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Drones de entrega: los retos legales para ver paquetes volando en ciudades latinas

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La imagen de un dron sobrevolando Buenos Aires con un paquete colgando ya no pertenece a la ciencia ficción. Empresas de logística y tecnología llevan años experimentando con entregas aéreas autónomas, pero la realidad regulatoria en América Latina frena lo que la ingeniería ya hizo posible. Mientras ciudades de Estados Unidos y Europa avanzan con programas piloto consolidados, las urbes latinoamericanas enfrentan vacíos normativos, infraestructura aérea saturada y debates sobre privacidad que convierten cada vuelo comercial en un laberinto burocrático.

Por qué las ciudades latinas todavía no tienen drones repartidores

El problema no es tecnológico. Los drones comerciales actuales pueden transportar paquetes de hasta cinco kilogramos en radios de quince kilómetros con precisión centimétrica. El obstáculo real se encuentra en marcos legales diseñados décadas antes de que existiera la posibilidad de un reparto aéreo automatizado. En Argentina, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) clasifica a los vehículos aéreos no tripulados bajo regulaciones pensadas para aeromodelismo y filmación, sin contemplar operaciones logísticas masivas en zonas urbanas densamente pobladas.

Vacíos normativos en la regulación aeronáutica

La mayoría de los países de la región carece de legislación específica para drones de carga comercial. Las normas existentes regulan vuelos recreativos o profesionales de baja escala, pero no abordan aspectos esenciales del reparto masivo como corredores aéreos urbanos, gestión automatizada del tráfico de drones o protocolos de aterrizaje en propiedad privada. Brasil avanzó con regulaciones de ANAC brasileña para operaciones BVLOS (más allá de la línea visual), pero Argentina, Colombia y México todavía trabajan en borradores que podrían tardar años en implementarse.

Espacio aéreo saturado y riesgos de seguridad

Ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México y Bogotá tienen helipuertos urbanos, rutas de aproximación a aeropuertos internacionales y tráfico aéreo de emergencias que complican enormemente la integración de flotas de drones comerciales. Sin un sistema UTM (Unmanned Traffic Management) robusto, cada dron representa un riesgo potencial de colisión.

Principales obstáculos legales para el reparto aéreo

Los desafíos que enfrentan los operadores de drones en la región van mucho más allá de obtener un permiso de vuelo. La cadena de problemas abarca desde cuestiones constitucionales hasta responsabilidades civiles que ningún código actual resuelve con claridad.

  • Derecho sobre el espacio aéreo privado: No existe consenso sobre a qué altura comienza el espacio aéreo público sobre una propiedad, lo que genera conflictos con propietarios de edificios y terrenos.
  • Protección de datos y privacidad: Los drones equipados con cámaras y sensores recopilan información visual de personas y propiedades, chocando con leyes de protección de datos personales como la Ley 25.326 en Argentina.
  • Responsabilidad civil por accidentes: Si un dron cae sobre un peatón o un vehículo, la cadena de responsabilidad entre fabricante, operador y plataforma logística permanece indefinida.
  • Contaminación sonora: Las regulaciones municipales sobre ruido urbano no contemplan el zumbido constante de flotas de drones operando en horarios extendidos.
  • Seguros obligatorios: No existen pólizas estandarizadas para operaciones de drones comerciales urbanos en la mayoría de los mercados latinoamericanos.

Cómo avanzan otros países y qué puede aprender la región

Así como en sectores de entretenimiento digital plataformas como casino maggico lograron operar dentro de marcos regulatorios adaptados a nuevas tecnologías, el sector de drones necesita regulaciones que equilibren innovación con seguridad. La experiencia internacional ofrece modelos concretos que podrían adaptarse al contexto latinoamericano.

PaísEstado Regulatorio en 2026Modelo Destacado 
Estados UnidosRegulación BVLOS aprobada por la FAACorredores aéreos urbanos certificados
Reino UnidoPrograma de sandbox regulatorio activoPruebas en zonas rurales y suburbanas
RuandaOperaciones de drones médicos consolidadasAlianza público-privada con Zipline
BrasilRegulación BVLOS en fase piloto avanzadaIntegración con sistema de control aéreo
ArgentinaMarco normativo en desarrolloPruebas limitadas a zonas no urbanas

El camino hacia entregas aéreas en ciudades argentinas

La llegada de drones repartidores a las calles porteñas depende menos de la tecnología y más de la voluntad política para crear regulaciones inteligentes. Argentina tiene la oportunidad de aprender de los aciertos y errores internacionales para diseñar un marco normativo que no sofoque la innovación ni descuide la seguridad ciudadana. Las próximas decisiones de la ANAC y el Congreso definirán si los paquetes voladores serán una realidad cotidiana o una promesa postergada otra década más. Compartí tu opinión: ¿estás listo para recibir tu próximo pedido desde el cielo?

