ALLANAMIENTOS

Paraguay intensifica operativo por millonario faltante tras caída de avión de caudales y crecen dudas sobre la investigación

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Una fuerza conjunta de fiscales y policías de Paraguay avanzó este miércoles con allanamientos en Minga Guazú, a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, en busca de US$ 1,3 millón y R$ 4 millones desaparecidos tras la caída de un avión el sábado pasado. El operativo, ordenado por la Justicia y ejecutado en cinco viviendas del km 26 de la ruta PY02, no arrojó resultados, pero dejó una tensión latente: ¿se trata de un robo común o de un episodio más complejo que involucra fallas en los controles posteriores al siniestro?

El dato no es menor. El dinero era transportado por una aeronave vinculada a una empresa de caudales y su desaparición, confirmada recién el lunes por la tarde, abre un frente sensible en materia de seguridad y credibilidad institucional en una zona clave para el comercio regional.

Investigación bajo la lupa: foco en vecinos y vacíos en el procedimiento

El procedimiento fue encabezado por el Ministerio Público paraguayo, con orden judicial, y se concentró exclusivamente en familias de bajos recursos que viven cerca del lugar del accidente. Según el informe oficial, los allanamientos no encontraron evidencia vinculada al presunto robo, aunque las autoridades aseguran contar con información relevante para continuar la pesquisa.

El punto crítico no es solo la falta de resultados. La decisión de poner el foco en quienes primero asistieron a las víctimas —y no en otros actores que también estuvieron en el lugar desde el inicio— introduce un interrogante institucional. Policías, funcionarios del Ministerio Público, personal de la empresa de transporte de valores y bomberos no fueron incluidos en las medidas de verificación.

A esto se suma un dato que reconfigura la escena: la desaparición del dinero fue reportada dos días después del accidente. Ese desfase temporal instala dudas sobre lo ocurrido en las horas posteriores a la caída y abre la puerta a una hipótesis que ya circula en el expediente: la posibilidad de un fraude vinculado a la cobertura del seguro.

El accidente: una caída con impacto controlado y consecuencias abiertas

La aeronave, un Cessna 402B, se precipitó el sábado alrededor de las 15:30, a unos 700 metros del Aeropuerto Internacional Guaraní. Había despegado con destino a Asunción, pero tras registrar fallas mecánicas intentó regresar. En la maniobra final perdió potencia, impactó contra árboles y cayó parcialmente sobre una vivienda desocupada.

El piloto murió en el acto, mientras que tres ocupantes —dos de ellos empleados de la empresa transportadora de valores— resultaron heridos y fueron asistidos inicialmente por vecinos antes de la llegada de los equipos de emergencia. El incendio posterior fue controlado rápidamente.

El episodio, en sí mismo, ya implicaba un hecho grave. Sin embargo, la desaparición del dinero transformó el accidente en un caso de alto voltaje político y judicial.

Credibilidad en juego y tensión en la frontera

El desarrollo de la investigación empieza a impactar en dos planos. Por un lado, en la percepción de imparcialidad del sistema judicial paraguayo, ante cuestionamientos por el criterio selectivo de los allanamientos. Por otro, en la seguridad de las operaciones logísticas en una región donde circulan bienes, divisas y servicios entre Paraguay, Brasil y Argentina.

El faltante de dinero, sumado a la demora en su denuncia, coloca bajo presión a los actores involucrados en la cadena de custodia. No hay definiciones, pero sí señales de fragilidad en los mecanismos de control.

Para una provincia como Misiones, con fuerte vinculación comercial y territorial con el área del suceso, el caso no es ajeno. La dinámica fronteriza amplifica cualquier episodio que involucre transporte de valores, seguridad y circulación de capitales.

Entre el delito común y una trama más compleja

La investigación sigue en curso, pero el eje ya no es solo encontrar el dinero. También será clave reconstruir la secuencia posterior al accidente y determinar quién tuvo acceso real a la carga.

En las próximas semanas, el avance —o estancamiento— de la causa podría redefinir el enfoque: desde un robo puntual hasta un caso con implicancias institucionales más profundas.

