Argentina

Los incendios en la Patagonia, la complicidad del gobierno de Milei y los intentos de dividir a la sociedad argentina

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El Llamamiento Argentino Judío repudia de forma contundente el manejo irresponsable, incompetente y ruinoso que el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Chubut ejecutan en relación con los incendios que suceden en la Patagonia. Los causales de los mismos se vinculan, sin duda, a la crisis climática, la desidia gubernamental y la intencionalidad manifiesta de quienes privilegian el extractivismo destructivo y la especulación inmobiliaria. Hasta el lunes 12 de enero, el fuego arrasó 15 mil hectáreas de bosques sin que Javier Milei se digne a declarar la emergencia ambiental, repitiendo la actitud de insensibilidad que exhibió durante las inundaciones de Bahía Blanca en 2024.

En las provincias patagónicas —que exigen urgentes respuestas del gobierno— conviven comunidades de diferente origen identitario que hoy luchan codo a codo contra el fuego y también contra la indolencia cómplice de los gobiernos interesados en hacer de la tierra un negocio especulativo. Entre los brigadistas de los Parques Nacionales que se juegan la vida por 700 mil pesos por mes hay creyentes y no creyentes. Entre quienes ven acercarse el fuego a sus casas hay compatriotas cristianos, musulmanes y judíos, y de los pueblos originarios que conviven en paz y denuncian al unísono a los representantes políticos que se esconden en despachos públicos a distancia prudente del fuego.

Frente a esta grave situación, que pone en riesgo la vida de decenas de miles de nuestros compatriotas, sectores minoritarios intentan sembrar la discordia y la división dentro de nuestro país, apelando a viejos libelos judeofóbicos como el apócrifo Plan Andina, concebido originalmente en la Rusia zarista para perseguir a los judíos que se sumaban a los movimientos revolucionarios anarquistas y socialistas. En ese marco, resulta llamativo que propagandistas locales —financiados desde el extranjero— insistan en fraguar divisiones identitarias, importando conflictos ajenos a nuestra historia social, para desviar la atención de los verdaderos responsables políticos y económicos de este flagelo, entre los cuales se encuentran, sin duda, las inversionistas cataríes, que fueron admitidos originalmente por Mauricio Macri, y que ya han adquirido 110 mil hectáreas, a la vera de la ruta 40, entre Bariloche y El Bolsón. Congruentes con esta extranjerización, el Gobierno Nacional compra aparatos de guerra considerados chatarra, prescinde de adquirir aviones hidrantes y se niega a invertir en infraestructura imprescindible para evitar y/o combatir el fuego. Por el contrario, solo atina —en forma escandalosa— a habilitar la comercialización de tierras luego de que estas hayan sido incendiadas.

Los enemigos de nuestra Patria son los intereses económicos locales que tributan a la lógica imperial y neocolonial que tiene en la actualidad a Donald Trump como máximo exponente y a Javier Milei como su vasallo entreguista. Desenmascarar esa sociedad mafiosa —que insiste en atomizar y hambrear a nuestro pueblo— es coherente con denunciar el genocidio en Gaza, considerar a Benjamín Netanyahu como un genocida y exigir el establecimiento de una Palestina soberana y libre, junto al Estado de Israel, tal cual como lo dispusieron las Naciones Unidas en 1947.

Elina Malamud – Presidenta
Marcelo Horestein – Secretario General

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“Erraron otra vez”: Milei defendió el refinanciamiento de la deuda y descartó riesgos de default

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El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente la estrategia financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tras la cancelación de una parte del swap con el Tesoro de los Estados Unidos mediante un nuevo crédito internacional por USD 2.500 millones. El mandatario rechazó las advertencias sobre un posible default, sostuvo que el movimiento implica un cambio de acreedor sin impacto en reservas y lo presentó como una señal de normalización financiera y confianza del mercado en el programa económico.

A través de su cuenta en X, Milei fue categórico frente a las críticas: “Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”. El mensaje estuvo acompañado por un análisis del economista Juan Ramón Rallo, quien explicó que en economías solventes la deuda pública no se cancela íntegramente, sino que se refinancia de manera permanente, siempre que se cumplan los pagos de intereses y exista disciplina fiscal.

