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Actualizan las reglas para la leche UHT: la nueva norma del Mercosur impacta en la industria láctea

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La Secretaría de Agricultura y la ANMAT incorporaron al Código Alimentario Argentino un nuevo reglamento técnico del Mercosur para la leche UAT (Ultra Alta Temperatura o UHT). La medida actualiza los estándares de identidad, calidad, rotulado y control sanitario, alineando la normativa argentina con los criterios regionales y otorgando mayor previsibilidad para la producción y el comercio de productos lácteos.

La Resolución Conjunta 7/2026, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza las normas vigentes desde la década de 1990 e incorpora al ordenamiento argentino la Resolución GMC 13/23 del Mercosur. El cambio no introduce una nueva categoría de producto, sino que moderniza las especificaciones técnicas y los parámetros de calidad exigibles para la leche UHT, un segmento clave dentro del mercado de lácteos de larga vida.

Para las empresas del sector, la principal implicancia es la unificación de criterios regulatorios con los demás socios del bloque, reduciendo diferencias normativas que pueden generar costos adicionales en procesos industriales, certificaciones y comercio intrarregional.

Una actualización técnica con impacto en la competitividad

La nueva regulación redefine las condiciones bajo las cuales un producto puede comercializarse como leche UAT (UHT). El Código Alimentario Argentino establece ahora que deberá elaborarse mediante un proceso continuo de calentamiento de entre 135°C durante 10 segundos y 150°C durante 2 segundos, o tratamientos equivalentes que garanticen la estabilidad microbiológica durante toda su vida útil.

Además, mantiene la clasificación en tres categorías: Leche entera; Leche semidescremada o parcialmente descremada y Leche descremada.

La resolución también actualiza los parámetros físico-químicos mínimos para cada categoría, incorpora referencias internacionales de análisis (ISO y AOAC), redefine exigencias microbiológicas y establece nuevos criterios sobre acondicionamiento, rotulado e higiene industrial.

Desde la perspectiva empresarial, la resolución apunta principalmente a homogeneizar estándares de producción dentro del Mercosur más que a modificar procesos industriales ya consolidados.

Entre los aspectos relevantes aparecen:

  • Actualización del Código Alimentario Argentino conforme al reglamento técnico del Mercosur.
  • Armonización regional de requisitos de identidad y calidad.
  • Nuevos parámetros técnicos para composición, estabilidad microbiológica y controles analíticos.
  • Ratificación del uso de estabilizantes autorizados, incluyendo fosfatos y citrato de sodio bajo las condiciones establecidas.
  • Actualización del régimen de rotulado, incorporando precisiones sobre las distintas categorías comerciales y la información obligatoria sobre contenido graso.

Un marco regulatorio más uniforme para exportar

La resolución señala que la incorporación del reglamento responde al compromiso asumido por los países del Mercosur de armonizar normas técnicas para favorecer la libre circulación de bienes dentro del bloque.

Para las industrias lácteas con operaciones de exportación, disponer de especificaciones equivalentes reduce la necesidad de adaptaciones regulatorias entre mercados regionales y facilita los procesos de certificación sanitaria.

Aunque la medida no modifica aranceles ni condiciones comerciales, sí fortalece la previsibilidad regulatoria para empresas que comercializan leche larga vida tanto en Argentina como en otros países del Mercosur.

La actualización normativa resulta relevante para distribuidores, industrias alimenticias, cadenas comerciales y operadores logísticos que comercializan productos lácteos provenientes de otras provincias.

La estandarización también beneficia a fabricantes de envases, laboratorios de control de calidad y proveedores tecnológicos vinculados al procesamiento UHT, ya que establece un marco regulatorio uniforme sobre el cual desarrollar inversiones y procesos industriales.

La actualización representa un cambio eminentemente regulatorio, pero con efectos sobre la competitividad de mediano plazo. El desafío para la industria será adaptar la documentación técnica, los protocolos de calidad y los sistemas de control a las nuevas exigencias, mientras el Mercosur continúa avanzando hacia normas alimentarias cada vez más armonizadas, un factor que adquiere relevancia para las empresas con estrategia exportadora.

Anexo Resolución Conjunta 7/2026 by CristianMilciades

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En 2025 se aprobaron 290 nuevos estudios clínicos en Argentina 

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La investigación clínica se convirtió en uno de los segmentos más dinámicos y sofisticados de la economía del conocimiento argentina. Con más de 1.000 estudios clínicos en desarrollo y más de 50.000 participantes activos, el sector no solo anticipa el acceso de pacientes a terapias innovadoras, sino que además genera un ingreso superior a los 700 millones de dólares anuales en exportación de servicios de alto valor agregado.