Por ahora, el expediente deja más preguntas que certezas. Y en esa zona gris, donde se cruzan frontera, logística y control estatal, es donde se juega el verdadero alcance del caso.

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Coimas en el puente: 38 allanamientos y millonario botín secuestrado

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Una investigación judicial en Misiones dejó al descubierto una presunta red de coimas en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que conecta Posadas con Encarnación, en Paraguay. La causa, que involucra a 24 efectivos de Gendarmería y 22 agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a maniobras ilegales para agilizar el cruce fronterizo y facilitar el contrabando.

La pesquisa derivó en un operativo de gran escala. El pasado 16 de marzo, la Unidad de Inteligencia Criminal “Misiones” ejecutó 38 allanamientos simultáneos en Posadas, con resultados contundentes: se incautaron 57.333.470 pesos argentinos, 37.202 dólares, 947.000 guaraníes, 6.071 reales y 17 pesos cubanos, además de una gran cantidad de dispositivos electrónicos y bienes de valor. Además fueron decomisados varios vehículos de alta gama.

Entre los elementos secuestrados figuran 62 teléfonos celulares, 26 tarjetas de memoria, 19 cámaras y sistemas DVR, ocho notebooks, tres cámaras fotográficas, una caja fuerte, documentación relevante, dos módems, un GPS y un posnet, además de 649 cigarrillos extranjeros, seis cubiertas de camión y 17 vasos térmicos. También se encontraron dos armas de fuego y 102 municiones de distintos calibres.

El expediente, identificado como FPO 2837/2025 bajo la carátula “NN: Escuadrón 50 Posadas remite s/averiguación de delito”, tramita en el Juzgado Federal de Posadas a cargo de la jueza María Verónica Skanata, con intervención de la Fiscalía Federal N°1.

Según fuentes de la investigación, el caso se originó en 2022 a partir de una denuncia interna de la propia Gendarmería, luego de detectar irregularidades en el control fronterizo. En particular, se investigan cobros indebidos a taxistas, remiseros y “paseros” paraguayos para permitirles evitar las largas filas en el paso internacional, así como posibles facilitaciones al contrabando de mercaderías.

La investigación no se limita a fuerzas argentinas. También alcanzó a 25 trabajadores fronterizos paraguayos, conocidos como “paseros”, quienes quedaron bajo la órbita judicial por su presunta participación en el esquema.

A pesar de la magnitud del caso, hasta el momento no se registraron detenciones. Algunas versiones indicaban limitaciones en la capacidad de alojamiento para los implicados, aunque esta explicación fue desmentida por fuentes de Gendarmería.

El avance de la causa tuvo altibajos. Tras su inicio en 2022, el expediente fue archivado durante el primer año y recién se reactivó en 2024 con la incorporación de nuevas pruebas. En diciembre de 2025, Gendarmería solicitó las medidas judiciales que finalmente se concretaron este mes, lo que sugiere que la red habría continuado operando durante ese período.

En paralelo, los efectivos involucrados ya fueron apartados de sus funciones y se analiza su eventual pase a disponibilidad y expulsión de la fuerza.

Ahora, el foco de la investigación está puesto en el análisis de la documentación y los registros electrónicos secuestrados, claves para determinar el alcance de la operatoria, la posible existencia de una estructura organizada y el flujo de dinero generado por las maniobras ilegales.

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Intervienen la Aduana de Posadas: investigan presunta red de coimas y contrabando

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La Aduana de Posadas fue intervenida en las últimas horas en el marco de una investigación federal que apunta a una presunta red de cohecho y contrabando en uno de los principales pasos fronterizos del país. El operativo involucra a efectivos de Gendarmería Nacional y personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según información preliminar, hay al menos 22 gendarmes y cuatro empleados de ARCA bajo investigación -tres hombres y una mujer- en una causa que ya contabiliza unas 40 personas involucradas en total. Los procedimientos incluyeron allanamientos simultáneos en domicilios de aduaneros en Posadas, en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz e incluso en la estación del tren internacional.

