El proyecto de ley de Glaciares, que el Congreso convirtió en ley este miércoles, tiene como objetivo redefinir cuáles son las zonas protegidas y en áreas periglaciares las que se pueden permitir tareas de exploración y explotación para captar inversiones mineras.
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los mandatarios provinciales aliados para impulsar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en el 2024.
Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero.
Uno de los aspectos centrales de la ley sancionada por el Congreso es que que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial.
Además, la iniciativa les transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.
De qué trata la ley
La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, con la responsabilidad de identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares.
Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, y el inventario identifica glaciares en unos 8400 kilómetros.
Uno de las críticas al inventario de los gobernadores es que está desactualizado, mientras que sus defensores dicen que atravesó muchos problemas económicos por falta de financiamiento.
Otro punto clave es que se busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.
Hasta ahora, la protección depende de estudios técnicos que demuestran si un área cumple una función hídrica relevante.
Si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación.
El reconocimiento internacional posiciona a la capital misionera dentro de una red de ciudades que integran el arbolado urbano como política pública estratégica. Con estándares exigentes, planificación sostenida y participación ciudadana, el modelo local consolida una identidad ambiental que combina desarrollo, calidad de vida y proyección global.
En un mapa global atravesado por el cambio climático y la urbanización acelerada, el programa Tree Cities of the World se convirtió en un estándar internacional de referencia para evaluar la gestión del arbolado urbano. Impulsado por la Fundación Arbor Day y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, este programa reconoce a aquellas ciudades que adoptan una visión integral del bosque urbano como infraestructura clave para el desarrollo sostenible.
En su última edición, el programa destacó cerca de 300 ciudades en todo el mundo, distribuidas en más de medio centenar de países. En ese universo altamente competitivo, la ciudad de Posadas logró posicionarse como uno de los casos más consistentes de América Latina, integrando además el reducido grupo de apenas siete ciudades argentinas que alcanzaron este reconocimiento. Más aún, la capital misionera no sólo accedió a la distinción, sino que lo hizo por segundo año consecutivo, consolidando un proceso de gestión ambiental sostenida en el tiempo y validado por organismos internacionales.
Formar parte de “Tree Cities of the World” responde al cumplimiento de un conjunto de estándares técnicos que funcionan como un modelo de gobernanza ambiental urbana. El programa exige que las ciudades acrediten cinco condiciones fundamentales.
En primer lugar, deben establecer responsabilidades claras, asignando formalmente a un área, equipo técnico o instancia participativa la gestión del arbolado dentro del ejido urbano. Este punto resulta clave para evitar la fragmentación institucional y garantizar continuidad en las políticas públicas.
En segundo lugar, se requiere contar con un marco normativo específico, es decir, ordenanzas o reglamentaciones que definen cómo se planifica, se implanta, se mantiene y, eventualmente, se reemplaza el arbolado urbano. Este aspecto incluye además la incorporación de estándares técnicos y protocolos de seguridad.
El tercer estándar se centra en el conocimiento: las ciudades deben disponer de un inventario actualizado del arbolado, herramienta esencial para diseñar políticas de largo plazo, identificar necesidades y optimizar recursos.
A esto se suma un cuarto requisito: la asignación de presupuesto propio, lo que implica institucionalizar la política ambiental dentro de la estructura financiera municipal y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
Finalmente, el programa exige que las ciudades promuevan la participación comunitaria, a través de actividades, campañas o eventos que fortalezcan el vínculo entre la ciudadanía y el cuidado del entorno urbano.
Beneficios de integrar la red
El ingreso a esta red internacional implica una serie de beneficios estratégicos. En términos de posicionamiento, permite a las ciudades insertarse en circuitos globales de sostenibilidad, facilitando el intercambio de buenas prácticas y el acceso a nuevas herramientas de gestión.
Además, el reconocimiento funciona como un indicador de calidad de vida urbana, cada vez más valorado por inversores, empresas y profesionales que priorizan entornos saludables y resilientes. En este sentido, la infraestructura verde se convierte en un activo competitivo, capaz de influir en decisiones de radicación, turismo y desarrollo económico, según indicó el concejal de la ciudad de Posadas, Héctor Cardozo.
En este sentido, el caso de Posadas se destaca por haber traducido estos estándares en instrumentos concretos de gestión. Uno de los pilares es la Ordenanza VI – Nº 28, que establece el Plan Forestal Urbano y regula integralmente el arbolado de la ciudad.
