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La industria textil acelera su deterioro: producción, empleo e inversión caen mientras avanzan las importaciones

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La crisis de la cadena textil e indumentaria argentina sumó un nuevo capítulo en marzo y profundiza una tendencia que ya preocupa a empresarios, industriales y provincias con fuerte presencia manufacturera. La producción continúa en retroceso, el empleo formal sigue destruyéndose, la inversión se desploma y las importaciones de productos terminados ganan terreno en el mercado interno, en un escenario donde el consumo aún no logra recuperarse.

Según un informe de la Fundación Pro Tejer, la producción textil registró en marzo una caída interanual del 23,3%, ubicándose además un 31,3% por debajo de los niveles de 2023. La fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado también mostró un desempeño negativo, con una retracción del 8,9% respecto del mismo mes del año anterior y una producción que se encuentra 19% por debajo de los registros previos al cambio de ciclo económico.

Detrás de estos números aparece una combinación de factores que el sector considera especialmente compleja: la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la desaceleración del consumo masivo, la apreciación cambiaria, la apertura comercial y el crecimiento de las importaciones de bienes finales. El resultado es una industria que opera con niveles históricamente bajos de utilización de capacidad instalada y enfrenta crecientes dificultades para sostener sus estructuras productivas.

La capacidad instalada de la industria textil se ubicó en apenas 40,2%, más de doce puntos por debajo de los niveles de 2023. En términos prácticos, durante el primer trimestre cerca de siete de cada diez máquinas permanecieron detenidas en las plantas fabriles. La baja actividad también quedó reflejada en el desempeño comercial. Pro Tejer destacó que las ventas continúan sin mostrar señales de recuperación y citó como ejemplo la última edición del Hot Sale, donde las ventas del sector registraron una caída cercana al 10% interanual en términos reales.

La presión sobre las empresas se intensifica porque la debilidad de la demanda limita la posibilidad de trasladar costos a precios. En abril, el rubro prendas de vestir y calzado registró una suba interanual de apenas 12,7%, muy por debajo de la inflación general del 32,4%. Desde diciembre de 2023, los precios del sector acumulan un incremento de 125,4%, prácticamente la mitad de la evolución del índice general de precios.

Desde la entidad sostienen que numerosas empresas venden por debajo de sus costos para sostener liquidez y reducir los elevados niveles de stock acumulado. La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) confirmó esta situación al señalar que el 52% de las firmas relevadas declara tener inventarios excesivos, más del doble que un año atrás.

La apertura comercial también modifica la estructura del mercado. Durante los primeros cuatro meses del año ingresaron al país 107.000 toneladas de productos textiles e indumentaria por un valor de USD 571 millones. Aunque las cantidades totales muestran una baja interanual del 18%, el dato esconde una transformación relevante: crecen con fuerza las importaciones de productos terminados mientras caen las compras de insumos y materias primas destinadas a la producción nacional.

Particularmente preocupante para el sector es el avance de la indumentaria importada. Entre enero y abril ingresaron 23.482 toneladas de ropa por USD 333 millones, lo que representa un crecimiento del 79% en volumen y del 48% en valor respecto del mismo período del año anterior, alcanzando niveles récord para la serie histórica.

La contracara de este fenómeno es el derrumbe de la inversión productiva. Las importaciones de bienes de capital destinados a la cadena textil e indumentaria sumaron apenas USD 26 millones en el primer cuatrimestre, con una caída del 43% interanual y del 65% frente a 2023. Para Pro Tejer, de mantenerse esta dinámica, 2026 podría transformarse en uno de los peores años de las últimas décadas en materia de renovación tecnológica y ampliación de capacidad productiva.

El impacto social ya es visible. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el complejo textil, confecciones, cuero y calzado registró la mayor caída del empleo privado formal entre todos los sectores económicos relevados. Desde diciembre de 2023 se perdieron 22.156 puestos de trabajo, equivalentes a una reducción del 18% del empleo registrado.

La contracción también alcanza a la estructura empresarial. En poco más de dos años desaparecieron 803 establecimientos productivos registrados, una caída del 13% que afecta especialmente a los segmentos de indumentaria, cuero y calzado.

