 2023”.

Por otro lado, indicó que Juntos por el Cambio “tiene que crecer con humildad” para luego objetar las manifiestas intenciones de dirigentes del PRO de sumar a la coalición al diputado liberal Javier Milei: “La antipolítica se puede llevar puesto al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio también”, alertó al respecto.

Tras convocar a “mirar para adelante y pensar en el futuro”, Morales instó a “no asustarse cuando alguien de Juntos por el Cambio reivindica la década del ’90” y exhortó finalmente a la dirigencia a fortalecer la coalición opositora nacional “mirando lo que ocurre en el Frente de Todos que está quebrado y explota, porque llegó al ejercicio del poder amontonando gente”.

“No podemos pensar en gobernar a cualquier costo”, concluyó.

Junto a Gerardo Morales estuvieron el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; el senador nacional Mario Fiad, el diputado nacional Jorge Rizzotti; el presidente del Comité Provincia Salta y diputado nacional, Miguel Nanni, y otros dirigentes del radicalismo en esa provincia.

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La cuestión de fondo

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En medio de un total hermetismo, el Gobierno de Alberto Fernández se anotó una victoria que le brinda una nueva oportunidad, después de un medio tiempo amarrete en resultados. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, anunciado de modo sorpresivo, es mérito casi exclusivo de Martín Guzmán, el silencioso y poco afecto a los flashes ministro de Economía al que se ningunea por su escasa experiencia en las lides del establishment financiero. En cambio, exhibió una notable diplomacia económica que le da respiro a la Argentina y permitirá robustecer los cimientos de una recuperación esperada desde 2018, antes de la pandemia que empeoró todo lo que podía empeorarse de la crisis dejada como legado por Mauricio Macri.

El nuevo pacto no es el mejor, ni mucho menos. Es lo que podía conseguirse. El Fondo, más allá de la tibia autocrítica que hizo del préstamo exprés a Macri, sigue siendo el Fondo y no puede, por esencia, torcer demasiado sus convicciones. 

Pero el acuerdo tiene varias a favor de la Argentina. Fija metas, pero deja en manos del equipo económico local, el cómo alcanzarlas. Esto es, con este Gobierno, sin asfixiar a la economía y sin volver a recortar el gasto, como marcaba el recetario tradicional del organismo que conduce Kristalina Georgieva. Vale la pena recordar la última vez que se “arregló” con el Fondo: gobernaba la alianza y Fernando De la Rúa decía que “el ajuste no es negociable”. El ajuste, palabra que ahora se omite, lo paga siempre el de a pie. En 2001 la Argentina terminó más endeudada con megacanje y blindaje incluidos y varios funcionarios de esa alianza después se reconfiguraron en la otra alianza, que volvió a pedir plata prestada al Fondo.  

Las metas que impone el nuevo acuerdo apuntan más hacia una normalidad que a esta altura es extrañada en la descontrolada economía argentina. El propio FMI destaca que el sendero fiscal acordado permitiría aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y protegería programas sociales focalizados, al mismo tiempo que habrá una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva (y esperemos que equilibrada en clave federal).

Se advierte también que va a haber una reducción gradual pero decidida de la asistencia monetaria que realiza el Banco Central al Tesoro y se apunta a que en 2022 el financiamiento monetario sea de 1% del Producto; en 2023 alrededor de 0,6% y en 2024 sea cercano a 0 para converger en una situación en la cual no haya más financiamiento sistemático del Banco Central.

El acuerdo despeja temores sobre un salto cambiario; agitados por la oposición y sectores especuladores.

En cuanto a la inflación, el principal agobio de la sociedad, más allá de la recuperación económica, “se acordó un enfoque de políticas integral” -otro dato relativamente novedoso-, que tendrá como objetivo alcanzar tasas de interés reales positivas. Los acuerdos de precios van a tener un rol y un espacio importante en el esquema antiinflacionario. 

El cómo del nuevo pacto es la gran novedad. El FMI no impuso (no pudo o no quiso) condiciones severas de otros tiempos. El cómo dependerá del Gobierno de Alberto Fernández y de quien esté en la Rosada desde el año próximo. Eso es, en sí mismo, un punto a favor, pero al mismo tiempo, otra espada de Damocles para el propio Alberto. Los resultados serán auditados por el Fondo, pero auscultados por la sociedad y su propia base electoral. Si la economía no sostiene su ritmo de recuperación, pero especialmente si no se controla la suba de precios desbocada, el fracaso será suyo. 

