Argentina

Argentina todavía arrastra restricciones que la separan de una economía plenamente normalizada

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Aunque la economía argentina muestra señales de estabilización macroeconómica y un renovado respaldo de los mercados internacionales, el proceso de normalización todavía está lejos de completarse. Así lo plantea el último informe Economic GPS de PwC Argentina, que sostiene que la mejora en la percepción de riesgo soberano no alcanza, por sí sola, para equiparar al país con otros mercados emergentes.

El reporte destaca que durante junio se combinaron varios factores positivos: las mejoras en la calificación crediticia otorgadas por Fitch y S&P, la baja del riesgo país por debajo de los 450 puntos básicos y el avance de garantías multilaterales para facilitar el acceso al financiamiento privado. Sin embargo, la decisión de MSCI de mantener a la Argentina fuera de la categoría de mercado emergente dejó en evidencia que todavía persisten obstáculos estructurales.

La diferencia es significativa. Mientras las calificadoras evalúan principalmente la capacidad de pago del Estado, MSCI analiza aspectos vinculados al funcionamiento del sistema financiero: acceso de los inversores extranjeros, liquidez del mercado, disponibilidad de instrumentos, estabilidad regulatoria y previsibilidad institucional.

En ese terreno, PwC advierte que Argentina todavía mantiene restricciones que la separan de una economía plenamente normalizada. El principal ejemplo es la continuidad de las limitaciones cambiarias para las empresas. Aunque el cepo se flexibilizó en distintos frentes, el mercado cambiario aún no opera bajo condiciones comparables con las de otros países emergentes, un aspecto que sigue pesando en la evaluación de los inversores internacionales.

Más confianza, pero una normalización incompleta

El informe remarca que la reducción del riesgo país constituye un cambio relevante porque refleja una mejora en la percepción del mercado sobre la solvencia argentina. El superávit fiscal, la desaceleración de la inflación, la acumulación de reservas y el fortalecimiento del frente externo permitieron reconstruir parte de la confianza perdida durante los últimos años.

A ello se suma el respaldo de organismos multilaterales. La garantía del Banco Mundial por 2.000 millones de dólares y los programas similares impulsados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF reducen el costo del financiamiento en un contexto internacional que continúa siendo exigente por las elevadas tasas de interés globales.

Sin embargo, PwC subraya que una mejor calificación crediticia no implica automáticamente una normalización financiera completa. Para alcanzar ese objetivo será necesario avanzar hacia un mercado más profundo, con reglas estables y sin restricciones operativas para el ingreso y salida de capitales.

La inversión ya empezó, pero sigue concentrada

El documento también rechaza la idea de que la falta de reclasificación de MSCI implique ausencia de inversiones. Por el contrario, señala que la Argentina ya está captando importantes proyectos de largo plazo, especialmente en energía y minería, impulsados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Estos sectores cuentan con ventajas estructurales —recursos naturales, escala y marcos regulatorios específicos— que ofrecen previsibilidad a los inversores. El desafío será extender ese flujo de capital hacia el resto de la economía y del sistema financiero.

Una economía que crece, pero a distintas velocidades

PwC también observa una recuperación de la actividad económica, aunque con fuertes diferencias entre sectores. Los rubros vinculados a la generación de divisas —como el agro, la energía, la minería y algunos servicios— lideran el crecimiento, mientras que otros segmentos más ligados al consumo interno avanzan con mayor lentitud.

El informe sostiene que la recomposición del salario real, la recuperación gradual del crédito y la baja de la inflación deberían contribuir a que esa expansión se vuelva más homogénea durante los próximos meses.

No obstante, advierte que el mercado laboral todavía muestra rezagos. La tasa de desempleo descendió apenas de manera marginal respecto del año anterior y la creación de empleo no alcanza para absorber completamente el aumento de la población económicamente activa. Esto se explica porque los sectores que hoy lideran el crecimiento son intensivos en capital, pero no necesariamente en generación de puestos de trabajo.

Del equilibrio macro a una economía normal

La conclusión del estudio es que Argentina ingresó en una nueva etapa. La discusión dejó de centrarse exclusivamente en evitar la inestabilidad macroeconómica y comenzó a desplazarse hacia cómo transformar esa mejora de confianza en mayor financiamiento, inversión y crecimiento sostenido.

Para PwC, el desafío ahora consiste en aprovechar esta ventana para construir una economía menos dependiente de medidas excepcionales y más apoyada en reglas estables, profundidad financiera y capacidad productiva. La confianza comenzó a recuperarse; la normalización, en cambio, todavía está en construcción.