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Modifican por DNU el servicio meteorológico aeronáutico y habilitan la entrada de privados

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El Gobierno modificó por decreto las condiciones del Servicio Meteorológico Nacional. El decreto se apoya jurídicamente en la Ley 27.161 de Navegación Aérea, que ya calificaba como esenciales a los servicios de navegación aérea, y precisa que dentro de ese conjunto se encuentra el llamado MET aeronáutico, es decir, la especialidad de la meteorología dedicada exclusivamente a la aviación civil.

El Gobierno nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2026 el 23 de abril y modificó de manera directa el esquema de prestación del Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), una pieza crítica del sistema aeronáutico. La norma introduce un cambio de fondo: habilita a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.A.) a prestar el servicio por sí o a través de terceros, rompiendo el esquema vigente que concentraba esa función en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La decisión, que se justifica en una situación de “riesgo cierto e inminente” para la continuidad operativa, abre un interrogante político inmediato: ¿es una medida de emergencia o el inicio de una desregulación estructural del sistema?

Un cambio de arquitectura en un servicio esencial

El DNU se apoya en un punto central: la navegación aérea es un servicio público esencial y su funcionamiento depende de un sistema técnico integrado donde el componente meteorológico resulta crítico. Bajo ese argumento, el Ejecutivo sostiene que el modelo actual presenta limitaciones operativas, en particular por la concentración de funciones en un único proveedor y la falta de alternativas ante contingencias.

Uno de los ejes centrales del decreto es la modificación del artículo 15 de la Ley 27.161, que redefine quién debe prestar el servicio meteorológico para la navegación aérea. A partir de esta reforma, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.A.) pasa a ser la responsable primaria del MET aeronáutico.

Hasta ahora, la Ley 27.161 establecía que el SMN debía prestar el servicio MET a EANA. El decreto sustituye ese esquema y traslada la responsabilidad a EANA, que podrá cumplirla directamente o mediante terceros habilitados. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) mantiene el rol regulador, fijando estándares técnicos y de seguridad.

El cambio no es inmediato en su totalidad. El SMN continuará prestando el servicio por un plazo de hasta 180 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto. Ese período funciona como transición, pero también como ventana para rediseñar la prestación.

En paralelo, el Gobierno elimina un mecanismo de financiamiento específico: deroga el artículo que asignaba el 10% de la Tasa de Protección al Vuelo al SMN. La Tasa de Protección al Vuelo que hasta ahora se transfería al SMN como contraprestación por el servicio meteorológico aeronáutico dejará de ingresar al organismo y será redireccionado a una cuenta específica del Tesoro Nacional vinculada a la prestación del servicio por parte de EANA. Según el Poder Ejecutivo, esta reasignación acompaña el traspaso de responsabilidades y busca alinear financiamiento y operación.

Poder operativo y margen de acción

El núcleo de la medida es operativo, pero su impacto es político. Al habilitar la participación de terceros, el Ejecutivo amplía el margen de acción del sistema y reduce la dependencia de un único actor estatal. Esa diversificación, presentada como necesaria para garantizar continuidad, redefine la lógica de provisión del servicio.

En los considerandos del decreto, el Gobierno justifica la urgencia de la medida al advertir que la interrupción del servicio meteorológico aeronáutico puede generar demoras, cancelaciones, desvíos y restricciones operativas, con impacto directo en pasajeros, operadores, cargas y en la actividad económica en general.

El texto subraya que el sistema de navegación aérea funciona como un conjunto técnico único, interdependiente y de operación continua, por lo que la falla de uno de sus componentes compromete la totalidad del sistema. En ese marco, cuestiona la concentración del servicio en un único prestador sin mecanismos alternativos de provisión inmediata, al considerar que ello configura un riesgo cierto e inminente para la seguridad operacional.