El silencio con el que se tejió el nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional dejó al denudo el trajín de boberías en el que andan la oposición y buena parte de los medios de comunicación, que hasta minutos antes del anuncio, seguían tirando teorías sobre cómo debían llevarse las negociaciones y otros dudando sobre si se iba a conseguir o no un punto de acuerdo. 

La oposición queda entrampada en su lógica de rechazar cualquier cosa que haga el oficialismo, pero cada palabra se desliza sobre el filo de reconocer que el descalabro es únicamente responsabilidad de Mauricio Macri y su Gobierno, que pactó con el FMI a escondidas y sin darle mínima participación al Congreso. El pétreo rostro de quienes se animan a soltar la lengua, dice más de ellos que del mismo acuerdo que cuestionan. 

El tono de sorna revela cómo se tomaron las cosas cuando ellos mismos eran Gobierno y cómo ejercen la responsabilidad social de ser hoy oposición. “Juntos por el Cambio considera positivo este primer entendimiento con el FMI que evita así un costo default”, dice la alianza opositora sin ninguna mención de que la deuda en discusión es la que ellos mismos tomaron. 

Cambiemos pide ahora “certezas” sobre la letra chica para “no seguir sembrando incertidumbre” en la sociedad y que sea el Congreso el que tenga la última palabra, según el documento firmado por el ex presidente Mauricio Macri y el misionero Humberto Schiavoni, entre otros. 

“Se esperó demasiado, con altos costos, pero finalmente se llegó a un acuerdo”, se quejó Cristian Rittondo. María Eugenia Vidal hizo silencio. Nicolás Dujovne también. Macri siguió las negociaciones desde la playa. 

“El principio de acuerdo con el FMI despeja un escenario de default que perjudicaría severamente al país. Hay que analizar en el Congreso la letra chica del acuerdo y la factibilidad de su cumplimiento. Pero además, sigue siendo imprescindible que el Gobierno le anuncie a los argentinos un plan económico para recuperar el crecimiento y generar trabajo”, tuiteó Horacio Rodríguez Larreta. 

Solo resta decir que el préstamo serio y responsable que había conseguido Macri comprometía a que este año Argentina debía pagar una cuota de 19.020 millones de dólares. Casi veinte mil millones de dólares. Todo lo que se diga con la omisión de ese dato es poco serio. 

Lejos de la grieta, el gobernador Oscar Herrera Ahuad introdujo otro detalle -no menor- a la celebración del acuerdo con el FMI: “Anhelamos que todo esto profundice el federalismo con políticas activas y reales para todos los argentinos y en particular para los misioneros“, remarcó. 

En mayor o menor sintonía, varios gobernadores dijeron cosas parecidas al de Misiones. Un acuerdo que sirva para un país previsible, pero que apunte también a resolver los problemas internos y no se quede en lo macro. Misiones tiene varias deudas pendientes con la Nación, como la creación de la Zona Aduanera Especial, el Fondo de Compensación Ambiental o el plan de obras por casi cien mil millones de pesos, que se perdió por el voto negativo de Martín Arjol, Alfredo Schiavoni y Florencia Klipauka, los diputados de Cambiemos que rechazaron la ley de Presupuesto en su alineamiento con un lado de la grieta nacional. 

Arjol se sumó al pedido de que el acuerdo con el Fondo sea discutido por el Congreso “para que el diálogo dé lugar al desarrollo económico y social”. Schiavoni también celebró que “después de dos años, el Gobierno de Fernández empiece a transitar por la racionalidad”.

La política virtual, versus la real. En la realidad, el voto negativo privó a Misiones de un enorme paquete de obras y una herramienta clave para el desarrollo “económico y social”.

Pero la política real no siempre se adapta a las necesidades de un twitter o una columna. En la realidad, Misiones es una de las provincias menos endeudadas del país, merced a un proceso de desendeudamiento de la deuda tomada en los 90. Ese proceso contrasta con el de otras provincias, alentadas durante el gobierno de Cambiemos a tomar dólares baratos en un mercado que era generoso. 

