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Ipsos pride 2026: las personas esperan más coherencia de las marcas, mientras los derechos lgbt+ mantienen un fuerte respaldo a nivel global

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 En América Latina, la protección contra la discriminación sigue siendo uno de los principales consensos socialesa la vez, las expectativas hacia las marcas evolucionan y exigen mayor coherencia entre discurso y acciones

En el marco del Mes del Orgullo, Ipsos presentó los resultados de la edición 2026 de su estudio global LGBT+ Pride Report, realizado entre más de 19.000 personas en 26 países*. El informe muestra que, tras varios años de cambios en la opinión pública y señales de retroceso observadas en algunos indicadores durante los últimos años, las actitudes hacia las personas LGBT+ presentan hoy un escenario más matizado. A nivel global, el respaldo a los derechos y a la protección contra la discriminación se mantiene sólido, aunque persisten diferencias relevantes según los países y los temas analizados.

Las mayorías continúan apoyando medidas legales destinadas a prevenir la discriminación. El 52% respalda leyes que la prohíban en ámbitos como el empleo, la educación, la vivienda y los servicios sociales, mientras que el 53% considera que las parejas del mismo sexo deberían poder contraer matrimonio legalmente, consolidando al matrimonio igualitario como uno de los principales consensos en torno a la igualdad LGBT+.

El estudio también muestra que, en términos generales, sigue habiendo más personas a favor que en contra de que las compañías promuevan activamente la igualdad LGBT+. Sin embargo, el apoyo a este tipo de iniciativas es menor que hace cinco años y presenta diferencias significativas entre países, lo que refuerza la importancia del contexto local a la hora de abordar estas conversaciones.

Otro de los hallazgos globales es que existe un amplio reconocimiento de la discriminación que enfrentan las personas transgénero. Asimismo, se observa un consenso cercano respecto de la responsabilidad que tienen gobiernos y organizaciones para garantizar que puedan acceder a servicios públicos y actividades de ocio sin restricciones. No obstante, las opiniones continúan siendo más divergentes cuando se trata de cuestiones específicas como el acceso a instalaciones segregadas por sexo, la cobertura de tratamientos médicos o la participación en actividades deportivas.

En América Latina, la región continúa exhibiendo niveles de aceptación superiores al promedio global en diversos indicadores vinculados con igualdad, reconocimiento de derechos y protección frente a la discriminación. Sin embargo, la tendencia también refleja una creciente exigencia hacia las organizaciones. Mercados como Argentina, Chile, México y Brasil registran caídas en el apoyo a las marcas que promueven activamente la igualdad LGBT+, una tendencia que sugiere expectativas cada vez más altas respecto de la coherencia entre los mensajes públicos y las prácticas concretas de las organizaciones.

Dentro de este contexto, Argentina continúa posicionándose entre los mercados más favorables de América Latina para hablar de diversidad e inclusión. El país registra algunos de los niveles más altos de apoyo regional en cuestiones centrales como el matrimonio igualitario y la protección contra la discriminación. El 65% de los argentinos considera que las parejas del mismo sexo deberían poder casarse legalmente, por encima de Chile (57%), México (54%), Brasil (44%), Colombia (40%) y Perú (26%).

Sin embargo, los resultados también muestran una dinámica más compleja que la observada años atrás. Aunque Argentina mantiene altos niveles de respaldo a los principios de igualdad y no discriminación, el apoyo pierde intensidad cuando la conversación se desplaza hacia la representación en medios, la visibilidad pública o el activismo de marca. En este sentido, el estudio identifica una tendencia similar a la observada en otros mercados de América Latina: la inclusión continúa siendo valorada, pero las audiencias parecen exigir cada vez más consistencia entre los mensajes y las acciones.

La edición 2026 del Pride Report muestra que, tanto a nivel global como en América Latina, el apoyo a la igualdad y la no discriminación sigue siendo sólido. Lo que observamos es una mayor exigencia respecto de cómo estos temas son abordados por las instituciones y las marcas. Argentina continúa siendo uno de los mercados más favorables de la región para hablar de diversidad e inclusión, especialmente cuando el mensaje está asociado a derechos y respeto. Sin embargo, las personas esperan cada vez más coherencia entre el discurso y las acciones. El desafío para las organizaciones no pasa por sumarse a una conversación durante una fecha determinada, sino por demostrar con hechos que la inclusión forma parte de su cultura, sus políticas y de la experiencia que ofrecen todos los días“, señaló Martín Tanzariello, Director de Marketing y Comunicación de Ipsos Argentina.

