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Récord en el semestre y junio en rojo en aeropuertos: Iguazú resiste y Posadas profundiza la caída

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En un primer semestre récord para la aviación comercial argentina, junio marcó un freno significativo. El movimiento de pasajeros en los aeropuertos del país cayó 12% respecto del mismo mes del año pasado, con un desplome aún mayor en el cabotaje, que retrocedió 17%. En ese escenario, Misiones mostró dos realidades bien distintas: mientras Puerto Iguazú logró sostenerse entre los diez aeropuertos con mayor movimiento del país pese a perder más de una quinta parte de sus pasajeros, Posadas registró una caída del 32% y quedó entre las terminales con peor desempeño relativo de Argentina. 

En términos nacionales, el balance sigue siendo positivo. Entre enero y junio pasaron por los aeropuertos argentinos 24,56 millones de pasajeros, un 1% más que en el anterior récord alcanzado en 2025. Además, la actividad aerocomercial registró un máximo histórico de 16,72 millones de pasajeros transportados y 126.637 vuelos realizados durante el primer semestre.

Sin embargo, junio rompió esa tendencia expansiva. El cabotaje cayó 17% respecto del mismo mes del año pasado y el movimiento total de pasajeros en los aeropuertos descendió 12%, reflejando una desaceleración de la demanda luego de un muy buen comienzo de año.

Dentro de ese escenario, Puerto Iguazú volvió a confirmar su peso específico en el mapa aerocomercial argentino. Durante junio movilizó 96.682 pasajeros entre vuelos nacionales e internacionales, ubicándose como el séptimo aeropuerto con mayor tráfico del país y el sexto en cabotaje. Además, registró 679 movimientos de aeronaves, manteniéndose entre los diez aeropuertos con mayor actividad operativa.

No obstante, el principal destino turístico de Misiones tampoco escapó al freno del mercado. El aeropuerto de Cataratas registró una caída interanual del 22% en pasajeros durante junio y acumula un descenso del 11% en el primer semestre respecto de igual período de 2025. Esa merma lo ubica entre los aeropuertos que más pasajeros perdieron en términos absolutos durante el mes, aunque sin comprometer su posición dentro del grupo de terminales más importantes del país.

El tráfico internacional en Iguazú, en tanto, continúa siendo reducido. El informe registra apenas 5.000 pasajeros internacionales acumulados en el semestre, una cifra todavía marginal frente al volumen del cabotaje, lo que confirma que la actividad del aeropuerto sigue dependiendo principalmente del turismo doméstico.

La realidad de Posadas es considerablemente más compleja. El aeropuerto Libertador General San Martín movilizó apenas 21.000 pasajeros durante junio, con una caída del 32% respecto del mismo mes de 2025 y un retroceso acumulado del 14% en el semestre. El dato coloca a la capital misionera entre los cinco aeropuertos con peor desempeño relativo del país, superada únicamente por Puerto Madryn, Santiago del Estero, Corrientes y Rosario.

La comparación regional también resulta llamativa. Mientras Resistencia logró crecer 10% interanual durante junio y aparece entre los pocos aeropuertos con saldo positivo, Corrientes cayó 39% y Posadas 32%, reflejando comportamientos muy diferentes dentro del NEA.

El informe de la ANAC deja así una conclusión clara para Misiones. Iguazú continúa siendo uno de los grandes motores del turismo aéreo argentino y conserva un lugar de privilegio en el ranking nacional pese a la caída coyuntural de pasajeros. Posadas, en cambio, enfrenta un escenario más desafiante: pierde volumen a un ritmo superior al promedio del país y profundiza un retroceso que plantea interrogantes sobre la evolución de su conectividad y su capacidad para recuperar participación dentro del sistema aerocomercial argentino.

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Argentina Ground Support obtuvo autorización para operar servicios de rampa

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La apertura del mercado de servicios aeroportuarios continúa sumando nuevos actores. El Gobierno nacional autorizó a la empresa Argentina Ground Support S.A. a explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en todo el país, una decisión que se enmarca en la estrategia de desregulación del sector aerocomercial impulsada por la administración nacional para incrementar la competencia en actividades que históricamente estuvieron concentradas.