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Asimetrías por doquier

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Las cifras de las cuentas nacionales y de empleo del primer trimestre de 2026 arrojan algunos resultados interesantes.

Actividad económica

El PIB mantuvo su expansión durante el primer trimestre con un crecimiento del 3% anual, acumulando un alza superior al 2% en los últimos tres años, tras revertir la caída de 2023 y del primer semestre de 2024. No obstante, esta evolución macroeconómica oculta profundas disparidades sectoriales, regionales y sociales:

  • Disparidad sectorial: Mientras la Pesca (+49%) y el Agro (+36%) lideraron la recuperación de los últimos tres años, la Construcción (-13%) y la Industria (-11%) sufrieron severas contracciones. En el sector industrial, la brecha interna es también es enorme, con ramas que crecieron 17% frente a otras que se desplomaron un 36%.
  • Brecha regional: El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella registra un mayor optimismo en el interior del país en comparación con el Gran Buenos Aires (GBA), superando ampliamente las diferencias previas entre esas regiones registrada en 2016 y 2017.
  • Desigualdad de ingresos: En términos reales respecto a 2023, los salarios de los empleados públicos cayeron un 21% y los del sector formal privado un 5%. En contraste, los ingresos de los trabajadores informales aumentaron un 56%, consolidando una fuerte recuperación tras la desaceleración de la inflación.

Los datos del EMAE de abril mostraron una caída respecto de marzo, pero se corrigieron al alza los valores publicados anteriormente para los meses previos.

Empleo

El empleo total superó las expectativas al crecer un 1% anual en el último trienio y acelerarse al 1.5% en el último año. Sin embargo, la calidad del mercado laboral se deterioró debido a la reducción del trabajo registrado. El empleo formal se contrajo un 3.3% en el último año, profundizando la tendencia negativa frente al promedio de caída del 1.5% anual de los últimos tres años.

En cambio, el avance de la informalidad y del cuentapropismo compensó con creces la pérdida de puestos formales, sosteniendo el indicador global.

Consumo privado

Durante el primer trimestre, el consumo privado se expandió por encima del PIB y acumuló un alza del 7% respecto al mismo período de 2023. Esta discrepancia con los indicadores que habitualmente se utilizan para aproximar esa variable podría explicarse por la evolución de la masa salarial total. En el último año, la contracción del empleo y del ingreso formal fue compensada con creces por el crecimiento de ambas variables en el sector informal. Al corregir el rezago de aproximadamente 5 meses en la medición de los ingresos informales y hacer supuestos razonables sobre la diferencia entre salarios formales e ingresos informales, estimaciones conservadoras indican que la masa salarial total habría aumentado un 11% entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de este año, aunque se estancó a comienzos de 2026 (ver gráfico).

Gráfico 1

La evidencia internacional señala que los trabajadores informales -respecto de los formales- gastan una proporción de su ingresos mayor en comercios poco formales, los cuales suelen subdeclarar sus ventas ante el fisco y a cualquiera que los encueste.

Inversión

El desempeño de la inversión total fue deficiente, registrando una caída del 12% a precios constantes durante el último año, lo que redujo el cociente inversión/PIB en casi tres puntos porcentuales. Aunque históricamente la inversión rara vez superó el 22% del PIB en los últimos 26 años, el registro de 17.2% en el primer trimestre de 2026 se posiciona como uno de los niveles más bajos de la serie histórica. Esta contracción se explica inicialmente por el deterioro en el sector de la construcción, al que se sumó recientemente una marcada reducción en la adquisición de maquinaria y equipo.

Exportaciones

Medidas a precios constantesy corregidas por estacionalidad se mantuvieron en niveles muy altos (28% por encima del promedio 2022-2023 y también 26% más altas que el promedio desde 2004 a la fecha).

Conclusión

A pesar del severo ajuste fiscal en 2024 y de la restricción monetaria de 2025, la economía y el empleo total se expandieron bajo el impulso de las exportaciones y del consumo privado, este último probablemente motorizado por la mejora en los ingresos y la ocupación en el sector informal. No obstante, los peores indicadores se concentran en las variables determinantes para el desarrollo económico de mediano plazo: la inversión y la productividad, reflejada esta última en la pérdida de puestos formales y el avance de la precarización laboral.

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Lo que la crisis brasileña de la yerba mate me hace pensar sobre el mercado argentino

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Por Martín Gómez – Leyendo el reciente artículo de Embrapa Florestas sobre la situación del sector yerbatero en Brasil, me surge una hipótesis que quiero poner a prueba con datos. El diagnóstico que hacen los investigadores es contundente: el precio pagado al productor brasileño cayó 26,5% en términos nominales entre 2022 y 2026 (de R$17,00/@ a R$12,50/@), mientras los costos de cosecha, comercialización y transporte subieron 78,3% en un período en que la inflación acumulada en Brasil fue de aproximadamente 39,6%.