ANEXO | PRINCIPALES HALLAZGOS DE ARGENTINA Y LATAM

  1. Argentina sigue siendo uno de los mercados más favorables de América Latina para hablar de diversidad e inclusión

Argentina mantiene niveles comparativamente altos de apoyo en la región en indicadores vinculados con aceptación, reconocimiento y derechos. El país continúa ofreciendo un contexto favorable para conversaciones sobre diversidad e inclusión, especialmente cuando se relacionan con respeto, igualdad y no discriminación.

Datos destacados:

  • El 58% apoya que las personas LGBT+ sean abiertas respecto de su orientación sexual o identidad de género.
  • Argentina se ubica muy cerca de Chile (59%) y por encima de México (56%), Colombia (52%), Brasil (51%) y Perú (45%).
  • El 65% considera que las parejas del mismo sexo deberían poder casarse legalmente.
  • Argentina supera a Chile (57%), México (54%), Brasil (44%), Colombia (40%) y Perú (26%) en este indicador.
  • Sin embargo, el apoyo ya no crece de manera lineal: el respaldo al matrimonio igualitario o algún tipo de reconocimiento legal para parejas del mismo sexo pasó de 82% en 2021 a aproximadamente 65% en 2026 (-17pp).

2. Las marcas tienen permiso para actuar, pero ya no alcanza con “subirse al Pride”

El apoyo a que las compañías promuevan activamente la igualdad LGBT+ continúa siendo relevante en Argentina, aunque con una caída significativa respecto de los niveles observados hace cinco años.

Los resultados sugieren que la inclusión corporativa sigue siendo una expectativa para las organizaciones, aunque con una demanda creciente de coherencia entre comunicación, cultura interna, políticas para colaboradores, experiencia de cliente y vínculo con las comunidades.

Datos destacados:

  • El 45% apoya que las compañías y marcas promuevan activamente la igualdad LGBT+.
  • El 16% se manifiesta en contra.
  • Argentina se ubica en niveles similares a Chile (45%) y México (45%), por debajo de Brasil (49%) y por encima de Colombia (44%) y Perú (31%).
  • El apoyo cayó de 59% en 2021 a 45% en 2026 (-14pp).

3. El consenso es más fuerte en derechos que en visibilidad

Los argentinos muestran niveles más altos de apoyo a la igualdad y la protección contra la discriminación que a las expresiones más visibles de representación LGBT+.

Los resultados sugieren que el principio de igualdad conserva un respaldo más amplio que la demanda explícita de una mayor visibilidad LGBT+ en contenidos, medios y publicidad.

Datos destacados:

  • El 58% apoya leyes que prohíban la discriminación contra personas LGBT+ en ámbitos como empleo, educación, vivienda y servicios sociales.
  • El 72% considera que las personas lesbianas, gays y bisexuales deberían estar protegidas frente a la discriminación.
  • El 74% sostiene la misma posición respecto de las personas transgénero.
  • El apoyo a una mayor presencia de personajes LGBT+ en televisión, cine y publicidad alcanza el 34%. Evolución reciente Argentina:
  • El apoyo a una mayor representación LGBT+ en medios cayó de 49% en 2021 a 34% en 2026 (-15 pp).
  • El apoyo a las muestras públicas de afecto entre personas LGBT+ descendió de 49% a 40% (-9 pp).

4. La agenda trans concentra las opiniones más divididas

Argentina muestra un alto reconocimiento de la discriminación que enfrentan las personas trans, aunque aparecen mayores diferencias cuando se analizan medidas o políticas específicas.

