Debido a un mayor nivel de actividad del sector y tras el lanzamiento de los créditos hipotecarios UVA para la compra, cambio, construcción, refacción y ampliación de viviendas, la demanda de propiedades a la venta en la plataforma de Mercado Libre creció un 22%, con respecto a abril, y un 75.5% en comparación con el mismo período del año anterior.
Según el informe mensual de Mercado Libre Inmuebles y UdeSa, los barrios más demandados en la Ciudad de Buenos Aires para la compra de propiedades fueron Caballito, Recoleta, Belgrano, Palermo y Almagro. Por su parte, en el Gran Buenos Aires, las localidades con mayor búsquedas por zona fueron Vicente López (en GBA norte), La Plata (en GBA sur) y La Matanza (en GBA oeste). En cuanto al tipo de unidad, los departamentos de dos ambientes fueron los más contactados.
Los barrios de CABA con mayor aumento en la mediana de precios en departamentos por M2 vs. mes anterior:
1. Colegiales (+3,7 %)
2. Devoto (+3,6 %)
3. Chacarita (+3 %)
4. Belgrano (+2,4 %)
5. Palermo y Caballito (+1,7 %)
Con respecto al mercado de departamentos, el informe también revela un alza desde agosto de 2023 en la zona de CABA, desde abril de 2024 en GBA Norte, y a partir de este mes en GBA Sur.
La categoría Inmuebles de Mercado Libre, presente desde 2004, es la plataforma de compra, venta y alquiler de inmuebles más grande de la región. Ofrece una experiencia segura y confiable para propietarios e inquilinos, ayudándolos a diseñar el futuro que sueñan. Actualmente, cuenta con más de 600 mil avisos activos y alrededor de 22 millones de visitas mensuales.
El relevamiento mensual de propiedades es un trabajo conjunto entre la Universidad de San Andrés y Mercado Libre, que hace un seguimiento del mercado inmobiliario en el AMBA. Se utilizan todos los datos de publicaciones en la plataforma de Mercado Libre desde 2017, y se procesa con el objetivo de aportar transparencia y disponibilizar información relevante del sector.
La diputada le reclamó al Gobierno Nacional que “modifique su conducta discriminatoria y preste igual asistencia a todos los argentinos”
La diputada nacional Natalia De la Sota (Córdoba Federal) reiteró su contundente rechazo a la discriminación que ejerce el Gobierno nacional en la distribución de subsidios al transporte. La legisladora denuncia que esta política “privilegia descaradamente al AMBA en detrimento de las provincias” y profundiza las brechas entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y las provincias.
De la Sota expresó su profunda preocupación por esta situación a través de un proyecto de resolución parlamentaria donde plasma su “categórico rechazo” a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar el Fondo Compensador al Transporte Público del interior del país.
Un sistema desigual que hiere el federalismo
La diputada cordobesa criticó que mientras se castiga al interior del país, en el AMBA se incrementan los subsidios. Según De la Sota, esta medida configura un “trato desigual e injustificado” que viola flagrantemente el principio de federalismo.
Como ejemplo, la legisladora detalló que el municipio de Córdoba debió aportar 29 millones de pesos para sostener el servicio de transporte urbano a 700 pesos, con fondos provenientes de los contribuyentes locales. En contraste, en el AMBA el costo del mismo servicio es de 270 pesos y se financia con aportes “de todos los argentinos”.
Una “delicadísima situación” y un reclamo sin respuesta
De la Sota sostuvo que el servicio de transporte urbano de pasajeros en Argentina atraviesa una “delicadísima situación”, al borde del colapso debido a la falta de recursos provinciales y municipales y la imposibilidad de aumentar las tarifas.
También advirtió que esta situación se agrava aún más en el interior del país, donde el servicio es monomodal, a diferencia del AMBA que cuenta con una red multimodal que incluye subterráneos, trenes de cercanía y metrobuses, entre otros.