El fenómeno refleja una transformación profunda de la industria farmacéutica global, atravesada por inteligencia artificial, digitalización de procesos y nuevas metodologías de investigación que permiten acelerar el desarrollo de medicamentos y vacunas con menores costos operativos y mayor precisión científica.

Desde Cámara Argentina de Especialidades Medicinales sostienen que la actividad tiene potencial para consolidarse como uno de los principales polos de atracción de inversiones internacionales dentro del ecosistema tecnológico y científico regional. Carolina Martinenghi, directora de Comunicaciones de la entidad, remarcó que el desafío pasa ahora por ampliar el alcance federal de los estudios y fortalecer la participación de hospitales públicos, dado que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires todavía concentran cerca del 70% de la actividad.

Actualmente, las áreas terapéuticas con mayor volumen de investigación en Argentina son oncología, enfermedades respiratorias, inmunología, metabolismo, sistema nervioso central y patologías cardiovasculares.

Uno de los cambios más disruptivos del sector es la expansión de los ensayos clínicos descentralizados, un modelo que traslada parte de las actividades fuera de hospitales y centros médicos tradicionales mediante herramientas digitales y monitoreo remoto. A través de dispositivos portátiles y plataformas tecnológicas, los pacientes pueden participar de controles y seguimientos sin necesidad de trasladarse físicamente, reduciendo barreras geográficas y mejorando la inclusión de poblaciones rurales o personas con movilidad reducida.

La tendencia ya comenzó a ser acompañada por organismos regulatorios. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica promueve la incorporación gradual de componentes descentralizados bajo criterios de evaluación de riesgo-beneficio y protección de pacientes.

La digitalización también está modificando el funcionamiento operativo del sistema. Plataformas internacionales como ClinicalTrials.gov permiten acceder a información de cientos de miles de investigaciones realizadas en más de 200 países, mejorando transparencia, trazabilidad y acceso público a datos científicos.

A esto se suma el avance de tecnologías emergentes como los “gemelos digitales”, modelos computacionales capaces de integrar información biológica, clínica y poblacional para simular cómo responderá un paciente frente a diferentes tratamientos o dosis.

La inteligencia artificial aparece como otro de los motores centrales de la nueva etapa. Según el informe, las herramientas de IA ya permiten automatizar tareas críticas como la selección de pacientes elegibles, el análisis de criterios de inclusión y exclusión y la optimización de líneas de investigación, reduciendo tiempos y mejorando la asignación de recursos en investigación y desarrollo.

Rosana Felice, asesora médica de Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, destacó que la inteligencia artificial no reemplaza al investigador, pero amplía enormemente su capacidad de análisis y precisión científica.

Otro fenómeno en expansión es el uso de evidencia del mundo real, basada en grandes volúmenes de datos provenientes de historias clínicas electrónicas, registros poblacionales y dispositivos digitales. Esta información complementa los ensayos clínicos tradicionales y ya es utilizada por organismos regulatorios internacionales como la Food and Drug Administration para respaldar decisiones sobre aprobación y seguimiento de medicamentos.

A nivel global, el mercado de investigación clínica superó los 92.700 millones de dólares en 2025 y continúa expandiéndose, impulsado por la demanda de terapias innovadoras y el envejecimiento poblacional.

En Argentina, el peso estratégico del sector también se refleja en las cifras de inversión. Las compañías asociadas a Cámara Argentina de Especialidades Medicinales destinan cerca de US$700 millones anuales a investigación clínica y explican el 48% de toda la inversión privada en investigación y desarrollo del país, posicionando a la industria farmacéutica innovadora como el principal actor de la economía del conocimiento nacional.

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Habilitan vapeadores con control estatal y cambia el paradigma sanitario sobre nicotina

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El Gobierno nacional formalizó el 30 de abril de 2026 un cambio de fondo en la política sanitaria sobre productos de nicotina: mediante la Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud, dejó atrás el esquema de prohibición y habilitó la comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina bajo un sistema obligatorio de registro, control y fiscalización. La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial, no es meramente técnica: redefine el rol del Estado frente a un mercado en expansión y expone una tensión de fondo —regular lo que ya circula o insistir con prohibiciones ineficaces— en un contexto donde el consumo adolescente alcanzó el 35,5% en el último año.