Sin embargo, el ex diputado Luis Pastori, una de las cartas fuertes de la alianza, reapareció con una columna en la que se queja de que Misiones está “en default” porque refinancia los vencimientos de bonos Cemis. Quizás omitió un detalle: la emisión de los bonos lleva la firma de Humberto Schiavoni, hoy senador de Cambiemos y una de las figuras centrales del macrismo al que el radicalismo comienza a perderle el respeto pensando en 2023. 

Es que el macrismo duro quedó golpeado por la derrota en las internas de la alianza y no tiene figuras de recambio, salvo Martin Göerling, quien armó una base que le permite seguir en carrera, aunque debe cargar con la mochila de la gestión macrista, que gestión que dejó un sabor amargo, con pobreza, desempleo, inflación récord y una deuda galopante. 

La economía misionera exhibe hoy datos que muestran su pujanza, además de una deuda insignificante. Crece el empleo, crece el número de empresas en actividad y la industria es una potencia exportadora en toda la región NEA. Esa potencia económica se traduce en un Estado que puede brindar una mejor atención. La salud, demanda acuciante, está bien custodiada, con infraestructura de punta y políticas públicas que protegieron a los misioneros en lo peor de la pandemia. Hoy, con 1,8 millones de vacunas aplicadas, urge que la sociedad tome conciencia y vaya a buscar la primera, la segunda o la tercera dosis. Los últimos días, con récord de muertes, revelan que la mayoría de los fallecidos no contaba con vacunas aplicadas por decisión personal o familiar. El dato, no menor es que hubo varios menores de edad en los partes con los datos más duros. 

Pero en el contexto nacional y regional Misiones es una de las provincias que mejor sobrellevó la pandemia, con un gabinete volcado a atender las diversas demandas y que debe ponerse a tono con las exigencias que van mutando, como demostró el Gobernador con la designación de nuevos ministros en áreas sensibles.

Ese mix entre cuidado de la economía y custodia de la salud llama la atención. En el país y en el mundo. El poderoso Bayern München decidió traer a Misiones su programa de captación de talentos y formación profesional de técnicos y especialistas. Nada menos que el Bayern, que mete miedo a los poderosos de Europa. Los bávaros eligieron a la provincia justamente por su infraestructura educativa, el acervo cultural y la logística deportiva que se expande en distintas ciudades.

Mentor de esa transformación, el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira destacó que “Misiones es una provincia startup que desde hace un tiempo le está mostrando al mundo sus avances con los primeros productos disruptivos de una estrategia proyectada para largo plazo”.

“Con la innovación, las nuevas tecnologías, las políticas ambientales y ahora las oportunidades deportivas de primer nivel internacional, la Provincia se está consolidando en los nuevos nichos económicos en que se mueve el mundo”, dijo.

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Corralito, default, devaluación y pesificación, las escenas finales del modelo que colapsó en 2001

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(Por Mara Laudonia) El final gobierno de Fernando de la Rúa, aquel 20 de diciembre, marcó el fin de una era económica, signada por la Ley de Convertibilidad y las políticas del Consenso de Washington y el comienzo de una etapa caracterizada por una flotación “administrada” del tipo de cambio combinadas con medidas más heterodoxas.

Pero en la transición al nuevo modelo se desarrolló por medio de una secuencia de medidas económicas que significaron un ola de quiebras y un duro golpe al bolsillo de los cuidadanos, ahorristas, consumidores, inversores y lasa arcas del Estado.

El denominado “corralito” marcó el inicio del fin del gobierno de Fernando de la Rúa, y si bien se diseñó para intentar salvar el modelo de la Convertibilidad (basado en la paridad 1 a 1 del peso con el dólar) frenar la caída de las reservas, y evitar un default, sus efectos ocasionaron todo lo contrario.

El sábado 1 de diciembre, luego del cierre de una semana llena de versiones, corridas bancarias y un clima generalizado de desconfianza en la City porteña, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunciaba el congelamiento de los depósitos en dólares existentes en los bancos, que sumaban 16.000 millones de dólares en cajas de ahorro y alrededor de 42.000 millones en plazos fijos.

Con el “corralito” se buscó ponerle un tapón a la fuga de depósitos que había comenzado en octubre de 2000, en medio de la crisis política que generó en la administración de La Alianza con la renuncia del entonces vicepresidente, Carlos ‘Chacho’ Alvarez.

