apertura comercial

Quirno prometió abrir el 80% del comercio mundial y presentó a Malvinas como una batalla económica

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La diplomacia argentina dejó de pensarse solamente en términos de comunicados, cumbres y declaraciones formales. Bajo el Gobierno de Javier Milei, la Cancillería pretende convertirla en una herramienta económica: abrir mercados, atraer inversiones, proteger exportaciones y utilizar el potencial energético y minero del país como instrumento de poder.

Ese fue el eje de la exposición del canciller Pablo Quirno durante el almuerzo de cierre del Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, realizado en el hotel Loi Suites de Puerto Iguazú. Ante empresarios y referentes del sistema financiero, el funcionario presentó la apertura internacional como una segunda etapa del programa económico, posible -según argumentó- después de haber estabilizado las principales variables macroeconómicas.

El orden es lo que nos hace ganar la batalla de la credibilidad, de la confianza y de la previsibilidad”, sostuvo.

Quirno aseguró que la Argentina pasó de comerciar, mediante sus acuerdos vigentes, con economías que representaban apenas el 10% del producto bruto interno mundial a cubrir alrededor del 30%. El objetivo oficial es llegar rápidamente al 50% y alcanzar el 80% al finalizar un eventual segundo mandato de Milei, en 2031.

La estrategia combina acuerdos comerciales, desregulación interna, defensa de mercados y valorización de activos estratégicos. En esa ecuación aparecen la energía, la minería y la producción de alimentos, pero también la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

El canciller comenzó su discurso recordando el punto de partida del Gobierno: inflación elevada, reservas internacionales negativas, falta de confianza y la posibilidad de una crisis terminal.

En ese contexto, destacó la decisión de Milei de mantener el rumbo aun en los momentos de mayor incertidumbre política.

Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha, pero el Presidente siempre mantuvo sus convicciones intactas”, afirmó.

Quirno señaló que el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica permitieron comenzar a ejecutar proyectos que, dos años atrás, no tenían condiciones de financiamiento. Puso como ejemplo el proceso de concesión de rutas: sin estabilidad, costo de capital razonable y previsibilidad, explicó, ningún inversor podía calcular adecuadamente la relación entre riesgo y retorno.

La misma lógica se aplica a la política exterior. Para abrir mercados no alcanza con una negociación diplomática: también deben existir productores preparados para exportar, certificaciones sanitarias, reglas claras y capacidad para sostener los contratos.

“Nosotros estamos para generar las condiciones necesarias para que el sector privado invierta, produzca, emplee gente, disponga de sus ganancias y pueda avanzar en el crecimiento del país”, definió.

Quirno presentó como uno de los principales logros del Gobierno la ampliación del acceso comercial de la Argentina. Mencionó los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, Singapur y la Asociación Europea de Libre Comercio, conocida como EFTA, además del proceso de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

Según sus cifras, durante el último año fueron abiertos 24 mercados nuevos y se concretaron 268 reaperturas para productos argentinos.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ocupó un lugar central. Quirno recordó que demandó 26 años de negociaciones y sostuvo que la administración de Milei consiguió firmarlo, obtener su primera aprobación dentro del bloque y ponerlo provisionalmente en vigencia desde el 1 de mayo.

El desafío, explicó, era que la oportunidad encontrara preparados a los exportadores. Como ejemplo, señaló que los productores argentinos agotaron en apenas diez horas el cupo anual de miel habilitado por el acuerdo. La cuota fue cubierta principalmente por producción de Concordia y otras zonas de Entre Ríos.

“Lo mismo pasó con los huevos y con el arroz. Había estabilidad económica, pero también un proceso de desregulación que permitió conseguir las aprobaciones y certificaciones necesarias. Cuando el acuerdo entró en vigencia, estábamos listos”, afirmó.

Para una provincia exportadora como Misiones, atravesada por la necesidad de ampliar los destinos de la yerba mate, el té, la madera y otros productos regionales, la apertura de mercados aparece como una oportunidad. Sin embargo, el canciller no hizo anuncios específicos para esas cadenas productivas durante su paso por Iguazú.

Quirno advirtió que firmar acuerdos constituye apenas el primer paso. La nueva etapa consiste en defender activamente los mercados conquistados.

Relató que, cuando comenzaba a implementarse el entendimiento con el Mercosur, la Unión Europea clasificó a la soja argentina como producto de alto riesgo. La decisión podía afectar severamente las exportaciones de biodiésel.

La Cancillería trabajó entonces con las provincias y el sector privado para presentar datos sobre el sistema productivo argentino. Según Quirno, la evidencia consiguió que las autoridades europeas retiraran la objeción.

“Estamos desacostumbrados porque nunca habíamos pasado por este proceso. No alcanza con anunciar que abrimos un mercado: después hay que defenderlo”, sostuvo.

El funcionario afirmó que los resultados también desmienten las advertencias sobre una supuesta falta de competitividad cambiaria. Aseguró que la Argentina registra los niveles de exportación más altos de su historia, tanto en cantidades como en divisas obtenidas.

