ALIVIO FISCAL

ARCA amplía el alivio fiscal al sector salud: prestadores podrán regularizar deudas hasta el 30 de octubre

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió el alcance del régimen especial de facilidades de pago para contribuyentes del sistema sanitario. A través de la Resolución General 5874/2026, el organismo dejó de limitar el beneficio a establecimientos con internación e incorporó al conjunto de los prestadores de salud, atendiendo un pedido formulado por la Confederación Argentina de Prestadores de Salud (CAPS).

La modificación también extiende el plazo para adherirse al programa hasta el 30 de octubre de 2026, otorgando más tiempo para que clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico, consultorios y otros actores del sistema regularicen obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2026.

La resolución modifica el régimen creado por la Resolución General 5858, que originalmente estaba destinado a establecimientos de salud con internación. Con el nuevo esquema, el beneficio alcanza a un universo mucho más amplio de contribuyentes vinculados a la prestación de servicios sanitarios.

El fundamento de la decisión se apoya en las dificultades económicas y financieras planteadas por las entidades representativas del sector y en la necesidad de preservar el funcionamiento de una actividad considerada de interés público.

Para ARCA, facilitar la regularización tributaria también constituye una herramienta para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales sin recurrir a procesos de ejecución o litigios.

Qué cambia para los prestadores

La norma introduce modificaciones operativas que simplifican el acceso al programa.

Los principales cambios son:

  • El régimen se amplía a todos los contribuyentes del sector salud, ya no únicamente a establecimientos con internación.
  • Se crea la caracterización “533 – Protección transitoria y Alivio Fiscal para el Sector Salud” dentro del Sistema Registral.
  • La adhesión se prorroga hasta el 30 de octubre de 2026.
  • El trámite se realiza mediante “Mis Facilidades”, utilizando el plan denominado “Plan Especial Sector Salud – Obligaciones vencidas al 31/05/2026”.

La nueva caracterización convivirá con el código 481, correspondiente a establecimientos con internación, ampliando así el universo de contribuyentes habilitados para ingresar al régimen.

Para el entramado sanitario privado, el principal efecto económico radica en la posibilidad de reordenar pasivos fiscales sin afectar de manera inmediata el flujo de fondos.

En una actividad intensiva en recursos humanos, equipamiento médico y tecnología, la regularización de obligaciones tributarias permite liberar capacidad financiera para sostener operaciones, afrontar inversiones y preservar la cadena de pagos con proveedores.

El beneficio también reduce el riesgo de medidas cautelares o restricciones derivadas del incumplimiento fiscal, un aspecto relevante para prestadores que mantienen contratos con obras sociales, empresas de medicina prepaga y organismos públicos.

La posibilidad de acceder a un plan especial de regularización contribuye a disminuir tensiones de liquidez en un sector que enfrenta elevados costos operativos y una estructura de ingresos frecuentemente condicionada por los plazos de pago de financiadores.

La ampliación del régimen refleja una estrategia de administración tributaria orientada a privilegiar la regularización antes que la ejecución fiscal. El desafío estará en medir cuántos prestadores se incorporan efectivamente al programa y si el alivio financiero logra traducirse en una mejora de la capacidad operativa del sistema de salud sin deteriorar la recaudación futura.

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Cambio de era: después de casi dos décadas se elimina el pago anticipado de Ingresos Brutos en las rutas

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La Agencia Tributaria Misiones reglamentó la suspensión del pago a cuenta de Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal. El sistema, vigente desde 2007 comienza a ser reemplazado por un modelo basado en el perfil fiscal de cada empresa, con menos burocracia, mayor liquidez y controles más inteligentes.

Durante casi veinte años fue una de las marcas distintivas del sistema tributario misionero. Cada camión que ingresaba mercadería a la provincia debía atravesar los puestos de control fiscal y, en numerosos casos, realizar un pago anticipado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Ese esquema, instaurado en 2007 mediante la Resolución General 056/2007 de la entonces Dirección General de Rentas -hoy Agencia Tributaria Misiones (ATM)-, nació con un objetivo claro: combatir la evasión y proteger al comercio formal frente al ingreso de mercadería sin declarar.

Con el tiempo, sin embargo, el mecanismo también comenzó a mostrar sus costos. Para las empresas significaba inmovilizar capital de trabajo, afrontar trámites administrativos por cada operación y soportar demoras logísticas. Para muchos sectores empresarios terminó convirtiéndose en la denominada “aduana paralela”, un concepto que durante años sintetizó las críticas hacia un sistema que, aunque eficaz para controlar, también encarecía la actividad económica.

Ese modelo comienza ahora una transformación histórica. Desde el 1 de julio entrará en vigencia la reglamentación de la Resolución General 09/2026 de la ATM, que pone en marcha la suspensión del pago a cuenta en los Puestos de Control Fiscal en Ruta, cumpliendo uno de los anuncios realizados por el gobernador Hugo Passalacqua durante la apertura de sesiones legislativas del pasado 1° de mayo.

