Argentina

GreenKey llega a la Argentina y se acelera la adopción de la sostenibilidad en el sector hotelero

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 Grupo Gaman, holding argentino con más de 25 años de trayectoria en seguros, prevención, salud y soluciones empresariales, anuncia la llegada de GreenKey (Llave Verde) a la Argentina. Esta certificación ecológica internacional, reconocida en más de 60 países, se convierte en una herramienta clave en el sector hotelero y turístico nacional.

GreenKey es un sello que distingue a hoteles, hostales, campings, parques vacacionales, centros de conferencias, restaurantes y atracciones que cumplen con estrictos criterios ambientales. Su objetivo es promover el desarrollo sostenible en el turismo, mejorar la gestión ambiental y educar tanto al personal como a los huéspedes sobre la importancia de la sostenibilidad.

Esta certificación nació en Dinamarca en 1994 y es gestionada internacionalmente por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), organización líder en la promoción de la educación y la acción ambiental. Su presencia en Argentina, a través de EHS Gestión de Riesgos de Grupo Gaman, representa un paso clave para alinear al sector turístico local con las mejores prácticas internacionales. 

Con la representación exclusiva de GreenKey, Grupo Gaman reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en la gestión de riesgos. Esta iniciativa se integra a la misión del holding de ofrecer soluciones integrales que impacten positivamente en la sociedad y en el medio ambiente.” señala Joel Zumoffen Gerente de Operaciones de EHS GESTION DE RIESGOS, empresa de Grupo Gaman. 

Datos globales que respaldan la iniciativa

La llegada de GreenKey a la Argentina se enmarca en una tendencia mundial, donde más del 80% de los viajeros internacionales consideran esencial viajar de manera sostenible. Se trata de un mercado en crecimiento, que a nivel mundial alcanzó un volumen de 279 mil millones de dólares en 2025, con una proyección de casi 500 mil millones para 2029.

Hoy sabemos que 84% de los turistas afirman que priorizan alojamientos responsables, lo que convierte a las certificaciones ecológicas en un factor decisivo de competitividad” señalan desde Grupo Gaman. “Este tipo de certificación será un aspecto central en el desarrollo de la industria para el 2026 y el resto de la década”, concluyen.

Acerca de Grupo Gaman

Grupo Gaman es un holding argentino con más de 25 años de trayectoria, dedicado a proporcionar soluciones integrales en cuatro segmentos clave: seguros, prevención, salud y soluciones empresariales. Fundado en 1998 por Juan Manuel Manganaro, el Grupo ha evolucionado desde una pequeña empresa de intermediación de seguros hasta convertirse en un proveedor de servicios integrales con presencia en Argentina, Chile y Estados Unidos. 

La propuesta de valor de Grupo Gaman se centra en ofrecer servicios innovadores y personalizados a través de un mismo referente, adaptados a las necesidades específicas de cada cliente y productor. Su enfoque trasciende el modelo tradicional de broker de seguros para posicionarse como un “Asesor Integral de Riesgos”.

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Monteoliva impulsa un sistema unificado de información para medir la gestión en seguridad

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El Ministerio de Seguridad avanzó en la creación de un nuevo sistema de información que amplía las responsabilidades operativas de las fuerzas federales más allá del combate directo contra el delito. A partir de la Resolución 108/2026, publicada en el Boletín Oficial, cada fuerza policial y de seguridad deberá relevar, clasificar y cargar datos de su gestión en siete categorías obligatorias, que luego serán procesadas con fines estadísticos. La medida apunta a unificar criterios, mejorar la comparabilidad de la información y fortalecer la toma de decisiones, aunque también incorpora nuevas cargas administrativas para el personal operativo.

Un sistema estadístico centralizado para la gestión de la seguridad

La resolución firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, crea el Sistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (SIEFFSS), que funcionará en la órbita de la Dirección Nacional de Estadística Criminal. El objetivo formal es ordenar y sistematizar la información vinculada a la gestión de la seguridad en distintos niveles, ante la falta de estándares comunes que caracterizaba hasta ahora a la provisión de datos por parte de las fuerzas.

Según se establece en la norma, el SIEFFSS deberá contener al menos siete componentes de información, cuya carga quedará a cargo de las distintas reparticiones de las fuerzas federales. Entre ellos se incluyen las intervenciones ordinarias y extraordinarias realizadas en tareas de prevención del delito, respuesta ante hechos delictivos, mantenimiento del orden público y acciones de contención o rescate. En la práctica, esto implica que cada procedimiento ejecutado por personal de seguridad federal deberá ser informado y clasificado dentro del sistema.