Energía y minería: “Dos nuevas pampas”

El canciller describió la transformación energética como uno de los cambios estructurales de la economía. Recordó que, pocos años atrás, el país registraba un déficit energético de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. Para este año, en cambio, proyectó un superávit cercano a los 10.000 millones.

“En dos o tres años vamos a estar en el nivel de exportaciones promedio del sector agroexportador. Vamos a tener una nueva pampa”, aseguró.

La segunda “pampa” será la minería. Quirno contrastó los 60.000 millones de dólares anuales que exporta Chile en minerales con los aproximadamente 6.000 millones de la Argentina, pese a compartir la misma cordillera.

“No es que todos los minerales cayeron del lado chileno. Nosotros tenemos los recursos naturales y el capital humano. Lo que siempre nos faltó fue generar las condiciones necesarias”, explicó.

La herramienta elegida para cerrar esa brecha es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Según Quirno, ya existen 25 proyectos aprobados con compromisos de inversión por alrededor de 55.000 millones de dólares, mientras que la cartera completa en evaluación llega a 155.000 millones.

El régimen busca garantizar previsibilidad a emprendimientos cuyo retorno excede ampliamente un período presidencial. Una mina iniciada después de diciembre de 2023, ejemplificó, difícilmente habría comenzado a producir durante el primer mandato de Milei. Sin garantías de continuidad, esa inversión no se habría concretado.

“El equilibrio fiscal es el que al final del día da seguridad jurídica, porque evita la necesidad de meterse en los contratos entre privados”, planteó.

Malvinas: hacer elegir a las petroleras

Quirno vinculó directamente la valorización de Vaca Muerta, la minería y los demás activos argentinos con la nueva estrategia sobre las Islas Malvinas.

La Ley 26.659 permite sancionar a las petroleras que operan en las islas sin autorización argentina y les prohíbe desarrollar actividades en el territorio continental. El problema, explicó, es que cuando la norma fue sancionada Vaca Muerta todavía no tenía el valor económico actual. Las compañías no perdían demasiado al quedar excluidas del mercado argentino.

El Gobierno pretende cambiar esa ecuación.

“Van a tener que elegir entre invertir en un territorio disputado, con licencias ilegales, o venir a la Argentina, con seguridad jurídica y una potencialidad de negocios mucho mayor”, advirtió.

El decreto reglamentario anunciado por Milei busca acelerar las sanciones no solamente contra las operadoras petroleras, sino también contra sus proveedores de servicios financieros, seguros, logística y asistencia técnica.

Según el canciller, cerca de 180 compañías ya fueron notificadas de que deberán elegir entre mantener sus vínculos con las operaciones en Malvinas o acceder al mercado argentino.

La declaración jurada exigida a quienes pretendan ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones incluirá la obligación de informar que no se encuentran en infracción a la legislación sobre hidrocarburos en las islas.

Quirno anticipó además que el Ejecutivo enviará al Congreso una reforma de la Ley 26.659 para ampliar las sanciones y, al mismo tiempo, crear un mecanismo de salida para las empresas que abandonen las actividades consideradas ilegales.

La legislación actual, reconoció, castiga a las compañías, pero no les ofrece incentivos para corregir su conducta. La nueva norma buscará que puedan regresar al sistema si desisten de operar en las islas sin autorización argentina.

El segundo componente de la estrategia será la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. Quirno sostuvo que el proyecto llevaba años en carpeta, pero que nunca había contado con recursos suficientes.

El ordenamiento de las cuentas públicas permitió, según explicó, generar el espacio fiscal necesario sin abandonar la regla del déficit cero.

“Hoy compramos el espacio fiscal para poner recursos directamente en una base naval estratégica. Eso también es algo novedoso, que no se pudo hacer nunca”, afirmó.

La base permitirá reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, mejorar la logística hacia la Antártida y ampliar la capacidad para custodiar los recursos naturales de la zona.

El canciller insistió en que no se trata de medidas aisladas ni adoptadas “a la marchanta”, sino de una estrategia coordinada que combina herramientas diplomáticas, jurídicas, económicas y financieras.

Definió ese enfoque como una “diplomacia ejecutiva” y aseguró que sus primeros efectos ya podían observarse en la cotización bursátil de las compañías vinculadas con las operaciones en Malvinas.

La advertencia a Chile

La estrategia también alcanza a los países vecinos que ofrecen apoyo logístico a las actividades económicas desarrolladas en las islas.

Quirno reveló que el tema fue planteado durante una conversación entre Milei y el presidente de Chile. Según explicó, la Argentina cuestionó la asistencia chilena en materia de hidrocarburos, pesca y logística a las empresas que operan en Malvinas.

El comunicado posterior al encuentro, dijo, reconoció la preocupación argentina y abrió una instancia de revisión.

Para el canciller, la posibilidad de condicionar esas decisiones deriva del nuevo peso económico del país. La Argentina necesita del mundo, afirmó, pero el mundo también comienza a necesitar de la Argentina como proveedor confiable de alimentos, gas, petróleo y minerales críticos.

