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Marina Mercante: Argentina actualiza los requisitos de titulación y alinea su sistema de formación con estándares internacionales

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) aprobó la actualización de los requisitos para obtener títulos y certificaciones del personal embarcado de la Marina Mercante. La medida incorpora formalmente las Enmiendas de Manila al Convenio STCW y busca subsanar observaciones realizadas por la Organización Marítima Internacional (OMI), un paso clave para sostener la competitividad del sistema logístico y portuario argentino.

La Resolución 35/2026 pone al día un aspecto central de la infraestructura invisible del comercio exterior: la formación y certificación del capital humano que opera buques mercantes. Aunque el impacto no es inmediato sobre los costos logísticos, la decisión tiene implicancias estratégicas para el transporte marítimo, fluvial y portuario, ya que asegura que los títulos emitidos en Argentina mantengan reconocimiento y equivalencia dentro de los estándares internacionales exigidos por la navegación comercial.

La medida responde a una observación formulada por la OMI durante la auditoría realizada al país en 2023, donde se detectó que las denominadas “Enmiendas de Manila 2010” al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW) aún no habían sido plenamente incorporadas a la normativa nacional. La actualización busca cerrar esa brecha regulatoria y adecuar los requisitos de capacitación a las tecnologías y procedimientos que hoy predominan en la actividad marítima.

Un tema técnico con impacto económico

Para el sector productivo, especialmente para las economías exportadoras que dependen de la Hidrovía Paraná-Paraguay y de los puertos marítimos argentinos, la relevancia de la resolución excede el ámbito académico o profesional.

La certificación del personal embarcado es uno de los elementos que evalúan organismos internacionales, armadores, aseguradoras y operadores logísticos al momento de validar operaciones. Una eventual falta de adecuación a los estándares STCW podría generar restricciones operativas, observaciones internacionales o mayores exigencias de control para buques con bandera argentina.

La actualización aprobada por ANPyN establece nuevas condiciones para la obtención, renovación y recuperación de títulos de oficiales de puente, oficiales de máquinas, electrotécnicos, radioperadores, marineros y demás categorías contempladas en la Marina Mercante. También incorpora exigencias vinculadas con seguridad operacional, lucha contra incendios, protección marítima, gestión de recursos de navegación y prevención de la contaminación.

Más exigencias formativas y foco en nuevas competencias

Uno de los cambios de fondo es la consolidación de un esquema de capacitación continua. Las reválidas de títulos exigen acreditar períodos mínimos de embarco o actividades vinculadas al sector, complementadas con cursos de actualización técnica y operativa.

La normativa también incorpora competencias asociadas a estándares internacionales modernos, incluyendo gestión de recursos de máquinas, prevención de la contaminación, protección de buques y procedimientos de seguridad exigidos por la navegación contemporánea.

Para las empresas navieras, esto implica una mayor necesidad de planificación en materia de recursos humanos, capacitación y certificación de tripulaciones. A cambio, se fortalece la capacidad del sistema argentino para operar bajo parámetros reconocidos internacionalmente.

La Hidrovía y la logística regional en el centro de la escena

La actualización adquiere especial relevancia para el corredor fluvial más importante del país. La Hidrovía concentra buena parte de las exportaciones agroindustriales argentinas y es el principal canal de salida para productos provenientes del NEA y del NOA.

Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa observan con atención cualquier modificación vinculada al sistema de navegación, ya que la recuperación del transporte fluvial es una de las apuestas recurrentes para reducir costos logísticos y mejorar competitividad frente a mercados internacionales.

La profesionalización del personal embarcado constituye una condición necesaria para sostener esa estrategia. La expansión de operaciones fluviales requiere tripulaciones certificadas bajo estándares aceptados globalmente, particularmente en segmentos donde convergen operadores privados, cargas regionales y servicios internacionales.

Lo que cambia para el sector

Entre los principales efectos de la resolución se destacan: Adecuación formal de Argentina a las Enmiendas de Manila 2010 del Convenio STCW. Mayor reconocimiento internacional de los títulos emitidos por el país. Actualización de competencias vinculadas a seguridad, protección marítima y prevención ambiental. Fortalecimiento de la empleabilidad internacional de los profesionales de la Marina Mercante. Reducción del riesgo regulatorio derivado de observaciones de organismos internacionales. Mayor previsibilidad para armadores, operadores portuarios y empresas navieras.

