Argentina

SENASA actualiza el reglamento de inspección de productos animales

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dispuso la derogación de dos capítulos históricos del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado por el Decreto N° 4.238/1968, con el objetivo de reordenar, modernizar y actualizar el marco normativo sanitario. La medida fue formalizada mediante la Resolución 62/2026, firmada el 22 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 23 de enero, con vigencia a partir del día siguiente.

La resolución elimina el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento y el Capítulo XXXIII – De los Productos Provenientes de la Agricultura Familiar, al considerar que ambos han quedado desactualizados y obsoletos frente a los avances tecnológicos, los cambios en las modalidades productivas y el proceso de consolidación normativa impulsado por el Gobierno Nacional en el marco de la Ley N° 27.742.

Reordenamiento normativo y adecuación tecnológica

En los considerandos, el SENASA fundamenta la decisión en la necesidad de mantener actualizado el reglamento sanitario que rige la elaboración, industrialización e inspección higiénico-sanitaria de carnes y productos de origen animal en todo el país. El organismo recuerda que el Decreto N° 4.238/1968 prevé expresamente, en su Artículo 4°, la posibilidad de introducir modificaciones para acompañar el desarrollo tecnológico.

En ese sentido, el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía mecanismos de difusión normativa a través de opúsculos y folletos explicativos, fue considerado incompatible con la realidad actual, marcada por el uso de plataformas digitales y sistemas de información en línea. Según la resolución, “dado el tiempo transcurrido desde la elaboración de dicho capítulo y el avance tecnológico experimentado desde entonces, el citado Capítulo XXIX ha quedado desactualizado y obsoleto”.

La derogación se inscribe así en una lógica de simplificación y coherencia normativa, orientada a evitar superposiciones y disposiciones sin aplicación práctica, sin alterar los estándares sanitarios vigentes.

Agricultura familiar: un régimen que requiere una normativa específica

La resolución también deroga el Capítulo XXXIII – De los Productos Provenientes de la Agricultura Familiar, que regulaba los productos de origen animal generados en ese ámbito productivo. El SENASA argumenta que la especificidad de la agricultura familiar, en términos de modalidades, dinámicas, volúmenes y condiciones de producción, difiere sustancialmente del resto de las actividades alcanzadas por el reglamento general.

En ese marco, el organismo considera necesario adecuar la normativa para que resulte coherente con la realidad productiva del sector, evitando encuadres regulatorios que no reflejan sus particularidades. La derogación no implica una desregulación sanitaria, sino la eliminación de un capítulo que, según el texto oficial, perdió funcionalidad dentro de la estructura del reglamento vigente.

La decisión se apoya en los principios establecidos por la Ley N° 27.233, que declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal y asigna al SENASA la responsabilidad de planificar, ejecutar y controlar las acciones sanitarias en todas las etapas de la cadena agroalimentaria, sin eximir de responsabilidad a los actores privados.

Proyección regulatoria

Desde una perspectiva institucional, la Resolución 62/2026 refuerza el proceso de ordenamiento y consolidación normativa del SENASA, alineado con los objetivos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, que promueve una administración pública más ágil, eficiente y transparente.

Para los establecimientos elaboradores, frigoríficos y operadores del sector de productos de origen animal, la medida no introduce nuevas exigencias inmediatas, pero sí clarifica el marco regulatorio al eliminar disposiciones que habían quedado sin aplicación efectiva. En el caso de la agricultura familiar, abre el camino a la eventual construcción de instrumentos normativos específicos, acordes a su escala y características productivas.

La resolución fue dictada en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 8°, inciso f), del Decreto N° 1.585/1996, y lleva la firma de la presidenta del SENASA, María Beatriz Giraudo Gaviglio.

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Misiones avanza en negociaciones con una firma francesa para desarrollar ecolodges y glampings

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En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció un avance estratégico en materia de inversiones turísticas: la provincia inició conversaciones con Huttopia, empresa francesa líder en ecoturismo y glamping, para desarrollar proyectos de ecolodges y glampings de alta gama, una oferta que, según remarcó el mandatario, “hoy no existe en Argentina”. El anuncio, realizado a través de redes sociales, refuerza la política provincial de atracción de inversiones en un contexto económico adverso, con foco en la diversificación de la oferta turística y la generación de empleo local.