La autorización fue oficializada mediante la Disposición 16/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el subsecretario Hernán Adrián Gómez. La medida habilita a la firma a prestar servicios de asistencia en tierra, una actividad clave para la operatoria de las compañías aéreas.

La empresa había solicitado la autorización en el marco de las modificaciones introducidas por el Decreto 599/2024, que redefinió el régimen de acceso a los mercados aerocomerciales. Esa normativa amplió el esquema de autorizaciones para actividades vinculadas al transporte aéreo, incluyendo expresamente los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa, con el objetivo de facilitar el ingreso de nuevos operadores privados.

Según surge de la disposición, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a través de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, emitió un dictamen técnico favorable sobre la solicitud. Asimismo, la firma acreditó los requisitos de capacidad técnica, económica y financiera previstos en el artículo 105 del Código Aeronáutico, además de cumplir con las exigencias regulatorias establecidas por la legislación vigente.

La autorización se encuadra además en la Resolución 49/2024 de la Secretaría de Transporte, que reglamentó el procedimiento para el otorgamiento de permisos destinados a empresas de servicios de rampa. Ese régimen establece autorizaciones por un plazo de 15 años, con renovación automática siempre que los operadores mantengan los estándares exigidos en materia de seguridad operacional.

La asistencia en tierra comprende un conjunto de servicios indispensables para la actividad aeroportuaria, entre ellos la carga y descarga de equipajes y mercaderías, el remolque de aeronaves, el abastecimiento de equipos en plataforma y otras tareas logísticas que permiten la operación de los vuelos comerciales. La incorporación de nuevos prestadores busca ampliar la oferta disponible para las aerolíneas y reducir las barreras de acceso a este segmento del negocio aeroportuario.

Desde una perspectiva económica, la decisión consolida uno de los ejes de la política aerocomercial del Gobierno: sustituir un esquema de fuerte regulación por un modelo con mayor competencia entre operadores privados. La expectativa oficial es que el incremento de oferentes contribuya a mejorar la eficiencia de los servicios, generar inversiones en infraestructura operativa y reducir costos para las compañías aéreas, con potencial impacto sobre la conectividad y la competitividad del sistema aeroportuario argentino.

Con esta autorización, Argentina Ground Support se incorpora al universo de empresas habilitadas para competir en un mercado que atraviesa una profunda transformación regulatoria, en línea con la política de liberalización del transporte aéreo que el Ejecutivo viene implementando desde 2024.

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ANAC flexibiliza certificaciones aeronáuticas y habilita permisos provisorios para acelerar el ingreso de operadores

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La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dio un nuevo paso en la agenda de desregulación y simplificación administrativa impulsada por el Gobierno nacional. Mediante la Resolución 436/2026, el organismo autorizó el otorgamiento de certificados provisorios para una amplia gama de actividades aeronáuticas cuando los únicos requisitos pendientes sean de carácter documental o administrativo y no comprometan la seguridad operacional.

La medida busca reducir los tiempos de ingreso al mercado de nuevos operadores, uno de los ejes centrales de la política aerocomercial vigente desde la aprobación del nuevo Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales. En la práctica, permitirá que empresas y organizaciones comiencen a operar mientras completan trámites accesorios, evitando demoras burocráticas que hasta ahora postergaban la emisión de habilitaciones definitivas.

El régimen alcanzará a los Certificados de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), Certificados de Explotadores de Trabajo Aéreo (CETA), certificados digitales para operadores aeroportuarios y de rampa, centros de instrucción y entrenamiento aeronáutico, talleres aeronáuticos de reparación, reconocimientos de certificados extranjeros y dispositivos de simulación de vuelo, entre otros.

La resolución establece que los certificados podrán emitirse únicamente cuando los requisitos técnicos, operativos y de seguridad ya hayan sido acreditados por las áreas competentes de la ANAC. Los aspectos pendientes deberán limitarse a cuestiones consideradas no esenciales, como la acreditación del pago de aranceles, inscripciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), legalizaciones, apostillas, traducciones públicas o registraciones societarias.

No obstante, el organismo aclara que la enumeración no es taxativa y que cualquier duda respecto de una eventual afectación de la seguridad operacional deberá resolverse con criterio restrictivo, privilegiando siempre la protección de la actividad aérea.