Sin embargo, la decisión también desplaza el eje del control. La ANAC conserva la función regulatoria, pero la prestación se vuelve más flexible y potencialmente más fragmentada. En términos institucionales, se separan con mayor claridad los planos de regulación y operación.

Congreso, control y tensiones latentes

El DNU ya fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez en un plazo de diez días hábiles. Ese paso no es formal: abre un escenario de revisión política sobre una medida que modifica una ley vigente.

La discusión no se limita al plano técnico. La habilitación de terceros y la eliminación de un esquema de financiamiento específico pueden ser leídas como señales de un cambio de enfoque en la gestión de servicios públicos esenciales.

En ese contexto, el oficialismo apuesta a consolidar una lógica de mayor flexibilidad operativa. Pero el costo es introducir un nuevo punto de fricción con el Congreso, que deberá decidir si convalida o rechaza la excepcionalidad invocada.

Un sistema en transición

El plazo de 180 días hábiles marca el ritmo inmediato. En ese período se definirá si el nuevo esquema logra instalarse sin afectar la continuidad del servicio o si emergen tensiones operativas en la transición.

El DNU 274/2026 redefine el marco institucional del servicio meteorológico aplicado a la aviación, traslada su responsabilidad operativa a EANA, establece un período de transición con participación del SMN, reasigna recursos financieros y fija una base normativa que limita la interrupción del MET aeronáutico por conflictos gremiales.

El cambio marca un giro estructural en un área clave de la seguridad aérea y abre una nueva etapa de debate sobre el rol del Servicio Meteorológico Nacional, la organización del sistema aeronáutico y los límites del derecho de huelga en servicios críticos del Estado.

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El Gobierno redefinió el control sobre transporte y obras públicas dentro del Ministerio de Economía

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El Gobierno nacional modificó el organigrama y los objetivos del Ministerio de Economía, reasignando funciones estratégicas de control sobre organismos clave de obras públicas, infraestructura y transporte. La medida, formalizada por decreto presidencial, busca ajustar la estructura administrativa a las necesidades de gestión y tiene impacto directo sobre entes reguladores, organismos descentralizados y empresas públicas.

Mediante el Decreto 57/2026 (DECTO-2026-57-APN-PTE), dictado el 28 de enero de 2026 y publicado en el Boletín Oficial el 29 de enero, el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones al Decreto 50/2019, que establece el organigrama de aplicación y los objetivos de la Administración Pública Nacional centralizada hasta nivel de subsecretaría.

La norma redefine objetivos específicos de la Secretaría de Obras Públicas, de la Subsecretaría de Obras y Servicios y de la Secretaría de Transporte, todas bajo la órbita del Ministerio de Economía, y actualiza el listado de organismos desconcentrados y descentralizados que actúan en esa jurisdicción. El decreto entra en vigencia desde el día de su dictado.

Nuevos objetivos en Obras Públicas: control tutelar y foco en infraestructura

Uno de los cambios centrales del decreto recae sobre la Secretaría de Obras Públicas, cuyo Objetivo 23 fue sustituido para establecer expresamente que deberá “ejercer el control tutelar del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y del Instituto Nacional del Agua (INA)”.

La redefinición formaliza bajo una misma órbita el control institucional de organismos técnicos clave vinculados a la valuación de activos públicos, la seguridad de presas y la gestión de los recursos hídricos. En términos administrativos, el control tutelar implica supervisión funcional, seguimiento de objetivos y alineamiento con las políticas definidas por la autoridad central.

En paralelo, el decreto modifica el Objetivo 7 de la Subsecretaría de Obras y Servicios, que pasa a asistir a la Secretaría en la ejecución de programas, proyectos y acciones en materia de obra, infraestructura pública e infraestructura vial, además del fortalecimiento del sector de agua potable y saneamiento. El texto consolida una mirada integral sobre infraestructura física y servicios esenciales, con énfasis operativo.

Transporte: redefinición del control sobre reguladores y seguridad

El Decreto 57/2026 también introduce cambios relevantes en la Secretaría de Transporte, al sustituir su Objetivo 37. A partir de ahora, el área deberá “ejercer el control tutelar” sobre un conjunto ampliado y explícito de organismos estratégicos:

  • Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
  • Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
  • Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
  • Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
  • Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
  • Junta de Seguridad en el Transporte

La definición refuerza la centralización del control político-administrativo sobre los entes reguladores del sistema de transporte terrestre, aéreo y vial, así como sobre los organismos de seguridad operacional. Desde el punto de vista institucional, el decreto refuerza la coordinación jerárquica y la responsabilidad política de la Secretaría frente a organismos con alta incidencia económica y regulatoria.