FITUR como plataforma para captar inversiones turísticas

El encuentro tuvo lugar durante la FITUR, uno de los principales eventos internacionales del sector turístico, y reunió a Passalacqua con Michel Durrieu, director general de Huttopia. De acuerdo con lo informado por el gobernador, la reunión permitió “avanzar en propuestas de ecolodges y glampings de alta gama”, orientadas a posicionar a Misiones como un destino competitivo dentro del segmento de turismo sustentable y experiencias premium.

“En el marco de la FITUR, mantuvimos un excelente encuentro con Michel Durrieu, director general de Huttopia, empresa francesa líder en ecoturismo y glamping”, expresó Passalacqua. En ese sentido, subrayó que se trata de una tipología de alojamiento que aún no se encuentra desarrollada en el país y que “próximamente llegará a Misiones”, marcando un diferencial frente a otros destinos turísticos nacionales.

La estrategia provincial apunta a utilizar eventos internacionales como FITUR para establecer vínculos directos con actores globales del sector, captar capital extranjero y consolidar proyectos que amplíen la matriz turística con propuestas alineadas a la sostenibilidad ambiental.

Impacto económico, empleo y posicionamiento de Misiones

Desde una perspectiva económica e institucional, el posible desembarco de Huttopia en Misiones implicaría la incorporación de inversiones privadas orientadas a infraestructura turística de alta gama, con impacto directo en la cadena de valor local. El gobernador enfatizó que, aun en un escenario complejo, la provincia mantiene activa su agenda de promoción: “En tiempos difíciles, seguimos trabajando para atraer más inversiones, que se traducen en más oferta turística y más empleo para las familias misioneras”.

La introducción de ecolodges y glampings premium no solo ampliaría la capacidad de alojamiento, sino que también contribuiría a fortalecer el perfil de Misiones como destino de ecoturismo, un segmento en crecimiento a nivel internacional. Además, este tipo de desarrollos suele demandar mano de obra local y servicios asociados, generando efectos multiplicadores sobre economías regionales vinculadas al turismo, la construcción y los servicios.

Si las negociaciones avanzan hacia proyectos concretos, Misiones podría convertirse en el primer destino argentino en incorporar una oferta estructurada de glamping y ecolodges de alta gama, con estándares internacionales. Esto podría generar reacciones positivas en el sector turístico local, que vería ampliadas las oportunidades de asociación, empleo y captación de visitantes de mayor poder adquisitivo.

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La CNV redefine el cambio de régimen de oferta pública y refuerza la protección a accionistas minoritarios

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) puso en marcha un proceso clave de reforma regulatoria al convocar a la ciudadanía y a los actores del mercado de capitales a participar del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” para modificar el régimen de oferta pública. A través de la Resolución General 1104/2026, publicada el 22 de enero de 2026 en el Boletín Oficial, el organismo propone un nuevo esquema normativo que regula, con mayor precisión y tutela, el cambio de régimen de las emisoras, especialmente aquellas autorizadas a la oferta pública por acciones. La iniciativa apunta a equilibrar flexibilidad regulatoria, reducción de costos y protección de accionistas minoritarios, en un contexto de modernización del mercado de capitales argentino.

Una reforma orientada a flexibilizar sin perder control regulatorio

La Resolución General 1104/2026 se inscribe en el marco de las facultades conferidas a la CNV por la Ley de Mercado de Capitales y la Ley de Financiamiento Productivo, normas que buscan promover el desarrollo del mercado, ampliar el acceso al financiamiento y adecuar los requisitos regulatorios a la diversidad de emisoras existentes.

En los considerandos, la CNV reconoce que numerosas emisoras incluidas actualmente en el Régimen General de Oferta Pública —en particular aquellas que califican como PyME, presentan estructuras familiares o registran baja liquidez— enfrentan exigencias informativas y costos regulatorios desproporcionados respecto de su escala operativa. Sin embargo, el organismo subraya que estas compañías pueden necesitar seguir accediendo al mercado de capitales, aunque bajo regímenes de menores exigencias, sin quedar fuera del control estatal.

En este contexto, la norma propone incorporar la Sección XIV “Cambio de Régimen” al Capítulo V del Título II de las Normas (N.T. 2013 y mod.), estableciendo un procedimiento específico, con etapas claras, instancias societarias obligatorias y plazos definidos. Además, se introduce formalmente la definición de “Régimen General” en el artículo 2° del Título I, para unificar criterios interpretativos y reducir ambigüedades normativas.