Quirno ratificó el alineamiento geopolítico del Gobierno con Estados Unidos e Israel y la decisión de insertar a la Argentina dentro del bloque occidental.

“Está muy claro con quién comerciamos, cómo comerciamos, de dónde vienen las inversiones y por qué hacemos lo que hacemos”, señaló.

El funcionario también celebró el giro político registrado en varios países latinoamericanos y atribuyó parte de ese movimiento a la influencia regional de Milei. Mencionó los cambios de signo en Bolivia, Honduras, Costa Rica, Colombia, Chile y Perú, y expresó su deseo de que Brasil y México sigan el mismo camino.

“Si uno tiene la mejor casa, pero todo el barrio está lleno de problemas, es mucho más difícil que las inversiones se animen a venir”, graficó.

Quirno sostuvo que la Argentina respalda a los gobiernos regionales que defienden “las ideas de la libertad” y mencionó la asistencia brindada a Bolivia frente a un intento de desestabilización.

“Las negras también juegan y no van a dejar de tratar de voltear lo que se está haciendo de manera incipiente en la región”, afirmó.

El canciller cerró su presentación con un mensaje de continuidad política. Dijo que al Gobierno le queda un año y cuatro meses de mandato, pero se mostró confiado en que contará con otros cuatro años para profundizar las reformas.

Nosotros estamos confiados en que nos quedan cinco años y cuatro meses de gobierno. En ese período vamos a ver cambiada la Argentina de una manera impresionante”, pronosticó.

Aseguró que el equipo nacional se mantiene unido, que conserva vínculos permanentes con los gobernadores y que las alianzas legislativas permitieron acelerar el programa después de las elecciones de 2025.

La Argentina, resumió, comenzó el Gobierno de Milei con apenas el 10% del Senado, el 15% de Diputados y ningún gobernador propio. Pese a esa debilidad inicial, consiguió aprobar la Ley Bases y luego avanzar con la modernización laboral, la inocencia fiscal, la reforma de la legislación sobre glaciares, la Carta Orgánica del Banco Central y distintos acuerdos internacionales.

Para Quirno, el proceso ya construyó cimientos suficientes para resistir las crisis externas y la incertidumbre electoral.

“El cambio a esta altura es irreversible”, sentenció.

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La UIA reclama un puente productivo y advierte por el empleo industrial

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El Día de la Industria encontró al sector fabril en una posición de fuerte tensión con el Gobierno de Javier Milei. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, trazó una radiografía crítica de la actividad, advirtió por la pérdida de empleo registrado y reclamó un “puente” que permita atravesar la transformación económica sin profundizar el deterioro del entramado productivo.

El planteo industrial llegó en un momento en que la política económica del Gobierno tiene como uno de sus principales objetivos consolidar la estabilidad macroeconómica y reducir la inflación. Para la UIA, sin embargo, esa variable no alcanza para medir el estado de la economía real. “La economía no puede medirse solamente por la inflación”, sostuvo Rappallini, en una de las definiciones centrales de su discurso.

Según los datos citados por la entidad, la producción industrial se encuentra 10% por debajo del nivel de 2022, mientras que algunos sectores acumulan retrocesos de hasta 30%. El deterioro también aparece en el mercado laboral: la UIA estimó en 90.000 los puestos registrados perdidos en la industria desde el inicio de la actual gestión, aunque otras cifras mencionadas durante la jornada ubicaron la pérdida de empleos directos en alrededor de 52.000 durante los últimos doce meses.

La diferencia entre ambos datos responde a los períodos de comparación utilizados, pero el diagnóstico empresarial converge en un punto: la recuperación macroeconómica todavía no se traduce de manera homogénea en actividad industrial y empleo. Esa brecha es la que la principal cámara fabril busca instalar en la agenda económica.

Rappallini planteó que la apertura comercial es un “proceso necesario”, pero cuestionó que la industria deba enfrentar la competencia internacional manteniendo costos internos que, según el sector, reducen su capacidad para competir. “La industria queda expuesta a precios internacionales, pero sigue pagando costos argentinos”, resumió.

El concepto de “puente” sintetiza el pedido empresario. La UIA reclama reconstruir el crédito, acelerar la reducción del costo argentino, combatir el contrabando y la competencia desleal, garantizar energía a precios competitivos, reducir la morosidad, mejorar la infraestructura exportadora y avanzar en una modernización laboral.

El reclamo tiene una dimensión estructural. La discusión ya no pasa solamente por medidas de protección frente a las importaciones, sino por las condiciones bajo las cuales las empresas argentinas pueden competir en una economía más abierta. Para el sector fabril, reducir aranceles y eliminar distorsiones no alcanza si la producción local enfrenta costos financieros, logísticos, tributarios y energéticos superiores a los de sus competidores.

Ese punto adquiere especial relevancia frente a la orientación sectorial del Gobierno. Milei impulsa con mayor intensidad actividades como la energía, la minería y el agro, mientras que la industria reclama que la estrategia de desarrollo incorpore también la transformación de las materias primas en bienes con mayor valor agregado.

