Perú celebrará este domingo una de las elecciones más trascendentes de las últimas décadas. Más de 27 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir entre dos proyectos políticos que representan visiones opuestas sobre el Estado, la economía, la seguridad y el futuro institucional del país: la candidata de derecha Keiko Fujimori y el dirigente de izquierda Roberto Sánchez.

La elección se desarrolla en un contexto de profunda fragmentación política, desgaste institucional y creciente inseguridad ciudadana. En apenas una década, Perú tuvo nueve presidentes y atravesó sucesivas crisis de gobernabilidad que erosionaron la confianza en las instituciones y modificaron las prioridades del electorado. La delincuencia, las extorsiones y el avance del crimen organizado desplazaron incluso a la economía como principal preocupación social.

En ese escenario, el balotaje adquiere una dimensión que trasciende las fronteras peruanas. El resultado será observado con atención por los mercados internacionales, los gobiernos de la región y los inversores vinculados a sectores estratégicos como la minería, el gas y la infraestructura.

Las encuestas muestran una ventaja estrecha de Keiko Fujimori, especialmente en Lima y las grandes ciudades costeras, mientras que Roberto Sánchez conserva una sólida base electoral en las regiones andinas y rurales del interior del país. La polarización es extrema y buena parte del electorado admite votar por el “mal menor”, una constante que viene marcando las últimas elecciones peruanas.

Keiko Fujimori busca una revancha histórica

A los 51 años, Keiko Fujimori enfrenta su cuarta oportunidad de llegar a la presidencia. Después de haber perdido los balotajes de 2011, 2016 y 2021, la líder de Fuerza Popular vuelve a competir con la promesa de restaurar el orden, fortalecer la seguridad y recuperar la estabilidad económica.

La dirigente construyó gran parte de su identidad política alrededor del legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000. Para sus seguidores, representa el período en el que el país logró derrotar militarmente a Sendero Luminoso y controlar una hiperinflación devastadora. Para sus detractores, simboliza una etapa marcada por violaciones a los derechos humanos, autoritarismo y corrupción.

Durante el cierre de campaña, Fujimori reivindicó explícitamente la gestión de su padre y prometió replicar políticas de mano dura contra la delincuencia, inspiradas en parte por el modelo aplicado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Su propuesta económica apunta a preservar el modelo de mercado que convirtió a Perú en una de las economías más dinámicas de América Latina durante las últimas dos décadas. Entre sus prioridades figuran acelerar inversiones mineras, reducir regulaciones y promover obras de infraestructura vinculadas a la agroexportación.

La candidatura de Fujimori llega fortalecida tras la resolución judicial que dejó sin efecto el proceso principal en su contra por el caso Odebrecht. Aunque aún enfrenta causas menores vinculadas a cuestiones electorales, la anulación del expediente central eliminó el principal obstáculo que amenazaba su regreso a la competencia presidencial.

Roberto Sánchez y la búsqueda de una izquierda más moderada

Del otro lado aparece Roberto Sánchez, psicólogo, exseminarista y actual referente de Juntos por el Perú, quien logró convertirse en el heredero político del expresidente Pedro Castillo.

Sánchez llegó al balotaje como una de las grandes sorpresas de la elección. Comenzó la campaña relegado en las encuestas, pero logró consolidar el apoyo de amplios sectores populares del sur andino y de los votantes desencantados con el establishment político tradicional.

Su principal desafío durante la segunda vuelta fue ampliar esa base electoral hacia los sectores urbanos y moderados. Con ese objetivo, impulsó un giro estratégico en su discurso, dejando en segundo plano algunas de las propuestas más radicales de su plataforma original.

La Asamblea Constituyente, que inicialmente aparecía como eje central de su proyecto político, pasó a formar parte de una agenda más amplia de reformas institucionales. Del mismo modo, moderó algunas posiciones económicas para transmitir señales de previsibilidad a los sectores productivos y empresariales.

Sin embargo, mantiene propuestas de fuerte intervención estatal, incluyendo la revisión de contratos de explotación de recursos naturales, una mayor participación pública en sectores estratégicos y una redistribución más activa de la renta generada por la minería y la energía.

También plantea fortalecer los vínculos con los BRICS y avanzar en una política exterior más autónoma respecto de Estados Unidos.

Uno de los puntos más controvertidos de su campaña es la promesa de indultar a Pedro Castillo, condenado por intentar disolver el Congreso en 2022. Para sus seguidores, se trata de reparar una injusticia política; para sus adversarios, implica una amenaza para la institucionalidad democrática.

Seguridad, economía y gobernabilidad, los ejes de una elección decisiva

Más allá de las diferencias ideológicas, ambos candidatos coinciden en que la inseguridad se convirtió en la principal preocupación de los peruanos.

Fujimori propone endurecer el sistema penal, ampliar facultades de las fuerzas de seguridad y fortalecer el control territorial del Estado. Sánchez apuesta a una reforma policial, la creación de una Policía de Investigaciones y una estrategia más amplia orientada a combatir las redes criminales y la corrupción.

En materia económica, el contraste es igualmente marcado. Mientras la candidata de Fuerza Popular busca profundizar un modelo promercado basado en inversiones privadas y apertura económica, Sánchez plantea una mayor presencia estatal en sectores estratégicos y una revisión de las condiciones bajo las cuales operan grandes empresas mineras y energéticas.

Lo que está en juego, sin embargo, va más allá de un simple cambio de gobierno. Perú llega a estas elecciones con instituciones debilitadas, una ciudadanía crecientemente desencantada y una economía que, pese a mantener fundamentos relativamente sólidos, enfrenta desafíos vinculados a la seguridad, la desigualdad y la falta de estabilidad política.

El resultado del domingo definirá no sólo quién ocupará el Palacio de Gobierno durante los próximos años, sino también cuál será el camino elegido por uno de los países más relevantes de la región andina en un momento de fuertes transformaciones geopolíticas y económicas en América Latina.