Protección de accionistas minoritarios y obligatoriedad de la OPA

Uno de los ejes centrales del proyecto es la tutela reforzada de los accionistas minoritarios frente a cambios de régimen que impliquen una reducción sustancial de las exigencias informativas y de transparencia. La CNV advierte que el pasaje desde el Régimen General hacia regímenes especiales puede alterar derechos relevantes, como la preparación de estados financieros bajo NIIF, la adopción de Normas Contables Profesionales Argentinas (NCPA) o la restricción del universo de inversores habilitados a operar, en especial cuando la negociación queda circunscripta a Inversores Calificados.

Por ese motivo, la resolución establece que, en el caso de emisoras autorizadas a la oferta pública por acciones, el cambio de régimen estará condicionado a la realización previa de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Mercado de Capitales y el Título III de las Normas de la CNV. Este mecanismo es entendido como un supuesto asimilable al retiro del régimen de oferta pública, en tanto implica un cambio en los derechos de los accionistas.

La OPA deberá formularse a un precio equitativo, determinado según las pautas del artículo 88, Apartado II, de la Ley de Mercado de Capitales, y contar con garantías suficientes emitidas por entidades financieras o aseguradoras de reconocida solvencia. La CNV aclara que su autorización será de carácter formal y regulatorio, sin pronunciarse sobre la conveniencia económica del precio ofrecido, cuya determinación será responsabilidad exclusiva de la emisora y de los sujetos obligados.

Consulta pública, plazos y próximos pasos

Como continuidad de su política de diálogo regulatorio, la CNV resolvió aplicar el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, aprobado por el Decreto N° 1172/2003. A tal efecto, invitó a la ciudadanía a presentar opiniones y propuestas sobre el proyecto de reglamentación, tomando como base el texto incluido en el Anexo I de la resolución.

Las presentaciones podrán realizarse a través del sitio web oficial del organismo (www.argentina.gob.ar/cnv), utilizando el formulario aprobado como Anexo II. El plazo establecido es de quince (15) días hábiles, contados desde la entrada en vigencia de la norma, que se produce a partir del día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial. La Dra. María Laura Porto fue designada para dirigir el procedimiento participativo.

El alcance de la reforma es amplio: contempla tanto el cambio desde el Régimen General o el Régimen PyME CNV hacia regímenes especiales de menores exigencias, como la posibilidad inversa de que emisoras actualmente encuadradas en esquemas simplificados opten voluntariamente por un régimen de mayores requerimientos. En todos los casos, se busca dotar de previsibilidad y seguridad jurídica a emisoras e inversores, en un mercado que combina la necesidad de financiamiento con estándares adecuados de transparencia y protección.

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Argentina se ubica en etapa de “evolución” en ciberseguridad, en un contexto de más de 2.800 ataques semanales

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 Argentina se ubicó en el nivel T4 -que significa “etapa en evolución”- según el Índice Global de Ciberseguridad, datos que surgen del Reporte “Ciberseguridad, habilitador de confianza y competitividad” publicado por Endeavor Data Unit e Incode Technologies. Esto implica que ha superado la etapa inicial “de construcción” pero aún no alcanza un nivel avanzado. Cuenta con bases legales y organizacionales establecidas, y también con la necesidad urgente de invertir en capital humano y fortalecer la cooperación para alcanzar un estadio más avanzado de madurez digital.

Entre las fortalezas del país se destaca el plano legal, técnico y organizacional. A la vez se identifican oportunidades de mejora en el desarrollo de capacidades y en la cooperación en ciberseguridad, particularmente en alianzas público privadas y acuerdos internacionales.

Por su parte, las organizaciones latinoamericanas enfrentaron durante 2025 un promedio de 2.803 ataques semanales, muy por encima de los 1.984 a nivel global. Esto posiciona a América Latina como la tercera región con el mayor promedio de ataques semanales por organización, detrás de África (3.365) y Asia-Pacífico (2.874).

La radiografía regional 2025 tuvo la misión de relevar el estado de la ciberseguridad en cinco países con economías claves como Argentina, Colombia, Chile, México y Perú, para identificar fortalezas, brechas y prioridades estratégicas hacia una mayor resiliencia cibernética.