Para provincias industriales del interior, donde la actividad textil tiene fuerte incidencia en la generación de empleo y en las economías regionales, el deterioro del sector trasciende la coyuntura. La combinación de menor producción, pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas y caída de la inversión amenaza con erosionar capacidades productivas acumuladas durante décadas. Una vez que esas estructuras desaparecen, advierten desde el sector, su reconstrucción demanda años de inversión, capacitación y recuperación de mercados.

Mientras tanto, las expectativas empresariales continúan estancadas. Más de la mitad de las firmas consultadas por la CIAI considera que el escenario económico seguirá siendo apenas regular y sólo el 13% manifiesta perspectivas positivas. En un contexto donde el mercado interno no reacciona y la competencia importada se intensifica, la industria textil enfrenta uno de los momentos más delicados desde la crisis de comienzos de siglo.

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Café Martínez abrió en Oberá con inversión misionera y apuesta al crecimiento en la región

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La esquina de 9 de Julio y Ralf Singer volvió a encenderse como uno de los puntos emblemáticos del centro obereño. Allí, donde durante años funcionó un histórico local gastronómico, abrió oficialmente sus puertas Café Martínez, una de las marcas cafeteras más reconocidas de la Argentina, que eligió a Oberá para instalar su sucursal número 202 y profundizar su expansión en el interior del país.

La apertura representa la segunda presencia de la firma en Misiones y llega de la mano de inversión privada misionera, en un escenario todavía incierto, pero donde algunas ciudades del interior logran sostener niveles de actividad, consumo y desarrollo comercial que llaman la atención de las grandes franquicias nacionales.

Detrás del proyecto aparece el empresario misionero Alexis Stefan, quien celebró el desembarco de la marca en la Capital del Monte y remarcó que Oberá venía siendo observada desde hace tiempo por la franquicia como una plaza estratégica.

“Estamos muy pero muy contentos de desembarcar en la ciudad. Es una franquicia a nivel mundial hoy, con presencia en diferentes países y más de 200 locales en Argentina”, señaló Stefan durante la inauguración.

El empresario contó a Economis que el proyecto comenzó de manera informal, casi casual, en una reunión entre amigos. “Fue en un asado, tomando vino, no precisamente un café. Me hicieron la propuesta y la verdad que encantado de ser parte”, relató.

La apuesta no se limita al posicionamiento de marca. El nuevo local generó 14 empleos directos, varios de ellos vinculados a programas de inserción laboral juvenil articulados junto al municipio obereño. Para una ciudad del interior, el dato adquiere relevancia en un escenario donde el empleo privado continúa mostrando dificultades en buena parte del país.

“Sobre todo es fuente laboral. Estamos hablando de 14 empleos directos, un número importante para seguir creciendo”, remarcó Stefan, quien tiene otras empresas vinculadas al expendio de combustibles.

El nuevo Café Martínez fue diseñado con un perfil premium, respetando la identidad arquitectónica del lugar y buscando integrarse al movimiento urbano de una de las esquinas más transitadas de Oberá. La ubicación no fue casual: frente a la plaza, rodeado de colegios, comercios y circulación permanente, el punto aparece como uno de los nodos comerciales más dinámicos de la ciudad.

Marcelo Salas Martínez, uno de los dueños y directores de la cadena de cafeterías que lleva su apellido materno y que sus abuelos fundaron hace más de 80 años, destacó tanto la elección estratégica del lugar como la identidad cultural de Oberá. “Estamos muy emocionados. Vimos una ciudad hermosa, muy cuidada y con gente que quiere mucho su lugar”, expresó.

Incluso valoró el componente histórico del inmueble, recordando que allí funcionó durante años una tradicional cervecería vinculada a familias inmigrantes. “Eso le da un toque distinto. Argentina se construyó con inmigrantes trabajadores y este lugar refleja parte de esa historia”, afirmó.

Desde el municipio también interpretaron la llegada de la firma como una señal económica positiva para la ciudad. El intendente Pablo Hassan destacó que la elección de Oberá por parte de una cadena internacional refleja un cambio de escala urbana y comercial.