La actualización normativa resuelve una deuda regulatoria que Argentina mantenía desde hace más de una década respecto de los estándares internacionales de formación marítima. El desafío ahora pasa por la implementación efectiva: capacidad de los centros de capacitación, tiempos de certificación, disponibilidad de cursos y adaptación del sector privado a las nuevas exigencias. Para una economía que busca ganar competitividad exportadora, la calidad del capital humano embarcado es tan importante como la infraestructura portuaria o el dragado de la Hidrovía.

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Gobierno acelera la privatización de la Hidrovía y Jan De Nul queda mejor posicionada tras la apertura de ofertas

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La privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay avanzó este martes hacia su definición final luego de que el Gobierno nacional abriera las ofertas económicas de la licitación internacional para concesionar la Vía Navegable Troncal (VNT), la principal ruta fluvial de exportaciones de la Argentina. Las empresas belgas Jan De Nul y DEME presentaron exactamente la misma propuesta económica: una tarifa de US$3,80, el mínimo previsto en el pliego oficial.

Con ese escenario de paridad económica, la diferencia técnica obtenida en las etapas previas dejó mejor posicionada a Jan De Nul, actual operadora del dragado de la hidrovía, para adjudicarse un contrato de concesión que contempla operación, mantenimiento y modernización de la infraestructura durante los próximos 25 años.

Según informó el Ministerio de Economía, la nueva tarifa implica una reducción de 50 centavos respecto del esquema vigente y un ahorro estimado del 13,5%. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) deberá ahora completar la evaluación final combinando el puntaje técnico y la oferta económica antes de avanzar con la adjudicación definitiva.

Una licitación estratégica para el comercio exterior

El proceso licitatorio, iniciado en diciembre de 2025, quedó reducido en la instancia final a dos multinacionales belgas. La brasileña DTA Engenharia había participado en la primera etapa, aunque no superó la evaluación técnica.

La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye una infraestructura clave para el comercio exterior argentino y regional, ya que canaliza una porción significativa de las exportaciones agroindustriales y de otros sectores productivos. Por eso, el Gobierno nacional presentó la licitación no solo como una concesión de obra pública, sino como una pieza central de su estrategia de competitividad y reducción de costos logísticos.

En el comunicado oficial, el Ministerio de Economía sostuvo que el objetivo es “asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica”.

El dato político que el Ejecutivo buscó remarcar fue la ausencia de impugnaciones. Ni Jan De Nul ni DEME cuestionaron el pliego ni realizaron objeciones durante las instancias previas. Para el Gobierno de Javier Milei, ese punto funciona como validación institucional de un proceso que en etapas anteriores había estado rodeado de tensiones y observación pública.

Respaldo empresarial y señal política

El comunicado oficial enfatizó además el apoyo multisectorial al proceso. Entre los actores que respaldaron la licitación figuran provincias, Naciones Unidas y cámaras empresarias vinculadas al comercio exterior y la actividad portuaria.

Entre ellas aparecen la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA-CEC), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPYM) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).

La construcción de ese consenso no es menor. La hidrovía concentra buena parte del flujo exportador argentino y cualquier modificación en costos o funcionamiento impacta sobre la competitividad de cadenas productivas completas. Por eso, el Gobierno buscó mostrar que el proceso cuenta con validación técnica y acompañamiento empresario en un área sensible de la economía.

De acuerdo con la información oficial, la futura concesión contempla inversiones estimadas en torno a los US$10.000 millones para modernizar y profundizar la vía navegable.

El esquema apunta a consolidar un modelo de gestión privada sobre una infraestructura estratégica para el comercio exterior. La reducción tarifaria anunciada aparece como uno de los argumentos centrales del Ejecutivo para justificar el nuevo esquema concesionado.

La etapa que resta consiste en la evaluación final de los oferentes y la posterior firma del contrato. La ANPYN será el organismo encargado de formalizar la adjudicación.

Impacto regional y mirada desde el NEA

Aunque el núcleo operativo de la hidrovía se concentra en el corredor agroexportador del Paraná, la definición también tiene implicancias para las economías regionales del NEA y particularmente para Misiones, cuya actividad forestal, yerbatera y de comercio exterior depende de la competitividad logística nacional.

