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Jubilados y pensionados: cuánto percibirán desde septiembre según la resolución de ANSES

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció mediante la Resolución 298/2025, publicada en el Boletín Oficial, los valores actualizados de los haberes jubilatorios y demás prestaciones previsionales que rigen a partir de septiembre de 2025. La medida fija la jubilación mínima en $320.277,17 y el haber máximo en $2.155.162,17, con un incremento del 1,9% en línea con la movilidad mensual que ajusta por inflación, conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

La resolución se dicta en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 26.417 de movilidad jubilatoria, modificada por el DNU 274/2024, que estableció la actualización mensual de las prestaciones previsionales según el IPC. Esta modalidad reemplazó el esquema trimestral vigente hasta 2023 y comenzó a aplicarse con los haberes de julio de 2024.

El artículo 3° del Decreto 110/2018, reglamentario de la Ley 27.426, otorga a ANSES la facultad de fijar los importes mínimos y máximos de la remuneración imponible, así como los haberes de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En esta oportunidad, la actualización corresponde a la variación del IPC de julio de 2025, que según los informes técnicos de ANSES ascendió a 1,9%.

Nuevos montos establecidos por ANSES

La Resolución 298/2025 detalla los siguientes valores a partir de septiembre:

  • Haber mínimo garantizado: $320.277,17.
  • Haber máximo jubilatorio: $2.155.162,17.
  • Base imponible mínima: $107.869,29.
  • Base imponible máxima: $3.505.701,35.
  • Prestación Básica Universal (PBU): $146.512,19.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 (equivalente al 80% de la mínima).

Asimismo, se dispuso que las remuneraciones de los trabajadores que cesen en la actividad a partir del 31 de agosto de 2025, o que continúen trabajando bajo la compatibilidad prevista en el artículo 34 de la Ley 24.241, se actualizarán con los índices fijados por la Subsecretaría de Seguridad Social en la Disposición 19/2025.

Impacto económico y social de la medida

El nuevo piso previsional de $320.277 representa un alivio parcial frente a la inflación, aunque especialistas advierten que la suba del 1,9% resulta insuficiente en términos reales, dado que las consultoras privadas estiman un índice de precios para agosto superior al 6%.

En este contexto, la jubilación mínima continúa por debajo del valor de la canasta básica de la tercera edad, que según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires superó los $450.000 mensuales en agosto.

La resolución también impacta en los aportes y contribuciones previsionales, al elevar las bases imponibles mínima y máxima, lo que repercute en el cálculo de los futuros haberes jubilatorios de los trabajadores activos.

Con la publicación de la Resolución 298/2025, ANSES consolida la política de movilidad mensual automática, que busca otorgar mayor previsibilidad a los jubilados y pensionados. Sin embargo, el bajo ajuste de septiembre podría intensificar los reclamos de organizaciones de jubilados y gremios, que ya exigen bonos compensatorios o revisiones extraordinarias para evitar una pérdida de poder adquisitivo más pronunciada.

La discusión por una reforma previsional integral sigue abierta en el Congreso, donde algunos bloques impulsan proyectos para reforzar los haberes mínimos y garantizar la cobertura de medicamentos esenciales.

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Confirmaron el pago del bono extraordinario para jubilados y pensionados en julio

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El Gobierno otorga un nuevo bono previsional de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos. La medida alcanza a beneficiarios de la ANSES, pensiones no contributivas y PUAM, y busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada hasta la aplicación de la nueva fórmula de movilidad

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este lunes el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000, que será abonado en julio de 2025 a los jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas cuyos ingresos no superen el haber mínimo. La medida, dispuesta mediante el Decreto 444/2025, busca compensar los efectos adversos que generó la anterior fórmula de movilidad (Ley 27.609), particularmente en los sectores de menores ingresos.

La decisión se enmarca en la continuidad de un esquema de transferencias compensatorias instrumentadas desde enero de 2024, y se suma a la aplicación plena —desde julio de este año— del nuevo mecanismo de ajuste mensual de haberes, atado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, tal como estableció el Decreto 274/24.