A ese núcleo operativo se suman otros ejes relevantes: recursos humanos disponibles y su condición actual, cantidad y tipo de incautaciones, capacidades logísticas y materiales, agentes fallecidos o heridos en servicio y cantidad de civiles abatidos y terceros damnificados en procedimientos. La amplitud de las categorías refleja un enfoque integral de la gestión, que excede la estadística criminal tradicional y abarca dimensiones operativas, humanas y materiales.

Más responsabilidades sin costo fiscal y con exigencias de resguardo

La resolución aclara que la creación del SIEFFSS no implica erogaciones para el Estado Nacional, ya que la implementación recae exclusivamente sobre las propias fuerzas de seguridad. En ese marco, cada organismo deberá adecuar sus procedimientos y normativas internas y designar un área de referencia única encargada de poner en funcionamiento el sistema.

El esquema incorpora obligaciones concretas para el personal: resguardar la información por un plazo mínimo de 20 años, establecer procedimientos específicos para la obtención y carga de datos, monitorear desvíos o errores en la información registrada y garantizar la disponibilidad periódica y oportuna de los datos. De este modo, a las tareas operativas habituales se suma una capa administrativa y técnica que busca sostener la calidad y consistencia de la información.

Hasta ahora, el Ministerio de Seguridad recibía datos producidos bajo criterios clasificatorios heterogéneos, lo que dificultaba su agregación y comparación. Ese diagnóstico quedó explicitado en la resolución, donde se señala que “el relevamiento de dicha información presenta criterios clasificatorios heterogéneos, lo cual dificulta su agregación y comparabilidad”, fundamento central para avanzar hacia un sistema unificado.

En cuanto al acceso, la norma establece que la información será confidencial y de manejo interno, aunque podrá utilizarse para presentaciones estadísticas que disponga la propia gestión, dejando en manos del Ministerio la decisión sobre su eventual difusión pública.

Seguridad, datos y territorio: el respaldo político al Plan Bandera

La creación del SIEFFSS se inscribe en un contexto de fuerte énfasis del Gobierno nacional en la gestión de la seguridad, con foco territorial en zonas críticas. En ese marco, Monteoliva mantuvo una reciente visita a Rosario, uno de los principales ejes de la estrategia libertaria en la materia, donde participó de un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y acompañó la entrega de nuevos vehículos a las fuerzas en el marco del Plan Bandera.

Durante esa actividad, la ministra remarcó que “Rosario y Santa Fe siguen siendo una prioridad” y sostuvo que “enero fue el mes menos violento desde la implementación del Plan Bandera”, atribuyendo los resultados a la intensificación de los operativos y a una mayor coordinación entre Nación y provincia.

En ese sentido, el nuevo sistema estadístico aparece como una herramienta complementaria: ordenar datos, medir resultados y sostener con información la narrativa de gestión en un área políticamente sensible. Al mismo tiempo, abre interrogantes sobre el impacto operativo de sumar tareas de carga y control de información a fuerzas que ya enfrentan una alta demanda en el territorio.

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Fuerza Patria impulsa una lista de unidad para normalizar el PJ Misiones y así evitar una interna partidaria

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El espacio político Fuerza Patria pidió formalmente avanzar con una lista de unidad para las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) de Misiones, previstas para el 19 de abril, y desalentó una competencia interna. La definición se adoptó por unanimidad en un plenario realizado en Posadas, con más de 300 dirigentes y militantes, y apunta a acelerar la normalización partidaria, recuperar la centralidad política y fortalecer una conducción federal con participación municipal.

Plenario, diagnóstico y hoja de ruta hacia el 19 de abril

La resolución surgió de un encuentro realizado en el SUM de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales “Juan Figueredo”, en la ciudad de Posadas, donde referentes sindicales, sociales, barriales y políticos de Fuerza Patria consensuaron priorizar el diálogo y la construcción de “los puentes necesarios” para arribar a una lista consensuada. El objetivo explícito es evitar una interna y ordenar la estructura del PJ distrito Misiones en el marco del calendario partidario.

El documento aprobado subraya que la unidad debe expresar la diversidad del peronismo, pero también la coherencia entre doctrina, conducta y acción de quienes representen al partido. En términos políticos, la estrategia busca reducir fricciones internas, ordenar la representación territorial y presentar una conducción legitimada para el proceso de normalización institucional.

Federalización del PJ y protagonismo municipal

Otro eje central del posicionamiento es la vocación de construir un PJ federal, con protagonismo de todos los municipios. El texto propone fortalecer los Consejos Políticos Municipales como ámbito de voz, participación y debate, con el propósito de recomponer capilaridad territorial y capacidad de acción política.