El debate sobre Vaca Muerta aparece como uno de los ejemplos más claros. Para los industriales, el desafío no consiste únicamente en aumentar la extracción de hidrocarburos, sino en desarrollar proveedores, tecnología, bienes de capital y productos derivados que permitan ampliar el impacto de esa inversión sobre el resto de la economía.

La discusión también alcanzó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Dentro de la UIA existe el planteo de que los beneficios destinados a grandes proyectos deben generar mayores vínculos con la cadena industrial para evitar que el crecimiento de sectores primarios y extractivos tenga un impacto limitado sobre la producción manufacturera nacional.

En ese marco, el reclamo de la UIA puede leerse como una disputa por el modelo de crecimiento que seguirá a la estabilización. La industria acepta que la economía atraviese un proceso de transformación, pero reclama condiciones para evitar que la apertura termine acelerando la pérdida de capacidades productivas que luego resulten difíciles de reconstruir.

El mensaje político también fue explícito. Rappallini pidió dejar atrás las “descalificaciones” y las agresiones hacia quienes producen y sostuvo que las diferencias sobre la política económica deben procesarse dentro de la convivencia democrática. El planteo aparece después de una relación cada vez más tensa entre la conducción industrial y funcionarios del Gobierno.

En la misma jornada, el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, profundizó las críticas y sostuvo que el Gobierno “no sabe lo que es una fábrica”. También cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, al que calificó de “trader” y criticó por su orientación financiera. Las declaraciones muestran que el malestar empresarial ya no se limita a pedidos sectoriales y comienza a expresarse como una discusión abierta sobre el rumbo económico.

La ausencia de funcionarios de alto rango en el acto agregó otro elemento político al escenario. El Gobierno estuvo representado por Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción y Comercio, un funcionario que anteriormente había sostenido que “la mejor política industrial es no tenerla”. La presencia de un representante de menor jerarquía, frente a una entidad que esperaba discutir de manera directa el rumbo productivo, fue interpretada por parte del sector como una señal de distancia.

Para las empresas, el problema inmediato es cómo atravesar la transición sin destruir empleo ni capacidad instalada. Para el Gobierno, el desafío consiste en demostrar que la estabilización macroeconómica puede convertirse en inversión, productividad y crecimiento sin recurrir a esquemas que perpetúen ineficiencias.

Ahí aparece el núcleo de la discusión. La industria no está reclamando simplemente volver al esquema anterior ni cerrar la economía frente a las importaciones. Está planteando que la apertura debe estar acompañada por una reducción efectiva de los costos que determinan la competitividad y por instrumentos que permitan financiar la reconversión.

La respuesta a ese planteo tendrá impacto sobre el empleo, pero también sobre la capacidad exportadora argentina. Una industria que incorpora tecnología, mejora productividad y logra integrarse a cadenas globales puede transformar la apertura en una oportunidad. Una estructura productiva que pierde empresas, proveedores y trabajadores calificados durante la transición tendrá mayores dificultades para capturar ese beneficio cuando llegue la etapa de expansión.

El conflicto entre la UIA y el Gobierno entra así en una nueva fase. La discusión dejó de concentrarse exclusivamente en la inflación y pasó a una pregunta más compleja: qué estructura productiva tendrá la Argentina cuando la estabilización macroeconómica se consolide y qué sectores estarán en condiciones de aprovecharla.

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Milei defendió el rumbo económico y aseguró que hay un proceso de “destrucción creativa” de la estructura productiva

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El presidente Javier Milei cerró una nueva edición del Council de las Américas con una defensa enfática de su programa económico y un mensaje dirigido al establishment empresario y financiero: sostuvo que la Argentina ya atravesó un cambio estructural y que su mandato consiste en consolidar dos objetivos centrales: bajar la inflación y hacer crecer la economía. “Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir”, afirmó.

El discurso presidencial llegó después de una jornada en la que buena parte del equipo económico expuso ante empresarios, inversores y dirigentes políticos los argumentos oficiales para sostener el rumbo. El jefe de Gabinete, Diego Santilli; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno ocuparon previamente el escenario. El ministro de Economía, Luis Caputo, no participó por problemas de salud.

Milei eligió comenzar con una crítica frontal a la interpretación de los indicadores económicos y cuestionó a quienes, según su visión, priorizan encuestas de opinión de muestras reducidas por sobre las estadísticas oficiales. Su argumento central fue que el debate económico debe partir de los datos y no de percepciones aisladas. En ese marco, aseguró que la inflación pasó de niveles superiores al 200% anual al asumir a una tasa cercana al 31,5%, lo que presentó como una reducción del 85%.

El Presidente también puso el foco en la inflación mayorista, a la que consideró una señal particularmente relevante para anticipar la dinámica futura de precios. Recordó que al inicio de su gestión había alcanzado niveles extraordinariamente elevados y sostuvo que actualmente se encuentra en registros sustancialmente menores. Incluso volvió a referirse a su promesa de realizar un recital si la inflación comenzaba con cero, una apuesta que convirtió en parte del relato político de su programa de estabilización.