El movimiento abre un interrogante político más amplio: ¿es una flexibilización pragmática que busca recuperar capacidad de control o un cambio de enfoque que puede reconfigurar el debate sanitario y regulatorio en el Congreso?

Control estatal sobre un mercado que ya existía

La resolución deroga la prohibición vigente desde 2023 y establece un sistema integral que incorpora a los nuevos dispositivos dentro del régimen de la Ley 26.687. En términos concretos, los productos pasan a ser considerados equivalentes al tabaco tradicional, con exigencias de advertencias sanitarias, restricciones publicitarias y limitaciones en el diseño para evitar la atracción de menores.

El núcleo operativo de la norma es la creación del Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina (RNPTN), que deberá organizarse en un plazo de 45 días. Este instrumento funcionará como base de datos centralizada para clasificar dispositivos, monitorear consumo y ajustar regulaciones según evidencia epidemiológica.

El cambio no es menor. Donde antes había un vacío de control efectivo —producto de una prohibición que, según el propio Ejecutivo, no logró frenar el acceso— ahora se instala un esquema de trazabilidad obligatoria. Importadores y fabricantes deberán inscribir cada producto, presentar fórmulas completas, información toxicológica, certificados de emisiones y datos sobre ventas y perfiles de consumo. La autorización tendrá una vigencia de cinco años.

Al mismo tiempo, el Gobierno delimita el alcance de la apertura: prohíbe los cigarrillos electrónicos descartables, restringe los sabores a tabaco y mentol, y veta elementos de marketing dirigidos a jóvenes. Es decir, habilita el mercado, pero bajo condiciones más estrictas que las que existían en la práctica informal.

Antecedentes y racionalidad política del giro

El nuevo esquema se inscribe en una secuencia normativa más amplia. La prohibición de dispositivos electrónicos, vigente desde 2011 y reforzada en 2023, se apoyaba en el principio precautorio. Sin embargo, el crecimiento del consumo —especialmente en adolescentes— erosionó su efectividad como herramienta de política pública.

El propio texto oficial reconoce ese límite: la circulación de estos productos persistió, con expansión global y presencia local creciente. En ese contexto, el Ejecutivo opta por un enfoque alineado con experiencias internacionales como Estados Unidos y Reino Unido, donde el control se ejerce a través de registros, estándares y fiscalización, no mediante prohibiciones absolutas.

La medida también activa un entramado institucional más amplio: intervienen áreas del Ministerio de Economía, organismos regulatorios, el sistema aduanero, el ente de comunicaciones y la autoridad sanitaria. Esa articulación sugiere que el Gobierno busca integrar la regulación sanitaria con herramientas de control comercial y fiscal, en lugar de abordarla como un problema exclusivamente médico.

Control estatal vs. apertura de mercado

En términos de correlación de fuerzas, la decisión fortalece la capacidad regulatoria del Ejecutivo en un terreno donde el Estado había perdido trazabilidad. El registro obligatorio y la exigencia de información técnica posicionan al Ministerio de Salud como autoridad central en un mercado que, hasta ahora, operaba en gran medida por fuera del radar formal.

Al mismo tiempo, introduce nuevas reglas de juego para importadores y fabricantes. La obligación de certificaciones, declaraciones juradas y monitoreo de ventas implica costos regulatorios, pero también habilita un marco de legalidad que antes no existía.

Desde el punto de vista político, el cambio puede tener impacto en la agenda legislativa. La regulación de productos de nicotina —especialmente en relación con menores— es un terreno sensible, donde confluyen argumentos sanitarios, económicos y de consumo. La decisión del Ejecutivo podría ordenar ese debate o, por el contrario, reactivarlo en el Congreso.

En clave económica, la formalización del mercado abre la puerta a mayor control sobre importaciones y comercialización, con efectos potenciales en recaudación y en la estructura competitiva del sector. Pero ese impacto dependerá de la capacidad efectiva de fiscalización.

Entre la evidencia y la política

El nuevo modelo apuesta a una lógica dinámica: monitorear, ajustar y regular según datos. El RNPTN no solo funcionará como registro, sino también como herramienta de vigilancia epidemiológica. Esa arquitectura sugiere que la política no queda cerrada, sino sujeta a revisión permanente.

Las próximas semanas serán clave para observar cómo se implementa el sistema —especialmente en el plazo de 45 días para su puesta en marcha— y qué nivel de adhesión logra entre los actores del mercado.

También quedará bajo análisis si la restricción de sabores y la prohibición de dispositivos descartables logran el objetivo explícito de reducir la iniciación juvenil, o si emergen nuevos formatos que vuelvan a tensionar la regulación.