Desde Fuerza Patria sostienen que el contexto actual exige una salida colectiva y que la unidad es la condición para defender un proyecto político con identidad peronista. El comunicado convoca a “volver a juntarse” para ofrecer a la sociedad misionera una opción política que priorice la cohesión interna y la reconstrucción partidaria.

Adhesiones, actores y posibles repercusiones

El pronunciamiento cuenta con la adhesión de agrupaciones políticas, espacios sindicales y referentes territoriales de toda la provincia, incluyendo organizaciones como La Cámpora, La Kristina, Instrumento Político de Territorio y Formación, Sinceramente, Soberanía Política, Somos Pueblo, Pueblo Unido, Peronismo K, Casa Patria Misiones, Generando Futuro y CAITraC, además de múltiples dirigentes y delegados gremiales y universitarios que acompañaron la convocatoria.

En términos de impacto, la decisión de evitar una interna puede reducir costos políticos y organizativos, ordenar tiempos y concentrar recursos en la normalización y en la construcción de consensos. Al mismo tiempo, abre un período de negociación entre los distintos sectores del peronismo misionero, con la expectativa de alinear posiciones y definir una conducción aceptada por la mayoría. Las reacciones de los espacios no alineados y la capacidad de traducir el acuerdo en una lista representativa serán determinantes para la estabilidad del proceso.

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Presupuesto 2026: el Gobierno reasigna $190.000 millones para cumplir la cautelar de la Corte a favor de la Ciudad

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El Jefe de Gabinete de Ministros aprobó una modificación clave del Presupuesto 2026 que reordena créditos por más de $190.000 millones para dar cumplimiento a la medida cautelar de la Corte Suprema en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de reforzar partidas del Senado y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. La decisión, formalizada mediante la Decisión Administrativa 2/2026, impacta en el Ministerio de Economía, el Poder Legislativo y las obligaciones del Tesoro, y reconfigura el esquema de gastos corrientes y transferencias en un contexto de fuerte tensión fiscal e institucional.

Reasignación de fondos y cumplimiento judicial

La Decisión Administrativa 2/2026, publicada el 4 de febrero de 2026, introduce modificaciones al Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, aprobado por la Ley N° 27.798, con el objetivo de “adecuar el presupuesto vigente de algunas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido”.

El eje central de la medida es la compensación de créditos destinada a atender las transferencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Expediente CSJN N° 1864/2022). Para ello, se incrementan en $190.000 millones los créditos de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, específicamente en el Programa 67 “Cumplimiento de Medida Cautelar CSJN 1864/2022”, destinados a transferencias corrientes a la administración pública provincial.

Este refuerzo se financia mediante una reducción equivalente de créditos en el Ministerio de Economía, particularmente en el Programa 45 “Administración Financiera”, subprograma de coordinación fiscal con las provincias, donde se recortan $190.000 millones en transferencias corrientes. La maniobra presupuestaria permite cumplir con la orden judicial sin alterar el resultado fiscal global, aunque redefine prioridades en la distribución territorial de recursos.

Refuerzos al Poder Legislativo y ajustes en Economía

La modificación presupuestaria también incorpora créditos adicionales para el Poder Legislativo Nacional. En el caso del H. Senado de la Nación, se asignan $14.300 millones para atender gastos de funcionamiento del Programa 16 “Formación y Sanción de Leyes Nacionales”, con destino tanto a gastos corrientes como de capital, incluyendo bienes de consumo, servicios no personales y la adquisición de maquinaria y equipos.

En paralelo, se incrementan en $42,57 millones los recursos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organismo que funciona en el ámbito del Congreso. Este refuerzo se financia con ingresos provenientes del Convenio de Subvención (OPCAT-144-GLO/09/HC/07-B453) celebrado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y se destina principalmente a gastos en personal contratado y servicios técnicos, informáticos y logísticos.

En contrapartida, el Ministerio de Economía absorbe ajustes internos. Se dispone una compensación de créditos para atender erogaciones del Gabinete de Autoridades Superiores, con una reducción neta de $889.285.533 en determinadas partidas, y reacomodamientos entre las subjurisdicciones de Economía y Producción. Estas modificaciones responden a la necesidad de redistribuir recursos sin ampliar el gasto total autorizado.

Impacto y proyección fiscal

Desde el punto de vista institucional, la decisión reafirma la centralidad de la medida cautelar de la Corte Suprema en la arquitectura fiscal de 2026. El traslado de $190.000 millones al programa específico de cumplimiento judicial consolida un mecanismo presupuestario explícito para atender la controversia por la coparticipación de fondos a la Ciudad, un tema que mantiene alta sensibilidad política y federal.