“Que una marca de nivel internacional haya elegido Oberá para abrir su sucursal número 202 demuestra el crecimiento que está teniendo la ciudad. Ya no somos un pueblo; somos una ciudad grande, en auge y con oportunidades”, sostuvo.

Hassan además puso el foco en el trabajo conjunto entre el sector privado y el municipio para facilitar la incorporación de jóvenes al mercado laboral formal. “Algunas de las personas contratadas participaron de procesos de primer empleo junto con el municipio”, explicó.

La inauguración de Café Martínez se suma a un proceso de expansión comercial que Oberá viene mostrando en los últimos años, con nuevas inversiones privadas, crecimiento del sector gastronómico y un movimiento económico cada vez más dinámico en el centro de la provincia.

Mientras muchas ciudades todavía enfrentan retracción del consumo y cautela inversora, la apuesta de una marca nacional de primera línea en Oberá funciona también como un termómetro sobre el potencial comercial que algunas plazas del interior continúan ofreciendo.

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Lumilagro retrocede tras la crisis en redes y expone el costo político de la reconversión empresaria

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Lumilagro quedó atrapada en una crisis de comunicación con derivaciones económicas y simbólicas después de que su cuenta oficial en X recomendara comprar termos Stanley y defendiera esa elección como “lo mejor para el país”. El episodio, que derivó en un fuerte rechazo en redes sociales, terminó con la eliminación del posteo original y un giro discursivo de la propia empresa, que pasó de la provocación al tono defensivo para explicar que atraviesa una reconversión destinada a “adaptarse, sobrevivir y volver a crecer”. La secuencia no fue un simple traspié digital: expuso, en tiempo real, la tensión entre apertura comercial, competencia importada y supervivencia industrial.

El caso impactó porque tocó una fibra sensible del actual escenario económico. No se trató solo de una mala decisión en redes ni de un mensaje desacertado de community management. Según el texto base, la cuenta está manejada por su propio dueño, lo que le dio al episodio un peso mayor: la empresa no habló por error técnico, habló en primera persona. Y cuando tuvo que retroceder, ya no discutía una publicación, sino el sentido de su propio reposicionamiento frente a un mercado más hostil.

De la provocación a la explicación: qué mostró el giro de la empresa

Todo comenzó con una recomendación desde la cuenta oficial de Lumilagro para comprar termos Stanley. El mensaje, presentado bajo la idea de que era “lo mejor para el país”, generó una ola de críticas y desconcierto, precisamente porque provenía de una fábrica identificada históricamente con la producción nacional de termos. La controversia escaló rápido y una de las respuestas que tomó visibilidad fue la de Claudio García, conocido como el “Turco”, quien ironizó: “Miren, Adorni consiguió nuevo laburo de CM”.

Con el correr de las horas, el dueño de la empresa eliminó el tuit y fijó un nuevo mensaje. Ahí apareció el verdadero fondo del conflicto. Lumilagro explicó que atraviesa una situación económica compleja y defendió su proceso de reconversión. “Toda reconversión es dolorosa, pero ninguna empresa pone las reglas del juego”, sostuvo la firma. También aseguró que no despidió personal y que todos los retiros fueron “por común acuerdo” para adecuarse a un nuevo escenario competitivo.

Ese cambio de tono no fue menor. La empresa pasó de una comunicación disruptiva, casi desafiante, a una narrativa de justificación defensiva. En términos políticos y económicos, el giro reveló que detrás del escándalo digital hay un problema más estructural: la presión que ejerce la competencia sobre firmas que intentan sostenerse en un contexto de transformación del mercado.

Reconversión, competencia y señales sobre el nuevo clima económico

La explicación posterior de Lumilagro introdujo una definición central. La empresa planteó que adaptarse no es una opción ideológica, sino una condición de supervivencia. En ese marco, vinculó la reconversión con la apertura de locales propios, la fabricación de parte de sus productos y el crecimiento de sus áreas comercial, de diseño e ingeniería.

Traducido a clave de poder económico, el mensaje deja ver un desplazamiento. La firma no discute solamente cómo vender más; discute cómo seguir existiendo sin perder pie frente a la competencia. Y en ese punto, el episodio trasciende la anécdota de redes sociales. Muestra cómo una empresa local intenta reordenarse en un escenario donde las reglas del mercado, según su propia expresión, no las fija el sector privado.