La fuga de divisas pasó por una efímera recuperación gracias al anuncio del “blindaje”, y luego volvió a incrementarse a partir de marzo de 2001, con la renuncia del ministro de Economía, José Luis Machinea.

Con el propósito de aferrarse a su promesa de mantener la convertibilidad y evitar una devaluación, De la Rúa acudió a Cavallo, “el padre de la criatura” y mentor de esa norma que, en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem había establecido que, por cada dólar que ingresara a las reservas, se emitiría un peso.

En sus primeros meses de gestión, Cavallo logró un aparente respiro, cuando en junio del 2001 la salida de depósitos se aminoró en función de la reprogramación de la deuda pública conocida como “megacanje”, pero sus beneficios tuvieron un corto alcance.

La ultima corrida comenzó en julio de ese año, y fue tomando velocidad. En agosto, el secretario del Tesodo de EEUU John Taylor, visitó la Argentina “preocupado” por la volatilidad de los depósitos bancarios.

Una vez más, la Argentina acudió al FMI para solicitar una ampliación del acuerdo de “stand by” pero tampoco así se frenó la fuga, como tampoco lo hizo un nuevo canje de deuda en dólares “compulsivo”, por préstamos garantizados bajo ley nacional, a fines de noviembre, para las AFJP y bancos, entre otros. El ultimo manotazo de ahogado resulto entonces el “corralito”, que estableció el 2 de diciembre de 2001, un límite de 250 pesos semanales para el retiro de fondos bancarios.

Hacia fines de ese año, los gobiernos provinciales, escasos de dinero, comenzaron a instaurar las denominadas cuasimonesdas para pagar sueldos y contratos a proveedores.

Eran una especie de bonos, que se usaron como moneda corriente para intercambio de bienes.

Entre 2001 y 2003 se habían emitido cuasimonedas por el equivalente a 2.500 millones de dólares, que fue finalmente el costo del rescate que pagó el Gobierno nacional para terminar con esos instrumentos, de los cuales el más difundido fue el Patacón, emitido por la provincia de Buenos Aires.

Cuando el puntano Adolfo Rodríguez Saá fue designado presidente (cargo en el que permaneció durante ocho días), el 23 de diciembre por la Asamblea Legislativa, se declaró la cesación de pagos de la deuda externa y, de esta forma, el país ingresó al default.

Se suspendieron los pagos de una deuda que alcanzaba los U$S 144.453 millones que alcanzaba por entonces la deuda pública argentina.

La medida afectó inicialmente a U$S 61.803 millones en bonos y títulos públicos bajo legislación extranjera, y a otros U$S 8.030 millones de otras obligaciones.

En cambio, se mantuvieron los pagos con organismos multilaterales -U$S 32.400 millones- y los recientemente emitidos préstamos garantizados U$S 42.260 millones emitidos a bancos en el país y AFJP locales.

El 3 de enero de 2002, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, quien resultó el quinto presidente en menos de 15 días, se anunció que “la devaluación estaba descontada”, y el encargado de implementarla fue el entonces ministro de Economía, Remes Lenicov.

Duhalde confirmó la devaluación apenas un día después de haber pronunciado su memorable frase en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa: “El que depositó dólares recibirá dólares”.

En todos los rubros de la economía, las estadísticas mostraban un rojo de dos dígitos: pobreza llegaba al 36 por ciento y el desempleo a un 18,3 por ciento.

En tanto, las reservas del Banco Central eran de 9 mil millones de dólares, regían 14 tipos de cuasimonedas (el 65 por ciento del dinero circulante) y los bancos se encontraban “destruidos”, según reconocía el propio Remes Lenicov.

El 6 de enero de 2002 se derogó la Ley de la Convertibilidad, que había estado en vigencia desde 27 de marzo de 1991.

En febrero de 2002, el Gobierno de Duhalde decidió convertir compulsivamente a pesos los depósitos bancarios en moneda extranjera, a una tasa de $1,4 por dólar.

Adicionalmente, se instauró el denominado “corralón”, por el cual los depósitos a plazo constituidos hasta fines de 2001, incluyendo los pesificados y los originalmente pactados en pesos, fueron transformados en depósitos de plazo extendido, con vencimientos parciales que llegaban hasta 2005, lo que desató una ola de protestas ante las Justicia.