La muestra contempló 121 organizaciones de América Latina, -empresas, organizaciones y gobiernos- que fueron consultadas sobre ciberseguridad con el fin de obtener una visión amplia del mercado latinoamericano y delinear la experiencia empresarial actual respecto al tema.

“La ciberseguridad dejó de ser un reto técnico para convertirse en una decisión estratégica que define la sostenibilidad y competitividad de las empresas. Desde Endeavor, vemos la resiliencia digital como un multiplicador de confianza e innovación en el ecosistema emprendedor,” señaló Vincent Speranza, Managing Director de Endeavor en América Latina.

“La identidad digital es la infraestructura crítica que sostiene el crecimiento económico y la innovación. Nuestra misión es simplificar la verificación de identidad para que personas, empresas e instituciones interactúen de forma segura. Impulsamos un mundo en el que cada persona posee una identidad única, centrada en la privacidad, que significa verificarse una sola vez y reutilizar esa credencial de manera indefinida.”, destacó Iñigo Castillo, General Manager LATAM de Incode

Entre las principales conclusiones sobresale la consolidación en 2025 de la ciberseguridad como pilar fundamental de la transformación digital de América Latina. A medida que la región avanza hacia una economía cada vez más digitalizada, la protección de identidades, datos y transacciones deja de ser una preocupación técnica para convertirse en un habilitador estratégico de crecimiento, inclusión e innovación.

La investigación de Endeavor e Incode buscó arrojar luz a las preguntas fundamentales que están moldeando el futuro: ¿cómo están navegando las empresas latinoamericanas el panorama de las amenazas? ¿Dónde están las mayores oportunidades de crecimiento?

Hoy ocho de cada diez organizaciones en América Latina priorizan la protección de datos sensibles. Un 35% asocia la ciberseguridad con el cumplimiento legal y regulatorio y un 32% con la prevención de pérdidas financieras. 

También en 2025 la identidad digital se consolidó como el nuevo campo de batalla ya que la mayoría de los ataques buscaron comprometer contraseñas. En este escenario, un 68% de las empresas en Latam identificaron el phishing y la ingeniería social como sus principales amenazas

Sin embargo, hay un desfasaje entre percepción y realidad. Si bien el 65% de las organizaciones de la región afirma sentirse preparadas para enfrentar amenazas de ciberseguridad, se observa una cultura reactiva predominante en las empresas. Solo un 17% de las organizaciones latinoamericanas realiza evaluaciones mensuales o continuas de ciberseguridad, mientras que un 10% nunca ha llevado a cabo una evaluación formal. Esto muestra la necesidad de pasar de acciones tácticas a un sistema estratégico transversal que responda al esquema de negocio, respaldado con un 36% que reconoce que su inversión en ciberseguridad es insuficiente.

En este marco, América Latina está en una encrucijada. La velocidad de su transformación digital es una oportunidad histórica pero también un riesgo si no se acompaña de inversión en talento, regulación inteligente y cooperación regional; fundamentales para el desarrollo económico y la construcción de confianza en la era digital.

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El 73% de los trabajadores argentinos confía en usar inteligencia artificial en su empleo

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La adopción de la inteligencia artificial avanza con fuerza en el mercado laboral argentino. Según el último informe Workmonitor de Randstad, el 73% de los trabajadores del país se siente confiado en su capacidad para utilizar herramientas de IA en su actividad laboral, un nivel que supera en cuatro puntos porcentuales el promedio global y posiciona a la Argentina entre los países con mayor predisposición a incorporar esta tecnología como aliada de la productividad y la empleabilidad.

El dato surge de una encuesta realizada a 26.824 personas en 35 países, incluida Argentina, y refleja una mirada pragmática del talento local frente a la transformación tecnológica. Lejos de percibirse como una amenaza inmediata, la IA aparece asociada a la optimización de procesos, la mejora del desempeño individual y la adaptación a un mercado de trabajo cada vez más dinámico.

Confianza y productividad: una adopción pragmática de la IA

El estudio muestra que la confianza en el uso de inteligencia artificial no es solo una percepción abstracta, sino que se traduce en impactos concretos en el día a día laboral. En Argentina, el 63% de los trabajadores afirma que la IA contribuye a mejorar su productividad, un valor alineado con el promedio global (62%) y consistente con la idea de que estas herramientas permiten organizar mejor el trabajo, optimizar tiempos y aumentar la eficiencia en la ejecución de tareas.