¿A quiénes alcanza el bono previsional?

El bono será abonado a quienes perciban:

  • Prestaciones contributivas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), regido por la Ley 24.241 y sus modificaciones.
  • La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada por la Ley 27.260.
  • Pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más, y otras pensiones graciables a cargo de la ANSES.

Para los titulares de haberes equivalentes o inferiores al mínimo previsional, el monto del bono será el total: $70.000. En el caso de beneficiarios cuyos ingresos superen el haber mínimo, el bono será equivalente al monto necesario para alcanzar el haber mínimo más los $70.000, operando como un tope compensatorio.

Según el decreto, la Ley 27.609 —vigente desde marzo de 2021 hasta junio de 2024— generó “efectos perjudiciales, principalmente sobre jubilados de menores ingresos”, debido a que no contemplaba variaciones de precios ni ajustaba los haberes frente a la inflación en tiempo real. Esa situación obligó al Ejecutivo a emitir bonos mensuales durante un año y medio.

Con la reforma de la movilidad previsional —que desde julio de 2024 se actualiza de manera mensual según el IPC—, se considera superado el desfase, aunque el Gobierno reconoció que la recuperación del poder adquisitivo aún requiere asistencia adicional para los sectores más vulnerables del sistema.

El decreto —firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello— establece que el bono tendrá carácter no remunerativo, no será sujeto a descuentos ni computable para otros beneficios. Además, la ANSES será responsable de su liquidación, control y recupero en caso de pagos indebidos, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá ajustar las partidas presupuestarias para garantizar su implementación.

El beneficio no se duplica en casos de pensiones compartidas entre copartícipes, que serán considerados como un único titular a los efectos del cobro.

Si bien el bono apunta a brindar alivio inmediato a jubilados con haberes mínimos, la medida también refleja la tensión de fondo en las finanzas públicas y la sostenibilidad del régimen previsional. La reformulación de la movilidad y la decisión de mantener subsidios directos sólo a sectores de bajos ingresos responde a la necesidad de contener el gasto social sin desmantelar totalmente la red de protección.

La aplicación mensual de aumentos por inflación puede permitir cierta previsibilidad a futuro, pero la pérdida acumulada en el poder adquisitivo durante los últimos años aún se hace sentir, especialmente en un contexto donde los bonos siguen siendo el único refuerzo para más de 6 millones de beneficiarios.

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Cajas previsionales: una pulseada entre Nación y las provincias que avanza en la Justicia

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Una decena de distritos tiene frentes abiertos con el Gobierno por los regímenes jubilatorios. Córdoba agenda audiencia con la Corte Suprema a la espera de lograr un acuerdo.

Más allá de los chispazos coyunturales entre Javier Milei y los gobernadores, algunas problemáticas de antaño vuelven a percutir en el vínculo con las provincias. Una de las principales es la deuda millonaria que Nación mantiene con las cajas previsionales de diversos distritos, cuestión billonaria con novedades en el frente judicial.

La génesis del tema data de la década de 1994, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando 13 jurisdicciones decidieron no transferir sus cajas previsionales a la órbita del Estado. Se trata de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Formosa, La Pampa, Misiones, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Con altas y bajas, la pulseada entre los jefes provinciales y la Casa Rosada se profundizó a partir de la llegada de la gestión libertaria y sus recortes en numerosos ítems que, sumados a las acreencias jubilatorias, pusieron en jaque a las arcas distritales. Así las cosas, los reclamos se mantienen a la orden del día.

La dificultad del caso para llegar a un número concreto consiste en que las provincias informan un déficit y Nación, vía auditoría con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tiene que ratificar o modificar lo que reconoce como déficit. A la vez, las administraciones no suelen publicar a tiempo la información.

Dentro del grupo mencionado, la Región Centro es una de las que suele elevar la voz por la cuestión. Allí coexisten tres provincias en la misma situación: Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Ante la consulta de este medio, en la gestión del santafesino Maximiliano Pullaro señalaron que el Gobierno debe $850 mil millones para su caja previsional.