Esta normativa define criterios para la selección de especies, su ubicación, mantenimiento y reemplazo, incorporando además un enfoque de corresponsabilidad ciudadana. Los vecinos no solo tienen derecho a un ambiente saludable, sino también la obligación de colaborar en su cuidado, informando situaciones de riesgo y gestionando intervenciones conforme a lo establecido.
La ordenanza también contempla la reposición obligatoria de ejemplares en propiedades privadas y promueve la utilización de especies adaptadas al entorno urbano, priorizando criterios de sostenibilidad, seguridad y valor paisajístico.
A este marco normativo se suma el programa “Barrios Más Verdes”, una iniciativa que introduce una dimensión territorial y social en la política ambiental. Desde su implementación en 2022, el programa apunta a incrementar el arbolado en zonas con mayor vulnerabilidad térmica, donde la ausencia de cobertura vegetal intensifica las condiciones de calor.
Evidencia global: los beneficios del arbolado urbano
La estrategia de Posadas encuentra respaldo en la evidencia internacional. Según ONU-Habitat, los árboles urbanos generan impactos directos en múltiples dimensiones del desarrollo.
En términos ambientales, contribuyen a la biodiversidad urbana, ofreciendo hábitat y alimento para diversas especies. También cumplen un rol clave frente al cambio climático, ya que los árboles capturan dióxido de carbono -uno de los principales gases que provocan el calentamiento global- y lo almacenan en su estructura. De hecho, un ejemplar adulto puede absorber hasta 150 kilos de estos gases por año, ayudando a limpiar el aire y reducir la contaminación.
En contextos urbanos, actúan como filtros naturales del aire, capturando partículas finas como polvo y humo, lo que mejora significativamente la calidad ambiental.
Su impacto en la temperatura es igualmente relevante: la ubicación estratégica del arbolado puede reducir entre 2 y 8 grados la temperatura urbana, disminuyendo la necesidad de climatización y, por ende, el consumo energético.
Desde el punto de vista social, el acceso a espacios verdes está asociado a mejoras en la salud física y mental, reduciendo niveles de estrés y favoreciendo el bienestar general.
Además, los árboles cumplen funciones clave en la gestión del agua, interceptando miles de litros de lluvia al año y contribuyendo a prevenir inundaciones. A esto se suma su impacto económico: una ciudad con infraestructura verde planificada puede aumentar el valor de sus propiedades y potenciar su atractivo turístico.
Este reconocimiento internacional no solo valida una política pública, sino que también refuerza una identidad. En Posadas, el arbolado urbano forma parte del paisaje cotidiano: avenidas con sombra, especies emblemáticas como el lapacho y una relación histórica entre la ciudad y su entorno natural.
Sin embargo, el verdadero diferencial radica en la capacidad de transformar esa identidad en gestión. La articulación entre normativa, planificación, inversión y participación ciudadana configura un modelo que responde a las demandas actuales y que anticipa los desafíos futuros.
Escribe Mario Osava / IPS Noticias – Brasil es un caso singular de desarrollo agrícola acelerado, multiplicó casi por nueve su producción de granos en 50 años, se presenta como un modelo de agricultura tropical, pero tiene vulnerabilidades acentuadas por las guerras y, más existencial y permanente, por la crisis climática.
De 39,4 millones de toneladas de cereales, leguminosas y oleaginosas en 1975, la cosecha anual saltó para 346,1 millones de toneladas en 2025, según datos del estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge).
De importador de cerca de 30 % de los alimentos que consumía, el país se convirtió en gran exportador, con un superávit de 149 000 millones de dólares en el sector agrícola. Las importaciones se limitaron a 20 000 millones de dólares, registró el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
En ese período de cinco décadas, la población brasileña se duplicó, de 107 millones de habitantes a 213 millones, según el mismo Ibge. En 1975 aún era mayoritariamente rural, con 52 %. El censo de 2022 apuntó que 87 % de los brasileños viven en ciudades.
Es decir, el salto en la producción agrícola ocurrió en un período de intenso éxodo rural, con la rápida urbanización de la población brasileña.
La investigación científica que permitió al país incorporar a la agricultura extensas tierras del Cerrado, la sabana brasileña, antes consideradas inadecuadas, suele ser apuntada como un factor decisivo de la transformación de Brasil en uno de los graneros del mundo.