No se trata simplemente de eliminar un trámite. Lo que cambia es la lógica completa del sistema. Hasta ahora, el eje estaba puesto en cada operación individual. Cada ingreso de mercadería era tratado prácticamente como un hecho aislado que debía generar un pago anticipado. A partir de julio, la provincia comenzará a evaluar el comportamiento fiscal de cada empresa en forma integral.

Es un cambio de paradigma. La Agencia Tributaria elaborará un padrón dinámico que actualizará todos los meses y clasificará a los contribuyentes según su perfil de cumplimiento. Quienes mantengan una conducta tributaria consistente podrán operar bajo modalidades simplificadas e incluso acceder a un sistema de pago único mensual, evitando realizar un anticipo cada vez que ingrese un camión a Misiones.

En otras palabras, el Estado deja de controlar únicamente la mercadería para comenzar a administrar el riesgo fiscal de cada contribuyente.

¿Qué cambia desde el 1 de julio?

Del pago por cada camión al control según el comportamiento fiscal de cada empresa.

Hasta ahora Desde julio
Pago anticipado de Ingresos Brutos por cada ingreso de mercadería. Los contribuyentes cumplidores podrán quedar exceptuados y acceder a pago único mensual.
El control estaba centrado en cada operación. El análisis pasa al perfil fiscal integral de cada empresa.
Trámites y pagos en los puestos de control. Mayor digitalización mediante domicilio fiscal electrónico.
Cada camión generaba un costo financiero inmediato. Más liquidez y menor inmovilización de capital para las empresas.
Sistema uniforme para prácticamente todos los contribuyentes. Padrón dinámico con tres categorías: Incluido, Excluido y Nuevo Contribuyente.
Los puestos cobraban el pago a cuenta y verificaban documentación. Los puestos seguirán funcionando solo para controlar la documentación.
El sistema estaba vigente desde 2007. Comienza un nuevo esquema basado en inteligencia fiscal y segmentación.
Impacto esperado: menos burocracia, menor costo financiero para las empresas, mayor agilidad logística y controles fiscales más focalizados sobre el riesgo tributario.

El beneficio económico es inmediato. Las empresas dejarán de inmovilizar recursos financieros en cada operación y dispondrán de mayor liquidez para sostener su actividad diaria. Al mismo tiempo desaparecerán buena parte de las gestiones presenciales, ya que las comunicaciones pasarán a realizarse mediante el domicilio fiscal electrónico y gran parte de la operatoria quedará automatizada.

Sin embargo, la reforma no implica el desmantelamiento de los controles.

Los puestos fiscales seguirán funcionando, pero ya no como lugares de percepción anticipada del impuesto sino como espacios de verificación documental. La intención oficial es mantener la capacidad de fiscalización para impedir el ingreso de mercadería no declarada, preservando la competencia leal para el comercio misionero, pero reduciendo al mínimo las cargas administrativas sobre quienes cumplen regularmente con sus obligaciones.

El nuevo régimen también incorpora un sistema de segmentación que distingue entre contribuyentes habituales, empresas excluidas del pago a cuenta y nuevos inscriptos. Incluso quienes sean detectados sin inscripción en Ingresos Brutos dispondrán ahora de un plazo de diez días para regularizar su situación antes de ingresar definitivamente al sistema.

La creación del Formulario SR-341 va en la misma dirección. Ya no será un instrumento para cobrar impuestos sino una declaración informativa destinada a acreditar la documentación de la carga cuando corresponda.

La reforma probablemente constituya la modificación más importante del sistema de percepción de Ingresos Brutos desde su creación en 2007.

Durante casi veinte años el control estuvo basado en la presunción: cada operación debía tributar anticipadamente. Desde julio comienza una etapa diferente, sustentada en información, segmentación y cumplimiento fiscal.

Para muchos empresarios será el final de uno de los principales costos financieros asociados al ingreso de mercaderías a Misiones. Para la Provincia, el desafío será demostrar que es posible mantener el mismo nivel de fiscalización utilizando herramientas más modernas, menos burocráticas y más eficientes.

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Alivio fiscal: misioneros reportaron más de 26.300 millones en impuestos eximidos durante 2025

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La Agencia Tributaria Misiones informó que durante 2025 se eximieron más de $26.376 millones anuales en distintos impuestos provinciales contemplados en el Código Fiscal. El esquema alcanzó a más de 73 mil personas beneficiadas y empresas a través de exenciones en Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotores.

Entre los sectores alcanzados por las medidas se encuentran productores primarios, jubilados, personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), beneficiarios de viviendas del IPRODHA y otros contribuyentes contemplados dentro del régimen provincial de alivio fiscal.