Los certificados provisorios tendrán una vigencia máxima de 90 días corridos desde su emisión. Antes de su vencimiento, el interesado podrá solicitar una única prórroga por igual período, siempre que fundamente las razones que impiden completar la documentación requerida. En caso de no regularizar la situación dentro de esos plazos, la autorización caducará automáticamente.

Como parte del nuevo esquema, la ANAC también instruyó a sus dependencias técnicas a incorporar de oficio la documentación que ya obre en poder del Estado, evitando exigir nuevamente certificados de matrícula, aeronavegabilidad, licencias del personal aeronáutico, certificaciones médicas, antecedentes operativos, contratos de utilización de aeronaves u otra información disponible en bases oficiales. La disposición se apoya en el principio de eficiencia burocrática incorporado a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que prohíbe requerir al administrado documentación que ya se encuentre en poder de la Administración Pública.

Desde el punto de vista regulatorio, la resolución se inscribe en el relevamiento normativo dispuesto por el Decreto 90/2025, que ordenó revisar y eliminar normas consideradas redundantes o generadoras de sobrecostos para el sector productivo. También se articula con las modificaciones introducidas durante el último año para liberalizar el mercado aerocomercial, fortalecer el gobierno digital y agilizar los procedimientos administrativos.

Para la industria, el impacto potencial es significativo. La posibilidad de obtener habilitaciones provisorias reduce tiempos de espera para nuevas líneas aéreas, empresas de trabajo aéreo, centros de capacitación y talleres aeronáuticos, acelerando proyectos de inversión y ampliando la oferta de servicios sin resignar los controles técnicos que exige la seguridad operacional.

En un contexto en el que el Gobierno busca incrementar la competencia y mejorar la conectividad federal, la resolución procura equilibrar dos objetivos estratégicos: mantener los estándares internacionales de seguridad aérea y eliminar barreras administrativas que históricamente demoraban el ingreso de nuevos actores al mercado. El resultado esperado es un sistema regulatorio más ágil, apoyado en procesos digitales y con menor carga burocrática, capaz de responder con mayor rapidez al crecimiento de la actividad aeronáutica.

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ANAC habilita un nuevo esquema de aproximaciones satelitales en aeródromos no controlados

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La nueva reglamentación crea por primera vez un marco específico para implementar procedimientos de aproximación instrumental mediante Navegación Basada en la Performance (PBN) en aeródromos no controlados. La medida puede ampliar la operatividad de pistas públicas y privadas sin necesidad de incorporar costosas radioayudas terrestres, con potencial impacto sobre la conectividad productiva de provincias como Misiones.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó los requisitos técnicos y operacionales para el diseño e implementación de procedimientos de aproximación PBN (Performance Based Navigation) en pistas de vuelo visual ubicadas en aeródromos no controlados. La Resolución 425/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, establece por primera vez un marco regulatorio específico para que estas instalaciones puedan contar con aproximaciones por instrumentos utilizando navegación satelital, siempre bajo estrictos estándares de seguridad operacional.

La decisión representa un cambio relevante para el sistema aeroportuario argentino porque permite que aeródromos que hoy sólo pueden operar bajo reglas visuales incorporen procedimientos IFR (vuelo por instrumentos), sin depender necesariamente de radiofaros u otras ayudas convencionales cuya instalación y mantenimiento demandan inversiones significativamente superiores.

Una herramienta para mejorar la conectividad productiva

Desde una perspectiva económica, la resolución abre una alternativa para mejorar la disponibilidad operativa de aeródromos regionales utilizados por aviación ejecutiva, sanitaria, corporativa y eventualmente por operadores comerciales, especialmente en zonas donde las condiciones meteorológicas suelen limitar las operaciones visuales.

La Navegación Basada en la Performance (PBN) utiliza sistemas satelitales y equipos de alta precisión instalados en las aeronaves para definir trayectorias laterales y verticales previamente diseñadas. Esto permite realizar aproximaciones más estables, reducir márgenes de error y aumentar la disponibilidad operativa de un aeropuerto sin necesidad de desplegar infraestructura terrestre tradicional. El anexo técnico señala que estos procedimientos disminuyen el riesgo de impacto controlado contra el terreno (CFIT) y de pérdida de control durante la aproximación (LOC-I), dos de los eventos de mayor preocupación en la seguridad operacional.