Asomó así una nueva economía, que tardó tiempo en ordenarse, y que le costó una deuda adicional al Estado argentino de casi 30.000 millones de dólares, en entre 2002 y 2005.

Paradójicamente en este tiempo, el FMI pasó de ser prestamista de última instancia a cobrador de primera instancia.

En abril el 2002 tomaba la posta en Economía, Roberto Lavagna, quien negoció con el organismo un nuevo acuerdo bajo la presidencia de Néstor Kirchner y concretó tres años después la primera reestructuración de la deuda en default.

El nuevo modelo económico basado en la flotación administrada, comenzó a dar frutos a partir de 2003, cuando se logró, por un lado, algo inédito en la historia argentina reciente: el pago total de la deuda con el FMI, concretado a fines del 2005 por iniciativa de Kirchner.

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La grieta irresponsable

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En una gala de cinismo, los que endeudaron a la Argentina, la dejaron sin presupuesto. Los que emitieron deuda a cien años y pidieron el salvavidas de plomo del FMI por 57 mil millones de dólares, ahora exigen certezas sobre el valor del dólar y transparencia sobre el acuerdo con el mismo Fondo para pagar la deuda por ellos asumida. Los mismos que prometieron acabar con la inflación y terminaron con suba de precios récord, ahora se quejan por “números dibujados”. Ni oposición racional ni responsabilidad para con los argentinos. Nuevamente Cambiemos, antes fue el Grupo A, dejó sin Presupuesto al país. “Los que me dicen que cierre con el Fondo, no aprueban el Presupuesto y encima me apuran”, ironizó el presidente Alberto Fernández.

El daño no es al Presidente ni al Frente de Todos en esa pulseada agobiante en la que sumergen a la política. Es a la Argentina. El golpe es a la economía que está en un estado de incipiente recuperación después de la crisis iniciada antes de la pandemia, cuya peligrosidad no hizo más que agravar el retroceso. 

Es un daño enorme al trabajo minucioso que habían hecho las provincias y los gobernadores para conseguir mejorar un proyecto tacaño, que repetía el esquema centralista de siempre.

Es un daño enorme a Misiones, que de la mano del diputado nacional Diego Sartori, en la comisión de Presupuesto peleó punto a punto un reparto mejor que el que siempre le toca en suerte. Al bosquejo original diseñado por Martín Guzmán se le habían sumado 96.500 millones de pesos en obras para 2022, que se estiraban a más de 600 mil millones en la proyección plurianual y la reiteración de la creación de la Zona Aduanera Especial para garantizar la competitividad de la economía local asediada por los agresivos modelos fronterizos de Paraguay y Brasil. 

Todo eso se perdió. Se perdieron las cloacas para Alem, el aumento del subsidio al transporte público de las provincias de 17 a 46 mil millones, obras de energía, salarios docentes. Todo dependerá ahora de la pluma benevolente del Presidente, a sus tiempos y a sus humores. 

Los diputados de la alianza Cambiemos, la debutante Florencia Klipauka, el radical Martín Arjol y el macrista Alfredo Schiavoni, deberán explicar por qué le dieron la espalda a esos beneficios para Misiones. 

No tiene lógica el argumento de que iban a acompañar los artículos que servían porque estos no existen si previamente no se aprueba la ley en general. Y desde varias horas antes de la sesión, el objetivo siempre fue “voltear” el Presupuesto, como decía en la televisión la estrella emergente del radicalismo, Martín Tetaz. El mandato de Cambiemos fue dejar otra vez al Gobierno sin presupuesto y en esa “volteada”, caen las provincias que poco importan a la lógica a todo o nada con la que se juega. 

Si realmente hubiesen sido una oposición responsable, podrían haber pataleado en el recinto todo lo que quisieran y a la hora de votar, simplemente retirar algunos legisladores para que la mayoría sea del oficialismo en el momento clave. Hubiesen mantenido la frente en alto y garantizado una institucionalidad que sólo declaman. De hecho, la Coalición Cívica (que conduce Lilita Carrió) sostuvo que “voltear el Presupuesto no era una opción”, y cuestionó la ausencia de una “posición más inteligente y responsable” dentro de Juntos por el Cambio (JxC), en una fuerte crítica hacia el interior de la coalición opositora, luego del rechazo en la Cámara de Diputados al proyecto presentado por el Gobierno nacional.