El segundo eje de su exposición fue el crecimiento. Milei sostuvo que la economía argentina ya acumula una expansión significativa durante su gestión y que, si se elimina el efecto de arrastre heredado de la administración anterior, el crecimiento de los primeros dos años supera los diez puntos porcentuales. La comparación con los períodos anteriores buscó reforzar una de las principales tesis del Gobierno: que la recuperación no responde solamente a un rebote estadístico, sino a un cambio en las condiciones estructurales de la economía.

En esa línea, el Presidente rechazó la idea de un crecimiento “a dos velocidades” y calificó ese concepto como una interpretación insuficiente de los procesos de transformación económica. Su argumento fue que una economía que cambia no puede expandirse de manera homogénea: mientras algunas empresas y actividades pierden participación o desaparecen, otras surgen, crecen y absorben recursos. Esa reasignación, sostuvo, constituye parte del proceso de crecimiento y no necesariamente una señal de deterioro.

La explicación conecta con uno de los conceptos centrales de su discurso: la “destrucción creativa”. Para Milei, el progreso tecnológico y la competencia obligan a modificar permanentemente la estructura productiva. Una empresa que ofrece un producto mejor o más barato puede desplazar a otra, pero los recursos liberados no necesariamente desaparecen: migran hacia nuevas actividades. El desafío, desde esta perspectiva, consiste en contar con mercados suficientemente flexibles para que trabajadores, capital e inversiones puedan desplazarse hacia los sectores con mayor productividad.

Ese planteo fue utilizado también para defender la apertura comercial y la desregulación. Milei sostuvo que la Argentina continúa siendo una economía excesivamente cerrada y comparó esa situación con una “cárcel”. La apertura, argumentó, permitiría ampliar el tamaño del mercado, generar economías de escala y abaratar bienes, mientras que los recursos que hoy se destinan a productos más caros podrían canalizarse hacia otras actividades.

El Presidente puso como ejemplo los neumáticos para ilustrar su argumento. Según su razonamiento, si un producto puede conseguirse en el mercado internacional a un precio significativamente inferior al doméstico, la apertura genera un ahorro para los consumidores que luego puede transformarse en demanda para otros sectores. El costo de sostener estructuras productivas ineficientes, en cambio, recaería sobre el conjunto de los consumidores mediante precios más elevados.

La misma lógica aplicó a la política de desregulación impulsada por Federico Sturzenegger. Milei sostuvo que la eliminación de normas y restricciones permite liberar recursos y mejorar la competitividad, aunque reconoció implícitamente que el proceso genera resistencia de sectores cuyos negocios dependían de determinadas regulaciones. En su interpretación, buena parte de la disputa política alrededor de las reformas responde precisamente a esa redistribución de beneficios y costos.

El equilibrio fiscal ocupó otro lugar central. Milei reivindicó el ajuste implementado desde el comienzo de su gestión y aseguró que permitió corregir un desequilibrio consolidado equivalente a unos quince puntos del PBI entre Tesoro y Banco Central. También destacó la reducción de impuestos y vinculó la mejora fiscal con una caída significativa de la relación deuda-producto y del riesgo país.

Para el Presidente, la estabilización constituye la condición necesaria para que aparezca una nueva etapa de inversión. En este punto coincidió con el mensaje previo del viceministro José Luis Daza, quien había afirmado que la Argentina dejó atrás la dependencia de los flujos de deuda de corto plazo y comenzó a atraer inversión directa. La apuesta oficial es que la estabilidad fiscal y monetaria, junto con reglas más previsibles, permita una acumulación de capital capaz de sostener un ciclo prolongado de expansión.

Milei también incorporó al diagnóstico el capital humano y el mercado laboral. Rechazó la idea de que el progreso tecnológico implique necesariamente una destrucción neta del empleo y recurrió a la experiencia histórica de la Revolución Industrial para sostener que los incrementos de productividad pueden ampliar la capacidad productiva y, simultáneamente, generar nuevas actividades.

El argumento adquiere especial relevancia frente a la transformación productiva que el Gobierno proyecta para los próximos años. Energía, minería, agroindustria, infraestructura y servicios asociados aparecen como sectores capaces de ampliar las exportaciones y generar una demanda creciente de trabajadores calificados. Daza había anticipado horas antes que la Argentina podría necesitar unos 18.000 ingenieros por año, además de soldadores, electricistas, mecánicos y otros perfiles técnicos.

La cuestión social apareció, aunque de manera secundaria, dentro de la exposición presidencial. Milei aseguró que durante su administración millones de personas dejaron de estar bajo la línea de pobreza y destacó especialmente la reducción de la indigencia. Sin embargo, reconoció que la situación social continúa siendo difícil. “La foto sigue siendo horrible”, admitió, aunque inmediatamente contrapuso esa imagen con lo que definió como “la mejor película de la historia argentina”.