La causa está registrada bajo el expediente FPO 2837/2025, caratulado “N.N. Escuadrón 50 Posadas remite s/ averiguación de delito”, vinculado al caso Coirón N° 10928/2022. La investigación se tramita en el Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la jueza Verónica Skanata, con intervención de la Fiscalía Federal N°1, encabezada por el fiscal Perucci Dal Santo.

De acuerdo a fuentes vinculadas al expediente, el caso tiene su origen en 2022, cuando una representante del sindicato de taxistas y remiseros realizó una denuncia pública que luego fue formalizada ante el Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional, dando inicio a las actuaciones judiciales.

En ese contexto, se desplegó una investigación que incluyó el trabajo de agentes encubiertos durante al menos seis meses, con el objetivo de reunir pruebas sobre presuntas maniobras de cobro de sobornos para permitir el ingreso irregular de mercaderías desde Paraguay.

Como parte de la intervención, siete funcionarios comisionados desde Rosario fueron enviados a Posadas para normalizar el funcionamiento de la Aduana mientras avanza la causa.

El expediente pone bajo la lupa el sistema de control fronterizo en el puente Posadas–Encarnación, un punto neurálgico del comercio regional, y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la transparencia y eficacia de los controles aduaneros en el nordeste argentino.

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Causa Espert-Machado: la Justicia allanó el Congreso y el domicilio del diputado libertario

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Allanan el despacho y la vivienda de José Luis Espert en el marco de una causa por presunto lavado de dinero vinculado a Fred Machado.

La Justicia Federal de San Isidro dispuso allanamientos simultáneos en el domicilio del diputado y en su despacho del Congreso. La investigación, originada por una denuncia de Juan Grabois, apunta a una transferencia de USD 200.000 realizada por el empresario argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

La Justicia avanza sobre Espert por presuntos vínculos con una red internacional

Por orden del Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo del magistrado Lino Mirabelli, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron este jueves allanamientos en el domicilio particular del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad bonaerense de Beccar, y en su despacho del Congreso de la Nación.

Las medidas se enmarcan en una investigación por presunto lavado de dinero derivada de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, que señala al legislador por sus supuestos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente imputado y detenido por narcotráfico en los Estados Unidos.

Fuentes judiciales confirmaron que el operativo fue ejecutado bajo secreto de sumario por orden del fiscal federal Federico Domínguez. Durante el allanamiento en su vivienda, Espert entregó voluntariamente un teléfono celular, que quedará en poder de la Justicia hasta su peritaje forense.

El propio legislador recibió a los agentes en su domicilio acompañado por su equipo de abogados. Paralelamente, en el Congreso, la Cámara de Diputados autorizó el ingreso de la PFA al despacho del legislador, en cumplimiento del pedido judicial remitido por Mirabelli, conforme al procedimiento previsto para funcionarios con fueros parlamentarios.

El despacho de Espert quedó clausurado con fajas de seguridad, mientras personal judicial retiraba documentación y equipos electrónicos.

La denuncia de Grabois y la transferencia investigada

La causa tuvo origen en una transferencia de USD 200.000 que, según registros financieros del Bank of America, fue realizada por una empresa vinculada a Fred Machado a nombre de Espert. La denuncia plantea que esos fondos podrían provenir de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, juzgada por la justicia federal del Estado de Texas (EE.UU.), y que podrían configurar el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 303 inciso 1 del Código Penal argentino.

El nombre del diputado libertario aparece además en documentación contable paralela utilizada como prueba en el juicio que culminó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia comercial de Machado.

En su descargo público, Espert explicó que el pago correspondía a un “adelanto de honorarios profesionales” por un asesoramiento económico a la firma Minas del Pueblo de Guatemala, presuntamente vinculada al empresario.

“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Era un contrato de un millón de dólares, del cual recibí un anticipo de 200 mil”, afirmó Espert en un video difundido en redes sociales.

Según su versión, el trabajo nunca se concretó por la irrupción de la pandemia y porque, tras su participación electoral de 2019, no retomó la actividad profesional privada.