Una eventual mejora en previsibilidad operativa y reducción de costos podría tener impacto indirecto sobre sectores exportadores del norte argentino. Sin embargo, el alcance concreto de esos efectos dependerá de cómo evolucione el nuevo esquema tarifario y de las futuras inversiones en infraestructura asociada al sistema fluvial.

Con las ofertas económicas ya abiertas y sin conflictos formales entre oferentes, la licitación ingresó en una etapa de definición técnica más que política. La ventaja acumulada por Jan De Nul en la evaluación previa la deja mejor posicionada para continuar al frente de la principal vía de salida del comercio exterior argentino.

El foco ahora estará puesto en la decisión final de la ANPYN, en los términos definitivos de la adjudicación y en la capacidad del nuevo contrato para sostener la promesa oficial de menor costo logístico, modernización e inversiones de largo plazo en una infraestructura estratégica para la economía argentina.

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Puertos aplica una rebaja del 16,7% en la Hidrovía para buques que usen el Canal Martín García

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El Gobierno nacional decidió intervenir en la ecuación de costos de la Vía Navegable Troncal con una señal concreta: una rebaja del 16,7% en el peaje para los buques que transiten por el Canal Martín García. La decisión quedó formalizada el 4 de mayo de 2026 mediante la Resolución 25/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, con aplicación retroactiva desde el 1° de mayo y vigencia hasta el 30 de junio.

El movimiento no es menor. Se inscribe en pleno proceso de rediseño del esquema de concesión y control de la hidrovía, uno de los activos logísticos más sensibles del país. La pregunta que queda flotando es si se trata de un incentivo táctico de corto plazo o de una señal más profunda sobre el modelo de navegación que el Ejecutivo busca consolidar.

Reconfiguración institucional en la hidrovía

La medida no surge en el vacío. Se apoya en un proceso de reorganización que comenzó con la declaración como servicio público de las tareas de dragado, señalización y mantenimiento de las vías navegables en 2024, y que tuvo un punto de inflexión con la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante el DNU 3/2025.

Ese rediseño institucional implicó la disolución de la Administración General de Puertos y la transferencia de funciones a un ente autárquico con mayor capacidad de intervención. La nueva agencia no solo heredó competencias técnicas, sino también la potestad de actuar como autoridad de aplicación y control del sistema.

En ese marco, la resolución actual aparece como una herramienta operativa dentro de ese esquema: ajustar tarifas para ordenar el tráfico y sostener condiciones de navegabilidad mientras se define el futuro concesionario del sistema.

La decisión establece una bonificación del 16,7% sobre el peaje en el tramo comprendido entre la Sección 0.0 y la Sección 1.2 de la Vía Navegable Troncal, en ambos sentidos, exclusivamente para los buques que utilicen el Canal Martín García.

El beneficio no es nuevo en términos conceptuales. Ya había sido aplicado previamente mediante una resolución de marzo de 2026, pero con plazo vencido. Ahora se renueva bajo el argumento de los “resultados obtenidos”, aunque el texto no detalla cuáles fueron esos efectos.

La clave operativa está en tres elementos: Temporalidad definida: desde el 1° de mayo hasta el 30 de junio de 2026. Aplicación retroactiva: alcanza operaciones ya realizadas desde el inicio del período. Y focalización: solo para quienes opten por el Canal Martín García.

En términos concretos, la medida altera los costos relativos entre rutas dentro de la hidrovía, lo que puede incidir en la elección de trazas por parte de los operadores.

Control tarifario en transición

El movimiento refuerza el rol de la Agencia como actor central en la regulación económica del sistema. No solo administra contratos o fiscaliza obras: también interviene directamente en la estructura de incentivos del transporte fluvial.

En un contexto donde el contrato de concesión está en revisión y se proyecta una nueva licitación, la política tarifaria se convierte en una herramienta de gestión y, al mismo tiempo, en una señal hacia el mercado.

El Ejecutivo mantiene así capacidad de arbitraje en una etapa de transición. La bonificación puede leerse como un mecanismo para sostener flujo operativo, evitar desbalances en el tráfico o corregir distorsiones detectadas en la operatoria reciente.

Sin embargo, también introduce una variable política: quién define el costo de navegar la hidrovía mientras el modelo definitivo aún no está cerrado.

Costos logísticos en ajuste

Aunque la resolución no cuantifica impactos agregados, la reducción del peaje implica una disminución directa en los costos de transporte para los buques que utilicen el canal beneficiado.