En declaraciones a medios de prensa, De la Sota enfatizó que desde todo el país se han elevado innumerables reclamos al Gobierno nacional, con propuestas concretas para que “modifique su conducta discriminatoria y preste igual asistencia a todos los argentinos”. Sin embargo, la legisladora lamenta que estas peticiones no han obtenido respuesta alguna, perpetuando la inequidad en la distribución de recursos.
El único voto en contra
De la Sota, hija del fallecido ex Gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, fue la única legisladora oficialista cordobesa que votó en contra del proyecto de Ley de Bases en la Cámara de Diputados. Argumentó su voto negativo al sostener que el proyecto “agudiza las desigualdades, daña a las familias pobres y a la clase media, promueve menos derechos y solo ajusta al que trabaja”.
El Gobierno puso en marcha un “Período de Transición” para implementar un nuevo régimen tarifario, con el objetivo de reducir gradualmente los subsidios en las boletas de luz y gas, mediante el Decreto 465/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial.
La medida, que se extenderá por seis meses y podrá ser ampliada por única vez, busca contribuir al paso de un esquema de subsidios generalizados hacia otro de subsidios focalizados para propiciar la puesta en funcionamiento de la Canasta Básica Energética (CBE).
Los objetivos del nuevo esquema son: trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; promover la eficiencia energética; y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables, el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado.
En la argumentación del documento oficial, se expuso que “los regímenes de subsidios generalizados no distinguen entre usuarios residenciales y comerciales, y benefician a quienes no necesitan tal apoyo en perjuicio de los más vulnerables, además de fomentar un consumo ineficiente y de dilapidar los recursos naturales y económicos del Estado Nacional, con emisión monetaria”.
Mientras que “en cambio, los subsidios focalizados buscan garantizar el acceso al consumo indispensable sólo a aquellos hogares que realmente lo requieran y lo necesiten, a la par que incentivan un consumo eficiente, en la medida en que el exceso al consumo indispensable se debe pagar a costo pleno, todo lo cual también redunda en eficiencias para el gasto público”.
Ante esto, el Ejecutivo consideró que “resulta conveniente iniciar la transición hacia un esquema de subsidios focalizados, representativos de un modelo basado en la autosuficiencia económica-financiera del sector energético, las exportaciones de gas y petróleo, la libre interacción entre oferta y demanda, y un marco de incentivos a la inversión privada en infraestructura”.
De esta manera, la Secretaría de Energía avanzará con la reducción de los subsidios para los hogares Nivel 2 (N2, ingresos bajos) y Nivel 3 (N3, ingresos medios), con el fin de “trasladar progresivamente a los usuarios los costos reales de la energía y promover la eficiencia energética, a la vez que se asegure a los usuarios residenciales el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica y gas”.
Hasta que entre en vigencia el nuevo régimen, se otorgó a Energía una serie de facultades para “establecer las correcciones y adecuaciones que correspondan al régimen de segmentación oportunamente establecido por el Decreto N° 332/22, con el objetivo de realizar una transición gradual, ordenada y previsible en el proceso de redeterminación de los subsidios a la energía”.
Las facultades de Energía durante el “Periodo de Transición”:
1) Establecer topes a los volúmenes de consumo subsidiados en todas las categorías y segmentos residenciales, tanto para electricidad como para gas.
2) Aplicar a los usuarios de las categorías denominadas Nivel 2 y Nivel 3 del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) descuentos sobre el componente Energía que se traslada a las tarifas finales correspondientes a la categoría residencial.
3) Disponer que las cantidades consumidas en exceso a los volúmenes máximos subsidiables sean abonadas a los precios mayoristas de gas natural y energía eléctrica establecidos por la Secretaría de Energía o resultantes de la interacción de los agentes del mercado, conforme a los cuadros tarifarios aprobados por las autoridades competentes en cada jurisdicción, con la posibilidad de mantener escalones graduales de bonificación para los volúmenes excedentes en el caso de los usuarios Nivel 2.
Revisar periódicamente los volúmenes de consumo máximo a subsidiar, así como los montos o porcentajes de los descuentos sobre el componente Energía, teniendo en cuenta la adquisición progresiva de hábitos de consumo eficiente por parte de los usuarios.