Datos destacados:

  • El 72% considera que las personas trans enfrentan mucha o bastante discriminación en la sociedad.
  • Argentina se ubica en niveles similares a México (72%), Chile (73%) y Perú (73%), y por debajo de Brasil (75%) y Colombia (75%).
  • El 74% apoya la protección de las personas trans frente a situaciones de discriminación.Políticas específicas Argentina:
  • El 50% está de acuerdo con que las personas trans utilicen baños o instalaciones de un solo sexo que correspondan con su identidad de género; el 40% está en desacuerdo.
  • El 49% apoya que los sistemas de salud cubran los costos asociados a la transición; el 39% está en desacuerdo.
  • El 53% está de acuerdo con que adolescentes trans puedan acceder a tratamientos de transición con consentimiento parental; el 34% está en desacuerdo.
  • El 23% apoya que atletas trans compitan según el género con el que se identifican; el 45% está en desacuerdo.
     

    *Los resultados muestran una mayor cautela frente a la visibilidad, el activismo de marca y algunos de los temas más debatidos de la agenda trans. El desafío para las organizaciones no parece ser abandonar las iniciativas de inclusión, sino avanzar hacia estrategias más consistentes, segmentadas y sostenidas en el tiempo.

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Solo 22% del talento en IA son mujeres: el reto para la industria de la seguridad

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La industria de la seguridad en América Latina enfrenta uno de sus mayores retos: responder al crecimiento de los riesgos físicos y cibernéticos mientras lidia con la escasez de talento especializado y una limitada participación femenina en áreas estratégicas relacionadas con tecnología e Inteligencia Artificial.

La acelerada transformación tecnológica está modificando el perfil de los profesionales que demanda el sector. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el 39% de las habilidades laborales actuales cambiarán entre 2025 y 2030 debido a la evolución tecnológica. A ello se suma que las mujeres representan apenas 22% de la fuerza laboral dedicada al desarrollo de IA, según diversos estudios internacionales, una brecha que limita la diversidad de perspectivas en el diseño de tecnologías que impactarán la seguridad del futuro.

Este escenario cobra mayor relevancia si se considera que la IA, el análisis de video, la automatización y la analítica de datos se han convertido en herramientas esenciales para prevenir incidentes, proteger infraestructura crítica y optimizar la toma de decisiones en organizaciones públicas y privadas.

Especialistas del sector coinciden en que la seguridad dejó de ser una función meramente reactiva para convertirse en un área estratégica que requiere profesionales con capacidades analíticas, dominio tecnológico y visión de negocio. Hoy, las organizaciones buscan perfiles capaces de interpretar grandes volúmenes de información, identificar patrones de riesgo y generar inteligencia que permita anticipar amenazas antes de que ocurran.

“La creciente complejidad de los riesgos exige soluciones que permitan convertir los datos en información accionable en tiempo real. Tecnologías como el video inteligente, los sistemas conectados y el análisis automatizado están ayudando a las organizaciones a evolucionar de modelos reactivos hacia esquemas preventivos basados en evidencia”, señaló Mariana Ramírez, responsable de Marketing para América Latina en Axis Communications.

En este contexto, los especialistas coinciden en que tecnologías como el video en red, la analítica avanzada, el audio IP y las plataformas conectadas están transformando la manera en que las organizaciones previenen incidentes, gestionan riesgos y fortalecen la toma de decisiones. Su valor radica en la capacidad de convertir grandes volúmenes de información en inteligencia útil para actuar de forma oportuna.

Sin embargo, el avance tecnológico por sí solo no resolverá los desafíos que enfrenta el sector. La formación de talento especializado y la incorporación de perfiles diversos serán factores clave para desarrollar soluciones más innovadoras y responder a un entorno donde los riesgos evolucionan de manera constante. “La seguridad del futuro dependerá de la combinación entre tecnología, datos y personas. Contar con equipos multidisciplinarios y con una mayor diversidad de perspectivas permitirá desarrollar estrategias más efectivas para anticipar riesgos y proteger a las organizaciones”, concluyó Mariana Ramírez, responsable de Marketing para América Latina en Axis Communications.

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Perú define su rumbo entre dos modelos opuestos: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

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Perú celebrará este domingo una de las elecciones más trascendentes de las últimas décadas. Más de 27 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir entre dos proyectos políticos que representan visiones opuestas sobre el Estado, la economía, la seguridad y el futuro institucional del país: la candidata de derecha Keiko Fujimori y el dirigente de izquierda Roberto Sánchez.