La deuda total, en tanto, incluyendo los tres créditos principales, las obras en la Autovía Ruta Nacional 19 y el alojamiento de presos federales en cárceles provinciales, trepa a $1,1 billones.

Similar escenario atraviesa el cordobés Martín Llaryora, quien estima acreencias cercanas a los $700.000 millones con actualizaciones. La puja fue judicializada por su antecesor, Juan Schiaretti; posteriormente el propio Llaryora amplió la demanda. Ahora, la Corte Suprema convocó a una audiencia conciliatoria para el 23 de abril, donde las partes buscarán alcanzar un acuerdo.

En tanto, la gestión entrerriana de Rogelio Frigerio hizo valer a fines de 2024 su buena sintonía con la gestión libertaria y alcanzó un acuerdo para que el fisco se haga cargo de $2.000 millones mensuales correspondientes a la caja jubilatoria de la provincia. “Logró reducir a la mitad el déficit de la caja”, indicaron desde su gestión.

La firma fue rubricada en diciembre por el gobernador litoraleño junto al vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, y el Secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Se trata de un adelanto a cuenta de la deuda total, que se determinará una vez que finalice la auditoría ordenada por el Gobierno para establecer el monto exacto adeudado. El pedido de la provincia se estima en 9 mil millones de pesos por mes, a fin de cubrir el déficit mensual de la caja de jubilaciones entrerriana.

Mismo camino eligió su compañero de escudería, el chubutense Ignacio Torres. El patagónico consignó que ANSES mantiene un déficit de más de $60.000 millones con el distrito.

En septiembre, Torres y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron un acuerdo de compensación de deuda que incluye al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial; y estipula compensar dicho monto con las deudas que mantiene la ANSES con el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) por el Financiamiento del Déficit Previsional; el dinero que se debe del Consenso Fiscal y la reactivación de obras públicas nacionales postergadas. En el Chubut, sin embargo, aclaran que Nación todavía no empezó a pagarlo.

Por su parte, en noviembre pasado, la provincia de Buenos Aires realizó un desagregado sobre los pasivos que el Gobierno mantiene con su caja jubilatorio y los estimó en más de $1 billón. “El total adeudado por el Gobierno nacional a las y los bonaerenses llega a los 7,8 billones de pesos”, comentó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Y agregó: “Entre muchas otras, se trata de deudas en obra pública, en programas de salud, en fondos que le corresponden a la Provincia de Buenos Aires y en los salarios de nuestros trabajadores de la policía y de la educación”.

En Misiones sostienen que, según estimaciones propias, el rojo con su caja jubilatoria es de $200.000 millones, aunque la falta de cálculos por parte desde ANSES desde el 2018 dificulta tener precisiones. Se está trabajando con ANSES con intercambio de información, pero va muy lento. No solo ahora, también en la gestión anterior”, apuntaron. A la par, La Pampa calcula que la deuda es $850.000 millones, mientras que Corrientes habla de más de $156.000 millones.

Al coctel de pedidos que llega desde los distritos se suma la falta de Presupuesto 2025, que dificulta tener coordenadas precisas sobre las finanzas del Estado y sus partidas. Cabe recordar que actualmente rige la ley de leyes del 2023, postergada en 2024 y nuevamente ahora. La misma fue redactada en el 2022, por lo que desfasaje es de casi tres años.

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Milei echó al titular de la Anses luego de que anunciara un proyecto para cambiar la edad jubilatoria

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Mariano de los Heros será reemplazado por Fernando Bearzi, anunció el vocero presidencial. Esta mañana, el Presidente había desautorizado públicamente al funcionario saliente

El presidente Javier Milei echó al titular de la Anses, Mariano de los Heros. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Se ha solicitado la renuncia al titular de ANSES Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi”, informó Adorni.

Bearzi estuvo a cargo hasta hoy del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y responde al ministro de Economía, Luis Caputo.