El dato relevante es que la empresa buscó despegarse de una imagen de ajuste puro. Negó despidos y habló de retiros acordados. También proyectó que, si la reconversión funciona, podrá volver a generar empleo. No hay cifras ni plazos en el texto base para medir el alcance real de ese proceso, pero sí una señal concreta: Lumilagro ya no se presenta solo como fabricante, sino como una compañía que reorganiza su estructura para competir de otra manera.

El impacto político de un traspié que no quedó en lo digital

La repercusión del caso no se agotó en el repudio online. Lo que quedó expuesto fue una escena incómoda para el debate público: una marca emblemática asociada a la industria nacional terminó promoviendo a un competidor y después tuvo que explicar que lo hizo en medio de su propia crisis. Esa contradicción amplificó el costo reputacional.

En la correlación de fuerzas, el episodio fortalece una lectura crítica sobre el impacto de la competencia importada en las empresas locales, aunque el texto base no permite extender esa conclusión más allá de esta firma. Al mismo tiempo, deja a la empresa en una posición delicada frente a su propio público: debe convencer de que su reestructuración no implica retirada, sino una apuesta a seguir en el mercado con otro formato.

También hay una dimensión política más amplia. Cuando una firma industrial queda obligada a explicar públicamente su reconversión tras un escándalo de comunicación, lo que se pone en juego no es solo su estrategia de marca, sino la legitimidad social de los cambios que está ejecutando. En ese sentido, Lumilagro no discutió únicamente un error de redes: discutió el relato de su continuidad.

Un episodio menor en apariencia, pero revelador en su trasfondo

A primera vista, el caso puede leerse como un papelón en X. Sin embargo, el fondo del asunto sugiere algo más. La marcha atrás de Lumilagro dejó al descubierto la incomodidad de muchas empresas cuando deben adaptarse a un entorno competitivo que las obliga a modificar procesos, achicar costos o redefinir su modelo operativo, pero sin perder identidad frente al consumidor.

Lo que habrá que seguir en las próximas semanas es si la firma logra estabilizar su mensaje y transformar esa explicación de crisis en una narrativa de relanzamiento. También quedará por ver si su apuesta por locales propios, nuevas áreas y fabricación parcial alcanza para recomponer su posición sin profundizar el desgaste reputacional que dejó el episodio.

Porque a veces una crisis en redes no nace solo de un posteo mal calculado. A veces funciona como síntoma. Y en este caso, lo que asomó detrás del error fue una discusión más áspera: cómo se adapta una empresa tradicional cuando el mercado cambia más rápido que su lenguaje.

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Sin producción local, Argentina abre el mercado de importaciones de aislantes eléctricos

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El Gobierno nacional avanzó con una decisión que combina urgencia operativa y definición estratégica: el Ministerio de Economía resolvió levantar las medidas antidumping sobre la importación de aislantes eléctricos de porcelana desde China, Brasil y Colombia.

La medida, oficializada el 17 de marzo mediante la Resolución 345/2026, responde a un dato crítico: la producción local dejó de existir. Con la salida definitiva de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino SA (FAPA), el país quedó sin capacidad interna para abastecer un insumo clave de la red eléctrica. La decisión abre el mercado, pero también deja al descubierto una tensión mayor: ¿la apertura es una respuesta puntual o el síntoma de un cambio más profundo en la política económica?

El dato técnico es contundente. Los aislantes alcanzados por la norma —utilizados en líneas, transformadores y sistemas eléctricos— son indispensables para el mantenimiento y expansión de la infraestructura energética. Sin producción local, el riesgo de desabastecimiento dejó de ser una hipótesis.

De la protección a la apertura: el giro forzado por la ausencia de oferta local

La resolución del Ministerio de Economía de la Nación elimina por al menos seis meses las barreras que desde 2021 protegían a la industria local frente a importaciones a precios considerados desleales. Pero el contexto cambió: ya no hay industria que proteger.