¿Razones financieras detrás del bum?
“Hay varias explicaciones, pero quizás una de las más importantes sean las restricciones de recursos externos para importar alimentos. Brasil era muy dependiente de alimentos importados, y eso se agravó por la crisis de los años 80”, evaluó Jorge Arbache, profesor de economía de la Universidad de Brasilia.
Los países latinoamericanos y muchos otros en desarrollo sufrieron en aquella “década perdida” una empobrecedora crisis de la deuda externa que forzó a duros ajustes económicos.
Brasil vivió entonces un recrudecimiento de la hiperinflación, que alcanzó 235 % en 1985, y el inicio de un proceso de desindustrialización. El sector manufacturero pasó a perder participación en el producto interno bruto (PIB), al contrario de la agricultura.
Para ello contribuyó, de forma decisiva en la mirada agronómica, un gran esfuerzo en investigación y desarrollo volcado al sector agrícola. La estatal Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), creada en 1975, tuvo un rol principal, pero otras instituciones especializadas también fueron relevantes.
“Eso resultó en un plan sofisticado de cultivos en el Cerrado”, recordó Arbache, en referencia al bioma que conforma la sabana más biodiversa del mundo.
El maíz y el algodón también tuvieron saltos de producción en las dos últimas décadas, impulsados por la soja, la locomotora cultivada entre noviembre y marzo. Enseguida se siembra algodón o maíz en la misma tierra. Con dos o tres cosechas al año, la agricultura tropical es naturalmente competitiva. Imagen: Mario Osava / IPS
La decisiva soja
La adaptación de la soja al suelo ácido y al clima del Cerrado, que ocupa dos millones de kilómetros cuadrados en el centro de Brasil, fue determinante para el bum agrícola. En 2025 esa oleaginosa, y también leguminosa, representó 48 % de la producción total de granos en Brasil, o sea 166,1 millones de toneladas.
Hace 50 años era un cultivo marginal restringido al extremo sur del país. Hoy Mato Grosso, un estado de la región del Centro-oeste en su mayor parte ocupado por el Cerrado y parte por la Amazonia, concentra 30,4 % de la cosecha nacional de soja.
“La gran capacidad de adaptación de la soja a suelos y clima distintos favoreció esa expansión. La Embrapa y otros centros de investigación lograron seleccionar variedades de producción espectacular en el Centro-Oeste”, explicó Jean Marc von der Weid, economista agrícola con maestría en la francesa Universidad París I Panthéon Sorbone.
Pero más importante fue la inversión en recursos humanos y en la extensión rural, a través de una red que llevó el conocimiento a los agricultores, opinó Arbache a IPS en una entrevista desde Brasilia.
Además, la soja impulsó la siembra de maíz y algodón, de los que Mato Groso se convirtió en el mayor productor nacional en años recientes. Ello porque que esos dos cultivos componen la segunda cosecha anual en las mismas áreas, una ventaja de la agricultura tropical.
“No conozco otro caso (de desarrollo agrícola) comparable al de Brasil. Si hay proyectos específicos y controlados, casi experimentales, de siembras en zonas áridas, pero nada relevante en ninguna mirada global”, acotó Arbache
Una vulnerabilidad fue que la concentración de granos en la frontera agrícola centro-occidental generó una fuerte demanda logística.
Pequeña porción de un bosque amazónico incendiado. Cada árbol talado o quemado en la Amazonia representa miles de litros de agua a menos cada día en los llamados ríos voladores, que llevan lluvias a la agricultura más productiva de Brasil, hacía el sur. Imagen: Mario Osava / IPS
¿Bum sostenible pese a las vulnerabilidades?
Hay además otras neurálgicas vulnerabilidades.
“Nuestra agricultura es demasiado dependiente de insumos importados, tecnologías, fertilizantes, agroquímicos variados, servicios digitales, y buena parte del comercio es dominado por empresas internacionales”, señaló el profesor de economía Arbache.
“El valor agregado local es relativamente bajo. El sector tiene un talón de Aquiles. Una crisis internacional, como la que ocurre actualmente, puede poner nuestra agricultura de rodillas, a causa de un modelo de negocios muy vulnerable”, acotó.
Se refiere a la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, desde febrero de 2022, y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero, que afectan el suministro de dos insumos indispensables: fertilizantes y diésel.
