La Agencia Tributaria Misiones informó que durante 2025 se eximieron más de $26.376 millones anuales en distintos impuestos provinciales contemplados en el Código Fiscal. El esquema alcanzó a más de 73 mil personas beneficiadas y empresas a través de exenciones en Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotores.
Entre los sectores alcanzados por las medidas se encuentran productores primarios, jubilados, personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), beneficiarios de viviendas del IPRODHA y otros contribuyentes contemplados dentro del régimen provincial de alivio fiscal.
Además de las exenciones impositivas, la provincia registró más de $15.400 millones anuales en bonificaciones de Ingresos Brutos durante 2025 para contribuyentes cumplidores en la presentación de declaraciones juradas. Según los datos difundidos, ese ahorro financiero se volcó en la economía real mediante inversión y empleo.
En relación con la moratoria del Impuesto a la Patente 2026, se regularizaron 18.730 patentes por un monto de $6.041 millones. Desde el organismo señalaron que el resultado superó a la moratoria 2024/2025, período en el que se habían suscripto 14 mil planes, dato que expuso la demanda existente de medidas de alivio fiscal.
Por primera vez en Argentina, un ente regulador provincial impulsa formalmente la reducción y/o eliminación del IVA sobre el agua potable, planteando que resulta incoherente sostener un discurso de baja de impuestos mientras millones de argentinos siguen pagando un 21% sobre un servicio esencial. Es que desde el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas de Misiones (EPRAC), organismo encargado del control del agua en Misiones, iniciaron un proceso formal para solicitar la reducción de impuestos al estado Nacional.
“Por disposición de nuestro gobernador y con el apoyo de nuestros diputados nacionales, le solicitamos al gobierno nacional que revea el esquema de IVA aplicado a este servicio básico” instó la presidente del EPRAC, Soledad Balán, quien sostuvo que el agua “no puede ser tratada como un bien de lujo” y cuestionó que el Gobierno Nacional mantenga una de las cargas impositivas más altas sobre un recurso básico para la vida cotidiana.
En esa línea, explicó que no es disparatado el pedido ya que hay alimentos de la canasta básica que cuentan con este tipo de beneficios impositivos. “Si Nación realmente quiere sostener coherencia con su discurso liberal y de alivio fiscal, debería empezar por eliminar impuestos sobre servicios esenciales como el agua potable”, expresó la titular del organismo de control de los servicios de agua.
Desde el organismo remarcaron que una reducción del IVA tendría impacto directo sobre las facturas de millones de usuarios y representaría un alivio concreto para las familias en un contexto económico complejo. Además, señalaron que la iniciativa busca abrir una discusión nacional sobre la lógica de seguir cobrando impuestos elevados sobre consumos básicos mientras se habla de reducción de presión fiscal.
El Gobierno de Misiones profundiza su estrategia de alivio tributario con la extensión hasta diciembre de 2026 de una serie de beneficios fiscales orientados a profesionales, empresas y contribuyentes que desarrollan actividad en la provincia.
El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua, quien confirmó la continuidad de dos herramientas clave: la bonificación del 30 por ciento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para profesionales de toda la provincia y la prórroga de la suspensión del artículo 9 de la Resolución General 18/10, vinculada al régimen de autorretención.
“Informo la extensión de las medidas de alivio fiscal hasta diciembre de 2026. Nuestro compromiso es seguir brindando previsibilidad y apoyo a quienes impulsan la economía”, expresó el mandatario provincial.
En ese marco, Passalacqua remarcó que los profesionales seguirán contando con una bonificación del 30 por ciento en Ingresos Brutos en todo el territorio provincial, una herramienta que apunta a reducir costos operativos y mejorar la competitividad de sectores independientes, especialmente en servicios, asesoramiento técnico, salud, arquitectura, ingeniería, abogacía y otras actividades liberales.
Además, se mantendrá suspendida hasta fin del próximo año la aplicación del artículo 9 de la Resolución General 18/10, lo que implica la continuidad de la pausa sobre el esquema de autorretención, una medida largamente reclamada por sectores empresariales y productivos por el impacto financiero que generaba sobre el capital de trabajo.