La decisión se apoya en un argumento directo. FAPA, que había concentrado la producción nacional de estos insumos, cesó sus operaciones de manera definitiva, incluso con el remate de su maquinaria. En términos concretos, el esquema de protección perdió sentido económico: mantener el antidumping implicaba encarecer importaciones sin resguardar producción local ni empleo activo.

El efecto inmediato es la habilitación del ingreso de aislantes desde mercados externos para garantizar obras y mantenimiento del sistema eléctrico. En otras palabras, el Estado reemplaza protección por abastecimiento.

Impacto en la red eléctrica: evitar un cuello de botella operativo

La salida de FAPA no solo representa un dato industrial. Tiene consecuencias directas sobre la infraestructura energética. La falta de aislantes comprometía la ejecución de obras y el mantenimiento de redes, un punto sensible en un sistema que ya opera con restricciones.

La apertura de importaciones aparece, en este contexto, como una decisión defensiva para evitar un freno en la red eléctrica. El objetivo es garantizar continuidad operativa en un sector crítico, incluso a costa de resignar instrumentos de política industrial.

El dato que subyace es que la política económica empieza a priorizar la disponibilidad de insumos por sobre la protección sectorial, al menos en rubros donde la producción local ya no existe.

Tensión con la industria: apertura, costos y empleo

La medida se inscribe en una tendencia más amplia. El Gobierno viene avanzando en la reducción de barreras a la importación en distintos sectores, con el argumento de normalizar mercados y reducir costos. Sin embargo, ese proceso tiene un correlato político: la presión sobre el entramado industrial.

El cierre de FAPA —que llegó a emplear a 70 trabajadores— se suma a una lista de empresas que no lograron sostener su actividad en este nuevo contexto. La ecuación es conocida: apertura, competencia externa y dificultades para igualar costos.

En ese escenario, la decisión del Ministerio de Economía refuerza una señal hacia el sector productivo. La protección deja de ser un eje automático y pasa a depender de la viabilidad efectiva de cada actividad. Cuando esa viabilidad desaparece, la política pública se reorienta.

Esto no ocurre en un vacío político. La relación entre el Gobierno y sectores industriales ya muestra tensiones, con cuestionamientos cruzados sobre el impacto de la apertura en el empleo y la producción.

Un cambio de lógica: de proteger producción a garantizar funcionamiento

La eliminación del antidumping en este caso puntual marca un desplazamiento en la lógica de intervención estatal. Ya no se trata de sostener una industria que no está, sino de asegurar que el sistema funcione.

El movimiento tiene implicancias más amplias. Señala que, en determinadas condiciones, la política económica priorizará la eficiencia operativa del sistema —en este caso, la red eléctrica— por sobre la reconstrucción de capacidades industriales en el corto plazo.

Sin embargo, la medida es temporal. El plazo de seis meses deja abierta la posibilidad de revisión, lo que introduce un margen de flexibilidad en un contexto todavía inestable.

Entre la urgencia energética y la estrategia industrial

La decisión resuelve un problema inmediato, pero abre interrogantes hacia adelante. El primero es si la importación cubrirá de manera sostenida la demanda de estos insumos y en qué condiciones de costo.

El segundo, más estructural, es qué lugar ocupará la industria nacional en sectores estratégicos donde la producción se ha retraído o desaparecido. La experiencia de FAPA plantea una advertencia: una vez que se pierde capacidad productiva, la recuperación no es automática.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en cómo evoluciona el abastecimiento de la red eléctrica y si emergen nuevos casos similares en otros rubros. También en la reacción del sector industrial frente a una política que, en los hechos, empieza a redefinir prioridades.

La resolución del Ministerio de Economía no solo habilita importaciones. Expone una discusión de fondo que todavía no está cerrada: qué se protege, qué se abre y bajo qué condiciones en el nuevo esquema económico.

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McDonald’s activa su expansión en Posadas y suma 60 empleos

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La Municipalidad de Posadas confirmó el lunes 16 de marzo de 2026 la articulación con McDonald’s para la apertura de una nueva sucursal en el centro de la ciudad, sobre la calle Bolívar, con una proyección de incorporación de alrededor de 60 trabajadores. El dato no es menor: en un escenario de desaceleración del empleo formal, el movimiento combina inversión privada con intermediación estatal y vuelve a poner en discusión el rol de los municipios como facilitadores del mercado laboral. ¿Se trata de una señal de reactivación o de un esquema de empleo de baja escala en medio de un contexto más restrictivo?