Actualización del mapa institucional del Ministerio de Economía

El artículo 4° del decreto sustituye íntegramente el Apartado IX del Anexo III del Decreto 50/2019, actualizando el detalle de organismos desconcentrados, descentralizados, empresas y entes del sector público nacional que actúan en el ámbito del Ministerio de Economía.

La planilla anexa incorpora y ordena un amplio universo institucional que incluye, entre otros:

  • Organismos regulatorios como ENRE, ENARGAS, CNV y Superintendencia de Seguros.
  • Entes técnicos como INDEC, INTI, INTA, INA, SEGEMAR y SENASA.
  • Empresas públicas estratégicas como Aerolíneas Argentinas, YPF, Energía Argentina S.A., Nucleoeléctrica Argentina y Corredores Viales S.A.
  • Entidades binacionales y organismos vinculados a infraestructura energética, transporte y recursos hídricos.

La actualización no crea nuevos organismos, pero redefine su encuadre jurisdiccional, lo que tiene impacto directo sobre los circuitos de supervisión, control presupuestario y articulación política dentro del Poder Ejecutivo .

Fundamentos normativos y efectos administrativos inmediatos

El decreto se dicta en el marco de la Ley de Ministerios N° 22.520 y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional. Además, se apoya en el artículo 104 del Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 – T.O. 2017), que establece que las normas referidas a estructura orgánica entran en vigencia sin necesidad de publicación, aunque en este caso sí fue publicada.

Desde el punto de vista práctico, la medida:

  • Ajusta formalmente responsabilidades políticas sobre organismos clave.
  • Ordena la cadena de control tutelar dentro del Ministerio de Economía.
  • Refuerza la centralización de funciones estratégicas en áreas sensibles como transporte, obras públicas e infraestructura.
  • Genera un marco institucional claro para la interacción entre secretarías, entes reguladores y empresas públicas.

Para los sectores regulados —energía, transporte, infraestructura, servicios públicos— el decreto no introduce cambios operativos inmediatos, pero sí redefine el esquema de gobernanza y supervisión estatal, con potencial impacto en decisiones futuras de regulación, control y planificación.

Una señal de ordenamiento institucional en la gestión económica

El Decreto 57/2026 se inscribe en una lógica de reorganización administrativa del Estado nacional, orientada a adecuar el diseño institucional a los objetivos de gestión del Ministerio de Economía. Sin alterar el marco legal de fondo, la norma redefine roles y clarifica responsabilidades, en un contexto donde la coordinación entre áreas técnicas, reguladores y decisores políticos resulta clave para la ejecución de políticas públicas.

La modificación del Decreto 50/2019 vuelve a poner en el centro la discusión sobre el alcance del control tutelar, la concentración de funciones estratégicas y el rol del Ministerio de Economía como eje articulador de áreas críticas para el funcionamiento económico e institucional del país.

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Marcelo Zbikoski: el transporte público enfrenta el fin del modelo de subsidios y tarifas irreales

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El empresario del transporte Marcelo Zbikoski trazó un diagnóstico crudo sobre el presente y el futuro del transporte público en la Argentina, al advertir que el modelo económico y regulatorio vigente “cambió la música y los pasos de baile” para empresas, usuarios y el propio Estado. En una extensa entrevista en Radio Republica, sostuvo que el país atraviesa el fin de un esquema sostenido por subsidios generalizados y atraso tarifario, con impactos directos en la sustentabilidad del servicio, la calidad de la flota y la viabilidad de las empresas, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Desde su mirada, el escenario actual obliga a revisar costos, decisiones de inversión y expectativas sobre el rol estatal. “El servicio de transporte público es apenas eso: un servicio. A tarifa de transporte público”, afirmó, al tiempo que remarcó que las empresas fueron contratadas para prestar un servicio específico, condicionado por ingresos reales que hoy no alcanzan a cubrir la estructura de costos.

Fin del modelo de subsidios: costos reales, tarifas y un sistema en deterioro

Zbikoski explicó que el sistema de transporte urbano funcionó de manera autosustentable hasta 2002, cuando “se sostenía solo con tarifa como único ingreso”. A partir de ese momento, y durante más de dos décadas, se consolidó un esquema de subsidios crecientes, que primero incentivó inversiones en flota y luego derivó en un proceso de congelamiento y atraso de compensaciones.