Modificar la denominación y/o el criterio de segmentación de las categorías de usuarios residenciales, incorporados en el RASE, incluyendo la revisión de los indicadores patrimoniales de manifestación de ingresos, así como la posibilidad de su unificación para establecer una única categoría de usuarios residenciales que requieran asistencia para acceder al consumo indispensable de energía.
Calibrar las diferentes variables que se requerirán para la implementación del régimen de subsidios focalizados de Canasta Básica Energética (CBE), y realizar las pruebas y verificaciones pertinentes en función de la evaluación de los resultados observados durante el Período de Transición.
Invitar a los usuarios residenciales a reempadronarse en el RASE y realizar los cruces de información con otras bases de datos nacionales o provinciales, a fin de actualizar el padrón de beneficiarios y minimizar los errores de inclusión y exclusión.
Determinar los mecanismos de compensación de los menores ingresos de las licenciatarias o concesionarias de servicios de distribución por aplicación de las bonificaciones establecidas durante la vigencia del Período de Transición.
Tras varias semanas de conflicto, se acordó un nuevo piso salarial. El Gobierno subirá los subsidios.
Finalmente, tras varias semanas de conflicto y negociaciones, se llegó a un acuerdo entre las empresas de colectivos y el sindicato de choferes, la UTA.
A partir de la audiencia entre Gobierno, cámaras empresarias y UTA, se llegó a un acuerdo y el básico de los choferes será en junio $1.000.000 y en julio $1.060.000.
Además, el Gobierno actualizó la estructura de costos y por lo tanto aumentará los montos de subsidios otorgados.
El acuerdo su suscripto por el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, y representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano (CETUBA), Mario Vacca, la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), Roberto Rodríguez, la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), José Troilo, y la Cámara del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA), Fabio Ferreira.
Por ese acuerdo, a partir del 1° de JUNIO de 2024, se establece un salario básico conformado de PESOS UN MILLON ($1.000.000), proporcional al tiempo trabajado.
A partir del 1° de JULIO de 2024, se establece un salario básico conformado de PESOS UN MILLON SESENTA MIL ($1.060.000), proporcional al tiempo trabajado.
Las partes acuerdan que el rubro Viáticos/Reintegro de Gastos, por cada día efectivamente trabajado, será incrementado en los mismos porcentajes que el salario básico conformado fijado en el presente acuerdo.
Quedando por ello determinado el incremento en las siguientes sumas: A.- A partir del 1° de JUNIO de 2024 en $ 5.720 (pesos cinco mil setecientos veinte). B.- A partir del 1° de JULIO de 2024 en $ 6.065 (pesos seis mil sesenta y cinco).
Las partes acuerdan el pago de una gratificación extraordinaria por única vez, no regular ni habitual en los términos del artículo 6° de la Ley N° 24.241, a todo el personal con relación laboral vigente al 31 de mayo de 2024, de $250.000, para el personal de conducción, y en forma proporcional para cada una de las demás categorías convencionales y por los días efectivamente trabajados durante el mes de mayo 2024, que se pagará el día 15 de julio de 2024.
Las partes asumen el compromiso de reunirse después del 15 de agosto y una vez que hubiera sido publicado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de julio a los fines de determinar el salario del mes de agosto.
Las partes acuerdan el pago de una asignación no remunerativa “a cuenta”, a todo el personal con relación laboral vigente al 31 de julio de 2024, de $100.000.
Las cámaras alertaron que el Gobierno no cumplió con su compromiso de actualizar las subvenciones, por lo que no podrán cumplir con la paritaria acordada con UTA ni garantizar el normal funcionamiento del transporte en los próximos días
Las cinco cámaras de empresas de colectivos que operan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enviaron este miércoles una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que lo instaron a cumplir antes de que termine la semana con el compromiso de actualizar las cuentas del costo de mantener la actividad, en busca de redeterminar los subsidios que reciben las compañías para cubrir la diferencia entre el precio del boleto que pagan los pasajeros y el costo real del servicio. El reclamo tiene lugar tras el conflicto entre el Gobierno nacional y las provincias por el recorte de las transferencias destinadas al transporte del interior.