Para provincias con extensas distancias terrestres y fuerte dependencia del transporte aéreo en determinados segmentos productivos, la posibilidad de ampliar las ventanas operativas representa un factor de competitividad que trasciende al sector aeronáutico.

En regiones como el Nordeste Argentino, donde conviven aeródromos públicos y privados vinculados a actividades forestales, agroindustriales, sanitarias y empresariales, la nueva normativa crea una base regulatoria que podría facilitar futuros proyectos de modernización.

La resolución no implica una habilitación automática. Cada procedimiento deberá ser diseñado bajo estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), validado en tierra y en vuelo, publicado oficialmente y aprobado por la ANAC. Además, tanto el operador del aeródromo como las aeronaves y sus tripulaciones deberán contar con certificaciones específicas para operar bajo estos procedimientos.

Otro aspecto relevante es que la reglamentación alcanza tanto a aeródromos públicos como privados que carecen de servicios de control de tránsito aéreo, siempre que cumplan los requisitos técnicos establecidos.

Seguridad como condición para ampliar operaciones

La ANAC estructuró la normativa alrededor del concepto de gestión de riesgo.

Entre las principales exigencias aparecen procedimientos exclusivos para aeronaves autorizadas con certificaciones PBN vigentes. Evaluaciones previas de seguridad operacional antes de implementar cada aproximación. Protocolos obligatorios de comunicaciones mediante frecuencia TIBA en aeródromos sin control. Restricciones temporales mediante NOTAM para garantizar pista libre durante las operaciones comerciales. Validación técnica y publicación oficial de cada procedimiento antes de su utilización.

La reglamentación también establece parámetros mínimos de visibilidad, requerimientos altimétricos y condiciones de infraestructura de las pistas, priorizando superficies pavimentadas aunque admite otras configuraciones cuando la ANAC considere que reúnen condiciones adecuadas de señalización y mantenimiento.

Uno de los aspectos más relevantes para la planificación pública es que la expansión de este tipo de procedimientos no depende exclusivamente de inversiones físicas en radioayudas tradicionales.

La utilización de navegación satelital permite mejorar la accesibilidad operacional mediante el diseño de procedimientos de vuelo certificados, reduciendo costos de infraestructura y facilitando la incorporación gradual de nuevos aeródromos al sistema IFR, siempre que superen las evaluaciones técnicas y de seguridad.

Para gobiernos provinciales, operadores aeroportuarios y sectores productivos que dependen de una conectividad aérea más previsible, la resolución ofrece una herramienta regulatoria que podría acelerar proyectos de desarrollo logístico sin replicar el modelo histórico basado exclusivamente en infraestructura terrestre.

La efectividad de la norma dependerá ahora de cuántos aeródromos avancen en el diseño y certificación de estos procedimientos y de la capacidad de operadores y provincias para financiar las adecuaciones técnicas requeridas. Si ese proceso logra consolidarse, la nueva reglamentación podría convertirse en un instrumento para ampliar la conectividad aérea del interior argentino con menores costos de infraestructura y mayores estándares de seguridad operacional.

Anexo Resolución 425/2026 ANAC by CristianMilciades

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Flybondi enfrenta una crisis financiera y operativa: un pedido de quiebra, embargos y una flota reducida

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La aerolínea de bajo costo Flybondi enfrenta una profunda crisis financiera y operativa que amenaza con comprometer su continuidad. A los problemas de puntualidad y cancelaciones registrados durante el último año se suman ahora un pedido judicial de quiebra, embargos por deudas impagas y una drástica reducción de su flota operativa, mientras crecen los interrogantes sobre la capacidad de la empresa para sostener sus operaciones.

La situación se agravó en las últimas semanas con la salida de varios ejecutivos de primera línea, entre ellos la CEO Paz Lovisolo, el Chief Commercial Officer Federico Pastore y la gerenta de Asuntos Corporativos y Comunicación Externa, Lucía Ginzo. Las desvinculaciones se producen en un contexto en el que la compañía también habría desactivado su área de prensa, reduciendo al mínimo su comunicación institucional.