Se suma a la eliminación del pago a cuenta en los controles de ingreso
La decisión se enmarca en una política más amplia de reducción de presión tributaria que tuvo un punto central el pasado 1 de mayo, cuando Passalacqua anunció en la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes la eliminación del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los controles de ingreso a la provincia. La medida se tomó tras la inclusión de un artículo en el Presupuesto aprobado por la Legislatura, que lo autorizaba a mover las alícuotas y modificar políticas fiscales.
Posteriormente, la medida fue formalizada mediante decreto publicado en el Boletín Oficial, dejando sin efecto un régimen vigente desde 2007 que obligaba a anticipar tributos sobre productos y mercaderías que ingresaban al territorio misionero.
Ese esquema había sido cuestionado por distintos sectores comerciales e industriales por generar sobrecostos, afectar la competitividad y dificultar la operatoria de empresas que abastecen el mercado local.
La eliminación fue celebrada por la Confederación Económica de Misiones y por cámaras empresariales, que interpretaron la decisión como una señal concreta de acompañamiento en un escenario marcado por caída del consumo, menor actividad y fuerte deterioro de la recaudación.
El municipio de Posadas activó un paquete de medidas fiscales y administrativas con impacto directo en el comercio local, en un contexto de caída de ventas, aumento de costos y cierres en el microcentro. El anuncio, presentado por el secretario de Hacienda Martín Leiva Varela tras una mesa de trabajo con la Cámara de Comercio, establece bonificaciones impositivas, ampliación de beneficios tributarios y un esquema de regularización de deudas que comenzará a regir con su publicación en el Boletín Oficial.
El dato central: una bonificación del 100% en tasas clave por 12 meses para nuevas habilitaciones entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre, junto con una expansión del universo de contribuyentes alcanzados por alivios fiscales. La pregunta de fondo empieza a instalarse: ¿se trata de un giro suficiente para sostener la actividad o apenas de un movimiento defensivo ante una crisis más profunda?
Menos costos, menos burocracia
El diseño del paquete parte de un diagnóstico compartido entre el municipio y el sector privado. “Nos han manifestado en las reuniones previas la difícil situación que vienen atravesando asociado a la caída del volumen de ventas, el incremento de costos y la carga administrativa”, explicó Leiva Varela.
Sobre esa base, el municipio estructuró cuatro ejes. El primero apunta a reducir costos iniciales: “Consiste en otorgar una bonificación del cien por ciento de la tasa de barrido, limpieza y publicidad por el plazo de doce meses para todas aquellas habilitaciones”, detalló el funcionario, con foco en la zona céntrica.
El segundo amplía el acceso a beneficios fiscales. “Se amplía el tope de facturación… pasando de veinte millones a cuatrocientos millones”, indicó, lo que permitirá “incrementar la cantidad de contribuyentes… en al menos dos mil contribuyentes más”.
El tercer componente apunta a la regularización: “Se implementa un régimen de facilidades de pago… con quitas de intereses de no menos del ochenta por ciento y multas del cien por ciento”, explicó.
Y el cuarto eje introduce un cambio operativo relevante: “Se ha procedido a la exclusión automática… de agentes de retención y percepción, lo cual le va a aliviar su carga administrativa”, afirmó.
Para el funcionario, el objetivo es claro: “Aliviar, simplificar procesos y fomentar la actividad económica municipal”.
El trasfondo: caída del consumo y reconversión comercial
Desde la Cámara de Comercio validaron el enfoque, aunque con un diagnóstico más crudo del escenario. “Es un contexto muy complejo, muy competitivo… comercios que se están sosteniendo a duras penas”, señaló su presidente Federico Panozzo.
El dirigente remarcó que las medidas surgen de un trabajo técnico conjunto: “No estar tirando titulares ni pedidos al aire sino trabajar en una mesa de trabajo midiendo el impacto”.
En ese marco, identificó un punto crítico: la carga administrativa. “Para PYMES que puedan dejar de ser agentes es una medida… que termina resultando en costos”, explicó, aludiendo a la necesidad de personal dedicado a tareas impositivas.
El deterioro del microcentro aparece como dato estructural. “Estimamos que hay un treinta por ciento de comercio menos en el microcentro”, advirtió Panozzo. La dinámica no es lineal: hay cierres, pero también reconversiones hacia formatos más chicos. “Se reconvierten en comercios mucho más pequeños”, describió.