Esta mañana, Milei había desautorizado a De Los Heros en una entrevista televisiva al asegurar que la reforma para modificar la edad jubilatoria que había anunciado el funcionario saliente no era un proyecto que estuviera en carpeta de la Casa Rosada. El funcionario había llegado al Gobierno a fines de febrero de 2024 en reemplazo de Osvaldo Giordano, a quien también el primer mandatario decidió desplazar cuando su esposa, la diputada por Córdoba, Alejandra Torres, no votó a favor de la Ley Bases en el Congreso.

“La reforma jubilatoria no es para este momento”, aseguró esta mañana el Presidente en América 24. Así, el jefe de Estado echó por tierra con la posibilidad de que el cambio en el sistema previsional se debata este año. De los Heros había señalado que el Gobierno buscará impulsar una reforma previsional “antes de fin de año”. Pero Milei desechó de plano esa posibilidad, en medio del año electoral.

Al ser consultado por las declaraciones de De Los Heros, señaló que “eso corre por cuenta del titular de ANSES. Eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema laboral, no puede ir con el tema previsional”. Y al ser indagado acerca de cómo se puede solucionar un problema histórico como es la economía en negro, que afecta al 40% de los argentinos, el Presidente respondió: “Nosotros estamos llevando a cabo muchas medidas para flexibilizar el mercado laboral. Desde las que mandamos en la Ley de Bases, hasta cosas que están en el decreto 7023. Es decir, todos cambios que facilitan la contratación de trabajo”.

Ante el vencimiento el próximo 23 de marzo de la moratoria previsional, De los Heros había ratificado, en una entrevista con Todo Noticias, que “el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación” y se refirió a la posibilidad de incluir en el proyecto de reforma la creación de una Prestación de Retiro Proporcional.

Esa Prestación Proporcional – que figuraba en el proyecto de Ley Bases pero que luego el Gobierno la retiró porque se descontaba que no sería aprobada por el Congreso- consiste en una jubilación según los años aportados, con la garantía de un haber mínimo equivalente a la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor) del 80% del haber mínimo (en febrero ese mínimo es de $ 218.469).

Un hecho llamativo fue que esta mañana, un alto representante del Ejecutivo en los pasillos de la Rosada había desechado la posibilidad de que De los Heros se alejara de su cargo luego de la reacción presidencial. El ahora ex titular de la ANSES tenía una buena reputación dentro de las filas libertarias y fue quien a través del organismo presentó una denuncia penal contra la ex presidenta Cristina Kirchner por la presunta comisión de los delitos de “estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica”.

El cuestionamiento se centró en la percepción de bonificaciones por “Zona Austral” en dos beneficios previsionales de la ex presidenta, a pesar de que la residencia de Fernández de Kirchner no se encontró en las áreas geográficas que justifican dicho adicional.

Cuando asumió como nuevo director de la entidad De los Heros ya contaba con experiencia en la materia, ya que a lo largo de su carrera había trabajado como gerente general de la ex Nación AFJP, entre 1994 y 2002, e incluso en la ANSeS en 2001, cuando se desempeñó como gerente general.

Además, también fue presidente de la Comisión de Legales de Anses, entre 1997 y 2000, y como director jurídico de la Superintendencia de Seguros de la Nación desde noviembre de 2006 hasta octubre de 2010. En paralelo, también ocupó el cargo extraescalafonario de gerente de Delegaciones y de Articulación de los Integrantes del Sistema de Salud, perteneciente a la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

El despido de otra funcionaria: Sonia Cavallo

La decisión de Milei se sumó a otro desplazamiento que se conoció más temprano este lunes. El Presidente despidió a Sonia Cavallo Runde de la Embajada argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) tras la serie de cuestionamientos públicos que venía realizando el padre de la ahora ex funcionaria, Domingo Cavallo, al rumbo de la política económica.

Sonia Cavallo, quien desde hace más de diez años vive en Estados Unidos, había llegado a ese cargo con sede en Washington DC, la capital estadounidense, por el vínculo que el primer mandatario tenía con el creador del programa de Convertibilidad, a quien calificaba hasta no hace mucho tiempo como “el mejor ministro de Economía de la historia”. Esa relación de elogios mutuos, cambió por las constantes críticas del ex funcionario durante los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa a la gestión actual.