“Para la Coalición Cívica voltear el Presupuesto no era una opción. Entendemos que la tensión y la insensatez del oficialismo puede haber encerrado a Juntos por el Cambio, pero necesitábamos aplomo para tener una posición más inteligente y responsable”, sostuvo la CC.

Las últimas dos veces que el país se quedó sin Presupuesto fue con la alianza macrista en la vereda de enfrente. A Mauricio Macri la oposición nunca le dejó sin la ley de Leyes.

En cambio, el debate en el Congreso se pareció mucho más a las asambleas universitarias, en las que Franja Morada se imponía a los gritos y con la patota. El país no es una asamblea. De poco sirven los mensajes consternados de búsqueda de “consensos” y “diálogos” que sólo son válidos si el otro concede lo que pretendo.

Los intendentes misioneros, todos, representantes empresarios que iban a ser beneficiados con una Zona Aduanera, comerciantes posadeños y exportadores, preparan documentos de rechazo al voto negativo de Cambiemos, cuyos representantes, durante la campaña, prometían votar por los intereses misioneros y se decían representantes también del misionerismo. En la primera oportunidad, repitieron patrones centralistas. 

“El pueblo misionero tiene que saber del esfuerzo de la Renovación y sus representantes en el Congreso Nacional conseguimos reponer la Zona Aduanera Especial, una herramienta de crecimiento económico que hubiera dado muchos beneficios a los misioneros, sumado a un plan de obras para mejorar la calidad de vida de los 77 municipios. Lamentamos la actitud mezquina de los diputados de Juntos por el Cambio que votaron en contra de lo que prometieron defender, poniendo los intereses partidarios por sobre los intereses de la provincia. Mi compromiso y el de nuestros legisladores renovadores sigue intacto para defender primero a Misiones, con enorme compromiso logramos imponer en el presupuesto nacional obras medulares para el crecimiento y desarrollo de Misiones que hoy se complican ante esta circunstancia”, señaló el gobernador Oscar Herrera Ahuad en la primera reacción pública. 

“No entendemos ese tipo de comportamientos políticos. Nosotros no somos ni uno ni otro de los protagonistas de esta grieta inútil que divide al país. Nosotros trabajamos y cumplimos con la promesa al pueblo de Misiones que es nuestro único jefe”, insistió.

El presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, mantuvo esa línea y ratificó que el misionerismo seguirá insistiendo ante la Nación para conseguir compensaciones ambientales y el reconocimiento presupuestario. 

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, articulador de las negociaciones con la Nación, detalló que Misiones deberá empezar de cero las negociaciones para concretar no solo los 96.500 millones en obras, sino un montón de otros recursos que estaban previstos en el proyecto rechazado. 

  • Queda sin vigencia el Fondo Nacional de Incentivo Docente, destinado al mejoramiento de la retribución de los docentes de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionados y de las escuelas e institutos oficiales dependientes de las universidades nacionales y otros organismos, que finaliza el 31/12/2021. Implica una pérdida de recursos para Misiones de $2.176.885.001.
  • Pierde vigencia la Ley de Financiamiento Educativo Nacional, que establece que el presupuesto consolidado del Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la educación, la ciencia y la tecnología se incrementará progresivamente hasta alcanzar una participación del 6% en el Producto Interno Bruto (PIB). 
  • Perderá vigencia la transferencia automática de fondos por $58.477.242.261 que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza a las provincias en concepto de anticipo a cuenta para financiar gastos corrientes  a las provincias que no transfirieron sus regímenes provisionales a la Nación. 
  • Perderá vigencia la actualización del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, que preveía para el 2022 un importe de $46.000.000.000, recursos destinados a compensar los desequilibrios financieros del transporte público en las provincias. Esto era reclamado por las empresas para sostener el precio del boleto y cubrir los gastos operativos. 
  • El Poder Ejecutivo Nacional no podrá crear Áreas Aduaneras Especiales ni autorizar la extensión de Zonas Francas donde se verifique el comercio bilateral con países limítrofes.
  • Queda fuera de presupuesto el plan de inversiones en infraestructura por más de 96.500 millones de pesos para Misiones, que incluía obras en salud, energía, viviendas y corredores viales.
  • También habrá que renegociar el plan de obras plurianual: 95.576 millones en 2022, 255.186 millones en 2023 y 529.455 millones en 2024. En total, más de 686.638 millones. 