En términos económicos, la reasignación no implica un aumento del gasto total, pero sí tensiona la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía, que ve reducida su capacidad de transferencias a otras jurisdicciones. Al mismo tiempo, el refuerzo al Senado y a organismos de control legislativo busca garantizar el funcionamiento institucional y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

La medida se dicta al amparo del artículo 37 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y del artículo 9° de la Ley de Presupuesto 2026, y lleva las firmas del Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Andrés Caputo. Hacia adelante, el esquema aprobado anticipa un escenario de ejecución presupuestaria fuertemente condicionado por fallos judiciales y por la necesidad de compatibilizar disciplina fiscal con obligaciones institucionales de alto impacto político.

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Organizaciones de todo el país impulsan un Plan Nacional de Control del Cáncer

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En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la red Unidos por el Cáncer, integrada por ciento sesenta organizaciones oncológicas de la sociedad civil de todo el país, lanzó una petición nacional para impulsar la creación y adopción de un Plan Nacional de Control del Cáncer en la Argentina.

La iniciativa surge a partir del trabajo territorial sostenido de organizaciones que acompañan a personas con cáncer y a sus familias, y del consenso alcanzado en los Congresos Nacionales realizados por la red, donde especialistas, autoridades sanitarias y referentes del sistema coincidieron en la necesidad de contar con un plan rector, federal y sostenido en el tiempo.

Actualmente, el acceso al diagnóstico oportuno, al tratamiento y al acompañamiento integral continúa siendo desigual entre provincias y sistemas de salud, con demoras, barreras administrativas y brechas que impactan directamente en la calidad de vida de los pacientes.

“El cáncer no se vive igual en todas las provincias. Un Plan Nacional permitiría ordenar el sistema, reducir inequidades y garantizar continuidad en las políticas públicas más allá de los cambios de gestión”, señalaron desde la coordinación de Unidos por el Cáncer.

La petición solicita a las autoridades nacionales, provinciales y legislativas:

• La elaboración y actualización participativa de un Plan Nacional de Control del Cáncer, con enfoque federal y basado en evidencia científica.

• Su adopción como política de Estado, con un marco normativo que garantice continuidad y presupuesto más allá de los cambios de gobierno.

• La participación activa de pacientes, organizaciones sociales, equipos de salud, universidades y equipos provinciales en su diseño, implementación y monitoreo.

• El fortalecimiento de un registro nacional de cáncer, con financiamiento y apoyo federal, que permita generar datos confiables y evidencia real para orientar políticas públicas y evaluar su impacto.

• La creación de mecanismos de seguimiento y evaluación, con transparencia y resultados medibles.

La evidencia internacional muestra que los países que cuentan con planes nacionales bien implementados logran mejorar la detección temprana, optimizar el uso de recursos, reducir inequidades territoriales y disminuir la mortalidad evitable, especialmente en cánceres prevenibles o detectables en etapas tempranas. Estos planes permiten coordinar acciones de prevención, tamizaje, tratamiento, cuidados paliativos y sistemas de información, generando impactos positivos sostenidos en los resultados en salud.

Hoja de ruta hacia el Plan Nacional

La campaña lanzada el cuatro de febrero constituye el primer paso de un proceso más amplio que se desarrollará a lo largo del año. Unidos por el Cáncer impulsará una hoja de ruta participativa que incluye acciones de concientización pública, recolección de adhesiones ciudadanas e institucionales, encuentros con expertos nacionales e internacionales, seminarios técnicos y espacios de diálogo multisectorial.

El objetivo es construir consenso social, fortalecer alianzas con organismos públicos, instituciones sanitarias, sociedades científicas, universidades y organizaciones de pacientes, y avanzar hacia la elaboración colaborativa de un Plan Nacional de Control del Cáncer que pueda ser adoptado como política de Estado, con enfoque federal y continuidad en el tiempo.

Cómo sumarse

Todas las personas, organizaciones e instituciones interesadas pueden participar de esta iniciativa:

• Firmando la petición ciudadana en change.org/PlanControlCancer
• Expresando su adhesión institucional
• Acompañando las acciones de difusión y diálogo

Toda la información sobre la campaña, los documentos de trabajo y las instancias de participación estarán disponibles en el sitio web de Unidos por el Cáncer.

Unidos por el Cáncer es una red federal creada en dos mil veinte que articula organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de mejorar la prevención, el acceso, el control y la calidad de la atención oncológica en la Argentina. Actualmente cuenta con más de ciento sesenta miembros de todo el país.

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