“El dólar se tiene que caer como un piano. Y le voy a decir más…, en especial por el impresentable de Cavallo, y lo digo abiertamente, porque mientras que él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, el tipo de cambio de la Convertibilidad era a hoy de 700 pesos”, le dijo a Antonio Laje en una entrevista en A24.

Pocos minutos después se supo a través de un tuit del vocero presidencial, Manuel Adorni, que Cavallo había sido despedida de su cargo.

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FGS: Por decreto, suprimieron la facultad de ANSES de otorgar créditos

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El Gobierno consideró que “ofrecer créditos a tasas reales negativas implica un subsidio implícito a los beneficiarios” de estos préstamos y, en consecuencia, afecta a la estabilidad de todo el sistema previsional

En el marco del proceso que inició el Gobierno nacional contra los fondos, el Ejecutivo modificó las bases del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración de la Seguridad Social (ANSES) y el organismo no podrá otorgar créditos que se financien con ese dinero.

La decisión se hizo oficial mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1039/2024, mediante el cual se derogan algunas cuestiones de la Ley N° 24.241, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

En ese sentido, la medida deja sin efecto los incisos m) y n) del artículo 74 de la legislación mencionada, que establecían que la ANSES podía invertir el dinero del fondo en “contratos que se negocien en los mercados de futuros y opciones sujetos al contralor y supervisión oficial” y en “cédulas hipotecarias, letras hipotecarias y otros títulos valores que cuenten con garantía hipotecaria o cuyos servicios se hallen garantizados por participaciones en créditos con garantía hipotecaria”:

El Gobierno nacional considera que el FGS “no fue creado para funcionar como un fondo de crédito, sino para organizar la sustentabilidad del referido sistema y, por lo tanto, sus activos deben ser invertidos en instrumentos que garanticen la preservación de su valor”.

“Durante el año 2023, la línea de créditos para trabajadores se ofreció con una Tasa Nominal Anual del 50%, mientras que la inflación anual registrada fue del 211,4 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que evidencia un perjuicio significativo en términos reales para los activos del FGS que atenta contra la preservación y sostenibilidad del mencionado Fondo”, ejemplificaron en el considerando de la norma.

En este contexto, explicaron que “ofrecer créditos a tasas reales negativas implica un subsidio implícito a los beneficiarios de dichos créditos, en detrimento de los activos del Fondo y, por ende, de todo el resto de los beneficiarios y aportantes del Sistema Previsional”. De esta manera, alegaron que esta actividad puede ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado.

“Tanto las instituciones financieras públicas como las privadas poseen líneas de crédito activas dirigidas a jubilados y pensionados, lo que evidencia la capacidad del sistema financiero para atender esta demanda”, mencionaron. A su vez, señalaron que “fomentar la inclusión financiera a través del sector privado permitirá una diversificación de las fuentes de financiamiento para las personas jubiladas, pensionadas y beneficiarias de otras prestaciones a cargo de la ANSES, aliviando su presión y contribuyendo a la preservación de los recursos del FGS”.

El Ejecutivo señaló que la ampliación de las facultades de la ANSES en el otorgamiento de créditos “aparta al organismo de su objeto principal y configura un perjuicio sobre los recursos del Fondo, que afecta y condiciones su sustentabilidad”.

Además, esta decisión se enmarca en la declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, que rige hasta el 31 de diciembre de 2025.

Según el Gobierno, esta emergencia “implica la necesidad de reevaluar los instrumentos de inversión del FGS, establecidos en el artículo 74 de la Ley N° 24.241, con el objetivo de cesar aquellas inversiones que resulten no rentables, con el fin de asegurar la preservación del capital y la optimización de la rentabilidad de los recursos del citado Fondo, de modo de lograr una gestión más eficiente en la atención del bien común”.

El decreto está avalado también por la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, mediante la cual se delegaron en el Ejecutivo las facultades vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia. Dentro de ellas, se encuentran mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública, transparente, ágil, eficiente, eficaz y calidad.

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