La elección se desarrolla en un contexto de profunda fragmentación política, desgaste institucional y creciente inseguridad ciudadana. En apenas una década, Perú tuvo nueve presidentes y atravesó sucesivas crisis de gobernabilidad que erosionaron la confianza en las instituciones y modificaron las prioridades del electorado. La delincuencia, las extorsiones y el avance del crimen organizado desplazaron incluso a la economía como principal preocupación social.

En ese escenario, el balotaje adquiere una dimensión que trasciende las fronteras peruanas. El resultado será observado con atención por los mercados internacionales, los gobiernos de la región y los inversores vinculados a sectores estratégicos como la minería, el gas y la infraestructura.

Las encuestas muestran una ventaja estrecha de Keiko Fujimori, especialmente en Lima y las grandes ciudades costeras, mientras que Roberto Sánchez conserva una sólida base electoral en las regiones andinas y rurales del interior del país. La polarización es extrema y buena parte del electorado admite votar por el “mal menor”, una constante que viene marcando las últimas elecciones peruanas.

Keiko Fujimori busca una revancha histórica

A los 51 años, Keiko Fujimori enfrenta su cuarta oportunidad de llegar a la presidencia. Después de haber perdido los balotajes de 2011, 2016 y 2021, la líder de Fuerza Popular vuelve a competir con la promesa de restaurar el orden, fortalecer la seguridad y recuperar la estabilidad económica.

La dirigente construyó gran parte de su identidad política alrededor del legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000. Para sus seguidores, representa el período en el que el país logró derrotar militarmente a Sendero Luminoso y controlar una hiperinflación devastadora. Para sus detractores, simboliza una etapa marcada por violaciones a los derechos humanos, autoritarismo y corrupción.

Durante el cierre de campaña, Fujimori reivindicó explícitamente la gestión de su padre y prometió replicar políticas de mano dura contra la delincuencia, inspiradas en parte por el modelo aplicado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Su propuesta económica apunta a preservar el modelo de mercado que convirtió a Perú en una de las economías más dinámicas de América Latina durante las últimas dos décadas. Entre sus prioridades figuran acelerar inversiones mineras, reducir regulaciones y promover obras de infraestructura vinculadas a la agroexportación.

La candidatura de Fujimori llega fortalecida tras la resolución judicial que dejó sin efecto el proceso principal en su contra por el caso Odebrecht. Aunque aún enfrenta causas menores vinculadas a cuestiones electorales, la anulación del expediente central eliminó el principal obstáculo que amenazaba su regreso a la competencia presidencial.

Roberto Sánchez y la búsqueda de una izquierda más moderada

Del otro lado aparece Roberto Sánchez, psicólogo, exseminarista y actual referente de Juntos por el Perú, quien logró convertirse en el heredero político del expresidente Pedro Castillo.

Sánchez llegó al balotaje como una de las grandes sorpresas de la elección. Comenzó la campaña relegado en las encuestas, pero logró consolidar el apoyo de amplios sectores populares del sur andino y de los votantes desencantados con el establishment político tradicional.

Su principal desafío durante la segunda vuelta fue ampliar esa base electoral hacia los sectores urbanos y moderados. Con ese objetivo, impulsó un giro estratégico en su discurso, dejando en segundo plano algunas de las propuestas más radicales de su plataforma original.

La Asamblea Constituyente, que inicialmente aparecía como eje central de su proyecto político, pasó a formar parte de una agenda más amplia de reformas institucionales. Del mismo modo, moderó algunas posiciones económicas para transmitir señales de previsibilidad a los sectores productivos y empresariales.

Sin embargo, mantiene propuestas de fuerte intervención estatal, incluyendo la revisión de contratos de explotación de recursos naturales, una mayor participación pública en sectores estratégicos y una redistribución más activa de la renta generada por la minería y la energía.

También plantea fortalecer los vínculos con los BRICS y avanzar en una política exterior más autónoma respecto de Estados Unidos.