El productor brasileño está siendo presionado desde los dos extremos de la ecuación —precio y costo— a un ritmo que casi duplica la inflación general.

Lo que más me llama la atención es la explicación que dan sobre el origen de ese excedente de oferta: descartan explícitamente el término “supersafra”. No es un salto productivo, sino la recuperación de yerbales que venían golpeados por la sequía (tanto en Brasil como en Argentina) sumada a la entrada en producción de plantíos sembrados antes de la pandemia, que recién ahora maduran.

Esto importa porque distingue un excedente coyuntural —que se corrige cuando la demanda lo absorbe— de uno más estructural, vinculado a mayor superficie en producción. Embrapa advierte que esta presión podría sostenerse en los próximos años, aunque también deja entrever que los primeros indicios sugieren que la curva de retorno podría empezar a revertirse.

Mi hipótesis: si Brasil tiene este nivel de presión a la baja en sus propios precios, con un tipo de cambio relativamente estable, podría repetirse un escenario similar al de años anteriores, donde una entrada significativa de yerba canchada o molida brasileña al mercado argentino terminó presionando aún más la situación de los productores locales. Quiero ver qué dicen los datos recientes del sector en Argentina para validar o no esto.

Lo que muestran los datos argentinos

La cadena yerbatera argentina viene reportando, en paralelo, un deterioro sostenido en varios indicadores. Vale la pena ordenarlo cronológicamente para entender cuándo se empezó a agudizar:
 Fines de enero 2026: productores de Misiones amenazan con desabastecimiento, reclamando que el precio de la hoja verde recibido (entre $250 y $300/kilo) está muy por debajo del valor histórico de referencia (equivalente a unos $700 al tipo de cambio actual).
 Marzo 2026: distintas fuentes (Página/12, El Miércoles Digital) reportan acuerdos de precio de referencia ($270-$400) que excluyeron a productores primarios de la negociación, y denuncias de pérdida de calidad asociada a la presión de precios.
 Mayo 2026: el informe de CEPA sobre el primer trimestre del año marca el peor ratio histórico desde 2019 entre lo que recibe el productor y el precio de góndola (11,6% promedio trimestral), con casos puntuales de venta por debajo del costo de producción.
 Coincidiendo con esta ventana temporal, en noviembre de 2025 había entrado en vigencia el Decreto 812/2025, que modificó las facultades del INYM en materia de precios de referencia. La coincidencia temporal entre esa norma y la profundización del deterioro de precios es señalada por varios de los actores consultados en estas notas, aunque no es el único factor en juego ni hay todavía un análisis que aísle su peso relativo frente a otras variables (tipo de cambio, costos, oferta regional).
 Mayo-junio 2026: la nota de Economis sobre los primeros cinco meses del año describe una caída simultánea —poco habitual— en producción, consumo interno (-3% interanual) y comercialización total, con el dato adicional de que, por primera vez, el Ministerio de Desregulación recibió a representantes de la cadena yerbatera para evaluar el impacto del esquema actual.

¿Qué dice esto sobre mi hipótesis de importación brasileña?

Acá el dato más fino que encontré, del informe CEPA sobre el primer trimestre 2026: las importaciones de yerba cayeron 50% interanual respecto a 2025.

A primera vista, esto contradice la hipótesis de una nueva ola importadora. Pero hay dos matices que la sostienen parcialmente: Primero, ese 50% de caída es relativo a un 2025 que venía con importaciones muy elevadas (+125% versus 2023). El nivel de 2026, aun cayendo, sigue 103,1% por encima de los valores de 2023 — el canal importador está estructuralmente más abierto que antes de 2024, no se cerró. Segundo —y este es el dato que más sostiene mi hipótesis—: dentro de ese volumen menor, la participación de Brasil como origen subió de 70,3% (medido a octubre 2025) a 86,9% en el primer trimestre de 2026, mientras Paraguay retrocedió a 13,1%.

Esto es coherente con lo que plantea el informe de Embrapa: si el productor brasileño tiene más excedente y más presión interna a la baja, se vuelve comparativamente más competitivo como origen exportador hacia mercados vecinos, ganando terreno sobre Paraguay incluso con un volumen total importado menor. 2 Conclusión: validación parcial, y la necesidad de seguir monitoreando

Mi hipótesis inicial —que viene una ola de importación masiva de yerba brasileña que va a presionar fuerte al productor argentino— no se confirma todavía en magnitud (el volumen importado está cayendo, no subiendo), pero sí se confirma en dirección: Brasil está ganando participación relativa como origen de lo que se importa, en un contexto donde su propio sector reporta presión de precios y excedente de oferta. Es una señal a vigilar, no una conclusión cerrada.