“El Estado no compensa, y cuando compensa lo hace con cinco meses de atraso y con una inflación del 211%”, señaló, al describir un proceso que, según su análisis, degradó progresivamente el servicio. Como resultado, se redujeron frecuencias, envejeció el parque automotor y aumentaron los reclamos de los usuarios. En el AMBA, precisó, la antigüedad promedio de la flota ronda los nueve años, con unidades que llegan a los 18 años de uso, una señal clara de descapitalización.

En términos de estructura de costos, detalló que entre el 51% y el 53% del valor del boleto corresponde a salarios, mientras que el combustible representa entre el 19% y el 20%. El resto se distribuye entre impuestos, mantenimiento y amortización. Bajo esas condiciones, estimó que el costo real de transportar a un pasajero debería ubicarse entre $4.000 y $5.000, según el tipo de servicio y la demanda de cada línea.

La conclusión es contundente: “No hay garantía de supervivencia del sistema hacia adelante. La idea del gobierno es que sobreviva el mejor”.

Misiones como excepción y el debate por la equidad del subsidio

En contraste con el AMBA, Zbikoski destacó que Misiones presenta una dinámica diferente. Según explicó, allí existe un esfuerzo compartido entre usuarios, gobierno provincial y municipios para sostener “la mejor calidad de servicio posible dentro del precio más razonable”. Sin embargo, reconoció que el margen es cada vez más estrecho y que ningún esquema puede escapar al impacto del costo del combustible y la presión impositiva.

El empresario cuestionó además el carácter regresivo del subsidio generalizado, al señalar que hoy el sistema subsidia por igual “a quien gana dos o tres millones de pesos y al desocupado”. Recordó que ya en 2012 y 2013 se planteó la idea de subsidios a la demanda a través de la tarjeta SUBE, pero nunca se implementó de manera efectiva. “Hoy sería más fácil que antes”, afirmó, aunque aclaró que todo depende del modelo de servicio público que definan las autoridades.

En ese marco, advirtió que el transporte perdió cerca de un 40% de pasajeros, desplazados hacia alternativas como Uber, Uber Moto y motos particulares, una tendencia que, según subrayó, tiene un fuerte impacto social y sanitario. “La gente que se sube a una moto está poniendo en riesgo su vida”, alertó, al vincular el crecimiento de estas modalidades con el aumento de accidentes y secuelas graves.

Infraestructura pendiente, ferrocarril y reforma laboral

Zbikoski también se refirió a proyectos inconclusos que podrían aliviar la presión sobre el transporte urbano, como el tren Posadas–Garupá. Aseguró que el material rodante está disponible y que las vías y estaciones fueron reparadas en 2020, pero que el servicio nunca se puso en marcha por la falta de una autorización formal de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, dependiente de la Secretaría de Transporte. “Falta solo un papel”, resumió, y sostuvo que el tren tendría impacto favorable en términos de movilidad y costos, siempre que se defina una tarifa viable.

En cuanto al uso de gas natural en colectivos, recordó que Misiones es la única provincia sin gasoducto, lo que obliga a transportar el combustible desde Córdoba. Señaló que hay cuatro colectivos a gas en etapa de prueba, bajo regulación de ENARGAS y la Secretaría de Energía, aunque el proceso demandará varios meses antes de una eventual expansión.

Finalmente, el empresario abordó el debate sobre la reforma laboral, al plantear que la rigidez actual encarece el servicio. Citó como ejemplo que un conductor que trabaja media hora debe cobrar ocho horas completas, aun cuando la demanda efectiva sea menor. “Tal vez no se necesita ocho horas de trabajo”, sostuvo, y propuso esquemas más flexibles que permitan contratar por horas reales, en blanco y con cobertura plena, reduciendo costos sin precarizar.

Un cambio estructural en marcha

El diagnóstico de Zbikoski se inscribe en un contexto más amplio de redefinición del rol del Estado y del financiamiento de los servicios públicos. Para el empresario, el mundo avanza hacia un modelo en el que “el adulto debe ser tratado como adulto”: quien quiere un mejor servicio, debe pagar por él. En ese escenario, el transporte público enfrenta una encrucijada: redefinir tarifas, subsidios y reglas laborales, o profundizar un deterioro que ya impacta en usuarios, trabajadores y empresas.