Ese contraste sintetiza buena parte de la estrategia discursiva oficial: reconocer los costos inmediatos de la transformación, pero pedir que sean evaluados dentro de una perspectiva de largo plazo. El Gobierno sostiene que la caída de la inflación, la recuperación de la inversión y el aumento de la productividad deberían traducirse progresivamente en mejores salarios, mayor empleo privado y una ampliación de las oportunidades.

La apuesta más ambiciosa del discurso estuvo, precisamente, en el horizonte temporal. Milei planteó que la Argentina podría convertirse en una economía desarrollada en las próximas décadas si mantiene el proceso de reformas, incorpora tecnología y aprovecha sus recursos naturales y humanos. La inteligencia artificial aparece en esa proyección como un factor potencial de aceleración de la productividad, siempre que el marco regulatorio no termine funcionando como una barrera para la innovación.

El cierre del discurso trasladó la discusión económica hacia un terreno político y cultural. Para Milei, la transformación no depende solamente de medidas fiscales, monetarias o regulatorias, sino de un cambio en las reglas de funcionamiento de la sociedad. Libertad, propiedad privada, cumplimiento de los contratos, apertura y respeto por las instituciones constituyen, según su visión, las condiciones necesarias para construir un proceso de crecimiento sostenible.

Así, el mensaje ante el Consejo de las Américas fue más que una defensa coyuntural de los indicadores económicos. Milei buscó presentar la estabilización como la primera etapa de una transformación mucho más profunda, cuyo resultado debería medirse no solamente por la inflación o el déficit, sino por la capacidad de la Argentina para atraer capital, multiplicar productividad, generar empleos de mayor calidad y convertir sus ventajas en energía, minería, agroindustria y capital humano en un nuevo ciclo de desarrollo.

La principal incógnita ya no es solamente si el Gobierno puede sostener la estabilización. El desafío que emerge de su propio discurso es más exigente: lograr que la reasignación de recursos que reivindica como inevitable se traduzca en oportunidades concretas para trabajadores y empresas, que la inversión se convierta en empleo y que la apertura y la productividad lleguen finalmente a la economía cotidiana. Allí estará la verdadera prueba de la “película” que el Presidente asegura estar construyendo.

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Sturzenegger dijo que el riesgo país de Milei es de “80 puntos” y anticipó décadas de prosperidad

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El ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, introdujo una lectura alternativa sobre el riesgo soberano argentino durante su exposición en el Council of the Americas 2026: sostuvo que, si se toma como referencia un bono con vencimiento dentro del actual mandato presidencial, el riesgo asociado a la Argentina de Javier Milei sería de apenas 80 puntos básicos, muy por debajo del indicador soberano que se ubica por encima de los 500 puntos.

La interpretación del funcionario se apoya en el bono AO27, emitido durante la gestión de Luis Caputo y cuyo vencimiento se encuentra dentro del período presidencial de Milei. “El bono que emitió ‘Toto’ y que vence dentro del mandato de Milei tiene un riesgo país de 80 puntos básicos”, afirmó Sturzenegger ante empresarios, inversores y dirigentes políticos reunidos en Buenos Aires.

La diferencia entre ambas referencias no es un detalle técnico menor. Mientras el riesgo país tradicional busca reflejar el diferencial de rendimiento de la deuda argentina frente a instrumentos considerados de bajo riesgo, Sturzenegger utilizó la cotización de un título con vencimiento anterior al final del mandato para argumentar que el mercado estaría asignando un riesgo mucho menor a la capacidad de pago en ese horizonte específico.

El planteo apunta, en definitiva, a una discusión sobre las expectativas. Para el ministro, el mercado no estaría valorando de manera homogénea el riesgo argentino, sino que existiría una brecha entre la percepción general sobre la deuda soberana y el precio de determinados instrumentos. Esa lectura es consistente con la tesis oficial de que la mejora fiscal, la reducción de la inflación y la transformación de la matriz productiva están modificando progresivamente el perfil financiero del país.

Sturzenegger también puso el foco en la expansión económica y aseguró que la Argentina atraviesa un proceso de crecimiento “inédito”, aunque con diferentes velocidades según sectores y regiones. Según sus proyecciones, si se incorporan las expectativas del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central hasta el final del mandato, la economía podría acumular un crecimiento cercano a los 13 puntos porcentuales durante la primera gestión de Milei.

“Le gana por goleada a las presidencias anteriores”, sostuvo el ministro, al comparar esa trayectoria con los resultados registrados durante administraciones anteriores. La diferencia que destacó no está solamente en el volumen del crecimiento, sino también en su composición: según Sturzenegger, se trata de una expansión liderada por las exportaciones y acompañada por una transformación de la estructura productiva.

El funcionario señaló particularmente el peso creciente de la energía. A la tradicional contribución del complejo agroexportador se sumaron las exportaciones de petróleo, en un proceso que, según su interpretación, permitiría que la economía argentina reduzca su dependencia de los ciclos de cosecha y avance hacia una matriz exportadora más diversificada.