Lo que sí queda claro es que ambos países —Brasil y Argentina— están atravesando, en paralelo y con mecanismos no necesariamente idénticos, una fase de fuerte compresión de rentabilidad para el productor primario.

En Argentina coincide temporalmente con cambios en el esquema regulatorio del INYM, pero también con factores de oferta, tipo de cambio y dinámica de consumo interno que conviene seguir desagregando antes de atribuir el fenómeno a una sola causa.

Lo que me parece más productivo, en lugar de quedarme en el diagnóstico, es pensar qué puede hacer la cadena de valor mientras se sigue monitoreando esta tendencia:

Seguimiento que vale la pena sostener en el tiempo:
 Informes mensuales de CEPA / INYM sobre importaciones (volumen y origen Brasil/Paraguay), para ver si la caída de volumen se revierte en los próximos meses.
 Evolución de precios pagados al productor en Brasil (Embrapa, CEPEA) versus Argentina, para detectar si la brecha se achica o se amplía.
 Tipo de cambio real bilateral Argentina-Brasil, variable clave para la competitividad de las importaciones. Líneas de acción posibles desde los actores de la cadena, independientemente de cómo evolucione el contexto regulatorio o cambiario:
 Agregado de valor en origen: avanzar en nuevas presentaciones demás valor (despalada, formatos premium, dosis individuales) que diferencien el producto del commodity a granel y lo saquen de la competencia directa por precio.
 Certificación de origen y calidad: fortalecer denominaciones de origen, sellos de trazabilidad y certificaciones (orgánico, comercio justo, sustentabilidad) que permitan capturar mejores precios en mercados que valoran ese atributo, tanto interno como de exportación.
 Acceso directo a mercados de exportación: el crecimiento exportador reciente (liderazgo global recuperado en 2025, apertura de China) muestra que hay demanda dispuesta a pagar mejor por el producto argentino afuera; achicar la distancia entre el pequeño productor y esos canales de exportación —vía cooperativas u otros esquemas asociativos— podría captar parte de ese valor que hoy queda en eslabones intermedios.
 Reducción de intermediación que no agrega valor: identificar en qué tramos de la cadena el margen se concentra sin una contraprestación clara de valor agregado (logística, financiamiento de plazos extendidos, etc.) y evaluar esquemas de comercialización más directos entre el productor y la industria o el consumidor final.
 Incentivos a la mejora de calidad en origen: dado que la calidad del producto en estado de hoja verde y canchada define buena parte del valor final, sostener o ampliar los programas de asistencia técnica (manejo, secado, estacionamiento) ayuda a que el productor capture una porción mayor del precio final por la vía de la diferenciación, no solo del volumen.

En síntesis: hay una hipótesis parcialmente validada sobre la presión brasileña, una crisis de rentabilidad del productor que coincide en el tiempo con varios factores simultáneos, y una agenda de trabajo para la cadena de valor que no depende de cómo se resuelva la discusión regulatoria, sino de seguir construyendo valor agregado en origen.

Martín Gómez, sommelier creador de Mate Perfecto e impulsor del Mundial de la Yerba Mate

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Caputo propone cancelar deudas de obra pública con bonos

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El Ministerio de Economía creó un Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones para saldar deudas con contratistas mediante títulos públicos. El esquema alcanza obligaciones acumuladas entre 2022 y 2025 y establece un cupo máximo de $221.119,5 millones, priorizando la regularización de pasivos sin ampliar el gasto presupuestario.

La medida, oficializada mediante la Resolución 1/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, introduce un mecanismo voluntario para que empresas contratistas acepten bonos del Tesoro como forma de cancelación de certificados de obra, redeterminaciones de precios, acopio de materiales y obligaciones derivadas de contratos rescindidos. El objetivo oficial es ordenar los pasivos heredados de la obra pública preservando la estrategia de equilibrio fiscal.

Para el sector constructor, la resolución representa un cambio relevante: el Estado reconoce la existencia de obligaciones pendientes, pero reemplaza el pago en efectivo por instrumentos financieros que podrán mantenerse hasta su vencimiento o negociarse en el mercado secundario. La decisión traslada parte del costo financiero a las empresas, aunque también abre una vía para destrabar créditos cuya percepción permanecía incierta.