Uno de los puntos más controvertidos de su campaña es la promesa de indultar a Pedro Castillo, condenado por intentar disolver el Congreso en 2022. Para sus seguidores, se trata de reparar una injusticia política; para sus adversarios, implica una amenaza para la institucionalidad democrática.

Seguridad, economía y gobernabilidad, los ejes de una elección decisiva

Más allá de las diferencias ideológicas, ambos candidatos coinciden en que la inseguridad se convirtió en la principal preocupación de los peruanos.

Fujimori propone endurecer el sistema penal, ampliar facultades de las fuerzas de seguridad y fortalecer el control territorial del Estado. Sánchez apuesta a una reforma policial, la creación de una Policía de Investigaciones y una estrategia más amplia orientada a combatir las redes criminales y la corrupción.

En materia económica, el contraste es igualmente marcado. Mientras la candidata de Fuerza Popular busca profundizar un modelo promercado basado en inversiones privadas y apertura económica, Sánchez plantea una mayor presencia estatal en sectores estratégicos y una revisión de las condiciones bajo las cuales operan grandes empresas mineras y energéticas.

Lo que está en juego, sin embargo, va más allá de un simple cambio de gobierno. Perú llega a estas elecciones con instituciones debilitadas, una ciudadanía crecientemente desencantada y una economía que, pese a mantener fundamentos relativamente sólidos, enfrenta desafíos vinculados a la seguridad, la desigualdad y la falta de estabilidad política.

El resultado del domingo definirá no sólo quién ocupará el Palacio de Gobierno durante los próximos años, sino también cuál será el camino elegido por uno de los países más relevantes de la región andina en un momento de fuertes transformaciones geopolíticas y económicas en América Latina.

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Colombia: De la Espriella ganó la primera vuelta y enfrentará a Cepeda en un balotaje marcado por la polémica

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Las elecciones presidenciales de Colombia dejaron un escenario de alta polarización política de cara al balotaje del próximo 21 de junio. Con más de 10,3 millones de votos (43,73%), el candidato de la derecha, Abelardo De la Espriella se impuso en la primera vuelta y aventajó por cerca de 668.000 sufragios a Iván Cepeda, candidato respaldado por el oficialismo y referente del Pacto Histórico.

Cepeda obtuvo 9,68 millones de votos (40,91%), lo que le permitió asegurar su lugar en la segunda vuelta, en una elección que registró una participación histórica: casi 24 millones de colombianos acudieron a las urnas, equivalentes al 57,84% del padrón electoral.

La jornada electoral quedó atravesada por una nueva controversia política luego de que el presidente Gustavo Petro expresara cuestionamientos al proceso de preconteo difundido por la Registraduría Nacional. Sus declaraciones generaron reacciones de dirigentes opositores, especialistas electorales y exfuncionarios, quienes defendieron la institucionalidad del sistema electoral colombiano.

Más allá de la polémica, los resultados consolidaron a De la Espriella como la principal figura de la oposición y reflejaron un fuerte respaldo en buena parte del territorio colombiano. El abogado y dirigente obtuvo victorias en varios de los departamentos más poblados del país y también lideró el voto de los colombianos residentes en el exterior.

Por su parte, Cepeda logró imponerse en Bogotá y en numerosos departamentos, manteniendo competitiva una elección que ahora se definirá voto a voto en la segunda vuelta.

Entre los candidatos que quedaron fuera de carrera, Paloma Valencia obtuvo 1,63 millones de votos (6,92%), mientras que Sergio Fajardo alcanzó poco más de un millón de sufragios (4,25%). Ambos espacios aparecen ahora como piezas clave para la definición del balotaje, ya que sus votantes podrían inclinar la balanza entre las dos fuerzas que disputarán la Presidencia.

Analistas políticos coinciden en que la elección estuvo marcada por una fuerte polarización entre oficialismo y oposición, fenómeno que redujo el margen de crecimiento de las opciones de centro. En ese contexto, la campaña hacia la segunda vuelta se concentrará en captar el respaldo de los votantes que apoyaron a los candidatos eliminados y en movilizar a quienes no participaron en la primera ronda.