Esa transformación también tendría una dimensión territorial. Sturzenegger anticipó una fuerte migración interna hacia las provincias vinculadas con la producción energética, petrolera y minera. En particular, estimó que durante las próximas tres décadas al menos dos millones de personas podrían instalarse en Neuquén, impulsadas por la expansión de Vaca Muerta y las actividades asociadas al desarrollo hidrocarburífero.

El dato plantea uno de los desafíos menos visibles de la nueva etapa económica: el crecimiento de los sectores exportadores no solamente modifica las cuentas externas, sino que puede alterar la geografía económica del país. El flujo de trabajadores hacia las zonas de mayor productividad obliga a pensar en vivienda, rutas, servicios públicos, escuelas, salud, transporte e infraestructura urbana antes de que el crecimiento demográfico se transforme en un cuello de botella.

En ese punto, Sturzenegger identificó cuatro condiciones que, a su juicio, serán determinantes para sostener el ciclo expansivo: derechos de propiedad, infraestructura, financiamiento y apertura económica. La combinación de esos factores debería permitir que el aumento de la inversión y la productividad se traduzca en una expansión prolongada.

“Vamos a tener muchas décadas de prosperidad si mantenemos este rumbo”, afirmó el ministro, condensando en esa frase la principal apuesta de largo plazo del Gobierno. El desafío, sin embargo, consiste en transformar las reformas regulatorias en capacidad productiva y evitar que la expansión quede concentrada exclusivamente en enclaves vinculados con recursos naturales.

Las 12 reformas con las que Sturzenegger busca explicar el cambio

El ministro aprovechó el escenario del Council of the Americas para enumerar las reformas que considera centrales en la estrategia de transformación económica. Con una metáfora que utilizó para definir el trabajo de su cartera, sostuvo: “Nosotros somos plomeros: nos metemos en las bases de los edificios, limpiamos los caños”.

Entre las medidas que destacó ubicó la modernización laboral, la modificación de la Ley de Glaciares, los cambios vinculados con la propiedad intelectual de semillas y una reforma del mercado de capitales que calificó como “extraordinaria”. También mencionó el nuevo esquema para la licitación de rutas, que según explicó se encuentra en proceso de definición por parte del Ministerio de Economía.

El listado incluyó además el tratado de comercio e inversiones con Estados Unidos, el proyecto de Ley de Propiedad Privada y una reforma de la Ley de Sociedades. La lógica que atraviesa estas iniciativas, según Sturzenegger, es reducir restricciones, mejorar los incentivos a la inversión y ampliar el espacio para que el sector privado pueda asignar capital.

En el caso de la Ley de Glaciares, el ministro vinculó la modificación con el potencial minero argentino y sostuvo que el marco anterior limitaba una capacidad exportadora que comparó con la experiencia chilena. La minería aparece así como una de las piezas estratégicas de la nueva matriz productiva junto con petróleo, gas y agroindustria.

La reforma laboral constituye otro de los pilares. Para el Gobierno, la reducción de costos y rigideces regulatorias debería facilitar la incorporación de trabajadores al sector privado formal. El desafío será que esa flexibilización se traduzca efectivamente en mayor empleo registrado, productividad y salarios reales, especialmente en una economía donde una parte sustancial de la fuerza laboral continúa fuera del mercado formal.

El mismo razonamiento se extiende al mercado de capitales. Una economía que pretende financiar grandes proyectos de infraestructura, minería y energía necesita desarrollar mecanismos capaces de canalizar ahorro doméstico y capital extranjero hacia inversiones de largo plazo. La reducción del riesgo soberano sería, en ese esquema, una condición relevante para abaratar el costo financiero de las empresas y ampliar el horizonte de inversión.

La exposición de Sturzenegger se inscribió en una jornada donde el Gobierno buscó mostrar una imagen coordinada frente al empresariado. Antes del cierre de Milei participaron el viceministro de Economía, José Luis Daza; el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El mensaje común fue que la estabilización constituye solamente la primera fase de un proceso cuyo objetivo final es modificar la estructura productiva argentina.

La discusión sobre los “80 puntos” introduce, sin embargo, una cuestión que excede la retórica política: qué precio le asigna realmente el mercado al riesgo argentino en los distintos horizontes de vencimiento. Si la mejora fiscal y la acumulación de activos productivos logran consolidarse, la compresión del riesgo podría convertirse en uno de los principales mecanismos para acelerar la inversión. Si, en cambio, las expectativas no se traducen en resultados sostenibles, la brecha entre determinados bonos y el indicador soberano podría terminar siendo solamente una fotografía de mercado.

Por ahora, Sturzenegger eligió mirar la película completa. Su argumento es que la combinación de reformas, exportaciones, inversión y apertura puede generar un ciclo de crecimiento que trascienda al actual Gobierno. El verdadero test será convertir esa expectativa en infraestructura, empleo formal, nuevas empresas y oportunidades concretas en las regiones que están llamadas a convertirse en los nuevos motores de la economía argentina.