En un sistema donde cada decisión logística impacta en la competitividad de las cargas, pequeñas variaciones tarifarias pueden modificar rutas, tiempos y márgenes.

La clave está en que la medida no es generalizada: premia una vía específica. Eso introduce competencia interna entre canales y puede redistribuir el tránsito dentro del sistema troncal.

Señales en medio de la transición

La bonificación tiene fecha de vencimiento: 30 de junio. Ese límite temporal funciona como recordatorio de que el esquema está en revisión.

Lo que ocurra después será clave. Si la medida se prorroga, podría consolidarse como política de incentivo. Si se modifica, indicará ajustes en la estrategia. Si desaparece, quedará como intervención puntual.

En paralelo, el proceso de licitación y redefinición del contrato de la hidrovía seguirá marcando el pulso de fondo. La política tarifaria, en ese contexto, aparece como una herramienta flexible para administrar una infraestructura crítica en plena transición.

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Hidrovía: el Gobierno avanza con la licitación y deja solo a dos oferentes en carrera tras filtrar la primera etapa

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El Gobierno nacional dio un paso decisivo en la licitación de la Vía Navegable Troncal al aprobar, el 19 de abril de 2026, la primera etapa del proceso y dejar en carrera a solo dos oferentes. A través de la Resolución 21/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), se precalificaron las propuestas de JAN DE NUL N.V. junto a SERVIMAGNUS S.A. y de DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING NV, mientras que se declaró inadmisible la oferta de DTA ENGENHARIA LTDA. La apertura del Sobre N° 2 —clave para definir la adjudicación— quedó fijada para el 22 de abril a las 13 horas. La decisión ordena el proceso, pero también delimita la competencia en una licitación estratégica: ¿se consolida un esquema de concentración o se garantiza competencia real en el control de la hidrovía?

Un proceso bajo control estatal y reglas estrictas

La licitación se enmarca en el régimen de concesión de obra pública por peaje previsto en la Ley 17.520 y sus modificatorias, con el objetivo de modernizar, ampliar y mantener el sistema de señalización y dragado desde el kilómetro 1238 del río Paraná hasta el Río de la Plata exterior. Se trata de un corredor clave para el comercio exterior argentino.

El esquema institucional fue redefinido en 2025 con la creación de la ANPYN, que absorbió las funciones de la ex Subsecretaría de Puertos y de la Administración General de Puertos. Desde allí se centraliza la conducción del proceso licitatorio, con facultades delegadas por el Poder Ejecutivo para llamar, evaluar y adjudicar.

Antes de llegar a esta instancia, el Gobierno habilitó una etapa de observaciones al pliego, con participación de actores del sector y recomendaciones internacionales. Ese proceso derivó en ajustes técnicos y en la apertura formal de la licitación a fines de 2025.

En febrero de 2026 se recibieron tres ofertas. Tras el análisis técnico del Sobre N° 1, la comisión evaluadora consideró admisibles dos propuestas y recomendó su precalificación. La tercera fue descartada por no cumplir un requisito clave: la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta en los términos exigidos por el pliego.

Reglas formales y tensión con los oferentes

El rechazo de DTA ENGENHARIA LTDA no solo reduce la competencia, sino que expone el peso de las condiciones formales en el proceso. La empresa intentó cuestionar el dictamen de evaluación, pero su presentación fue desestimada por no cumplir con los requisitos de impugnación, entre ellos la garantía correspondiente.

La resolución subraya un punto sensible: las instancias para cuestionar el pliego o las condiciones del proceso ya habían concluido. En ese marco, cualquier intento de revisión fuera de término es considerado improcedente.

El mensaje es claro: la administración prioriza la estabilidad jurídica del proceso y el respeto estricto a las reglas. Pero esa misma rigidez también redefine el escenario competitivo, dejando a dos actores en la instancia decisiva.

Impacto en la puja por la hidrovía

Con dos oferentes precalificados, la licitación entra en su fase más sensible. El Sobre N° 2 contendrá las variables económicas que definirán la adjudicación de una concesión que abarca dragado, señalización y mantenimiento de la principal vía de exportación del país.

La reducción de competidores puede tener efectos directos en la dinámica de la puja. Menos oferentes implica menor presión competitiva, aunque también puede interpretarse como un filtro que garantiza estándares técnicos y financieros.