La operatoria técnica: un cambio de acreedor sin impacto en reservas

El respaldo presidencial se conoció luego de que el balance del BCRA de la última semana de diciembre reflejara un movimiento financiero por USD 2.500 millones. Según la información oficial, el Gobierno utilizó ese monto para cancelar el tramo ejecutado del swap que formaba parte de un acuerdo total por USD 20.000 millones con el Tesoro estadounidense, suscripto antes de las elecciones legislativas.

Para concretar el pago sin afectar el nivel de reservas internacionales, la autoridad monetaria tomó un nuevo crédito de igual monto con un organismo internacional. Si bien el BCRA no precisó oficialmente el origen de los fondos, en el mercado financiero se especula con un préstamo del Banco Internacional de Pagos (BIS), con sede en Basilea.

Desde el punto de vista contable, la operación implicó un reordenamiento de pasivos: la reducción del rubro “Otros Pasivos” por la cancelación del swap con Estados Unidos fue compensada por un aumento equivalente en las obligaciones con organismos internacionales, sin variación neta en las reservas.

En términos prácticos, el Gobierno logró estirar plazos de vencimiento y modificar la composición de sus acreedores, una maniobra que el oficialismo considera clave para fortalecer el perfil financiero del Estado.

Déficit cero, refinanciamiento y la discusión sobre la solvencia

El eje central del argumento oficial se apoya en la política de déficit fiscal cero. Según la interpretación que difundió Milei junto al análisis de Rallo, el refinanciamiento de vencimientos no incrementa el stock de deuda, sino que posterga su cancelación en el tiempo.

“Refinanciar no es aumentar el monto total del endeudamiento, es pagar más tarde”, sostuvo el economista en el material compartido por el Presidente. Bajo esta lógica, mientras el Estado mantenga el superávit fiscal, la relación deuda/PIB continúa una trayectoria descendente, reforzando la idea de solvencia.

Desde la Casa Rosada destacan que la posibilidad de acceder a nuevo financiamiento internacional constituye una señal concreta de que el mercado no percibe un riesgo inminente de default. En esa línea, fuentes del BCRA aclararon que el crédito utilizado no proviene del Fondo Monetario Internacional (FMI) y evitaron brindar precisiones sobre la tasa de interés o el plazo del nuevo préstamo.

Este movimiento se suma, además, a la cancelación de deudas con el BIS realizada a comienzos de 2024, un antecedente que el Ejecutivo utiliza para mostrar una mejora progresiva en la solvencia del Estado argentino.

Repercusiones políticas y financieras

La defensa pública de Milei busca desactivar un debate que volvió a instalarse en el mercado desde mediados de 2025, cuando distintos analistas advirtieron sobre la sostenibilidad de los compromisos externos. Para el Gobierno, el refinanciamiento confirma que la estrategia financiera se apoya en credibilidad fiscal, acceso al crédito y una administración activa de los pasivos del Banco Central.

En el plano político, el mensaje presidencial apunta a consolidar el discurso de orden macroeconómico y disciplina fiscal como ancla de estabilidad, mientras que en el plano financiero refuerza la señal de que el Ejecutivo está dispuesto a utilizar herramientas de mercado para administrar vencimientos sin recurrir a emisión monetaria ni pérdida de reservas.

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La nominalidad de 2026 va a dar espacio

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El año 2025 cierra con la aprobación por parte del Congreso de dos normas importantes para la macro de 2026: el presupuesto y la ley de inocencia fiscal.

Luego de dos años sin presupuesto aprobado por el poder Legislativo, era imperioso que el gobierno pudiera lograr el consenso necesario para volver a la normalidad de contar con un presupuesto en tiempo y forma. En el camino quedó la intención de revertir el aumento en el gasto en universidades y discapacidad. En algún momento, estos temas demandarán un debate menos politizado del que se dio antes de las elecciones de octubre, con posturas extremas que resultaron en un relajamiento de los ya débiles requisitos para acceder a una prestación por discapacidad y en una priorización del gasto en universidades por sobre otras necesidades de gasto público nacional sin siquiera un intento por mejorar la eficiencia del gasto (por ejemplo, revisar la cantidad de universidades cuando existe evidencia de que se ha politizado la apertura de varias casas de estudio, incluso en ciudades poco pobladas del país cuyas necesidades podrían ser atendidas por regionales de las universidades más grandes).

