El Gobierno nacional creó el Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, una nueva instancia institucional destinada a seguir, monitorear y analizar el funcionamiento de la principal vía fluvial del país. La medida fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante la Resolución 47/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y busca incorporar a provincias, empresas y usuarios al seguimiento de una infraestructura estratégica para el comercio exterior argentino.

La decisión adquiere especial relevancia después de la adjudicación de la concesión para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal. El nuevo Consejo funcionará como un ámbito permanente de intercambio de información y análisis sobre el desempeño del sistema, aunque sus recomendaciones serán consultivas y no vinculantes.

La resolución destaca la dimensión económica de la vía navegable. Según los fundamentos oficiales, la Vía Navegable Troncal concentra el mayor movimiento logístico portuario de la Argentina, articula alrededor de 60 terminales portuarias a lo largo de su recorrido y constituye la ruta fluvial por la que se transporta aproximadamente el 80% de las exportaciones del país.

En términos concretos, esto significa que cualquier mejora en la previsibilidad de la navegación, la señalización, el dragado o la detección de obstáculos operativos puede tener efectos que exceden al sector portuario. Una vía navegable más eficiente impacta sobre los tiempos logísticos, la circulación de mercaderías y la capacidad de las empresas exportadoras para acceder a los mercados internacionales en condiciones competitivas.

El nuevo organismo tendrá carácter colegiado e institucional y funcionará dentro de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Su creación responde, según la resolución, a la necesidad de establecer un ámbito de participación entre el Estado nacional, las provincias y los usuarios vinculados al sistema.

La apuesta central es utilizar ese espacio para fortalecer la transparencia y generar mecanismos de alerta temprana. La norma señala que el Consejo permitirá identificar anticipadamente cuestiones operativas y sumar conocimiento técnico proveniente de los distintos actores que utilizan o intervienen en la Vía Navegable Troncal.

La herramienta también intenta resolver uno de los problemas habituales de las grandes infraestructuras logísticas: la distancia entre la regulación estatal y la experiencia cotidiana de quienes utilizan el sistema. Navieras, operadores portuarios, provincias y otros usuarios podrán aportar información y observaciones dentro de un esquema institucionalizado de seguimiento.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación mantendrá, sin embargo, el control efectivo sobre la concesión. La resolución establece expresamente que las competencias técnicas, regulatorias y contractuales continuarán siendo ejercidas de manera exclusiva por la autoridad de aplicación. Por lo tanto, el nuevo Consejo no podrá adoptar decisiones regulatorias ni reemplazará las atribuciones del organismo estatal.

Ese límite es relevante porque define al Consejo como una instancia de control y participación, pero no como un nuevo ente regulador. Sus recomendaciones tendrán carácter consultivo y no vinculante, mientras que las decisiones sobre el sistema concesionado seguirán bajo responsabilidad de la Agencia.

La creación del Consejo llega después de una serie de reuniones que la propia Agencia mantuvo con usuarios privados, compañías navieras y representantes de las provincias. Esos intercambios sirvieron como base para elaborar el Estatuto que establece la estructura y el funcionamiento del nuevo órgano.

La resolución también designó como secretario ejecutivo, con carácter ad honorem, al licenciado Carlos Alberto Ferrari. La persona designada tendrá a su cargo la función ejecutiva prevista en el Estatuto aprobado junto con la creación del Consejo.

El nuevo esquema se inscribe en una etapa de transformación de la administración de la Vía Navegable Troncal, luego del proceso licitatorio impulsado por el Estado nacional bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. La licitación comprendió la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y las tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la vía.

La infraestructura abarca desde el kilómetro 1.238 del río Paraná, en la zona denominada Confluencia, hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior, incluyendo el canal Punta Indio y distintos brazos y canales del sistema fluvial.

Desde una perspectiva de política pública, el cambio más significativo no está en la creación de una nueva autoridad con poder de decisión, sino en la institucionalización de un mecanismo de seguimiento sobre una infraestructura crítica. El desafío será que ese espacio pueda transformar información dispersa entre empresas, provincias y organismos públicos en diagnósticos útiles para anticipar problemas y mejorar la prestación.

Para la economía argentina, el resultado esperado es especialmente relevante: si el Consejo logra detectar tempranamente dificultades de navegación, problemas de señalización, necesidades de mantenimiento u otros cuellos de botella, la información podría contribuir a reducir interrupciones y mejorar la previsibilidad de una ruta por la que sale una parte sustancial de la producción nacional hacia los mercados externos.

La resolución entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial. Con su creación, el Gobierno busca sumar una capa institucional de monitoreo sobre la Vía Navegable Troncal en un momento en que su funcionamiento resulta determinante no sólo para la actividad portuaria, sino también para los costos logísticos, la competitividad exportadora y la integración comercial de la Argentina.