Además de las exenciones impositivas, la provincia registró más de $15.400 millones anuales en bonificaciones de Ingresos Brutos durante 2025 para contribuyentes cumplidores en la presentación de declaraciones juradas. Según los datos difundidos, ese ahorro financiero se volcó en la economía real mediante inversión y empleo.

En relación con la moratoria del Impuesto a la Patente 2026, se regularizaron 18.730 patentes por un monto de $6.041 millones. Desde el organismo señalaron que el resultado superó a la moratoria 2024/2025, período en el que se habían suscripto 14 mil planes, dato que expuso la demanda existente de medidas de alivio fiscal.

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Desde la provincia reclaman a Nación la eliminación del IVA sobre el agua potable

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Por primera vez en Argentina, un ente regulador provincial impulsa formalmente la reducción y/o eliminación del IVA sobre el agua potable, planteando que resulta incoherente sostener un discurso de baja de impuestos mientras millones de argentinos siguen pagando un 21% sobre un servicio esencial. Es que desde el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas de Misiones (EPRAC), organismo encargado del control del agua en Misiones, iniciaron un proceso formal para solicitar la reducción de impuestos al estado Nacional.

“Por disposición de nuestro gobernador y con el apoyo de nuestros diputados nacionales, le solicitamos al gobierno nacional que revea el esquema de IVA aplicado a este servicio básico” instó la presidente del EPRAC, Soledad Balán, quien sostuvo que el agua “no puede ser tratada como un bien de lujo” y cuestionó que el Gobierno Nacional mantenga una de las cargas impositivas más altas sobre un recurso básico para la vida cotidiana.

En esa línea, explicó que no es disparatado el pedido ya que hay alimentos de la canasta básica que cuentan con este tipo de beneficios impositivos. “Si Nación realmente quiere sostener coherencia con su discurso liberal y de alivio fiscal, debería empezar por eliminar impuestos sobre servicios esenciales como el agua potable”, expresó la titular del organismo de control de los servicios de agua.

Desde el organismo remarcaron que una reducción del IVA tendría impacto directo sobre las facturas de millones de usuarios y representaría un alivio concreto para las familias en un contexto económico complejo. Además, señalaron que la iniciativa busca abrir una discusión nacional sobre la lógica de seguir cobrando impuestos elevados sobre consumos básicos mientras se habla de reducción de presión fiscal.

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Misiones extiende medidas de alivio fiscal hasta diciembre y refuerza la baja de la presión tributaria

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El Gobierno de Misiones profundiza su estrategia de alivio tributario con la extensión hasta diciembre de 2026 de una serie de beneficios fiscales orientados a profesionales, empresas y contribuyentes que desarrollan actividad en la provincia.

El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua, quien confirmó la continuidad de dos herramientas clave: la bonificación del 30 por ciento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para profesionales de toda la provincia y la prórroga de la suspensión del artículo 9 de la Resolución General 18/10, vinculada al régimen de autorretención.

“Informo la extensión de las medidas de alivio fiscal hasta diciembre de 2026. Nuestro compromiso es seguir brindando previsibilidad y apoyo a quienes impulsan la economía”, expresó el mandatario provincial.

En ese marco, Passalacqua remarcó que los profesionales seguirán contando con una bonificación del 30 por ciento en Ingresos Brutos en todo el territorio provincial, una herramienta que apunta a reducir costos operativos y mejorar la competitividad de sectores independientes, especialmente en servicios, asesoramiento técnico, salud, arquitectura, ingeniería, abogacía y otras actividades liberales.

Además, se mantendrá suspendida hasta fin del próximo año la aplicación del artículo 9 de la Resolución General 18/10, lo que implica la continuidad de la pausa sobre el esquema de autorretención, una medida largamente reclamada por sectores empresariales y productivos por el impacto financiero que generaba sobre el capital de trabajo.

Se suma a la eliminación del pago a cuenta en los controles de ingreso

La decisión se enmarca en una política más amplia de reducción de presión tributaria que tuvo un punto central el pasado 1 de mayo, cuando Passalacqua anunció en la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes la eliminación del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los controles de ingreso a la provincia. La medida se tomó tras la inclusión de un artículo en el Presupuesto aprobado por la Legislatura, que lo autorizaba a mover las alícuotas y modificar políticas fiscales.

Posteriormente, la medida fue formalizada mediante decreto publicado en el Boletín Oficial, dejando sin efecto un régimen vigente desde 2007 que obligaba a anticipar tributos sobre productos y mercaderías que ingresaban al territorio misionero.

Ese esquema había sido cuestionado por distintos sectores comerciales e industriales por generar sobrecostos, afectar la competitividad y dificultar la operatoria de empresas que abastecen el mercado local.

La eliminación fue celebrada por la Confederación Económica de Misiones y por cámaras empresariales, que interpretaron la decisión como una señal concreta de acompañamiento en un escenario marcado por caída del consumo, menor actividad y fuerte deterioro de la recaudación.

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