En cualquier caso, surge la pregunta de cómo hará el Ejecutivo para alcanzar el resultado primario proyectado de 1.5% del PIB. La reasignación de partidas es una opción, pero tiene un límite importante que es la actualización por inflación de muchas de ellas (la más importante, el gasto en jubilaciones) y una restricción de un porcentaje máximo de afectación de cada rubro.

Sin embargo, el presupuesto 2026 se hizo suponiendo que el PIB nominal promedio del año aumentará alrededor del 20% respecto del de 2025. Es poco probable que la inflación del año sea tan baja como la prevista, y ello más que compensaría el menor crecimiento real respecto del demasiado optimista 5% contemplado en el presupuesto. Entonces, la mayor nominalidad aportará ingresos adicionales en pesos y licuará el gasto no ajustable por inflación sin necesidad de afectar las partidas aprobadas por el Congreso. Por ello, es probable que se alcance la meta de superávit primario, aunque eso deja un problema abierto para el presupuesto de 2027 cuando las proyecciones se basen en la ejecución real del año 2026.

Es difícil estimar el impacto de la ley de inocencia fiscal sobre las decisiones de las familias argentinas, pero en cualquier caso contribuirá algo a la actividad económica y podría ser también un vehículo para aportar algún financiamiento al soberano en la medida en que algunos de los dólares ingresados al sistema terminen comprando títulos públicos.

La mayor nominalidad de la economía también ayudará al BCRA. Los datos confirman que hubo una gran dolarización de portafolios previo a la elección de octubre y que ello debería revertirse, al menos en parte, dando un espacio para que aumente la demanda de pesos. Este efecto de normalización (que puede demorar varios trimestres) es de una sola vez. Pero, además, cada año el BCRA puede emitir para satisfacer el incremento en la demanda de base monetaria que se requiere para mantener el cociente Base a PIB constante en el nivel deseado por los agentes económicos privados. Una economía con mayor crecimiento del PIB nominal le da más espacio al BCRA para comprar divisas con emisión que no genera inflación.

Aquí es importante recordar porqué es necesario acumular reservas aún si el tipo de cambio flotara libremente. Los países emergentes están expuestos a shocks que pueden desatar un corte abrupto del financiamiento al soberano y a las empresas privadas. Si no hay alguna reserva podría forzarse a los deudores a incumplir en sus obligaciones. Por ello, para establecer el nivel adecuado de las reservas de un país se consideran, entre otros indicadores, el monto de vencimientos de deuda de corto plazo y de los pagos de importaciones. Se trata de evitar eventos disruptivos que agravarían las tendencias recesivas de un shock des favorable.

El swap con Estados Unidos, que parece ser de más fácil acceso que el swap con China, actúa como un sustituto transitorio a la débil posición de reservas netas del BCRA. Pero hay que resolver la debilidad aun cuando en el corto plazo ello se traduzca en un tipo de cambio real algo más depreciado y se sacrifique parte de la mejora posible en el nivel de actividad.

El último punto se explica porque la alternativa a la acumulación de reservas era que se gastaran esas divisas. Ello daría más actividad (al evitar pagar el costo del seguro anticrisis) pero al riesgo de enfrentar una recesión mayor si no se cuenta con el “pago” del autoseguro.

Es posible, incluso, que a medida que se avance en la mejora de la posición de reservas netas se reduzca el riesgo país y ello aporte una compensación. Pero eso podría ocurrir luego de varios meses de compras netas del BCRA.

Empieza un nuevo año en el cual la nominalidad le dará espacio al programa de gobierno permitiéndole fortalecer algunos puntos débiles. Una reducción más paulatina en la tasa de inflación parece un buen precio a pagar para ganar en tranquilidad.

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La CNV fijó el pago de la tasa 2026 y actualizó aranceles del mercado de capitales

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó una modificación integral del régimen de tasas de fiscalización, aranceles de autorización y otros servicios aplicables al mercado de capitales, en línea con las actualizaciones dispuestas por el Ministerio de Economía. La medida quedó formalizada a través de la Resolución General 1103/2026, dictada el 8 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de enero, con vigencia a partir del día siguiente.

El nuevo esquema reglamenta la aplicación de los montos fijados por la Resolución 1/2026 del Ministerio de Economía, establece la fecha definitiva de pago de la tasa de fiscalización y control correspondiente al año 2026 y adecua la normativa vigente a los cambios introducidos en aranceles de autorización, el régimen de Emisor Frecuente y la incorporación de nuevos conceptos bajo la categoría de Otros Servicios.