Efectos políticos: licencia, renuncia y crisis interna en La Libertad Avanza

El escándalo judicial derivó en una serie de decisiones políticas inmediatas por parte del legislador. En primer lugar, renunció a su candidatura electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre, y luego solicitó licencia en su banca de la Cámara de Diputados. También renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, uno de los espacios de mayor influencia legislativa dentro del oficialismo.

En paralelo, la Policía Federal también allanó la vivienda de Fred Machado en Viedma, donde el empresario cumplía prisión domiciliaria mientras avanza su proceso de extradición a Estados Unidos. En ese procedimiento, los agentes encontraron el contrato de locación de servicios completo, en el que se consignaba un pago total de USD 1.000.000 a favor de Espert.

Fuentes judiciales confirmaron que la investigación busca determinar si existió una intermediación financiera o societaria orientada a encubrir operaciones de lavado internacional de activos a través de contratos de asesoría ficticios.

La resolución de Mirabelli se inscribe en una línea de cooperación judicial con Estados Unidos, que desde 2023 mantiene abierta una causa espejo vinculada a las operaciones financieras del empresario argentino.

De comprobarse los vínculos, el caso podría derivar en una acusación formal contra el diputado por lavado de dinero y asociación ilícita, con potencial impacto político sobre el bloque de La Libertad Avanza, que enfrenta su primera crisis institucional de magnitud desde la asunción de Javier Milei.

Por el momento, el expediente continuará bajo secreto de sumario mientras se analizan los dispositivos electrónicos incautados y las transferencias bancarias detectadas en el exterior.

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Estafas virtuales: desbaratan bandas que estafaron por más de 8 millones de pesos

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La operación llamada “Operación Spider Bank”, pudo detener a ciberdelicuentes que atacaron a usuarios bancarios en las provincias de Corrientes, Córdoba y Buenos Aires, entre otras.

A través de una operación llamada “Operación Spider Bank”, cuatro bandas de ciberdelincuentes fueron desmembradas después de una serie de allanamientos en diferentes puntos del país, de acuerdo a fuentes policiales.

Estas bandas se alzaron con un botín superior a los ocho millones y medio de pesos, luego de vaciar las cuentas de clientes de bancos privados mediante la maniobra denominada “phishing”.

El procedimiento, fue llevado a cabo por detectives de la División Ciberdelitos contra el Sistema Financiero, de la Policía de la Ciudad, en el marco de una causa impulsada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 1, a cargo de Pablo Recchini.

La investigación habría comenzado después de varias denunciadas efectuadas por clientes de bancos que terminaron con sus cuentas vacías. Las víctimas fueron manipuladas por estafadores a través de la maniobra denominada “phishing”, donde eran contactadas por supuestos representantes de las entidades bancarias, quienes los alertaban por haber detectado operaciones desconocidas o sospechosas y les daban un link para ingresar al home banking.

Al realizar el ingreso al link, se dirigían a una página web que simulaba ser la del banco, pero que solo servía para captar las claves de los usuarios, con las cuales luego los estafadores ingresaban a sus cuentas y transferían el dinero a otros destinos.

Mediante la investigación, los detectives rastrearon las transferencias, cuyos desvíos fueron hacia distintos puntos del país, y lograron dar con los receptores, informaron fuentes policiales.

Con las pruebas recolectadas, el fiscal Recchini solicitó una veintena de allanamientos, que fueron ordenados por el juez Nacional en lo Criminal y Correccional 59 Alejandro Ferro.

El procedimiento de nombre “Operación Spider Bank”, se llevó a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata, Pigüé y Punta Alta; en la localidad bonaerense de José C. Paz y en las provincias de Córdoba y Corrientes, entre otros lugares.

Como consecuencia de los procedimientos, fueron identificadas decenas de personas y se secuestraron doce armas largas, dos cortas y gran cantidad de dispositivos electrónicos con capacidad de almacenamiento de datos.

De acuerdo a lo informado, el operativo concluyó con el desbaratamiento de: la organización Judas, que cometió estafas por 2.329.000 pesos; El Colombiano, con 2.360.577 pesos; De los Brasileros, con 1.102.500; y Libertad Financiera, con 2.780.300 pesos.

Fuente: Télam

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