De lo contrario, advirtieron, no están en condiciones de garantizar el acuerdo salarial firmado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y que está en riesgo la continuidad del servicio en los próximos días. De hecho, fuentes privadas indicaron que algunas líneas ya trabajan con frecuencias reducidas, algo que no se nota tanto por las vacaciones de verano, y que esa dinámica podría profundizarse en el corto plazo. El AMBA es el segundo sistema de transporte más grande del mundo, con 50.000 trabajadores y más de 10 millones de usuarios diarios.
El pedido quedó plasmado en una carta documento que enviaron las cinco cámaras empresarias de la región (Aaeta, cetuba , ceap, ctpba, y ceutupba) al titular del Palacio de Hacienda. “El reciente aumento del boleto mínimo a $270 en la zona del Amba implica una tarifa promedio de 200 pesos por usuario luego de todos los descuentos que hay por boleto integrado y atributo social. El Estado aporta 400 por viaje en una cuenta que no se actualiza desde noviembre cuando se calculó con precios de la economía de agosto y septiembre. O sea hoy se percibe $600 pesos por viaje cuando el costo es de 1000 pesos”, explicaron.
En ese sentido, apuntaron contra el “incumplimiento” del Gobierno de su compromiso por reconocer mayores ingresos a las líneas para cubrir los costos de operación y avisaron que en los próximos días podría interrumpirse de manera significativa el normal funcionamiento. “No se cumplió el compromiso de actualizar las cuentas y la determinación de subsidios luego del ajuste de tarifa y la paritaria firmada con UTA con lo cual los operadores no tienen forma ni medios materiales para cumplir lo acordado con UTA ni siquiera garantizar la continuidad de los servicios en los próximos días”, alertaron.
En definitiva, las líneas de colectivos del AMBA sostienen que el pasaje mínimo actual de $270 apenas cubre el 20% del costo real de cada viaje, una mejora respecto al 10% en el que finalizó 2023 pero que comienza retrasarse a medida que pasan los meses por el efecto de la suba de costos y las paritarias.
“El incumplimiento del Estado de su propio marco normativo en un sector que no fija precio por su actividad pone en riesgo la continuidad de los servicios en el 2do sistema de transporte de colectivos más grande del mundo que emplea a 50.000 trabajadores y transporta más de 10 millones de pasajeros diarios”, afirman las cámaras empresarias.
El compromiso del Gobierno fue reconocer mayores ingresos a las empresas para cubrir la diferencia entre el costo del pasaje actual y lo que pagan los usuarios. Las firmas reciben $400 por pasaje, el boleto promedio cubre $200 (teniendo en cuenta los descuentos por Red SUBE y tarifa social ) y el costo estimado por las cámaras es de $1.000, por lo cual hay una diferencia de 400 pesos.
“Ya hay líneas que funcionan con servicio reducido, pero no se nota porque estamos en verano. Cuando empiecen las clases en marzo podemos tener un problema serio. Una paralización fuerte en el AMBA es un riesgo para los próximos días si no hay al menos un gesto desde el Gobierno”, dijeron fuentes del sector.
Según consta en el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) el gasto en subvenciones al transporte totalizaron en 2023 unos $951.987 millones con un incremento del 4,2% respecto al año anterior en términos reales. Casi la mitad de esos recursos ($479.216 millones) fueron destinados al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT).
Justamente, del FFSIT se destinaron $353.815 millones, el 73%, para las compensaciones tarifarias previstas al transporte público automotor de pasajeros del AMBA, 18,6% más que el año anterior descontando la inflación. En tanto, el interior del país recibió a través del Fondo Compensador del Interior, que la Secretaría de Transporte eliminó, unos $102.000 millones, el 27%, con un crecimiento del 9% real frente a 2022. Como el Presupuesto fue prorrogado, se espera que esas partidas sean iguales durante este año al menos que el Poder Ejecutivo anuncie alguna modificación.