Actualización normativa y pago de la tasa de fiscalización 2026

La Resolución General 1103/2026 se apoya en el artículo 14, inciso b), de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, que define los recursos de la CNV y establece que los montos de las tasas y aranceles deben ser fijados por el Ministerio de Economía, a propuesta del organismo.

En ese marco, la CNV reglamentó la determinación y el cronograma de pago de la tasa de fiscalización y control correspondiente al año 2026, luego de que la Resolución General 1098, del 23 de diciembre de 2025, suspendiera transitoriamente su percepción para otorgar previsibilidad a los sujetos regulados.

De acuerdo con el nuevo texto normativo, el pago de la tasa 2026 deberá realizarse entre el 3 y el 9 de febrero de 2026, conforme los montos establecidos por la Resolución 1/2026 del Ministerio de Economía, mientras que la suspensión de la percepción se mantiene vigente hasta el 2 de febrero de 2026 inclusive. La CNV aclaró que la suspensión no alcanza a los sujetos que registren mora en el pago de tasas correspondientes a ejercicios anteriores.

La obligación de pago alcanza a los sujetos previstos en los incisos a), b), c), e) y f) del artículo 3° del Capítulo I del Título XVII de las Normas, entre los que se encuentran Agentes Depositarios Centrales de Valores Negociables, Agentes de Custodia, Registro y Pago, Agentes de Negociación, Agentes de Liquidación y Compensación, Agentes Productores y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, registrados al 31 de diciembre de cada año.

Cambios en aranceles de autorización y Régimen de Emisor Frecuente

La resolución también sustituyó los artículos 5° y 6° del Capítulo I del Título XVII de las Normas, redefiniendo el esquema de aranceles de autorización aplicables a obligaciones negociables y fideicomisos financieros, tanto para emisiones autónomas como para programas y emisiones por series o clases.

El nuevo régimen precisa los momentos de acreditación del pago, estableciendo, según el caso, la obligación de abonar el arancel con carácter previo a la autorización definitiva o dentro de los cinco días posteriores a la colocación o publicación del suplemento correspondiente en la Autopista de la Información Financiera (AIF). Asimismo, se aclara que el cálculo del arancel debe realizarse sobre el valor residual de la serie o clase, definido como el remanente del valor nominal emitido luego de deducidas las amortizaciones y cancelaciones efectuadas.

En paralelo, se adecuaron las disposiciones relativas al Régimen de Emisor Frecuente (EF), teniendo en cuenta la supresión del arancel de inscripción y ratificación en dicho régimen, conforme lo dispuesto por el anexo II de la Resolución 1/2026 del Ministerio de Economía. A partir de ahora, el arancel se aplica exclusivamente sobre las emisiones de series o clases, las modificaciones de términos y condiciones y los aumentos de monto, con pautas de pago claramente definidas.

Las disposiciones alcanzan también a las emisiones de Obligaciones Negociables y Fideicomisos Financieros Sociales, Verdes y Sustentables, así como a los instrumentos emitidos bajo regímenes especiales de financiamiento.

Nuevos cargos por “Otros Servicios” y alcance institucional

Entre las novedades incorporadas, la CNV sumó como “Otros Servicios” el pago del Certificado de vigencia de sociedades en el Régimen de Oferta Pública, que deberá acreditarse al momento de solicitar la emisión del certificado, conforme a la tasa prevista en la Resolución 87/2017 del ex Ministerio de Finanzas.

Desde una perspectiva institucional, la Resolución General 1103/2026 completa el proceso de adecuación normativa iniciado con las sucesivas resoluciones del Ministerio de Economía entre 2017 y 2026, consolidando un esquema de actualización periódica de tasas y aranceles que busca reflejar la actividad administrativa del organismo, los recursos involucrados y la capacidad contributiva de los sujetos regulados.

En términos prácticos, la norma impacta directamente en emisores, agentes y proveedores de servicios del mercado de capitales, que deberán ajustar sus cronogramas financieros al nuevo calendario de pagos y a las condiciones actualizadas de acreditación de aranceles, bajo un marco regulatorio que refuerza la previsibilidad y la seguridad jurídica.