Brasil importa cerca de 85 % de los fertilizantes que consume. Rusia, principalmente, y países del Medio Oriente como Arabia Saudí y Qatar son sus proveedores y, por lo tanto, fuentes de inseguridad, como las guerras en Ucrania y contra Irán evidencian.
Pero, sin duda, la mayor vulnerabilidad es la climática, dijo a IPS, en su residencia en Río de Janeiro, von der Weid, fundador de la organización no gubernamental AS-PTA Agricultura Familiar y Agroecología, originalmente Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa, cuyas siglas mantiene.
Ferrocarriles y almacenes insuficientes encarecen la soja y otros granos de exportación brasileños. Esa infraestructura logística es de Anápolis, en el estado centro-oriental de Goiás, donde se conectan dos ferrocarriles. Imagen: Mario Osava / IPS
¿Camina la bonanza de monocultivos hacia la insolvencia?
Las olas de calor redujeron la producción de café y cacao en todo el mundo y hacen mucho daño a la soja y el maíz, los cultivos más voluminosos de Brasil, siendo el maíz el más vulnerable a la sequía, ejemplificó Von der Weid.
Campesinos del Corredor Seco Centroamericano se adiestran en la construcción de un estanque de piedra, una de las «tecnologías» de acopio de agua de lluvia en el Semiárido brasileño, donde estuvieron en junio de 2018, para un intercambio de conocimientos sobre cómo lidiar con las sequias. Imagen: Mario Osava / IPS
¿El Semiárido, la respuesta para el futuro?
La irregularidad climática provoca sequías y lluvias excesivas, dispersas e imprevisibles, de forma distinta en lugares incluso cercanos, se generaliza y se impone de manera similar a la que ocurre en la ecorregión del Semiárido, en el Nordeste de Brasil, donde AS-PTA más actúa desde su fundación en 1983, detalló Von der Weid.
En esa región predomina otro tipo de agricultura, la que en Brasil se denomina familiar, por involucrar poca tierra y el trabajo principalmente de las familias en la producción rural.
El Nordeste concentra 47 % de los predios de la agricultura familiar, según el censo del Ibge de 2017. Es donde más se diseminaron las prácticas agroecológicas, incluso por razones naturales, es decir las condiciones adversas, como lluvias concentradas en pocos meses, agua subterránea salobre, calor y mucha pobreza.
La mayor parte de esas cisternas, más de un millón, se destina a proveer agua potable para beber y cocinar en los hogares. Las demás, llamadas para producción, son para el riego de los huertos y para los animales.
A ello se sumaron variados programas sociales, como la Bolsa Familia, un subsidio directo a los más pobres, beneficios a los jubilados y discapacitados, y compras gubernamentales de alimentos producidos por agricultores familiares para la alimentación escolar y de las instituciones de asistencia social.
El futuro de la agricultura será agroecológico, asegura Von der Weid, una exigencia de la adaptación a los cambios climáticos, a las condiciones adversas que los campesinos ya enfrentan en el Semiárido.
“La crisis del agronegocio ya se instaló y va creciendo, pese a la pujanza que exhibe en Brasil. No se pueden ampliar indefinidamente los subsidios”, concluyó.
El Gobierno avanzó el 17 de marzo con una modificación sensible en el régimen de control ambiental de vehículos: mediante la Resolución 263/2026, la Secretaría de Turismo y Ambiente habilitó un mecanismo para otorgar la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) sin necesidad de presentar protocolos de ensayo locales, apoyándose en certificaciones internacionales.
La decisión, formalizada en el Boletín Oficial, no es menor. En un contexto donde la agenda oficial prioriza la simplificación regulatoria, el Ejecutivo redefine cómo se valida el cumplimiento ambiental en el sector automotor. La pregunta que subyace es inmediata: ¿se trata de una modernización del sistema o de un corrimiento del control estatal hacia esquemas más flexibles?
El dato concreto es claro: a partir de ahora, fabricantes e importadores podrán homologar vehículos en Argentina mediante el reconocimiento de certificaciones extranjeras —sin repetir ensayos— siempre que cumplan estándares equivalentes. La medida rige desde el día siguiente a su publicación.
De la certificación local al reconocimiento global
El cambio se inscribe en el marco de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial y su decreto reglamentario, pero introduce una lógica distinta en la aplicación. Hasta ahora, el esquema privilegiaba la validación mediante ensayos y protocolos presentados ante la autoridad local. La nueva resolución abre una vía alternativa: la “validación sin protocolos”.