La definición presidencial del 21 de junio será observada de cerca en toda la región, ya que determinará si el proyecto político impulsado por Gustavo Petro logra continuidad o si Colombia inicia un cambio de rumbo bajo el liderazgo de De la Espriella.

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Colombia se propone lo imposible: quiere plantar 2,3 millones de árboles para reforestar 2.000 hectáreas de bosque en 40 años

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Mientras crece el debate global sobre la efectividad de las campañas masivas de plantación de árboles para mitigar el cambio climático, Colombia decidió avanzar con una estrategia diferente: restaurar ecosistemas degradados mediante especies nativas, compromisos de conservación a largo plazo e integración económica de las comunidades locales.

La iniciativa, denominada Sembrando Futuro 2.0, contempla la restauración de más de 2.000 hectáreas de bosque en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Córdoba y Chocó. El plan prevé la plantación de 2,3 millones de árboles autóctonos y ya es considerado uno de los proyectos de restauración ecológica más ambiciosos del país.

Sin embargo, el diferencial del programa no radica únicamente en la magnitud de la forestación, sino en el modelo de sostenibilidad diseñado para garantizar la supervivencia y recuperación efectiva del ecosistema a largo plazo.

El proyecto apunta a reconstruir corredores biológicos, recuperar biodiversidad y restablecer servicios ambientales en zonas degradadas. Para ello, fueron seleccionadas más de 70 especies nativas, entre ellas nueve consideradas amenazadas, evitando así los modelos tradicionales de monocultivo forestal que suelen ser cuestionados por especialistas ambientales.

La primera etapa del programa ya supera las 1.000 hectáreas restauradas y las tareas de plantación comenzaron en septiembre de 2023. La meta final es completar las 2.000 hectáreas distribuidas en cinco regiones estratégicas desde el punto de vista ecológico.

En los últimos años, distintos expertos ambientales comenzaron a advertir que muchas campañas globales de plantación de árboles fracasan porque priorizan cantidad sobre calidad ecológica. La falta de diversidad de especies, la ausencia de mantenimiento y la escasa participación comunitaria suelen convertirse en factores críticos.

Precisamente allí es donde Sembrando Futuro 2.0 intenta diferenciarse. El proyecto incorporó acuerdos de conservación renovables a 40 años con propietarios privados, pequeños productores y organizaciones comunitarias. Esa escala temporal modifica completamente la lógica habitual de los programas de reforestación, muchas veces limitados a ciclos políticos o financiamientos de corto plazo.

El esquema busca que las comunidades locales no queden relegadas a un rol secundario, sino que participen activamente en los beneficios económicos derivados de la conservación ambiental.

Hasta el momento ya se firmaron 25 acuerdos de conservación y los participantes reciben cerca del 55% de los ingresos asociados a créditos de carbono generados por el proyecto. Ese componente económico aparece como uno de los pilares centrales de la iniciativa.

La lógica detrás del modelo es simple: transformar la protección del bosque en una actividad económicamente viable para quienes viven en esos territorios. De esta manera, la conservación deja de depender exclusivamente de la conciencia ambiental y comienza a integrarse dentro de las economías regionales.

Además del impacto ecológico, el programa ya generó más de 240 empleos locales vinculados a viveros, plantación, monitoreo y mantenimiento forestal.

El proyecto también recibió una calificación “A” de Sylvera, firma internacional especializada en evaluación de proyectos de carbono. La calificación destacó especialmente el diseño técnico, la contabilidad de carbono y los beneficios sociales y ambientales de la iniciativa.

El caso colombiano se produce en un momento en que América Latina busca posicionarse como actor clave dentro de los mercados globales de carbono y soluciones basadas en naturaleza. La región concentra algunos de los ecosistemas más biodiversos del planeta, pero también enfrenta fuertes presiones por deforestación, expansión agropecuaria y degradación ambiental.

La experiencia de Sembrando Futuro 2.0 comienza a ser observada con atención por distintos países de la región debido a su combinación de restauración ecológica, financiamiento climático y participación comunitaria.

El desafío de fondo, sostienen especialistas, ya no pasa solamente por plantar árboles, sino por lograr que los bosques sobrevivan, recuperen biodiversidad y generen incentivos económicos suficientes para garantizar su preservación durante décadas.

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