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Mercados de carbono: una oportunidad económica que Argentina puede aprovechar

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La Mesa Argentina de Carbono puso en el centro de la agenda económica y ambiental un instrumento que puede convertirse en una nueva fuente estratégica de divisas para el país: el Artículo 6 del Acuerdo de París. Según la entidad, su implementación permitiría duplicar y, en algunos casos, quintuplicar el valor de las exportaciones de créditos de carbono, siempre que la Argentina presente su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) ante las Naciones Unidas.

Desde la Mesa sostienen que la NDC 3.0 es la “llave maestra” para integrar al país al mercado internacional de carbono, un sistema que ya moviliza inversiones millonarias en América Latina y otras regiones del mundo. Ese mercado permite que los países exporten reducciones certificadas de emisiones -los denominados ITMOs- a economías que necesitan compensar su huella de carbono.

“La presentación de la NDC 3.0 funciona como prerrequisito para avanzar en la negociación de acuerdos con países compradores bajo el Artículo 6 y es una señal para que el sector privado trabaje en proyectos de inversión para comercializar créditos de carbono al mundo”, explicó Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.

Un mercado que paga hasta cinco veces más

Argentina cuenta con más de dos décadas de experiencia técnica en el desarrollo de proyectos de carbono, pero hasta ahora sus créditos sólo pueden venderse en el mercado voluntario, que paga valores significativamente más bajos que el mercado regulado bajo el Artículo 6.

“El mercado internacional del Artículo 6 paga entre dos y cinco veces más por crédito de carbono que el mercado voluntario actual. Esto cambia radicalmente la ecuación económica, haciendo viables proyectos de gran envergadura en energía, agro, bosques y residuos que hoy no logran financiarse”, subrayó Cano.

Esa diferencia de precios es clave: mientras el esquema voluntario limita el impacto económico, el acceso al mercado internacional habilita un flujo mucho mayor de inversiones, tecnología y financiamiento para proyectos ambientales de escala.

El Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería estimaron que la Argentina tiene un potencial mínimo de generación de 131,4 millones de créditos de carbono por año, a partir de la producción forestal y agropecuaria, la conservación de bosques nativos y otras actividades certificables.

Con ese volumen, el país podría generar ingresos anuales de entre 1.400 y 3.900 millones de dólares en el mercado internacional, frente a los 788 millones de dólares proyectados si se mantiene exclusivamente el esquema del mercado voluntario.

Para la Mesa Argentina de Carbono, la diferencia representa una oportunidad macroeconómica relevante en un contexto de restricción externa y necesidad de diversificar las exportaciones.

La oportunidad no es teórica. Actualmente, más de 70 países ya incluyeron el Artículo 6 en sus nuevas NDC, y existen más de 100 acuerdos bilaterales bajo el esquema del Artículo 6.2 firmados por más de 60 países.

Entre los principales compradores figuran Japón, Suiza, Singapur, Suecia, Corea y Noruega, mientras que del lado de los vendedores se destacan países de América Latina, África y Asia como Chile, Paraguay, Perú, Costa Rica, Ghana, Kenia e Indonesia.

La Argentina, señalan desde la Mesa, todavía está fuera de ese circuito por no haber presentado su NDC 3.0, lo que impide la firma de acuerdos bilaterales y la participación plena en el mercado regulado.

Según la Mesa Argentina de Carbono, la puesta en marcha del Artículo 6 tendría impactos económicos transversales. Entre ellos, se destacan el ingreso de divisas por exportación de activos ambientales, el acceso a financiamiento y tecnología a tasas más competitivas, y una mejor preparación frente a nuevas barreras climáticas al comercio, como el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) de la Unión Europea, que comenzará a regir plenamente en 2026.

Además, el esquema permitiría canalizar inversiones directas hacia provincias con alto potencial forestal, agropecuario y de energías renovables, fortaleciendo un modelo de desarrollo más federal y basado en la valorización del capital natural.

“Desde la Mesa Argentina de Carbono -que agrupa a más de 50 empresas líderes del sector- acompañamos y alentamos a las autoridades a concretar la presentación de la NDC 3.0 para transformar esa intención en una realidad operativa. Argentina tiene el talento y los recursos naturales, tiene todo para ser un proveedor de créditos de carbono a los mercados internacionales que hoy los demandan y que están dispuestos a pagar valores muy por encima del mercado argentino actual. La presentación de la NDC 3.0 es el primer paso para no mirar esta oportunidad desde afuera y pasar a ser protagonistas del mercado global”, concluyó Cano.

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