En términos institucionales, el movimiento se apoya en una modificación previa (Decreto 196/2025), que habilitó este tipo de reconocimiento. La resolución ahora baja ese marco a la operatoria concreta: define procedimientos, formularios y condiciones para que las homologaciones internacionales —de organismos reconocidos o bajo estándares equivalentes— tengan validez en el país.
El instrumento clave es la Constancia de Validación de Homologación Ambiental Extranjera (CVHAE), que funcionará como equivalente de la LCA ante los registros automotores. A esto se suma la validación de homologaciones locales (CVHAL) y la posibilidad de emitir constancias técnicas de etiquetado ambiental.
El Estado no desaparece del proceso, pero cambia su rol. En lugar de concentrarse en la verificación previa, desplaza parte del control hacia la fiscalización posterior y la validación documental. La Subsecretaría de Ambiente queda facultada para aceptar ensayos internacionales, definir estándares equivalentes e incluso celebrar acuerdos con organismos externos.
Simplificación, costos y mercado: quién gana con el nuevo esquema
La resolución se inscribe en una narrativa explícita: reducir costos, evitar duplicaciones y acelerar procesos. El texto lo plantea sin ambigüedades: simplificar trámites, promover la competencia y facilitar el comercio.
Para fabricantes e importadores, el beneficio es directo. La eliminación de ensayos locales obligatorios reduce tiempos y costos de ingreso al mercado. También elimina una barrera técnica que podía ralentizar la incorporación de nuevos modelos.
Pero la simplificación tiene una contracara institucional. El sistema se vuelve más dependiente de certificaciones externas y de la capacidad estatal para auditar información en lugar de producirla. En ese sentido, la resolución refuerza las herramientas de fiscalización: controles de producción, auditorías, muestreos y verificación de emisiones se mantienen, incluso sin mínimos de unidades en algunos casos.
El equilibrio que busca el Gobierno es evidente: desregular el ingreso, pero sostener el control en la etapa posterior. La incógnita es si ese esquema logra mantener estándares efectivos o si abre zonas grises en la verificación.
Reconfiguración interna y coordinación estatal
La medida también reorganiza la arquitectura administrativa. La Subsecretaría de Ambiente gana centralidad: podrá definir procedimientos para organismos técnicos, validar certificaciones y administrar el sistema de homologaciones.
Además, se articula un circuito institucional con otras áreas del Estado. La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Registros Automotores quedan integradas al proceso, especialmente en casos donde se requiera un Certificado de Seguridad Vehicular o etiquetado ambiental adicional.
Incluso se prevén mecanismos específicos para importaciones particulares —limitadas a una unidad por año y con restricciones de reventa— y para regímenes especiales como Tierra del Fuego. La norma no solo simplifica: también ordena múltiples situaciones que hasta ahora tenían tratamiento fragmentado.
Estándares internacionales como piso común
El nuevo esquema mantiene como referencia los estándares EURO 5a y EURO V, junto con equivalentes de Estados Unidos y Brasil. No hay una flexibilización explícita en los niveles de exigencia ambiental, pero sí en el modo de acreditarlos.
El Gobierno habilita el reconocimiento de normas internacionales y ensayos realizados en el exterior, siempre que provengan de organismos con acreditación reconocida. En paralelo, se refuerza la trazabilidad y la obligación de disponer de la documentación ante eventuales requerimientos.
La lógica es clara: aceptar el estándar global como válido, en lugar de replicarlo localmente.
Un movimiento táctico con efectos abiertos
La resolución 263/2026 no introduce una reforma estructural del sistema ambiental, pero sí redefine su funcionamiento cotidiano. Es un cambio de lógica más que de objetivos: menos intervención previa, más validación ex post.
En términos políticos, el Gobierno avanza en una línea coherente con su estrategia de desregulación y simplificación. El sector privado gana previsibilidad y agilidad. El Estado reconfigura su capacidad de control.
Lo que queda abierto es el resultado de ese equilibrio. En las próximas semanas, el foco estará en la implementación: cómo operan las validaciones, qué volumen de trámites migra al nuevo esquema y qué capacidad efectiva tiene la administración para auditar sin intervenir de entrada.