El Gobierno eligió intervenir en un mercado que ya existía en la práctica. La pregunta que queda abierta no es solo sanitaria, sino política: si este cambio consolida un modelo de regulación más eficaz o si inaugura una nueva fase de disputa sobre cómo —y hasta dónde— debe intervenir el Estado en los consumos de riesgo.

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ANMAT dio de baja las habilitaciones de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja las habilitaciones otorgadas a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., al cancelar los legajos de ambas firmas, según la disposición 1848/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Según supo la Agencia Noticias Argentinasla decisión constituye el cierre administrativo del proceso iniciado en 2025, cuando el organismo ya había dispuesto la inhibición de las actividades productivas de ambas compañías y la prohibición de uso, distribución y comercialización de todos los productos registrados a nombre de HLB Pharma Group S.A.

En los considerandos, la ANMAT recordó que la medida se apoya en una serie de antecedentes regulatorios, inspecciones e irregularidades críticas detectadas en ambas firmas, además de elementos incorporados en el expediente judicial federal FLP 17371/2025. También señaló que las empresas no cuentan actualmente con director técnico responsable y que no presentaron ningún plan para revertir las inhibiciones ni recurrieron la disposición 3158/2025.

La disposición establece en su artículo 1° que se dan de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., “sin perjuicio de la inhibición de las actividades productivas” ya fijada en 2025. A la vez, en el artículo 2°, ordena reinscribir automáticamente a su vencimiento los certificados de ambas firmas, en cumplimiento de una manda judicial.

De esa manera, los certificados de los productos no fueron eliminados, sino preservados como activos vinculados a la causa penal en trámite. La ANMAT precisó además que la medida será comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, a la Ciudad de Buenos Aires y al Instituto Nacional de Medicamentos.

El texto oficial recuerda, además, que la inhibición original había sido dictada en mayo de 2025, luego de verificarse incumplimientos normativos, desvíos de calidad y fallas críticas en las buenas prácticas de fabricación, tanto en productos de HLB Pharma como en la planta de Laboratorios Ramallo.

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Lumilagro redefine su modelo tras 85 años: menos industria, más importaciones

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La histórica fabricante argentina de termos Lumilagro atraviesa una de las transformaciones más profundas de su trayectoria. Tras más de ocho décadas de producción industrial, la empresa decidió apagar los hornos de su planta de Tortuguitas y discontinuar la fabricación local de ampollas de vidrio, en un giro estratégico que combina importaciones, diseño propio y fortalecimiento comercial.

El cambio se inscribe en un proceso de reconversión más amplio, marcado por la caída del consumo, el avance de productos importados -legales e ilegales- y una reconfiguración de la cadena de valor.

Fundada en 1941 por Eugenio Suranyi y hoy conducida por la cuarta generación familiar, la compañía supo ser líder regional en termos de vidrio. Sin embargo, el nuevo escenario obligó a replantear su esquema productivo. “La caída del 50% en las ventas es real”, reconoció el CEO Martín Nadler, quien además explicó que el apagado de hornos responde tanto a necesidades técnicas como a una menor escala de producción que ya no justifica su operación.

En ese marco, Lumilagro optó por un modelo híbrido: mantendrá en Argentina el ensamblado, la fabricación de carcasas y parte de la producción de termos de acero, mientras que componentes clave comenzarán a importarse desde Asia. Las ampollas de vidrio llegarán desde India y Vietnam, y los termos de acero inoxidable se producirán en China.

La reestructuración tuvo un fuerte impacto laboral. La planta de Tortuguitas pasó de 220 empleados en 2022 a cerca de 100 puestos entre directos e indirectos en la actualidad. En total, unos 170 trabajadores dejaron la empresa mediante esquemas de retiro voluntario.

Desde la firma sostienen que se trató de un proceso ordenado y sin despidos, aunque reconocen que fue una de las decisiones más complejas en la historia reciente de la compañía.

Uno de los factores clave detrás del cambio es el crecimiento del contrabando de termos, principalmente desde Bolivia y Paraguay. Según la empresa, estos productos -fabricados con acero de menor calidad- ingresan al país de forma ilegal y ganaron fuerte participación en el mercado.

“Antes de la pandemia, uno de cada diez termos era tóxico. Hoy es uno de cada cuatro”, advirtió Nadler. Estos productos, prohibidos por la ANMAT, compiten en precio con la producción nacional y generan distorsiones en el mercado.

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