Reconfiguración de actores
El paquete posiciona al municipio como actor activo en la contención de la crisis, pero también expone los límites de su intervención. El alivio fiscal amplía el margen de acción de los comercios, pero no resuelve el problema de fondo: la caída de la demanda.
El propio sector lo reconoce. “Las empresas están en crisis real, financiera, con atrasos de compromisos”, sostuvo Panozzo, lo que deja en evidencia que el alivio fiscal puede mejorar márgenes pero no garantiza ventas.
En términos de correlación de fuerzas, la articulación público-privada aparece como un dato relevante. “Lo vemos de manera positiva… porque es un trabajo articulado”, afirmó el dirigente empresario, aunque anticipó que el reclamo escalará a otros niveles: “Queremos seguir trabajando con el gobierno de la provincia… y también con un tema nacional”.
Ese punto introduce una dimensión más amplia: la competitividad regional y la presión impositiva estructural, que exceden al municipio.
Un movimiento táctico en un escenario inestable
El alcance real de las medidas dependerá de su capacidad para alterar comportamientos en el corto plazo. La bonificación para nuevas habilitaciones apunta a reactivar el centro, pero su efectividad estará atada a la expectativa de rentabilidad futura. Nadie invierte solo por pagar menos tasas.
En paralelo, el plan de regularización puede aliviar tensiones financieras inmediatas, aunque no necesariamente modifica la tendencia de fondo si el consumo no repunta.
“Entendemos que esta no es una cuestión que termina acá… es una puerta que se abre”, planteó Leiva Varela, al anticipar un trabajo continuo con el sector privado.
Del lado empresarial, la expectativa es más cauta. Las medidas son valoradas, pero se inscriben en una estrategia defensiva frente a un contexto que sigue tensionando.
El dato que queda flotando es si el alivio fiscal alcanzará para revertir la inercia o si el comercio seguirá reconfigurándose, con menos actores y estructuras más pequeñas. La respuesta no está en una ordenanza ni en un anuncio: se juega en el ritmo del consumo y en la capacidad de adaptación de un sector que ya empezó a cambiar.
El bloque del Partido Agrario y Social presentó un proyecto de ley que reduce de forma concreta la carga tributaria sobre monotributistas y sectores vulnerables en la provincia. La iniciativa fue impulsada por los diputados Castro, Bárbaro y Goring.
El eje es claro. Menos impuestos y más liquidez en el bolsillo de quienes sostienen la economía diaria.
El proyecto establece la exención total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C. También elimina las retenciones y percepciones sobre acreditaciones bancarias y billeteras virtuales. En la práctica, esto significa que el dinero deja de quedar retenido y pasa a estar disponible para trabajar, comprar insumos y sostener la actividad.
Un ejemplo concreto. Un pequeño comerciante que hoy sufre descuentos automáticos en su cuenta bancaria podrá disponer de ese capital en el momento. Mejora su capacidad de reposición y reduce su necesidad de financiamiento.
La propuesta incluye a jubilados y pensionados. Se elimina la retención sobre cuentas donde perciben haberes. Se protege un ingreso que tiene carácter alimentario y que hoy pierde valor frente a la inflación.
El acceso será simple. Un sistema digital con validación automática evitará trámites y demoras. Menos burocracia. Respuesta inmediata.
El proyecto también fija un plazo claro. El alivio fiscal tendrá una duración de dos años. Este punto introduce previsibilidad y permite medir resultados reales en la economía local.
Datos que explican la medida:
Alta proporción de trabajadores independientes en Misiones
Caída del poder adquisitivo en los últimos años
Retenciones que generan saldos a favor y frenan la actividad
Impacto directo en consumo y empleo local
Desde el bloque señalan que el objetivo es sostener la actividad económica y evitar el cierre de pequeños emprendimientos. También apuntan a fortalecer la formalidad y dinamizar el mercado interno.
El proyecto abre una discusión concreta. Cómo aliviar la carga fiscal sin frenar la recaudación en el mediano plazo. La apuesta es que más actividad genere más movimiento económico y compense la baja inicial de ingresos tributarios.
La iniciativa ya genera interés en distintos sectores. Comerciantes, profesionales independientes y jubilados aparecen como los principales beneficiados.
El debate queda abierto. Qué modelo fiscal necesita hoy Misiones para sostener su economía real.