Un mecanismo para normalizar pasivos sin afectar el presupuesto

El régimen estará disponible para contratos ejecutados bajo la Ley 13.064 y también para obras financiadas por organismos multilaterales, siempre que dependan de las Secretarías de Obras Públicas o Transporte.

Las empresas tendrán 10 días hábiles desde la entrada en vigencia de la resolución para solicitar su adhesión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Posteriormente deberán presentar la liquidación de sus acreencias, acompañada por la documentación respaldatoria y el cálculo de intereses por mora cuando correspondan. El procedimiento y el modelo de adhesión fueron aprobados en un anexo específico de la resolución.

Una vez validados los montos, ambas partes suscribirán un acta acuerdo que formalizará la cancelación de las obligaciones mediante títulos públicos.

Tres bonos para cancelar la deuda

El esquema combina tres instrumentos del Tesoro Nacional, distribuidos prácticamente en partes iguales:

  • 33% en una Lecap con vencimiento el 30 de octubre de 2026.
  • 33% en un Boncap con vencimiento el 15 de enero de 2027.
  • 34% en un Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027.

Los títulos serán entregados a su valor técnico al día hábil anterior a la transferencia y el programa tendrá un límite global de $221.119.509.519, que funcionará como cupo máximo de adhesión.

La adhesión implica renunciar a reclamos futuros

Uno de los aspectos más relevantes para las empresas es que el ingreso al régimen no sólo supone aceptar bonos como medio de pago.

La resolución establece que cada contratista deberá desistir expresamente de los reclamos administrativos o judiciales vinculados al contrato alcanzado y renunciar a futuras acciones relacionadas con la ecuación económica o financiera derivada de la modalidad de cancelación elegida.

Desde la óptica jurídica, el mecanismo busca otorgar certeza al Estado respecto del cierre definitivo de cada obligación una vez entregados los títulos.

Para muchas firmas, la posibilidad de convertir créditos demorados en activos financieros puede mejorar la previsibilidad patrimonial, aunque no necesariamente la liquidez inmediata.

La decisión también introduce un nuevo criterio para evaluar el riesgo contractual con el Estado nacional: los pagos pendientes podrán transformarse en instrumentos financieros cuya rentabilidad dependerá tanto de su vencimiento como de las condiciones del mercado secundario.

La eficacia del régimen dependerá del nivel de adhesión de las constructoras y del comportamiento de los títulos públicos utilizados para cancelar las acreencias. Si los bonos conservan liquidez y valor de mercado, el mecanismo podría acelerar el saneamiento de pasivos de la obra pública. Si, por el contrario, las empresas enfrentan dificultades para convertir esos activos en financiamiento operativo, persistirá el desafío de recomponer el capital de trabajo en un sector que continúa condicionado por la escasa ejecución de nuevas obras nacionales.

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Herrera Ahuad participó de la constitución del Grupo Parlamentario de Amistad con Venezuela

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El diputado nacional acompañó la conformación del espacio de diplomacia parlamentaria orientado a fortalecer la cooperación institucional y las acciones de asistencia humanitaria.

El diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad participó de la reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad con Venezuela, realizada en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde legisladores de distintos bloques coincidieron en la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación institucional y acompañar las iniciativas de asistencia frente a la situación humanitaria que atraviesa ese país.

En ese marco, Herrera Ahuad destacó el valor de la diplomacia parlamentaria como una herramienta que permite construir consensos, generar canales de diálogo permanente y promover acciones de cooperación entre los pueblos.

“La función de estos espacios es acercar instituciones, promover el entendimiento y generar iniciativas que contribuyan al bienestar de las personas. La cooperación entre parlamentos fortalece la integración regional y permite construir respuestas compartidas frente a desafíos comunes”, indicó el exgobernador de Misiones.

El legislador señaló que la solidaridad constituye uno de los valores centrales de la integración latinoamericana y que el trabajo conjunto entre los representantes parlamentarios puede contribuir al desarrollo de políticas de cooperación con enfoque humanitario.

“La Argentina tiene una tradición de diálogo, cooperación y compromiso con la paz. Desde el Congreso debemos continuar promoviendo esos valores, fortaleciendo los vínculos institucionales y acompañando las iniciativas que favorezcan la asistencia a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.”

Durante el encuentro también se planteó la necesidad de avanzar en mecanismos de coordinación para canalizar ayuda humanitaria y consolidar una agenda parlamentaria que fortalezca la cooperación bilateral y regional, reafirmando el compromiso de los legisladores con el diálogo institucional y la integración entre los pueblos.

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