En la comparación regional, Argentina se ubica junto a Chile con el mismo nivel de reconocimiento del impacto positivo de la IA en la productividad, mientras que México lidera el indicador con 70%. Uruguay, en cambio, presenta una mirada más moderada: solo 54% de los trabajadores percibe mejoras productivas asociadas a la inteligencia artificial, lo que marca una brecha de entre 8 y 16 puntos porcentuales respecto del promedio global y de los otros países de la región.

Al analizar la profundidad de este proceso, el informe señala que el 52% de los trabajadores argentinos considera que la IA impactará en una alta proporción de sus tareas laborales, un valor prácticamente idéntico al promedio global (53%). Esta percepción refuerza la idea de una adopción consciente, que reconoce el alcance de la tecnología sin sobredimensionar su efecto disruptivo inmediato.

Sobre estos resultados, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, afirmó: “Con cada vez más compañías incorporando IA en distintas etapas de su operación, automatizando tareas y optimizando procesos, esta tecnología ya no es percibida por los trabajadores como una promesa lejana, sino como una herramienta concreta que tiene impacto en su día a día laboral”.

La mirada de las empresas y el desafío de las habilidades

La percepción del impacto de la inteligencia artificial no es exclusiva del talento. En Argentina, el 65% de los empleadores estima que la IA tendrá un impacto significativo en las tareas laborales, una proporción que se ubica por encima del promedio global. Esta convergencia entre la visión de los trabajadores y la de las organizaciones refuerza la idea de la IA como un instrumento de apoyo para mejorar procesos y fortalecer la competitividad, más que como un factor de sustitución masiva de empleo.

Sin embargo, el avance tecnológico plantea desafíos estructurales. El propio estudio indica que el 65% de los trabajadores reconoce la necesidad de mejorar sus habilidades digitales y de IA, mientras que el 52% busca activamente oportunidades para asegurar el futuro de sus competencias de manera independiente. En este punto, la formación y la equidad en el acceso a nuevas habilidades emergen como ejes centrales para evitar brechas en el mercado laboral.

Avila subrayó que este escenario implica una responsabilidad creciente para las organizaciones: “El nivel de confianza que muestran los trabajadores es una señal positiva, pero plantea a las empresas un desafío no menor para asegurar la formación de la fuerza laboral en habilidades digitales y de IA, poniendo especial atención a la equidad para evitar brechas de acceso”.

Tendencias globales y brecha de expectativas

A nivel global, el Workmonitor 2026 revela que la inteligencia artificial se consolidó como un componente clave del proceso de adaptación de la fuerza laboral, aunque persisten tensiones entre expectativas empresarias y percepciones del talento. Según el relevamiento, uno de cada cinco trabajadores (21%) cree que sus tareas son inmunes a las eficiencias de la IA, mientras que el 47% teme que la tecnología beneficie más a las empresas que a los propios trabajadores.

En paralelo, los datos muestran una transformación acelerada de la demanda laboral: durante 2025, las ofertas de empleo que incluyeron como requisito habilidades de “Agente de IA” crecieron un 1.587% a nivel global, mientras que la demanda de “Formadores de IA” aumentó un 247%, confirmando un escenario en el que los trabajadores humanos entrenarán a las máquinas y convivirán cada vez más con sistemas digitales.

Este proceso refuerza una tendencia central del informe: el impacto de la IA apunta principalmente a la ampliación de tareas y al aumento de la productividad, más que a la eliminación directa de puestos de trabajo. En este marco, las habilidades blandas, la capacidad de aprender y desaprender y la adaptación al cambio tecnológico ganan peso en la evaluación del talento.

IA como complemento del trabajo humano

A modo de conclusión, Andrea Avila sintetizó el enfoque dominante que surge del estudio: “Avanzamos hacia un rol de las herramientas de IA como un complemento y no como un reemplazo del trabajo humano. El consenso sobre la necesidad de regulación y control humano de la IA indica que, en el corto plazo, esa seguirá siendo la dinámica dominante”.

En ese sentido, el informe de Randstad muestra que el talento argentino enfrenta la transformación tecnológica desde una posición abierta y realista, en la que la inteligencia artificial se integra como un copiloto del trabajo humano, potenciando la productividad y la empleabilidad en un mercado laboral que exige cada vez más habilidades digitales y capacidad de adaptación.

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