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Boom aéreo en Argentina: noviembre fue el mejor mes de la historia con 4,39 millones de pasajeros

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La aviación comercial argentina marcó en noviembre un hito histórico: 4.392.597 pasajeros se movilizaron por los aeropuertos del país, el mayor registro jamás alcanzado para ese mes. Así lo informó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que confirmó un nuevo estándar de conectividad aérea, volumen operativo y eficiencia del sistema, con crecimientos generalizados en el mercado doméstico, el internacional y las operaciones totales.

El dato no sólo consolida la recuperación del sector, sino que redefine la dinámica del transporte aéreo en Argentina. Nunca antes noviembre había mostrado un nivel de actividad tan alto, superando los máximos previos y anticipando un cierre anual récord para la industria aerocomercial.

Crecimiento sistémico: más pasajeros, más vuelos y fuerte tracción internacional

Los indicadores oficiales de la ANAC reflejan un crecimiento robusto y sostenido. El total de pasajeros de noviembre representa un incremento del 4% respecto del récord anterior de 2023 y un 7% por encima de noviembre de 2024. El impulso más marcado se registró en el segmento internacional, que alcanzó 1.347.497 pasajeros, con un salto interanual del 14%.

La expansión también se evidenció en el plano operativo. Durante el mes se contabilizaron 33.914 movimientos aéreos, superando los registros de los dos años previos. Dentro de ese total, los movimientos internacionales sumaron 8.922 operaciones, con un crecimiento del 12% interanual, confirmando una mayor integración del sistema aéreo argentino con la región y el exterior.

En términos acumulados, el desempeño del sector muestra una expansión estructural. Entre enero y noviembre de 2025, se movilizaron 45.913.230 pasajeros, un récord absoluto, que implica una suba del 12% frente al mismo período de 2024. El volumen alcanzado anticipa que el sistema aerocomercial se encamina a cerrar el año con el mejor registro de su historia.

Descentralización de la conectividad: más vuelos internacionales desde el interior

Uno de los rasgos más relevantes del nuevo escenario es la descentralización de la conectividad aérea. En noviembre, 157.785 pasajeros utilizaron vuelos internacionales directos desde el interior del país, sin pasar por Buenos Aires. Esto representa un aumento del 21% respecto de 2024 y un salto del 54% frente a 2023, consolidando un cambio estructural en el mapa aerocomercial.

Dentro de la red operada por Aeropuertos Argentina y otros concesionarios, Córdoba lideró el crecimiento del tráfico internacional con una suba del 62%. Algunas rutas mostraron desempeños especialmente dinámicos: Córdoba–Río de Janeiro creció 93%, mientras que los enlaces con Ciudad de Panamá aumentaron 45% y con Lima, 17%.

En el norte del país, Salta reforzó su posicionamiento regional con un incremento del 32% en pasajeros internacionales, ratificando el rol de los aeropuertos del interior como nodos estratégicos de la conectividad aérea.

Mercado doméstico firme y aeropuertos en expansión

El mercado de cabotaje también exhibió un desempeño sólido. En noviembre se registraron 3.045.100 pasajeros domésticos, lo que implicó un crecimiento del 4% interanual. El dinamismo se distribuyó de manera heterogénea, con fuertes alzas en varias terminales.

Entre los aeropuertos con mayores incrementos se destacaron Ezeiza (+39%), Resistencia (+37%), Santa Fe (+35%) y Esquel (+27%), reflejando una mayor demanda de viajes internos y una ampliación efectiva de la red aérea nacional.

Un cierre de año récord y un nuevo mapa de conectividad

Con 45,9 millones de pasajeros acumulados entre enero y noviembre y tasas de crecimiento de dos dígitos, la aviación argentina se encamina a cerrar 2025 como el mejor año de su historia. La combinación de mayor volumen, expansión internacional y descentralización territorial redefine el mapa de la conectividad aérea, con impacto directo en el turismo, la actividad económica regional y la integración del país.

Las cifras oficiales de la ANAC, elaboradas desde el sistema público de control y no a partir de mediciones privadas, refuerzan la relevancia institucional de este récord y consolidan a la aviación como uno de los vectores más dinámicos del transporte y la economía argentina.

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