La inauguración del local está prevista para finales de mayo y marca la llegada de una segunda boca de la firma en la ciudad. El proceso de selección no quedará exclusivamente en manos de la empresa: la Oficina de Empleo municipal asumirá la etapa inicial de búsqueda y preselección de perfiles, lo que introduce una dimensión política en una decisión empresarial que, en otros contextos, suele gestionarse de manera autónoma.

Un esquema de intermediación que ordena la oferta laboral

El mecanismo elegido no es nuevo, pero sí relevante en su timing. La Municipalidad canaliza la demanda laboral a través de su Bolsa de Empleo, priorizando a jóvenes de entre 18 y 23 años que ya pasaron por instancias de capacitación impulsadas por el propio municipio. Esa decisión ordena la oferta disponible y le otorga al Estado local un rol activo en la asignación de oportunidades.

En términos institucionales, la intervención no modifica las reglas de contratación de la empresa, pero sí condiciona el universo inicial de postulantes. Los perfiles preseleccionados serán luego derivados al equipo de McDonald’s, que definirá la incorporación final. El esquema, en los hechos, combina criterios de política pública con lógica empresarial.

El programa también contempla una instancia posterior en la que podrían incorporarse jóvenes de entre 16 y 18 años, bajo las condiciones legales vigentes. No es un dato accesorio: introduce la dimensión de primer empleo en un segmento etario con dificultades estructurales de inserción.

Empleo, formación y control del territorio laboral

El movimiento fortalece, en lo inmediato, la capacidad del municipio para intervenir en el mercado de trabajo local. Al centralizar la preselección, la gestión municipal no solo acompaña la inversión privada, sino que también direcciona el acceso al empleo hacia quienes ya están dentro de su circuito de formación.

Esa lógica genera un doble efecto. Por un lado, potencia a quienes participaron en capacitaciones previas, reforzando la política pública de empleabilidad. Por otro, limita —al menos en una primera etapa— la competencia abierta, ya que la convocatoria podría ampliarse recién si no se cubren los cupos iniciales.

En términos de correlación de fuerzas, el esquema consolida al municipio como un actor clave en la intermediación laboral, especialmente en sectores de servicios. La empresa, por su parte, mantiene el control final de la contratación, pero acepta una mediación estatal que le reduce costos de búsqueda y filtrado de personal.

Impacto económico acotado, señal política relevante

La creación de 60 puestos de trabajo tiene un impacto directo pero limitado en términos macroeconómicos. Sin embargo, el movimiento adquiere relevancia política por su valor simbólico: en un contexto de restricción presupuestaria y tensión sobre el empleo, cualquier expansión del sector privado con generación de puestos formales se convierte en un activo.

Las tareas previstas —atención al cliente, caja, producción de alimentos, limpieza y logística interna— se inscriben en el segmento de empleo de servicios, con fuerte rotación y baja barrera de ingreso. No es un detalle menor: define el tipo de inserción laboral que se está promoviendo.

La articulación público-privada aparece así como una herramienta pragmática. El municipio facilita, la empresa ejecuta. El resultado es empleo, pero también una forma de gestión del mercado laboral que refuerza la centralidad del Estado local.

Un movimiento táctico en un escenario abierto

La apertura de una segunda sucursal y la incorporación de personal pueden leerse como una señal de confianza en la plaza local. Pero también como una apuesta de escala controlada, sin expansión masiva ni compromisos de mayor volumen.

Lo que ocurra en las próximas semanas será clave: si la convocatoria logra cubrir los perfiles previstos, si la ampliación a otros postulantes se activa o no, y cómo evoluciona la demanda en el nuevo local una vez inaugurado.

En paralelo, queda latente una pregunta más amplia: si este tipo de articulaciones se consolida como modelo para futuras inversiones o si responde a una coyuntura puntual donde el Estado municipal busca sostener niveles de empleo en un contexto más incierto.

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