Probablemente el Presidente pueda cumplir con esos acuerdos a su firma, pero así como Misiones, las otras provincias también reclamarán y negociarán en paralelo. En el Presupuesto estaban garantizados los recursos. 

El golpe económico de Cambiemos, significa, al mismo tiempo, la muestra cabal de lo que argumentaba la Renovación durante la campaña electoral. El misionerismo es más necesario que nunca ante fuerzas antagónicas nacionales en las que poco importan los intereses lejanos al epicentro de la grieta. Si bien los de la alianza Cambiemos quedaron presos de su dependencia, los del Frente de Todos tampoco hicieron demasiado por mejorar las proyecciones misioneras. “Ahora esperemos que todos los dirigentes de la oposición que votaron en contra del presupuesto, asuman también la responsabilidad que les toca en este momento histórico para pararse de frente a los argentinos y a los miles de misioneros y misioneras que los votaron”, señaló la diputada nacional Cristina Britez.

El Presupuesto iba a ser votado a libro cerrado como lo había diseñado Guzmán y sólo la intervención misionerista le cambió la fisonomía al proyecto. Políticamente fue clave la creación del bloque Provincias Unidas, que integra la Renovación, porque en la práctica demostró coherencia en el debate y ser el único espacio con una mirada federal.

La actitud de Cambiemos puede significar también, para el presidente Alberto Fernández, una oportunidad de empezar a gobernar con mayor vehemencia. Está claro que no encontrará oposición responsable ni diálogo y que debe recostarse en algunos gobernadores y espacios provinciales para concretar la mirada federal que dice encarnar. La gestión depende más que nunca de su lapicera.

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Después de votar en contra del presupuesto, los diputados de Cambiemos piden a Fernández que avance por decreto con los pedidos de Misiones

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Los diputados de Cambiemos por Misiones rechazaron el Presupuesto 2022 que incluía un paquete de obras por 96.500 millones de pesos y la creación de la Zona Aduanera Especial en Misiones. Sin embargo, en un comunicado firmado por Alfredo Schiavoni, Martín Arjol y Florencia Klipauka, aseguran que “la búsqueda de consensos siempre fue el fundamento de nuestro comportamiento”. 

“Fue de un Diputado de nuestro espacio la propuesta de que la iniciativa vuelva a Comisión, para darle el tratamiento que se merece, atendiendo cada cuestión. El resultado: la propuesta fue rechazada en ese momento por el kirchnerismo. Después de más de veinte horas de sesión, un sector afín al oficialismo volvió a plantear la posibilidad de un acuerdo para seguir negociando, quizás finalmente al caer en la cuenta que no le daban los números. Pero víctimas de su propia soberbia se terminó frustrando esta posibilidad por la permanente vocación del kirchnerismo, esta en vez en boca del presidente de su bancada, Máximo Kirchner, de agredir, exacerbar los conflictos y alterar los ánimos”, acusaron.

“Como Diputados y como ciudadanos no estamos contentos de que se haya frustrado esta votación. Sí esperamos que de esta experiencia aprendamos todos a escuchar y a respetar las posiciones diversas y a aceptar que cuando no se alcanzan las mayorías necesarias es imprescindible encarar el camino del diálogo y el consenso”.

En referencia a los temas que hacen a Misiones, la alianza opositora señaló que “valoramos que se haya evaluado la posibilidad de creación de una Zona Aduanera especial”, pero “recordemos que el año pasado ya se encontraba incluida en el presupuesto que fuera votado y aprobado, pero no se llegó a aplicar esta medida como consecuencia del veto del presidente Alberto Fernández”.

“Apelando a la buena fe, y en base a lo sucedido en el 2020, creemos que no es necesario que esta iniciativa sea incluida en el proyecto de Presupuesto. Por ello, le pedimos al presidente de la Nación, puesto que tiene la facultad de hacerlo, que disponga cuanto antes esa medida por decreto, en beneficio de todos los misioneros”.

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