Desde el punto de vista político, el Gobierno avanza con una licitación que considera estratégica para la economía nacional. El proceso busca combinar inversión privada con control estatal en un sector donde históricamente se concentran intereses económicos de alto impacto.

Definición inminente y foco en el resultado

La apertura del Sobre N° 2, prevista para el 22 de abril, marcará el inicio de la etapa final. Allí se pondrán en juego las condiciones económicas de las propuestas, incluyendo tarifas, peajes u otras formas de remuneración.

El proceso llega a esta instancia sin impugnaciones formales vigentes, lo que fortalece su validez administrativa. Sin embargo, la atención estará puesta en la transparencia de la adjudicación y en el equilibrio entre competencia y concentración.

La hidrovía vuelve a ser un eje de poder económico y político. La resolución ordena el procedimiento, pero la definición de fondo —quién controlará el principal corredor fluvial del país— todavía está en construcción.

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La ANPyN extendió el descuento del 16,7% en el peaje del Canal Martín García

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso una nueva bonificación del 16,7% en la tarifa de peaje para los buques que utilicen el Canal Martín García, en el tramo comprendido entre las Secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal. La medida, formalizada por la Resolución 6/2026, rige desde el 3 de febrero de 2026 y por 40 días corridos, y busca preservar las condiciones de navegabilidad y ordenar el tráfico en un corredor estratégico para el comercio exterior argentino.

Marco normativo y continuidad de la política de bonificaciones

La resolución se inscribe en una secuencia regulatoria iniciada con los Decretos 427/2021, 699/2024 y 709/2024, que definieron el esquema de concesión, declararon servicio público a las actividades de dragado, balizamiento y control hidrológico, y habilitaron el llamado a licitación bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje y/o servicio público conforme a la Ley 17.520.

Posteriormente, el DNU 3/2025 creó la ANPyN como ente autárquico, con personería jurídica y capacidad para actuar en el derecho público y privado, y la estableció como continuadora jurídica de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. En ese marco, la Agencia asumió las facultades de Autoridad de Aplicación y Control del contrato de modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, que se extiende desde el kilómetro 1238 del río Paraná (Confluencia) hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior, incluyendo el Canal Ingeniero Emilio Mitre y los tramos Paraná de las Palmas, Bravo, Guazú, Talavera y Paraná–Océano Atlántico.

La bonificación ahora prorrogada da continuidad a las establecidas por las Resoluciones 56/2025 y 65/2025, y a su renovación por Resolución 1/2026, que habían fijado el mismo descuento por plazos acotados. El vencimiento de ese esquema y la evaluación de resultados motivaron la nueva extensión temporal.

Alcance operativo y objetivos de la medida

La bonificación del 16,7% se aplica en ambos sentidos del tramo Sección 0.0 a Sección 1.2 del contrato vigente, exclusivamente para buques que utilicen el Canal Martín García. Según los considerandos, el objetivo central es mantener las condiciones de navegabilidad y optimizar el ordenamiento del tráfico en el Río de la Plata, en un contexto de reordenamiento de las actividades de mantenimiento y control hidrológico.

Desde el punto de vista institucional, la medida reafirma el rol de la ANPyN como autoridad técnica y regulatoria, al tiempo que articula con la Administración General de Puertos S.A.U. (en liquidación), que tomó intervención en el proceso. La decisión se adoptó con la intervención del servicio jurídico permanente, y se dictó en ejercicio de las facultades conferidas por el DNU 3/2025.

Impacto y proyección

En términos económicos, la prórroga del descuento reduce costos operativos para los buques que transitan el canal bonificado, con impacto directo en la competitividad logística del sistema fluvial y marítimo. Al tratarse de un corredor clave para la salida de cargas, la medida puede mejorar la previsibilidad de costos en el corto plazo y evitar desvíos de tráfico hacia rutas alternativas más onerosas.

La naturaleza temporal —40 días corridos desde el 3 de febrero de 2026— deja abierta la evaluación de nuevas prórrogas o ajustes en función de los resultados operativos y del avance del proceso licitatorio y de transición del contrato de concesión. En ese sentido, el esquema de bonificaciones aparece como una herramienta de gestión transitoria, alineada con el objetivo de regularidad, continuidad y eficiencia del servicio público de la Vía Navegable Troncal.

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