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La industria textil acelera su deterioro: producción, empleo e inversión caen mientras avanzan las importaciones

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La crisis de la cadena textil e indumentaria argentina sumó un nuevo capítulo en marzo y profundiza una tendencia que ya preocupa a empresarios, industriales y provincias con fuerte presencia manufacturera. La producción continúa en retroceso, el empleo formal sigue destruyéndose, la inversión se desploma y las importaciones de productos terminados ganan terreno en el mercado interno, en un escenario donde el consumo aún no logra recuperarse.

Según un informe de la Fundación Pro Tejer, la producción textil registró en marzo una caída interanual del 23,3%, ubicándose además un 31,3% por debajo de los niveles de 2023. La fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado también mostró un desempeño negativo, con una retracción del 8,9% respecto del mismo mes del año anterior y una producción que se encuentra 19% por debajo de los registros previos al cambio de ciclo económico.

Detrás de estos números aparece una combinación de factores que el sector considera especialmente compleja: la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la desaceleración del consumo masivo, la apreciación cambiaria, la apertura comercial y el crecimiento de las importaciones de bienes finales. El resultado es una industria que opera con niveles históricamente bajos de utilización de capacidad instalada y enfrenta crecientes dificultades para sostener sus estructuras productivas.

La capacidad instalada de la industria textil se ubicó en apenas 40,2%, más de doce puntos por debajo de los niveles de 2023. En términos prácticos, durante el primer trimestre cerca de siete de cada diez máquinas permanecieron detenidas en las plantas fabriles. La baja actividad también quedó reflejada en el desempeño comercial. Pro Tejer destacó que las ventas continúan sin mostrar señales de recuperación y citó como ejemplo la última edición del Hot Sale, donde las ventas del sector registraron una caída cercana al 10% interanual en términos reales.

La presión sobre las empresas se intensifica porque la debilidad de la demanda limita la posibilidad de trasladar costos a precios. En abril, el rubro prendas de vestir y calzado registró una suba interanual de apenas 12,7%, muy por debajo de la inflación general del 32,4%. Desde diciembre de 2023, los precios del sector acumulan un incremento de 125,4%, prácticamente la mitad de la evolución del índice general de precios.

Desde la entidad sostienen que numerosas empresas venden por debajo de sus costos para sostener liquidez y reducir los elevados niveles de stock acumulado. La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) confirmó esta situación al señalar que el 52% de las firmas relevadas declara tener inventarios excesivos, más del doble que un año atrás.

La apertura comercial también modifica la estructura del mercado. Durante los primeros cuatro meses del año ingresaron al país 107.000 toneladas de productos textiles e indumentaria por un valor de USD 571 millones. Aunque las cantidades totales muestran una baja interanual del 18%, el dato esconde una transformación relevante: crecen con fuerza las importaciones de productos terminados mientras caen las compras de insumos y materias primas destinadas a la producción nacional.

Particularmente preocupante para el sector es el avance de la indumentaria importada. Entre enero y abril ingresaron 23.482 toneladas de ropa por USD 333 millones, lo que representa un crecimiento del 79% en volumen y del 48% en valor respecto del mismo período del año anterior, alcanzando niveles récord para la serie histórica.

La contracara de este fenómeno es el derrumbe de la inversión productiva. Las importaciones de bienes de capital destinados a la cadena textil e indumentaria sumaron apenas USD 26 millones en el primer cuatrimestre, con una caída del 43% interanual y del 65% frente a 2023. Para Pro Tejer, de mantenerse esta dinámica, 2026 podría transformarse en uno de los peores años de las últimas décadas en materia de renovación tecnológica y ampliación de capacidad productiva.

El impacto social ya es visible. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el complejo textil, confecciones, cuero y calzado registró la mayor caída del empleo privado formal entre todos los sectores económicos relevados. Desde diciembre de 2023 se perdieron 22.156 puestos de trabajo, equivalentes a una reducción del 18% del empleo registrado.

La contracción también alcanza a la estructura empresarial. En poco más de dos años desaparecieron 803 establecimientos productivos registrados, una caída del 13% que afecta especialmente a los segmentos de indumentaria, cuero y calzado.

Para provincias industriales del interior, donde la actividad textil tiene fuerte incidencia en la generación de empleo y en las economías regionales, el deterioro del sector trasciende la coyuntura. La combinación de menor producción, pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas y caída de la inversión amenaza con erosionar capacidades productivas acumuladas durante décadas. Una vez que esas estructuras desaparecen, advierten desde el sector, su reconstrucción demanda años de inversión, capacitación y recuperación de mercados.

Mientras tanto, las expectativas empresariales continúan estancadas. Más de la mitad de las firmas consultadas por la CIAI considera que el escenario económico seguirá siendo apenas regular y sólo el 13% manifiesta perspectivas positivas. En un contexto donde el mercado interno no reacciona y la competencia importada se intensifica, la industria textil enfrenta uno de los momentos más delicados desde la crisis de comienzos de siglo.

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