“No se trata solamente de consumir menos, sino de consumir mejor: elegir productos durables, locales, con menor impacto ambiental, evitar el desperdicio y priorizar aquello que realmente necesitamos”, de esta manera, Álvaro Ledesma, profesor de Gestión de Residuos Urbanos de la Tecnicatura Superior en Ecología Urbana, que el Instituto Superior Multiversidad Popular ofrece en la ciudad de Posadas, nos invita a conocer sobre esta forma de vincularse con el ambiente en el Día Mundial del Consumo Responsable.
El Día Mundial del Consumo Responsable se celebra cada 15 de marzo para concientizar sobre el impacto ambiental y social de nuestros hábitos de compra, promoviendo la sostenibilidad, la reducción de residuos y el consumo consciente. Se enfoca en comprar localmente, reducir el uso de plásticos y reparar en lugar de tirar. Todas, acciones que se pueden implementar en la cotidianeidad y que aportan enormemente a mejorar la calidad ambiental del lugar donde vivimos. En las siguientes líneas, Ledesma repasa los principales ítems del consumo responsable y nos cuenta cómo la Multiversidad, a través de la educación ambiental y prácticas concretas, multiplica esta modalidad.
¿Qué es el consumo responsable?
El consumo responsable es una forma de elegir y utilizar bienes y servicios teniendo en cuenta sus impactos ambientales, sociales y económicos.
No se trata solamente de consumir menos, sino de consumir mejor: elegir productos durables, locales, con menor impacto ambiental, evitar el desperdicio y priorizar aquello que realmente necesitamos.
Implica hacerse algunas preguntas antes de consumir: ¿Lo necesito realmente? ¿De dónde viene este producto? ¿Qué impacto tiene producirlo y desecharlo?
¿Por qué es importante aplicar el consumo responsable?
El modelo de consumo actual genera una gran presión sobre los recursos naturales y produce enormes cantidades de residuos.
Aplicar el consumo responsable permite: Reducir la generación de residuos. Disminuir la contaminación. Ahorrar recursos naturales como agua, energía y suelo. Apoyar economías locales y producciones sustentables. Y mejorar la calidad ambiental de las ciudades.
En este sentido, cada decisión de consumo tiene también un impacto ambiental y social.
¿A qué se puede aplicar el consumo responsable? ¿Solo a bienes o también a servicios?
El consumo responsable se aplica tanto a bienes como a servicios. Por un lado, se relaciona con bienes materiales como alimentos, ropa, electrodomésticos, tecnología o productos de uso cotidiano.
Pero también se aplica al uso de servicios, por ejemplo: Consumo de energía eléctrica. Uso del agua. Transporte. Servicios digitales. Y turismo.
Por ejemplo, ahorrar electricidad, usar transporte público o reducir el consumo de agua también son formas de consumo responsable.
¿Cómo se aplica este tema en la Multiversidad?
En la Multiversidad el consumo responsable se aborda a través de la educación ambiental y las prácticas concretas dentro de la Institución.
Se promueven acciones como: Separación de residuos. Reducción de descartables. Reutilización de materiales. Reflexión crítica sobre los hábitos de consumo. Y promoción de la economía circular.
El objetivo es que estudiantes y docentes no solo conozcan el concepto, sino que lo incorporen en su vida cotidiana y lo transmitan a la comunidad.
En la cotidianeidad, en nuestra ciudad, ¿Cómo se puede implementar ese consumo responsable?
En la vida cotidiana existen muchas acciones simples que ayudan a aplicar el consumo responsable: Separar residuos reciclables. Reducir el uso de plásticos descartables. Comprar productos locales o de producción regional. Reparar objetos en lugar de desecharlos. Reutilizar materiales. Ahorrar agua y energía en el hogar. Y utilizar transporte público, bicicleta o caminar.
Cuando estas prácticas se multiplican en la sociedad, las ciudades generan menos residuos, menos contaminación y utilizan mejor sus recursos.
¿Hay lugares, legislación o acciones concretas que nos sirvan de ejemplo de consumo responsable?
Existen numerosos ejemplos de políticas y acciones que promueven el consumo responsable.
En muchos municipios se han implementado programas de reducción de plásticos descartables, logrando reducir significativamente el uso de bolsas plásticas.
También hay ciudades que desarrollaron sistemas de separación y recuperación de residuos, permitiendo reciclar grandes cantidades de materiales y reducir lo que llega a los rellenos sanitarios.
En distintos países se promueven políticas de economía circular, que fomentan el ecodiseño, la reparación de productos y la reutilización de materiales para extender su vida útil.