El frente judicial más complejo fue abierto por el Hotel Presidente de la Ciudad de Buenos Aires, que solicitó la quiebra de Flybondi ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 24 por una deuda superior a los 660 millones de pesos.

El reclamo comprende 49 facturas impagas correspondientes a servicios de alojamiento y utilización de salones para las tripulaciones de la aerolínea, emitidas entre diciembre de 2025 y junio de 2026.

Aunque el juez Guillermo Pesaresi rechazó inicialmente el pedido por cuestiones formales vinculadas a las Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs, el expediente continúa en trámite y podría avanzar una vez subsanadas esas observaciones.

Embargos y cuentas sin fondos

El pedido de quiebra para la aerolínea que llegó a la Argentina en 2018 de la mano de Mauricio Macri y su política de cielos abiertos, llega después de otra demanda iniciada por la empresa de transporte Manuel Tienda León, que reclamó judicialmente el cobro de más de 122 millones de pesos por servicios impagos.

En esa causa, la Justicia autorizó el embargo preventivo de las cuentas bancarias de Flybondi. Sin embargo, según la publicación periodística, los abogados de la empresa demandante encontraron que las cuentas presentaban saldos mínimos o insuficientes para cubrir la deuda.

Ese escenario de iliquidez habría impulsado al Hotel Presidente a avanzar con la solicitud de quiebra como última instancia para intentar recuperar los montos adeudados.

Una operación sostenida con apenas dos aviones

La crisis financiera también impacta directamente sobre la operación diaria.

De acuerdo con la información publicada por Perfil, Flybondi pasó de contar con una flota cercana a 15 aeronaves a operar actualmente con solo dos Boeing 737-800, identificados con las matrículas LV-KDQ y LV-KJD.

El resto de los aviones permanece fuera de servicio debido a deudas con empresas de leasing, que estiman obligaciones impagas cercanas a los 25 millones de dólares.

A ello se agregan aproximadamente 5,5 millones de dólares adeudados a talleres especializados en mantenimiento pesado ubicados en México, que retendrían aeronaves hasta tanto se cancelen los pagos pendientes.

También habría problemas para cargar combustible

Otro de los aspectos que preocupa al mercado es la continuidad operativa de los vuelos.

Según fuentes citadas por Perfil, YPF habría suspendido el crédito comercial para el suministro de combustible debido a retrasos en los pagos de la aerolínea. De confirmarse, la medida representaría una nueva complicación para una empresa que ya opera con una capacidad muy limitada.

Hasta el momento no hubo una comunicación oficial de la petrolera ni de Flybondi sobre esa situación.

Cancelaciones récord y fuerte pérdida de mercado

Los problemas financieros coinciden con un marcado deterioro de los indicadores operativos.

Datos de la consultora Adventus, citados por Perfil, muestran que entre junio de 2025 y mayo de 2026 la compañía acumuló más de 2.500 vuelos cancelados, afectando a unos 350.000 pasajeros.

Solo durante mayo de este año, Flybondi habría registrado una puntualidad del 26,64%, mientras que casi el 47% de los vuelos programados fueron cancelados.

En el mismo período, su principal competidora, JetSMART, alcanzó una puntualidad superior al 90% y una tasa de cancelaciones inferior al 0,5%.

La pérdida de confiabilidad también se habría reflejado en su participación de mercado, que según el informe cayó del 25% al 6% en pocos meses.

Expectativa sobre el futuro de la compañía

El escenario plantea crecientes interrogantes dentro del sector aerocomercial.

Además de las causas judiciales, las deudas con proveedores internacionales y la reducción de la flota, el mercado sigue de cerca la posibilidad de que la empresa avance hacia un proceso formal de reestructuración de pasivos.

Hasta el cierre de la edición citada, ni Flybondi ni la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) habían brindado explicaciones públicas sobre la situación financiera de la compañía.

Mientras tanto, el futuro inmediato de la aerolínea permanece bajo observación, con dudas sobre su capacidad para sostener la programación de vuelos en los próximos meses y evitar un eventual concurso preventivo o una profundización de la crisis.

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